La crisis sanitaria causada por el Covid-19 ha derivado en una crisis económica generalizada que, en el caso de España, está teniendo efectos particularmente graves con un incremento del desempleo, el cierre de empresas y negocios familiares, la caída en picado del PIB y un aumento del déficit público, entre otros indicadores económicos.

MARTA RUIZ-CASTILLO CALLEJA

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LA DESESCALADA apenas ha permitido a la economía recuperar el aliento y, tras los meses de verano, el país se enfrenta a nuevas incertidumbres ante una segunda ola de la pandemia que ya ha obligado a adoptar medidas restrictivas de movilidad y confinamientos parciales. La previsión de organismos nacionales e internacionales no apuntan a una rápida recuperación, por lo que resulta urgente la adopción de medidas dirigidas a la recuperación económica y social del país. En este sentido, se han puesto en marcha varias líneas de actuación, tanto dentro de España como en la Unión Europea que, en ambos casos, requieren del diálogo y el consenso entre el sector público y el privado.

Para ayudar a paliar la crisis, el Consejo Europeo alcanzó el 21 de julio, tras cinco días de intensas negociaciones en Bruselas, un acuerdo calificado de «histórico» sobre una dotación presupuestaria de más de 1,82 billones de euros. En él se incluye, según el documento, un marco financiero plurianual (más de 1,07 billones de euros), y un instrumento, denominado Next Generation, con 750.000 millones de euros de deuda común para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por el coronavirus, de los cuales los Estados miembros recibirán 390.000 millones de euros en forma de subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos. «Es un buen acuerdo y, sobre todo, es el acuerdo que Europa necesitaba en estos momentos», dijo el presidente del Consejo, Charles Michel, durante la presentación de las conclusiones.

España recibirá cerca de 140.000 millones de euros durante los próximos seis años. De esta cantidad, 72.700 millones serán ayudas directas y el resto -algo más de 67.000 millones- en préstamos.

Consenso necesario. El reto al que se enfrenta el país es gigantesco y requiere de un esfuerzo general que trasciende el debate político para sacar adelante las reformas necesarias y avanzar en la recuperación económica y social. Desde todos los ámbitos llegan las apelaciones al consenso. «En la recuperación y creación de empleo es necesario que todos los sectores se alíen», subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó en el Congreso de los Diputados los resultados de la Comisión Europea. El Partido Popular va más allá al proponer la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica, según informó su presidente, Pablo Casado, tras reunirse con Sánchez en La Moncloa el 2 de septiembre.

Al día siguiente, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, fue clara al afirmar que «el diagnóstico de la situación es compartido, como también las recetas para hacerle frente. Es más lo que une a la sociedad española que lo que la separa. Es el momento de la unidad, de arrimar el hombro».

La CEOE, mediante su presidente, Antonio Garamendi, ha reiterado públicamente que «sin la confianza de las empresas no es posible la recuperación económica»; una opinión que comparten representantes de las grandes empresas y de la banca, tal y como expresaron en el citado pleno de la Cámara de Comercio de España los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; de Indra, Fernando Abril-Martorell; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; del BBVA, Carlos Torres Vila; la presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, y la del Banco Santander, Ana Botín. Esta última vino a resumir la opinión de los presentes al afirmar que la reconstrucción «debe basarse en cuatro aspectos: que los proyectos tengan un efecto multiplicador; que estén apoyados sobre el liderazgo empresarial; la capilaridad de las ayudas y la gobernanza, para que haya responsabilidad”. El presidente de la Cámara, José Luis Bonet, destacó la disposición de las empresas a colaborar con los poderes públicos en la salida de la crisis y el papel fundamental que debe desempeñar la Cámara de España y la red de cámaras para que las ayudas europeas lleguen al conjunto del tejido productivo. “Hemos de hacer frente a la situación con decisión, coraje, determinación y visión de futuro, sin dejar a nadie atrás, velando por las personas, por supuesto, pero también por las empresas, que son la pieza clave para la recuperación, la creación de empleo y el crecimiento de la economía”.

En los últimos meses hemos visto cómo se ha reactivado el diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos en torno a la Mesa de Diálogo Social con acuerdos significativos, todos ellos relacionados con la búsqueda de soluciones a la crisis económica provocada por el coronavirus. «El consenso político es imprescindible. Pero no sólo. Este momento requiere de una visión global, de un Contrato o Pacto Social. Es imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales y patronales que han demostrado sobradamente durante esta crisis su templanza, sentido común y altura de miras frente a la superficialidad de otros», escribía en su blog el pasado 1 de agosto el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

Ejemplos de que el diálogo no sólo es necesario sino también posible son los acuerdos alcanzados en torno a cuestiones como una primera ampliación de los ERTES tras el fin del estado de alarma; el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo firmado el 1 de julio en el Palacio de la Moncloa con una decena de líneas de actuación, y la ley que regula el teletrabajo.

Plan de acción. Los objetivos de la recuperación que defiende Europa y que, en palabras del presidente de la Comisión, Charles Michel, se resumen en «convergencia, resiliencia y transformación» exigen para reparar el daño causado por el Covid-19 «reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades».

En esa dirección va el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, en el que empresas, sindicatos y Gobierno se comprometieron a «desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, y la modernización del marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, y la actualización de las políticas activas de empleo, de acuerdo con las indicaciones de la UE». Respecto a las reformas que España necesita, el documento incluye también la propuesta de un Pacto por la Industria «que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva».

Medidas y propuestas -las de la UE y el citado Acuerdo- que también se recogen en las Conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas en un Pleno extraordinario celebrado el 29 de julio. En ellas se ponen de manifiesto «algunas debilidades estructurales importantes de la economía española que es necesario corregir», como «la escasa dotación de capital privado y público, un reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes que, juntas, representaban el 93,5% del total de empresas al término del año 2019»; un factor que hace «menos competitivo al tejido empresarial». Es necesario corregir, añade el texto, el «bajo crecimiento de la productividad», los «bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal», una «débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total», una «escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada», un «reducido peso de la industria en la economía», y una «tasa de desempleo muy elevada».

Para resolver estas debilidades, se propone «un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reoriente la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía». En este sentido, hay una apuesta clara por la participación de las administraciones públicas, empresariales y sindicales: «Se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la crisis, como el  turismo, los canales HORECA (distribución de alimentos de hoteles, restaurantes y cafeterías), el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la producción local sanitaria estratégica».

Además, a medio plazo, «es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía», así como lograr un Pacto de Estado por la industria, apoyo a las pymes y a los autónomos.