-Cómo entiende la función de la Abogacía General del Estado en la actualidad?

– Uno de los mayores atractivos a mi juicio de ser abogado del Estado es el hecho de que nuestra transversalidad nos permite prestar servicios en lugares y con funciones diferentes —así se lo recordaba a la nueva promoción hace unos días—. Eso hace posible, para el que así lo desee, construir carreras profesionales diversas y que se ajusten además a los planes personales de cada cual. Ello también permite vivir distintas culturas administrativas -en la Administración General del Estado, en la Agencia Tributaria, o en otras entidades, sean organismos públicos o parte del sector público empresarial—; trabajar en la periferia o en servicios centrales; incluso prestar servicio en España o en el extranjero. Cabe también terminar en el sector privado, y cada vez de modo más frecuente, volver de él.

En mi caso todo ello se ha combinado y esta variada experiencia me permite atender mi responsabilidad como Abogado General del Estado habiendo conocido de primera mano las necesidades y fortalezas de cada uno de esos destinos. A lo que se une disponer de cada vez más datos que permiten tomar decisiones —sobre cobertura de puestos, utilización de refuerzos, recompensa de esfuerzos— más cercanas cada vez a la realidad.

“GESTIONAR EL DESPACHO JURÍDICO CON MÁS ASUNTOS CONSULTIVOS Y CONTENCIOSOS Y HACERLO CON EL SELLO DE CALIDAD HISTÓRICO DE ESTA INSTITUCIÓN ES EL GRAN DESAFÍO”

-¿Como ve hoy el papel de la Abogacía del Estado en la arquitectura jurídica y administrativa de España?

– Todo gran país debe tener una gran Administración que desarrolle más eficientemente sus funciones. Eso supone, en consecuencia, más demanda de informe jurídico y más recursos contras sus resoluciones. En resumen, una asistencia jurídica más exigente tanto cuantitativamente como cualitativamente. El número de solicitudes de informes y pleitos de la Administración General del Estado tiende a crecer; se miden por decenas de miles anuales respectivamente, y se acumulan en el tiempo. Gestionar el despacho jurídico con más asuntos consultivos y contenciosos y hacerlo con el sello de calidad histórico de esta institución es el gran desafío.

-¿Y cómo lo enfrentan?

– Para enfrentarlo, en primer lugar, necesitamos cada vez de más recursos humanos. Ello nos ha llevado a cuidar especialmente nuestra política de atracción y retención de talento, lo que nos permite hoy día rozar máximos históricos en el número de abogadas y abogados del Estado en activo, y personal auxiliar jurídico y administrativo, sumando en total más de 800 personas; algo muy positivo y totalmente a contracorriente en la Administración. Pero todo ello respetando la dificultad de nuestras oposiciones, que son santo y seña de nuestro cuerpo desde su creación. Y contamos con más recursos materiales, destacando los vinculados a la digitalización, que permiten respuestas más rápidas y coordinadas: bases de datos, robotización, gestión del dato, gestión del conocimiento; todo ello mediante nuevas aplicaciones e inteligencia artificial, que son conceptos que vamos introduciendo en nuestra forma de trabajar. Un intangible añadido, del que carece cualquier otro despacho de abogados, es que la cooperación entre abogados en nuestro caso solo puede sumar, y de ahí que se deba fomentar.

Sentimos que la Abogacía General goza de buena salud y le hace ser optimista para emprender tales retos.

“NOSOTROS SOMOS ABOGADOS, Y NO SE EJERCE DE MANERA LEAL Y EFICAZ LA FUNCIÓN DE LA ABOGACÍA SINO DENTRO DE LA MÁS ESTRICTA DISCRECIÓN”

-Ha desempeñado un papel muy relevante en el ámbito del Derecho de la Unión Europea y la cooperación jurídica internacional, participando en la negociación de directivas y reglamentos en materias tan sensibles como la Fiscalía Europea, el terrorismo o la preinsolvencia.

– En efecto. Primero como consejero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -con funciones negociadoras de textos normativos como los citados y otros-, y después como director general de Cooperación Jurídica Internacional-concluyendo varias negociaciones de textos normativos en negociación directa con la Comisión y el Parlamento Europeo durante nuestra presidencia en el segundo semestre de 2023-. Desde luego todo ello me ha ayudado a conocer desde sus orígenes textos normativos que después aparecieron -o habrán de aparecer- asumidos por nuestra legislación.

Pero además de ello y completando las respuestas anteriores, esa experiencia fue especialmente enriquecedora. Cuando hay que escuchar otros 26 puntos de vista de los demás miembros del Consejo, en diferentes idiomas, y conciliarlos con los intereses de la Comisión y del Parlamento, se aprende a escuchar. Y a saber que por mucho que se alce la voz o que se repitan las mismas ideas, no se va a favorecer la posición nacional: para eso, mejor es razonar, centrarse en objetivos esenciales, prescindir de los no esenciales, negociar…Eso marcó mi forma de trabajar, llegando a consensos con quien piensa de modo diferente y tiene intereses contrapuestos.

 –¿Cómo influye el Derecho comunitario en el Derecho nacional?

– La influencia es mayor de lo que creemos. Solo en la presidencia española de 2023 se aprobaron más de 80 normas europeas —cinco en el ámbito de la Justicia—, lo que por otro lado constituyó un récord —cuya digestión a la hora de su transposición no resulta fácil—.

También la labor del Tribunal de Justicia en ocasiones fuerza cambios normativos, por vía de derogación o de exigencia de nueva regulación.

Es por ello que en muchas ocasiones nuestra subdirección de Asuntos de la Unión Europea coadyuva a los compañeros de consultivo o de contencioso para analizar pleitos o informes, y no limitan su actuación a la defensa del Reino de España en procedimientos de infracción o asuntos ante el Tribunal de Justicia.

“LA MEJOR MANERA DE EVITAR INCENDIAR LA CONVIVENCIA ES NO ECHAR “LEÑA AL FUEGO” Y LIMITARNOS A EXPONER NUESTRA POSICIÓN JURÍDICA EN LOS FOROS EN QUE TRABAJAMOS”

-En un tiempo de polarización, la ciudadanía mira con lupa las decisiones de los poderes públicos. ¿Qué puede hacer la AGE para reforzar la confianza de la sociedad?

– La polarización es un problema político y sociológico que se da en muchas partes del mundo. Es global. Tiene raíces propias de sociedades avanzadas. Y en efecto, con sus peculiaridades, también aparece en España.

La Abogacía General del Estado, conforme a la Ley 52/1997, asume el asesoramiento, la representación y la defensa jurídica del Estado, que incluye a toda la Administración General del Estado, sin perder de vista que el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado conforme al artículo 97 de la Constitución.

Dentro de ese marco, que no ha cambiado ni en su fundamento normativo ni en su aplicación práctica, como institución, se nos plantea una disyuntiva.

-¿Qué disyuntiva?

– En primer lugar, podemos continuar desempeñando nuestro trabajo, el ejercicio de nuestras funciones, del modo más fundado posible en derecho, como siempre hemos hecho. Y hacerlo sin dar respuesta a quienes en ocasiones lo cuestionan, a veces desde parámetros no jurídicos, que son los únicos que consideramos para su ejecución.

Cabría teóricamente otra opción: divulgar nuestra posición en cada asunto en que somos mencionados, ofreciendo datos que desmienten algunas de las manifestaciones erróneas que se han podido verter sobre la actuación de la Abogacía del Estado, lo cual a su vez desmontaría cualquier relato polarizador. Pero precisamente por su naturaleza, no es lo que se puede esperar de esta institución. No hemos de olvidar que, a diferencia de otras instituciones cuyas funciones se desempeñan directamente a favor de la ciudadanía, nosotros somos abogados y no se ejerce de manera leal y eficaz la función de la abogacía sino dentro de la más estricta discreción.

Además, la mejor manera de evitar incendiar la convivencia es no echar “leña al fuego” y limitarnos a exponer nuestra posición jurídica en los foros en que trabajamos. Generalmente con éxito y últimamente con tasas de éxito crecientes.

“LA DIGITALIZACIÓN -JUNTO A LA ESPECIALIZACIÓN Y LA FLEXIBILIZACIÓN DE NUESTRAS ESTRUCTURAS- DETERMINA LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN”

-Seguridad jurídica, control de legalidad y confianza son pilares en los que se apoyan tanto el Notariado como la propia Abogacía del Estado. ¿Cree que la sociedad es plenamente consciente de ese “ecosistema” de garantías?

– Los grandes principios que fundan nuestras respectivas funciones y tanto el marco constitucional como la convivencia jurídica a nivel europeo son de enorme relevancia, y por un uso inveterado, los damos por descontados, sin estarlo.

Tanto el abogado del Estado informando en derecho las cuestiones que se le someten a su parecer, garantizando el mejor acierto en la decisión de la Administración consultante, como el notario que ofrece certeza y seguridad a los particulares que reclaman sus servicios, contribuyen día a día a reforzar el Estado de Derecho, algo esencial para la sociedad, sea ésta plenamente consciente de ello, como presuponíamos, o no, en cuyo caso habremos de perseverar en la conciencia pública de su relevancia.

-La transformación digital, la inteligencia artificial y el uso masivo de datos están cambiando la forma de trabajar de todos los operadores jurídicos. ¿Qué hoja de ruta se ha marcado para adaptar la Abogacía General del Estado a este nuevo entorno sin perder rigor técnico ni independencia de criterio?

– La digitalización -junto a la especialización y la flexibilización de nuestras estructuras- determina los últimos cambios de nuestra organización, en pos de una mayor e imprescindible eficiencia. La digitalización en nuestro caso supone la creación de una base de datos única para todos los expedientes contenciosos y consultivos, incorporando los últimos avances de las herramientas en web; la automatización de los procesos mediante bots; el uso de la inteligencia artificial mediante herramientas tanto del mercado como propias, y la mejora de la gestión del conocimiento para un acceso rápido a los documentos.

En el caso de la inteligencia artificial, usamos aplicaciones que no extraen los datos tratados fuera de la organización, beben de fuentes propias de la Abogacía, tan numerosas por el volumen de consultivos y contenciosos, y son diseñadas como herramienta de ayuda a la labor humana que dirige el proceso.

-La función notarial es una figura clave de la seguridad jurídica preventiva en el tráfico civil y mercantil. Desde su perspectiva, ¿qué papel asigna al Notariado en la prevención de conflictos y en la buena ejecución de las políticas públicas, especialmente en ámbitos como la contratación, la empresa o la vivienda?

– Es innegable que la función clásica notarial dando fe pública de la actividad civil y mercantil siempre ha sido clave para sociedades que disfrutan de seguridad jurídica, mediante la prevención o a priori. Solo por ello la importancia de la función es esencial.

Pero, por otro lado, una sociedad que se construye sobre la necesaria judicialización de los conflictos, donde la seguridad jurídica se construye a posteriori, termina siendo una sociedad donde la administración de la Justicia resulta onerosa y poco accesible para gran parte de la población, que no cuenta con los recursos necesarios. Todo ello justifica sobradamente la función notarial. Además, su cada vez mayor inmediatez y alcance, con la integración de la digitalización, hace todavía más útil a la misma.