La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza

La naturaleza es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Bosques, ríos, océanos y suelos nos proporcionan materiales y alimentos, regulan la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos y aquella con la que regamos nuestros campos.

Como muestra de su importancia, el Foro Económico Mundial, en su Informe de Riesgos Globales de 2025, afirma que el 55% del PIB mundial depende de la naturaleza.  

En ese informe se identifican los riesgos medioambientales como una de las principales amenazas para el planeta, encabezados por los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y la escasez de recursos naturales.

El reto al que nos enfrentamos como humanidad es tan grande que no basta con la acción de los gobiernos y, por ello, diferentes estrategias y organismos de conservación de la naturaleza de ámbito europeo e internacional destacan la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental, incorporando a la ciudadanía, a las ONG y al sector privado en la toma de decisiones y reforzando la colaboración entre todos los niveles de gobierno y actores relevantes.  

En este sentido, la custodia del territorio se erige como una herramienta clave para impulsar la colaboración público-privada-social, ya que se basa en acuerdos voluntarios entre titulares de terrenos o derechos de un territorio con organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de conservar o restaurar los valores naturales, paisajísticos o culturales de ese territorio.

Esta figura un tanto desconocida por la sociedad, tiene amparo legal en España desde la aprobación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Sus grandes potenciales son, por una parte, su carácter voluntario y, por otra, su capacidad para implicar a las personas y la sociedad civil para conservar y recuperar la naturaleza.

Los principales actores que intervienen en los acuerdos son las entidades de custodia, organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y los titulares de terrenos o derechos, que se comprometen voluntariamente a proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural y la biodiversidad del espacio objeto del acuerdo.

Las entidades de custodia son, en su mayoría, ONG y fundaciones, aunque algunas administraciones pueden ejercer este papel. La titularidad de la propiedad es mayoritariamente privada, si bien también se formalizan acuerdos en terrenos públicos o comunales. Para la propiedad privada, implicarse en iniciativas de custodia supone una oportunidad de cuidar de su territorio contando con apoyo técnico y, en ocasiones, financiero. Sus motivaciones están relacionadas con estos beneficios y con el sentimiento de pertenencia al lugar y la responsabilidad y el interés de conservarlo.  

En España, la custodia se lleva impulsando desde hace décadas y es una figura reconocida y consolidada, como muestran los datos del 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, que recoge información aportada por 268 entidades de custodia, con un total de 4.632 acuerdos que abarcan una superficie de más de 708.000 hectáreas (1,4 % de la superficie del país).

La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT), impulsada por la Fundación Biodiversidad (MITECO) y que lleva ya casi 20 años de andadura, es un espacio de promoción de la custodia y de encuentro para los distintos agentes que intervienen en los acuerdos en España. Desde el año 2019, además, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio.

Alcanzar este objetivo es una de las metas previstas en la Estrategia de la PCT 2023- 2027 y es una de las líneas de trabajo del proyecto LIFE CUSTODIA, inspirado en esa estrategia y que sirve de palanca para impulsar la custodia del territorio.

Una mayor seguridad jurídica de los acuerdos aporta garantías a la propiedad, a las entidades y a potenciales financiadores, incrementa el valor de conservación de los acuerdos y podría facilitar la integración de la información de las iniciativas de custodia en las políticas públicas y el reporte de su contribución a la conservación a través de los sistemas de seguimiento nacionales e internacionales, como el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Base Mundial de Áreas Protegidas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

España es uno de los países con mayor biodiversidad de la Unión Europea y del mundo. Somos un país rico en naturaleza, pero nos enfrentamos a numerosas amenazas derivadas de la transformación del territorio, la pérdida y degradación de los hábitats naturales, la sustitución de los usos tradicionales, la fragmentación de las poblaciones naturales, el cambio climático y las especies exóticas invasoras.

Es imprescindible contar con el tejido social, alentar la convicción colectiva de que realmente tenemos que aliarnos para mejorar el estado de la biodiversidad y de los ecosistemas.

En un contexto de creciente crisis ecológica y climática, la implicación activa de los servidores públicos, la propiedad privada y las organizaciones de la sociedad civil resulta imprescindible para avanzar hacia modelos de gestión del territorio más eficaces, corresponsables y orientados al bien común. 

Conservar esa riqueza supone una gran responsabilidad y la custodia del territorio es una herramienta transformadora para lograrlo, en la que el notariado, como garante de la seguridad jurídica, ejerce un papel clave.