-¿Qué balance realiza de su labor al frente del Foro Justicia y Discapacidad desde su llegada a la presidencia hace poco más de un año?

– El balance que realizo es positivo. En primer lugar, ha sido un honor contar con la confianza de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, quien delegó en mí esta responsabilidad, que asumí con gran ilusión y un firme compromiso institucional, profesional y personal.

Durante este periodo se ha culminado la tramitación del nuevo convenio que ha de regir este foro, que fue formalmente suscrito el pasado 8 de enero. Este instrumento jurídico reviste una especial relevancia ya que refuerza el marco de cooperación institucional y consolida líneas de actuación orientadas a garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, eje vertebrador del foro.

Con el esfuerzo compartido de miembros del foro y otros expertos se ha elaborado la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal que está llamada a ser un importante instrumento práctico para garantizar que el acceso al proceso judicial de las personas con discapacidad se verifique de forma real y efectiva en condiciones de igualdad.

El foro también ha reconocido y valorado públicamente la labor de instituciones y personas en pro de las personas con discapacidad, contribuyendo así a la creación de una cultura de respeto y conocimiento de la discapacidad, específicamente en el ámbito de la justicia.

“LA COOPERACIÓN DE NOTARIADO, FISCALÍA Y JUDICATURA CONSTITUYE UNA DE LAS PIEDRAS ANGULARES EN EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

-¿Cuáles son los principales proyectos de este organismo multidisciplinar en un corto plazo?

– Los principales proyectos a corto plazo se orientan a seguir ahondando en la cooperación con todas las instituciones implicadas, así como con los delegados y delegadas de discapacidad, una figura clave para detectar y coordinar la respuesta a los problemas que puedan surgir en esta materia en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Colaboramos con los miembros del Foro que nos lo han solicitado, en la implementación de la regulación en materia de patrimonios protegidos y también de la persona experta facilitadora, cuya intervención en los procesos judiciales resulta esencial para asegurar que las personas con discapacidad puedan participar y ejercer efectivamente sus derechos. La consolidación de esta figura supone un paso decisivo hacia un modelo de justicia más respetuoso con la autonomía y la voluntad de las personas con discapacidad.

Estamos constituyendo nuevos grupos de trabajo con miembros del Foro y expertos que van a estudiar la posición de la persona con discapacidad cuando comparece como víctima en el proceso penal, así como, por otra parte, la proyección de la perspectiva de discapacidad no solo en el orden jurisdiccional penal sino también en el civil, en el contencioso-administrativo y en el social, puesto que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades.

-Numerosas iniciativas…

– Sí, también de formación judicial en relación con los aspectos forenses de la discapacidad, internamientos involuntarios, la discapacidad en el marco del proceso penal o el valor prescriptor y orientador de las decisiones judiciales del Convenio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Quiero destacar especialmente la celebración del Encuentro Judicatura- Notariado- Fiscalía que gracias al apoyo de Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba se celebró la anterior ocasión en el marco incomparable del Colegio Notarial de Madrid, y que constituye, desde la promulgación de la Ley 8/2021, un espacio de encuentro fundamental en nuestro ámbito, del que surgen innumerables buenas prácticas. La cooperación de Notariado, Fiscalía y Judicatura constituye una de las piedras angulares para la efectividad de la igualdad en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

“AUNQUE EL MARCO NORMATIVO ESPAÑOL ESTÁ ALINEADO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, EL AMPARO EFECTIVO DESDE EL DERECHO AÚN PRESENTA RETOS IMPORTANTES”

-Este año se celebran dos hitos legislativos importantes: el vigésimo aniversario de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, y los cinco años desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021. ¿Cree que desde el Derecho se ampara suficientemente al colectivo y sus familias?

– Se han producido avances muy relevantes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, especialmente a partir de la entrada en vigor en España en 2008 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en el ámbito interno, con la entrada en vigor de la Ley 8/2021. Ambas normas han supuesto, sin duda, un cambio de paradigma, pasando de un modelo asistencial y sustitutivo de la voluntad a otro centrado en la autonomía personal y el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, proporcionándole los apoyos que precise para ello.

No obstante, aunque el marco normativo español está alineado con los estándares internacionales, el amparo efectivo desde el Derecho aún presenta retos importantes. La aplicación práctica de estas normas no siempre es homogénea, persisten dificultades de coordinación institucional, y es necesario seguir avanzando en la formación de los operadores jurídicos, así como en la dotación de recursos, de medios personales y materiales suficientes para que los derechos reconocidos sean reales y efectivos.

A mi juicio, el Derecho en España ofrece hoy una base sólida para la protección del colectivo y sus familias, pero es necesario continuar profundizando en su aplicación práctica para que la igualdad y la inclusión plena se materialicen de forma efectiva en todos los ámbitos.

-En ese acto tuvo lugar la presentación de la Guía Práctica para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Proceso Penal. ¿Cuál es el objetivo principal de esta publicación?

– Servir como herramienta de orientación para los actores jurídicos, facilitando la correcta aplicación de los derechos y garantías de las personas con discapacidad a lo largo del procedimiento penal. Aunque está centrada en el orden jurisdiccional penal por sus importantes especificidades, contiene criterios y recomendaciones de carácter transversal, aplicables al resto de órdenes jurisdiccionales, en la medida en que los derechos y garantías que aborda son comunes a todo el sistema de justicia.  La guía tiene como finalidad facilitar la detección de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad en el procedimiento judicial, la comprensión del alcance de las indicadas necesidades y, la correcta adopción de las medidas y ajustes necesarios.

-Dicha guía contiene un apartado sobre accesibilidad donde se pone de manifiesto la necesidad de implantar textos en lectura fácil en determinados casos. ¿Cree que el lenguaje jurídico está lo suficientemente bien adaptado para su comprensión?

– El lenguaje jurídico sigue presentando importantes retos de comprensión para la ciudadanía, especialmente para las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Los textos legales buscan precisión y seguridad jurídica, pero esa rigurosidad técnica a menudo dificulta su comprensión.

La incorporación de textos en lectura fácil, resúmenes accesibles y formatos comprensibles constituye un avance significativo, aunque todavía queda camino por recorrer. Todos los actores del sistema, miembros de la carrera judicial, notarios, abogados, fiscales, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, graduados sociales… tienen que seguir colaborando para garantizar que la información y los procedimientos sean claros y accesibles, promoviendo así una justicia inclusiva, cercana y comprensible para todos.

-Participó el pasado diciembre en un encuentro entre notarios, jueces y fiscales donde los miembros de los tres cuerpos compartieron experiencias en el día a día con las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo valora este tipo de intercambios multidisciplinares?

– Estos encuentros anuales son de un valor incalculable. Como he adelantado, la implicación conjunta de jueces, fiscales y notarios propicia un intercambio de experiencias muy enriquecedor, favoreciendo una comprensión integral de las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito de la justicia.

Cada edición es una oportunidad muy valiosa para mejorar la coordinación y garantizar que las decisiones se ajusten a los principios de igualdad, autonomía y respeto a la voluntad. En definitiva: fortalecen la capacidad del sistema de justicia para ofrecer a las personas con discapacidad y a sus familias un acceso efectivo al mismo.

La Fundación Aequitas, a través del papel esencial que desarrolla Almudena Castro-Girona, se sitúa en el centro de gravedad de estos encuentros, a los que impulsa, sostiene y llena de contenido año tras año.

“LA LEY 8/2021 INTRODUJO UN CAMBIO EN LA MANERA EN QUE EL DERECHO ABORDA LA DISCAPACIDAD Y ESO HIZO NECESARIA LA REVISIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD PREVIAS”

-El cambio de paradigma de la Ley 8/2021 obligaba a la revisión de las situaciones de incapacidad previas, que condenaban a las personas con discapacidad a una práctica ‘muerte civil’. Sin embargo, aún no se ha concluido este proceso. ¿En qué estado se encuentra?

– La Ley 8/2021 introdujo un cambio en la manera en que el Derecho aborda la discapacidad y eso hizo necesaria la revisión de las situaciones de incapacidad previas, con el objetivo de erradicar la ´muerte civil´ de las personas con discapacidad y abordar sus necesidades desde un prisma nuevo. Debido al elevado volumen de expedientes y a la disparidad de situaciones previas, este proceso aún no se ha completado.

Inicialmente, la disposición transitoria quinta del referido texto legal fijó un plazo de cinco años hasta septiembre de 2024, que resultó insuficiente. La Comisión Permanente del CGPJ instó al Gobierno a una primera prórroga, finalmente fijada hasta el 3 de septiembre de 2027. A finales de 2024 quedaban pendientes 76.822 expedientes, un 30 % menos que el año inmediatamente anterior. Hacemos un seguimiento de la evolución a través de los informes del Servicio de Inspección del CGPJ.

-Desde julio de 2024 forma parte del renovado Consejo General del Poder Judicial, una institución que está permanentemente en el punto de mira de los medios de comunicación. ¿Considera que la sociedad conoce suficientemente la labor que realizan desde el órgano de gobierno de los jueces?

– El Poder Judicial en España es a la vez único y complejo. El Consejo General del Poder Judicial lo gobierna por ser la opción del constituyente para asegurar su independencia de los otros Poderes del Estado, pero no forma parte del mismo, ya que nuestra Constitución establece que el Poder Judicial lo integran los jueces y magistrados.

Nuestra labor se vertebra en torno a los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados de carrera, que forman un cuerpo único, dotados del Estatuto Jurídico que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el marco de la Constitución. Integramos el Consejo veinte vocales y la presidenta, que lo es también el Tribunal Supremo. Los vocales somos ocho abogados y juristas y doce jueces y magistrados. Actualmente los veinte somos elegidos por mayoría parlamentaria de 3/5, la mitad por el Congreso y la mitad por el Senado. Nuestra Constitución solo prevé la elección parlamentaria para los vocales juristas, y los estándares europeos establecen que en los Estados en los que el Poder Judicial sea gobernado por un Consejo como el nuestro, como es el caso de Francia o de Italia, sus vocales de origen judicial deberían ser elegidos por sus pares sin intervención alguna de las cámaras. Por ello es esperable que el legislador español se alinee con los estándares europeos también en esta materia y algún día los vocales jueces y magistrados sean elegidos por sus pares.