-Año y medio en la presidencia. ¿Qué ha quedado de ese programa inicial con el que tomó posesión?

– Bastante más de lo que imaginaba. Cuando llegas a una institución de estas características, con 500 años de historia, descubres que el trabajo es simultáneo: gestionar lo cotidiano y construir futuro. Estamos digitalizando los archivos y la biblioteca del Consejo, que son fondos documentales de enorme valor. Es un trabajo de precisión que la casa no había abordado de esta manera. Estamos a punto de sacar a la luz la doctrina legal puesta al día —la última vez fue en 2011— un esfuerzo considerable. Y luego están los dictámenes que seguimos emitiendo sobre asuntos de primera magnitud: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto del Ministerio Fiscal. Ese es el corazón del Consejo.

-¿Hay algo más que marque este período?

– Sí, desde luego. He iniciado un diálogo sin precedentes con otros órganos. Con la Real Academia Española, por ejemplo, tenemos un compromiso explícito: que el lenguaje jurídico sea claro. Los ciudadanos tienen derecho a comprender las leyes que deben cumplir; es un asunto profundamente democrático. Estoy visitando todos los consejos consultivos territoriales por orden de antigüedad. Aquello no se había hecho antes. Y estamos preparando el quinto centenario de la institución este año 2026. Eso ocupa mucha dedicación, pero lo considero fundamental.

SOMOS EL CONTROL PREVIO Y SUAVE DE LA LEGALIDAD Y LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO. NADA MÁS Y NADA MENOS

– ¿Cree que la función del Consejo de Estado es suficientemente conocida?

– Hay una imagen fijada en el imaginario colectivo: mucha seriedad, expertos en Derecho, gente que sabe. Todo cierto. Pero después, la mayoría no sabría decir qué hacemos exactamente. Y eso es, en realidad, el precio de garantizar nuestra imparcialidad. Nosotros hablamos una sola vez: en el dictamen. Luego, silencio. Eso es lo que nos permite mantener la confianza en lo que decimos. Somos el control previo y suave de la legalidad y la constitucionalidad del Estado. Nada más y nada menos. Pero ese silencio tiene consecuencias: la gente no ve el trabajo de fondo. El aniversario nos brinda una oportunidad para explicar que cumplimos una función absolutamente democrática e imprescindible.

-En una democracia polarizada como la nuestra, ¿cómo mantiene el Consejo ese clima de diálogo cuando sus miembros provienen de distintas procedencias políticas?

– Con mucha conciencia de lo que representamos. Todos los consejeros —todos— tenemos una gran conciencia y un gran orgullo de pertenecer al Consejo de Estado. Eso nos lleva a una capacidad notable de autocontención respecto a nuestras convicciones políticas. Nos autolimitamos muy prudentemente. Estamos aquí, por ejemplo, dos vicepresidentas del Gobierno que provenimos de contextos políticos distintos. ¿Y eso pesa? Menos de lo que pesa la obligación del rigor jurídico. Nunca le decimos a la autoridad consultante si algo es oportuno o inoportuno políticamente. Le decimos si el proyecto tiene fallas técnicas, si puede mejorarse. La polarización existe, claro, pero aquí ocurre algo singular: durante horas en el Pleno, a veces cinco seguidas, estamos debatiendo párrafos, palabras, puntuaciones. Los ciudadanos no lo ven, pero ocurre. Y en eso hay una cortesía, un rigor admirable.

EN UN MUNDO DONDE TODO PARECE DUDOSO, DONDE LA VERACIDAD NO SE VERIFICA Y LOS ACUERDOS NO SE CUMPLEN, EL NOTARIADO OFRECE GARANTÍA

-España ha producido más de 400.000 normas desde 1977. En los últimos tres años, 31.000 más. ¿Esto no genera inseguridad?

– Claramente. Tenemos una hiperproducción normativa que afecta a la claridad, a la seguridad jurídica misma. Muchas de esas normas no tienen vigencia real, no tienen oportunidad. Siguen ahí, contaminando el corpus legislativo.  Creo que los Estados modernos tienen demasiadas normas. A veces es preferible modificar una norma existente que crear una nueva. Pero hay densidad, un bosque legal que complica todo. Y cuando todo es tan abundante y técnico, los ciudadanos sienten que es incomprensible. Esto va contra la premisa misma de la democracia de Derecho: la gente debe poder entender las leyes que la vinculan.

– ¿Ha percibido un deterioro en la calidad técnica de la producción legislativa?

– No diría tanto eso. Diría más bien que hay demasiado espacio para el debate político y muy poco para el debate técnico visible. El legislador trabaja sobre cuestiones técnicas muy sólidas, pero eso no se ve. Parece que las leyes emergen de la voluntad del presidente y listo. Los ciudadanos no ven dónde están los parlamentos, dónde el asesoramiento técnico real. El Consejo de Estado, muchas veces, señala un párrafo y dice: esto no clarifica el objetivo. Y a menudo, tras el dictamen, esa ley mejora. Pero eso es invisible para la sociedad.

– Como reconocida defensora de la igualdad, ¿a qué velocidad avanzamos?

– Lentamente. Aunque hace apenas cincuenta años las mujeres estaban excluidas de prácticamente todo. El feminismo, en realidad, trata de desmontar el orden con el que la humanidad funcionó desde que existe. Eso no puede ser ni fácil ni rápido. No es solo legislación; es formación de conciencia, es que los hombres asuman que no pueden pegarle a una mujer, no pueden tratarla como inferior. Eso es una transformación civilizatoria profunda. Vamos en la buena dirección, pero el camino es largo.

TENEMOS UNA HIPER PRODUCCIÓN NORMATIVA QUE AFECTA A LA CLARIDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA MISMA

– ¿El feminismo es la democracia del siglo XXI?

– Seguro. Porque ahí se juega la gran premisa de la igualdad: entre hombres y mujeres. Es el corazón de cualquier democracia verdadera. Y nuestras leyes de igualdad —todas ellas— han sido verificadas por el Tribunal Constitucional. Todas. Hasta la última sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significa eso? Que hemos desarrollado la igualdad de manera técnicamente correcta, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso es seguridad jurídica.

-La transformación digital llega a todos lados. ¿Cómo afecta al mundo jurídico?

– Esto me inquieta profundamente. El Derecho es uno de los grandes logros civilizatorios: podernos entender y convivir a partir de razones, argumentos coherentes establecidos en leyes. Por primera vez en la historia, los instrumentos que el Derecho necesita no dependen exclusivamente de él. Dependen de apoyaturas tecnológicas privadas. Hay nuevas formas de delito que solo se pueden perseguir si la tecnología lo permite. Pero si esa tecnología es negocio privado y no coopera, el Derecho se encuentra impotente. Eso me preocupa enormemente. Y me preocupa porque las tecnologías, en clave jurídica, determinan si algo es legal o ilegal, permitido o prohibido. Sin eso, no hay convivencia.

– ¿Y la inteligencia artificial en el Consejo?

– Nos ayudará en búsqueda de información, precedentes, jurisprudencia. Hemos mejorado bastante nuestros sistemas. Pero la clave es que los dictámenes son producto de la reflexión de diez personas con cabezas distintas. Eso no se puede hacer con tecnología pura. Somos diez cabezas todos los jueves, treinta en el Pleno mensual, confrontando miradas distintas. Ese elemento humano es irreemplazable. La inteligencia artificial es un instrumento. La inteligencia natural es lo que verdaderamente importa.

CON LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TENEMOS UN COMPROMISO EXPLÍCITO: QUE EL LENGUAJE JURÍDICO SEA CLARO

– ¿Goza España de buena salud en seguridad jurídica?

-Sí. Hace 48 años salimos de una dictadura; hoy estamos entre las 24 mejores democracias del mundo. Eso es admirable. Nuestro Estado tiene tres adjetivos: democrático, de Derecho y social. Los tres son dependientes del segundo: de Derecho. En ese sentido, el Consejo de Estado juega un papel capital. El ciudadano puede no gustarle el Gobierno de turno, puede no gustarle sus leyes. Eso es normal. Pero debe saber que técnicamente son acordes al modelo constitucional. Eso tranquiliza. El circuito es largo —comienza aquí, pasa por el Congreso, va a los tribunales, termina en el Tribunal Constitucional— pero en el 98,86% de los casos, los tribunales se pronuncian como el Consejo de Estado había señalado.

-Y el Notariado, ¿cuál es su papel en todo esto?

– Fundamental. En un mundo donde todo parece dudoso, donde la veracidad no se verifica y los acuerdos no se cumplen, el Notariado ofrece garantía. Certeza de que lo acordado es verdad, de que se verifica, de que existe documentalmente. La seguridad jurídica que yo he descrito —la de arriba, la de los órganos constitucionales— es importante. Pero la seguridad de abajo, la que afecta a los ciudadanos en sus transacciones cotidianas, depende del Notariado y del mundo registral. Eso es seguridad jurídica de facto. En una época de incertidumbre, eso es oro puro.