El pasado 10 de febrero tomó posesión como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y apenas un mes después se decretó el estado de alarma y el confinamiento de la población. A pesar de ser un inicio de mandato atípico, ¿cómo han sido estos primeros meses en el cargo?

Yo lo dividiría en dos periodos claros. El primero, coincidente con el estado de alarma; y, el segundo, a partir de finales de junio.

El primero ha sido muy complejo y muy difícil. Esta Dirección General (DG) tiene tres ejes de actuación: los Registros civiles y otros registros (fundaciones, últimas voluntades, mediadores), la actuación de registradores y notarios, es decir, la seguridad jurídica preventiva y fe pública tradicional; y la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), que se incorpora en marzo a esta DG.

El 13 de marzo y los días siguientes nos encontramos con la necesidad de responder y gestionar de manera inmediata a una situación inédita. En nuestro caso había que garantizar que la seguridad jurídica y la fe pública en España no se resintieran de ninguna manera pese a la paralización del país.

En el eje de la actividad notarial, tuvimos claro que, priorizando la salud de notarios y empleados, el servicio notarial debía configurarse como un servicio público de interés general. El país necesitaba que existiera una mínima actividad económica, que se instrumenta, en muchas ocasiones, a través de la actuación notarial. Y guiados por este espíritu de conjugar salud y mínima actividad económica y notarial, establecimos diversas fases para distintos escenarios, que iban desde servicios mínimos y esenciales durante el confinamiento absoluto, hasta la apertura total de las notarías, una vez recuperada la libertad deambulatoria.

No ha sido fácil esta primera etapa, pero hubiera sido imposible de no contar con la leal colaboración de los funcionarios de la DG, de los Letrados (notarios y registradores) de la DG y, por supuesto, del Consejo General del Notariado, que siempre ha estado detrás convalidando y apoyando todas las iniciativas de la DG. Por eso, aprovecho este espacio para agradecer a todos ellos su trabajo, comprensión y colaboración incondicional.

El segundo periodo, a partir de julio, es una etapa más tranquila que nos permite pensar en el medio plazo. En ese sentido, hemos elaborado propuestas de futuro para los distintos actores de los que se ocupa la DG, que espero que la evolución de la pandemia nos permita desarrollar.

¿Cómo valora el trabajo del Notariado durante la pandemia?

La respuesta ha sido excepcional; en esta profesión hay una vocación de servicio público absoluta. Me gustaría destacar especialmente el entusiasmo con el que han asumido su labor los notarios más jóvenes, así como el compromiso de los profesionales con más experiencia.

¿A qué se ha debido el cambio de denominación de la antigua Dirección General de los Registros y el Notariado a la actual de Seguridad Jurídica y Fe Pública? 

El cambio no debe ser entendido como que se está restando importancia a las profesiones de registradores y notarios. Todo lo contrario. Se ha querido poner el acento en la función que realizan para los ciudadanos: seguridad jurídica y fe pública.

Además, se atribuyen nuevas funciones a esta DG con la incorporación de la ORGA.

Este concepto de seguridad jurídica es predicable de todas las atribuciones de la DG y, por ello, pensamos que la nueva denominación es más inclusiva y comprensiva de todas las funciones que asume en la actualidad.

Usted proviene de la Carrera Fiscal. ¿Qué ha representado pasar de una esfera principalmente penal a un espacio donde reina la jurisdicción civil? 

No todas las funciones de la DG son ajenas a mi actividad anterior. Por ejemplo, el fiscal interviene siempre en los expedientes de registro civil en su labor de control de la legalidad. He sido Fiscal de Registro Civil durante 20 años. Por otro lado, las funciones de la ORGA, que son de auxilio procesal de jueces y fiscales, también forman parte de lo que ha sido mi vida como fiscal. Por lo tanto, en esos dos ejes de la DG no tengo excesivos problemas. 

Sin duda, sí que me ha costado mucho más entrar de lleno en materias civiles, ramas del derecho que tenía olvidadas porque no forman parte de mi trabajo como fiscal. Pese a mis carencias, cuento con la indispensable ayuda de los letrados adscritos a la DG que son los que saben de derecho civil, de derecho hipotecario o de derecho internacional.