DESPUÉS DE año y medio al frente de la Consejería y en las circunstancias especiales en que se ha desarrollado este mandato, ¿qué valoración hace de este periodo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid?

–Ha sido un periodo de crecimiento personal y profesional. Soy un servidor público desde que en 1988 aprobé la oposición a juez, y como consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, esa filosofía de servicio público al ciudadano se ha visto ampliada. Por desgracia, desde marzo la tragedia del Covid-19 ha marcado la gestión del Gobierno regional, y también la de mi departamento. Somos un Gobierno sensible a los problemas de los ciudadanos, y trabajamos para buscar soluciones a los problemas derivados de esta crisis sin olvidar que la vida sigue y debemos hacer un esfuerzo para sacar adelante otros proyectos.

–Madrid es la Comunidad con mayor población y mayor actividad económica de España. ¿Son suficientes los recursos materiales y humanos de los que dispone su Administración de Justicia? ¿Verá la luz en esta legislatura la, tantas veces anunciada, Ciudad de la Justicia en Madrid?

–Mi equipo trabaja para ser eficiente en el gasto público, ejecutar el presupuesto y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros funcionarios y personal laboral. Y en el caso del partido judicial de la capital, una vez que en marzo conocimos la sentencia del Tribunal Supremo, estamos diseñando el nuevo proyecto de concentración de sedes judiciales de Madrid. Creemos que los madrileños y los operadores del sector judicial se merecen que peleemos por poner en pie un proyecto con el que queremos meter por fin en el siglo XXI la Administración de Justicia madrileña. También quiero que la Administración de Justicia, y así se lo trasladé al Ministro en la última conferencia Sectorial de Justicia, tenga la consideración de servicio público esencial, al igual que la sanidad, la educación y los servicios sociales, y reciba una financiación estatal acorde a esa consideración, lo que contribuiría a que la dotación de recursos personales y materiales se incrementase.

–De entre los servicios públicos, la Justicia se ha quedado rezagada en cuanto a dotaciones y modernización. ¿Es posible alcanzar una verdadera Justicia Digital a corto plazo, como la que ya existe en la Administración Tributaria o, incluso en la Sanidad o la Educación?

–Introducir de forma definitiva el expediente digital en la Administración de Justicia es uno de los objetivos de esta legislatura. En su implantación hemos invertido 70 millones en los últimos cinco años y esperamos seguir avanzando para que el expediente electrónico sea una realidad muy pronto.

–¿Dónde se encuentra más cómodo, ejerciendo como juez o como gobernante? ¿Compensa personalmente haber optado siempre por el servicio público?

–Tomé la decisión por convicción y por principios. Creo que tengo bagaje y conocimiento y por ello, estoy en disposición, desde la humildad, de aportar ideas y posibles soluciones a los problemas que acucian a los madrileños. Debemos hacer un esfuerzo por dignificar la política.

–En su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial promovió la comunicación y la cercanía informativa, creado oficinas de comunicación en los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional. ¿Es transparente la Justicia hoy en España?

–Creo que se ha avanzado mucho en ese terreno, aunque todo es mejorable. Siempre he defendido la necesidad y obligación de informar con la mayor transparencia en todos los ámbitos. Ese fue uno de mis objetivos en el CGPJ, y ahora, como consejero, asumo que es fundamental que, desde las consejerías, se ofrezca información veraz y clara a los ciudadanos.

–Usted es también Secretario de Justicia del Partido Popular. ¿Cómo alejar de la confrontación partidista la Justicia y sus órganos de Gobierno?

–Ese es uno de los objetivos que nos hemos marcado en el Partido Popular: trabajamos para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. Es una de las condiciones que hemos puesto al Partido Socialista para que los grupos parlamentarios negocien su renovación. Se trata de elegir a juristas competentes y prestigiosos desvinculados de los partidos políticos y confío en que lo conseguiremos.

–Desde su faceta de encargado de la atención de las víctimas, ¿cree que la sociedad las tiene todo lo presentes que se merecen? ¿Reciben la atención que necesitan de las administraciones públicas?

–Tengo el honor de ser consejero de Justicia, Interior y Víctimas. Esa competencia, la de prestar apoyo e interlocución a las asociaciones que las representan, ha sido uno de los pilares de mi gestión. Trabajamos en la defensa de su memoria, en la búsqueda de soluciones a sus problemas y en que se respete la historia, para que no se tergiverse y todo el mundo sepa quién fue verdugo y quién sufrió su tiranía. Además, estamos volcados en la defensa de todas las víctimas del delito, un aspecto social que queremos cuidar, protegiéndolas en ámbitos como el de la Administración de la Justicia.

–En España hay actualmente casi 3.000 notarios repartidos por ciudades y pueblos de todos los tamaños. ¿Qué impresión tiene del trabajo notarial? ¿Es el notariado un eficiente colaborador de la Justicia?

–Tengo la mejor consideración del trabajo de los notarios y de la importantísima labor que llevan a cabo en el control preventivo del cumplimiento de la legalidad. Son un importante pilar en la justicia preventiva y su intervención es una garantía para que los actos jurídicos que se conforman ante ellos nazcan válidos, lícitos y eficaces. Además, su trabajo aporta seguridad jurídica y evita muchos pleitos, lo que contribuye a rebajar la carga de trabajo que soportan los tribunales de Justicia.