El pasado 3 de septiembre se cumplió el segundo aniversario de la entrada en vigor de la ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Esta normativa significó un gran avance al poner fin a la incapacitación judicial de estas personas, reconociéndoles su derecho a decidir contando con los apoyos precisos para ello. la ley designó a los notarios como la autoridad responsable del proceso.

«Desde su puesta en marcha, con la ayuda y asesoramiento de los notarios –señala José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado– las personas con discapacidad han podido designar quién ha de prestarles apoyo y con qué alcance. También ha permitido establecer las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad».

EL NOTARIADO Y OTROS EXPERTOS HACEN BALANCE EN ESTE NÚMERO DE LA REVISTA DE LA LEY 8/2021 QUE RECONOCE EL DERECHO A DECIDIR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Antes de la aprobación de esta ley para ejercitar sus derechos, ya fueran patrimoniales, familiares o sucesorios, muchas de las personas con discapacidad tenían que solicitar –ellos o sus familiares– la incapacitación judicial.

Por su parte, Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Æquitas, explica que, si bien la aprobación de esta ley supuso un hito que situó a nuestro país a la vanguardia de la legislación europea y mundial, dos años después de su entrada en vigor «aún se detectan reticencias, desinformación, recelos o miedos. Por ello, tenemos que unirnos para remar en el mismo sentido y superar los escollos. Debemos acompañar a la ley en su crecimiento y movilizar a la sociedad para conseguir que la igualdad sea efectiva».

La opinión de los expertos

Dada la importancia y relevancia, nacional e internacional, de esta reforma del Derecho privado español, dedicamos al tema un amplio espacio de la revista.

En la sección de «El Escaparate» abordamos la visión de la reforma desde el punto de vista de los participantes en un seminario organizado por el Notariado en San Sebastián, en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Con el foco puesto en la Persona, la primera mesa de debate sobre los aspectos prácticos de las medidas de apoyo que contempla la ley, moderado por el abogado Francisco González, contó con las intervenciones de la magistrada Patricia Arrizabalaga; la fiscal de sala del Tribunal Supremo para la protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra; el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Æquitas, Gonzalo lópez Ebri; la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, y el asesor jurídico de liber y coordinador de la Red de Juristas de Plena Inclusión, Torcuato Recover.

En la segunda mesa expusieron sus puntos de vista sobre los aspectos sociales de las medidas de apoyo el presidente del CERMI, luis Cayo Pérez Bueno; el director de la Sección Jurídica de la Fundación Æquitas, Manuel Rueda; el director general de la Fundación Kyrios, Álvaro Martín Moreno; la responsable del Área de Formación de A lA PAR, Marta Martínez Vega, y la asesora jurídica de Plena Inclusión, Natalia Pérez Fernández.

Con mayor profundidad ofrecemos también en estas páginas una entrevista con Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quien nos recuerda que, aunque se han dado importantes pasos, aún queda camino por recorrer: «Es una ley proceso que requiere de un gran trabajo de concreción y de aplicación, y eso va a llevar, al menos, una década». «Esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar», concluye.

Nos acompaña también la abogada María Soledad Cisternas, una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que se muestra «totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Æquitas es de una potencia gigante. Siento que con la participación de Æquitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etc., además de, por supuesto, los notarios».

Por último, Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, señala en la entrevista que nos ha concedido que «las personas con discapacidad, en el ejercicio de su capacidad jurídica, son iguales a las demás, y, en consecuencia, toman sus decisiones con los apoyos que precisen; los justos y necesarios, ni más ni menos. la persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema. Es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos”.

Colaboración institucional

Impulsar la colaboración y el conocimiento en torno a la ley 8/2021 fue lo que motivó en junio de 2023 el nacimiento de la Alianza Apoyo y Autonomía, sobre la que se informó en el anterior número de la revista, una iniciativa de CERMI, junto con la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE para impulsar el conocimiento e implementación de la ley.

“LOS NOTARIOS SON LA AUTORIDAD ENCARGADA DE ESTABLECER LOS SISTEMAS DE APOYOS QUE LES AYUDEN EN LA TOMA DE DECISIONES”

Otro de los proyectos desarrollados es el programa Documentos notariales en lectura fácil, destinado a hacer comprensibles para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo los documentos notariales. Una iniciativa impulsada por Plena Inclusión España, la Fundación ONCE y la Fundación Æquitas. Sobre este proyecto hay información disponible en la web https://aequitas.notariado.org