-¿Cuál es su valoración en la práctica de la Ley 8/2021?

-Es una ley proceso en el sentido de que tenerla como derecho positivo es un hito, pero requiere un gran trabajo de concreción y de aplicación y eso va a llevar, al menos, una década. Desde cualquier instancia debemos ayudar a que se vaya concretando y materializando la aplicación de esta ley.

-¿Cuáles serían los próximos pasos?

-Tenemos que ser conscientes de que esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar. Cabe señalar, como ejemplo de buena práctica, la Alianza, Apoyo y Autonomía de CERMI, con la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE. Sus objetivos son conseguir una óptima implantación de la ley y en el menor tiempo posible, reforzando la información y la formación necesarias para su éxito; movilizar a la sociedad para acompasar el cambio legislativo con una transformación de mentalidad en el trato a la discapacidad y obtener el apoyo de las personas y entidades sociales que compartan la necesidad de esta transformación. Esto no es privativo ni vedado; son tres partes que se han puesto de acuerdo, pero otras muchas podrían hacer lo mismo en otros foros e instancias. Debemos multiplicar las alianzas para convertir la ley, su letra y su espíritu, en realidad.

“DEBEMOS MULTIPLICAR LAS ALIANZAS PARA CONVERTIR LA LEY, SU LETRA Y SU ESPÍRITU, EN REALIDAD”

-¿Cómo ha evolucionado la conciencia social sobre el mundo de la discapacidad en los últimos diez años?

-Se ha producido un momento histórico de emancipación colectiva; las personas con discapacidad, un grupo humano normalmente minoritario y relegado, gracias a su labor de saberse excluido, se ha movilizado y comienza a desatar espirales de cambio tanto en el ámbito legislativo, como en el político y sociológico… Todo ello teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas para ser activistas. En primer lugar, su propia toma de conciencia, pues muchas personas necesitan apoyos para comprender y difícilmente se puede movilizar alguien que no tiene conciencia de que están siendo violados sus derechos porque está acostumbrado a que le traten de otra manera. O la dificultad de que, en muchos casos, para protestar las personas con discapacidad tienen que ser ayudadas por otros. Por ejemplo, si el transporte no es accesible difícilmente pueden manifestarse.

-¿Qué pasos nos quedan por dar de ahora en adelante?

-En materia de educación, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solo admite un modelo que es el inclusivo; eso significa que otro tipo de educaciones tendrían que desaparecer en un tiempo. Cuando se ha tratado de poner esta idea sobre la mesa han surgido grandes polémicas y resistencias. También está pendiente el mandato de la accesibilidad universal de todos los entornos, o la vida independiente. Cada persona con discapacidad debería tener medios para decidir cómo y dónde quiere vivir.

-¿Cuáles son los principales objetivos del CERMI de cara al 2024?

-Nuestro referente es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en todos los ámbitos. Actualmente trabajamos también para lograr la reforma del artículo 49 de la Constitución, para que se cambie la terminología en lo que se refiere a las personas con discapacidad y para darle un contenido acorde a esa visión de derechos humanos.

Las leyes cada vez se van pareciendo más a lo que nos gustaría, pero tenemos un problema de gestión en el que debemos trabajar. Nos surgen problemas en la aplicación pues hay numerosos funcionarios, agentes, administraciones que no la entienden, y que anulan lo que se supone que está salvaguardado en una ley.

Las asociaciones de personas con discapacidad debemos ser más críticos, más incisivos en la denuncia de la vulneración de los derechos. Nos hemos centrado más en proveer servicios de acompañamiento de las personas, lo cual es muy importante, pero no debemos olvidar la defensa de nuestros derechos.

-¿Cómo es el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad?

-Actualmente hay una tasa de empleo del 40% de las personas con discapacidad frente al 70% del resto de las personas. Esperamos que en una década podamos alcanzar el 50% pero para ello necesitamos un cambio radical de las políticas de empleo. Acaba de presentarse el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, impulsado por el Gobierno, que es el intento académico más potente que se ha hecho de describir dónde estamos, de dónde venimos y de trazar cuáles deben ser las próximas vías de actuación.

-¿Las mujeres con discapacidad sufren más el desempleo?

-Sí. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres y en todos los índices se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad que los hombres, tanto en el sistema educativo, como en el laboral, y los índices de violencia hacia ellas son más elevados. Para evitarlo se requiere una actuación más rotunda y más sistemática. En lo relacionado con las políticas de igualdad, el feminismo, hasta ahora, no ha asumido la visión de la discapacidad, están comenzando a hacerlo, pero las políticas de discapacidad tienen que permearse mucho más de feminismo.