José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, moderó el debate, que contó con los siguientes ponentes: Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rosa Rubio, fiscal delegada de protección de personas con discapacidad en Canarias; Florentino González, miembro de la Junta Directiva de Down España; y Federico Cabello de Alba, notario y director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas.

En el encuentro se abordaron las reformas legales más recientes relacionadas con la discapacidad, haciendo hincapié en el Proyecto de Ley que reforma la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este texto pretende adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en 2006); concretamente su artículo 12, que proclama que los miembros de este colectivo tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás e insta a los gobiernos a que adopten las medidas necesarias en este sentido.

Avance importantísimo. Para Federico Cabello de Alba, «el proyecto de ley supone un avance importantísimo frente a la situación anterior; han tenido que superarse muchas resistencias hasta que ha visto la luz. El cambio principal para el colectivo de personas con discapacidad radica en que pasan de ser objetos de derecho a sujetos de derecho. Asimismo, se reconoce la dignidad de estas personas; además de generar una enorme economía procesal. Lo prioritario de esta reforma es el respeto absoluto por la autonomía de la voluntad».

Sobre el papel de las instituciones tutelares en el nuevo proyecto, el director de asuntos sociales de la Fundación Aequitas apuntó que «seguirán acompañando en las decisiones, ya que asumen el desarrollo de los apoyos y la asistencia, aunque tendrán distinta intensidad». En cuando a la trascendencia práctica, el notario señaló que será «muy importante. Hasta ahora eran personas que querían, por ejemplo, constituir una sociedad y se les negaba la legitimación». Por último, señaló la necesidad de «hacer pedagogía y cambiar las actitudes de la sociedad, de los juristas y de las propias familias. Se deben evitar inercias jurídicas».

Maria Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil, aportó su experiencia como uno de los expertos que han trabajado en el desarrollo del proyecto de ley. «La Comisión General de Codificación inicia este trabajo en 2015. Se ha escuchado a la sociedad civil, a asociaciones y personas implicadas; se han realizado entrevistas a numerosos representantes de la discapacidad en trámite de audiencia pública. Tal y como ordenaba la Convención, esta ley será la primera en la que participen de manera directa sus protagonistas. Ahora le toca el turno a los parlamentarios que pueden perfeccionarla. Lo que hay que hacer con este proyecto cuando se convierta en Ley es mucha pedagogía: su letra, si se aplica con los parámetros de ahora, no cambia nada. Cuando los ‘aplicadores’ del Derecho comprendan las claves del nuevo sistema, se ‘convertirán’ sin lugar a dudas».

La jurista abundó en la importancia de esta nueva normativa. «Incorporará al Derecho español el desarrollo legislativo del artículo 12 de la Convención de la ONU, que es el corazón de este tratado internacional. España prontamente se apresuró en firmar y adherirse a la Convención, pero bastantes años después, ese artículo no se ha adaptado a nuestro ordenamiento. La importancia del proyecto es inmensa; las personas con discapacidad tendrán plena capacidad jurídica en cuanto a titularidad de derechos y de legitimación para ejercitarlos».

«Ahora mismo hay situaciones previas de incapacitación que llegan a prohibir casarse o incluso celebrar determinados contratos, -indicó la civilista-. Cuando entre en vigor la nueva ley se aplicarán medidas transitorias para eliminarlas. Ha habido quejas de asociaciones de jueces mostrándose contrarios a esta situación, afirmando que las sentencias de limitación de la capacidad de obrar eran imposibles de adaptar porque colapsarían los juzgados. Pero no pueden coexistir dos sistemas paralelos: los conformes y los contrarios a la Convención de la ONU. Las sentencias deberán adaptarse en un plazo breve y se deben reivindicar medios humanos para hacerlo».

Derecho a equivocarse. La fiscal Rosa Rubio coincidía en señalar la trascendencia del proyecto: «Va a suponer un antes y un después. Abandonaremos el concepto médico de discapacidad para entrar en el social. Cualquier persona, con independencia de su discapacidad, podrá y deberá ejercer sus derechos. Esta legislación elimina las barreras e impide -con apoyo del Estado- los obstáculos de la sociedad. No se hablará de incapacitación ni privación de derechos. No se necesita presupuesto económico para su aplicación, sino un cambio radical de pensar en los juristas, un cambio de mentalidad que va a llevar un tiempo».

Rubio reivindicó el «derecho de las personas con discapacidad a equivocarse. Debemos dejar que nuestro ser querido se equivoque con todas las consecuencias. El interés debe ser el respeto a su voluntad, no la protección».

Por último, Florentino González, de Down España, señaló que «el papel de las asociaciones va a seguir siendo fundamental en el nuevo Derecho de la Discapacidad». El representante de la ONG señaló que «pasamos ahora del modelo asistencial al de Derechos Humanos bajo la clave de bóveda del artículo 12. El proyecto de ley en general es un avance importantísimo, ya que España va con doce años de retraso. Estamos en condiciones de poder hacer una reforma que sea una referencia para muchos otros países; que cumpla plenamente las orientaciones y recomendaciones de la Convención y que marque un hito en defensa de los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidades».