EL 28 DE NOVIEMBRE quedó constituido el nuevo Consejo General del Notariado para los próximos cuatro años, que representa a los casi 3.000 notarios y está integrado por los decanos de los 17 Colegios Notariales.

El Consejo acordó la elección como presidente de José Ángel Martínez Sanchiz (decano del Colegio Notarial de Madrid); como vicepresidente de Raimundo Fortuñy Marqués (decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares), y de José Alberto Marín Sánchez (decano del Colegio Notarial de Cataluña), Ignacio Ferrer Cazorla (decano del Colegio Notarial de Extremadura) y Francisco Cantos Viñals (decano del Colegio Notarial de Valencia), como miembros de la Comisión Permanente, junto a los dos primeros.

Posteriormente fueron designados portavoz y delegado de nuevas tecnologías, respectivamente, María Teresa Barea (decana del Colegio Notarial de Andalucía) y Luis Fernandez‐Bravo (decano del Colegio Notarial de Castilla‐La Mancha). Ambos se incorporarán a la Comisión Permanente del CGN como miembros adscritos.

Este Consejo es una corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Representa al Notariado español y tiene entre sus principales fines colaborar con la Administración, mantener la organización colegial y coordinar determinadas funciones de los Colegios Notariales.

Principales objetivos
El objetivo primordial del nuevo Consejo será reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos, porque la función notarial ha ido siempre al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas, en especial respecto de los más vulnerables por las razones que sean, personales o económicas.

También impulsará al hilo de la Convención de Nueva York y de la reforma en ciernes del Código Civil y Código Civil de Cataluña, los apoyos voluntarios a las personas con discapacidad. En esta materia el Notariado cuenta con la dedicación y esfuerzo de la Fundación Æquitas, que ha cumplido 20 años. Asimismo, es propósito de este Consejo llevar a efecto un Congreso Notarial intersectorial sobre la problemática de los mayores, que habíase previsto en la legislatura anterior para mayo de este año y que la pandemia obligó a suspender.

También será fundamental continuar en el empeño que se inició hace veinte años por implantar, como parte del servicio público notarial, las nuevas tecnologías. De ahí se ha venido trabajando, y puesto a disposición de los poderes públicos, la posibilidad de que ciertos documentos notariales se otorguen a distancia mediante videoconferencia en la sede electrónica notarial, que se hará visible al ciudadano a través del nuevo Portal del Ciudadano. El objetivo estriba en que ciertos documentos notariales, muy frecuentes, se puedan llevar a efecto sin necesidad de desplazarse a la notaría; así es el caso de poderes especiales, pólizas mercantiles o la realización de actos societarios. Asimismo, hacer posible que el ciudadano obtenga la copia autorizada electrónica de su escritura o póliza y la lleve, si quiere, en su móvil. No es ciencia ficción. El Notariado dispone ya de las aplicaciones técnicas necesarias que habrán de acoplarse, en su caso, a las correspondientes reformas legales.

Otro objetivo igualmente prioritario será la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios, tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de sus empresas como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso. En esta línea, fomentaremos las encuestas con los sectores empresariales y realizaremos seminarios sobre estos temas, a través de la Fundación Notariado.

También hay que destacar la intención del Consejo General del Notariado de colaborar, como hasta ahora, con las Administraciones Públicas para proponer soluciones en beneficio del interés general, especialmente en los ámbitos señalados y en otros, que ocupan nuestra atención prioritaria, como la vivienda.

Por último, se reforzará la colaboración –reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)– en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

LOS DELINCUENTES emplean una serie de técnicas y mecanismos para ocultar la propiedad y el control de sus activos obtenidos ilícitamente.

Así, los planes concebidos para ocultar la propiedad efectiva suelen utilizar una estrategia de «esconderse a la vista», aprovechando las infraestructuras comerciales y de comercio mundiales para parecer legítimas.

La globalización del comercio y las comunicaciones no han hecho sino aumentar esta amenaza, y los países se enfrentan ahora al reto de hacer cumplir las leyes nacionales en un entorno comercial sin fronteras, ya que la necesidad de disponer de información exacta, adecuada y actualizada sobre el titular real es un factor clave para localizar a estos delincuentes.

Información adecuada y precisa
Por este motivo, la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Los Estados deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.

En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el titular real y el control por las instituciones financieras y las APNFD en el marco de la debida diligencia del cliente.

Cumplimiento y efectividad
Para su cuarta ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI adoptó dos enfoques complementarios: por una parte, para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones y por otra, para determinar la existencia y las formas como se evidencia la efectividad del sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La evaluación que realiza sobre el cumplimiento técnico de cada recomendación aborda los requisitos específicos de las mismas, principalmente en lo que respecta al marco jurídico e institucional relevante del país, y los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. Estos representan los pilares fundamentales de un sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para cada recomendación, hay cuatro niveles posibles de cumplimiento: cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.

La evaluación de la efectividad difiere del análisis sobre el cumplimiento técnico, pues consiste en comprobar la idoneidad de la implementación de las recomendaciones, e identificar si se están logrando, o en qué medida, los resultados definidos, que son fundamentales para un sólido sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, el enfoque de la evaluación de la efectividad analiza la medida en que el marco legal e institucional produce los resultados previstos.

Con el fin de dar el equilibrio adecuado entre una comprensión general de la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de un país y una apreciación detallada del funcionamiento de sus componentes, el GAFI evalúa la eficacia principalmente sobre la base de once resultados inmediatos.

El resultado inmediato que evalúa la efectividad de la Recomendación 24 es el número 5, donde se valora si se impide que las personas y los arreglos jurídicos se utilicen indebidamente para el blanqueo de dinero o para la financiación del terrorismo, y si las autoridades competentes disponen de información sobre su titularidad real sin impedimentos.

Para cada resultado inmediato hay cuatro posibles calificaciones de la eficacia, basadas en la medida en que se abordan las cuestiones y características fundamentales: alto nivel de eficacia; Nivel sustancial de eficacia; Nivel moderado de eficacia; y Bajo nivel de eficacia.

Así, conforme los resultados de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que realiza GAFI, de los 102 países que han sido evaluados hasta el 7 de octubre de 2020, España es uno de los 49 países que ha obtenido, respecto del cumplimiento técnico, la calificación de “Mayoritariamente cumplida” en esta recomendación, existiendo sólo un país que ha obtenido la calificación de “Cumplida”.

Colaboración notarial
Las razones que han justificado dicha calificación, según se indica en el Informe de Evaluación Mutua de España, realizado en 2014, se deben a que España se basa principalmente en el Índice Único Notarial para la obtención de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas, que incluye información obtenida y recogida por notarios al constituir entidades o realizar otros actos determinados o transacciones de personas y entidades, e información sobre la transferencia de acciones de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Esto se complementa mediante el uso de otra información (sobre la propiedad de la cuenta), e información en poder de otras autoridades como registro de empresas, autoridades fiscales o bursátiles.

El informe señala que hay varias deficiencias en relación con la falta de controles efectivos sobre las transferencias de acciones de las sociedades anónimas, que no cotizan en bolsa.

Sin embargo, el resultado es aún mejor respecto de la evaluación de la efectividad, en el cual, a la fecha antes citada, no hay ningún país que haya obtenido la calificación de Alto nivel de eficacia, siendo España uno de los pocos países (10, en concreto) que ha obtenido la calificación de “Nivel sustancial de eficacia”.

Entre las razones que justifican la calificación, se indica que las autoridades competentes tienen acceso adecuado a la información sobre la titularidad real a través de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), y a la información contenida en los archivos de clientes de las entidades financieras y de los sujetos obligados no financieros (con una orden judicial).

Desde abril de 2014 tienen acceso a la información, actualizada cada 15 días e incluida en la base de datos de titularidad real establecida por el Consejo General del Notariado, el Sepblac, los fiscales, jueces y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes.

En la práctica, las autoridades utilizan con frecuencia la información contenida en la base de datos del Índice Único Informatizado y en la Base de Datos de Titularidad Real en el transcurso de las investigaciones de BC/FT, y expresaron su satisfacción por la calidad, exhaustividad y facilidad de acceso a la base de datos.

En junio de 2019, el GAFI realizó la visita de seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones en España. Como resultado de la misma, respecto del tema que nos ocupa, se menciona que los nuevos procedimientos emitidos por el OCP exigen que los notarios no sólo se basen en la BDTR (Base de Datos de Titularidad Real), sino que soliciten documentos adicionales, como una declaración jurada y otros documentos expedidos por los registros de empresas o que demuestren de alguna otra forma la propiedad efectiva, debido a que estas medidas tienen un impacto en la capacidad de los sujetos obligados para aplicar con eficacia las medidas de debida diligencia con respecto a la exactitud de la BDTR.

Asimismo, como medida de refuerzo en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados, se menciona el nuevo Registro de Titularidad Real creado en el Registro Mercantil, que establece la obligación de que todas las empresas declaren quién es su titular real al depositar sus cuentas en el registro mercantil, la cual debe ser actualizada por las empresas, al menos anualmente. Sin embargo, esta nueva medida no ha incrementado la óptima calificación obtenida en 2014.

LA CRISIS sanitaria ha acelerado la digitalización de las empresas y los hábitos de la sociedad a un ritmo exponencial. Evidentemente la mayor o menor adecuación a esa revolución tecnológica condicionará de manera determinante el futuro. Pero para los notarios españoles «digitalizar» es un verbo que empezó a conjugarse hace casi veinte años tras la aprobación de la firma electrónica notarial en la ley 24/2001, lo que permitió que todos los notarios de España pudieran seguir ejerciendo su profesión en el marco de las comunicaciones telemáticas.

A lo largo de estos 19 años, los notarios han realizado una importante inmersión e inversión tecnológica y han creado una estructura única en Europa (SIGNO, la sede electrónica notarial, con dos centros de proceso de datos propios) que les ha convertido en una de las instituciones más comprometidas con la transformación digital y el desarrollo de la Administración electrónica.

Con la Administración Pública. Solo en 2019 los notarios realizaron para los ciudadanos y las empresas en sus gestiones con la Administración nacional, autonómica y local más de 20 millones de operaciones de manera telemática.

Este desarrollo tecnológico ha permitido que millones de actuaciones se materializaran sin necesidad de desplazamientos, ni trasiego de copias en papel, simplificando la burocracia, tiempo y costes, y con plenas garantías de seguridad jurídica.

El artículo 221 del Reglamento Notarial señala que las copias notariales electrónicas tienen el mismo valor que las copias en papel siempre y cuando las haya realizado un notario. En papel las firman a mano; en soporte electrónico utilizan la firma electrónica cualificada (EIDAS).

Así, en los últimos cinco años, el envío telemático de copias electrónicas autorizadas entre las notarías y diversos organismos de la Administración autonómica y local ha sido constante y progresivo.

Con los emprendedores. Cuando se constituye una sociedad, la obtención del NIF es un requisito necesario para iniciar su actividad. Desde las notarías es posible obtener telemáticamente el NIF provisional para que las empresas puedan empezar a operar hasta que reciban el definitivo. Esta actuación telemática aporta agilidad y rapidez al proceso de constitución de una sociedad y acorta plazos, objetivo claro de la Administración para incrementar la competitividad. Del mismo modo ocurre con la denominación social. También la pueden solicitar los notarios por vía online en nombre de los futuros empresarios. El servicio de solicitud de certificados de denominación social permite reservar la denominación social en el registro mercantil central y evitar conflictos con otras sociedades que ya tienen una denominación idéntica o similar.

Prácticamente 6 de cada 10 empresarios españoles solicitan a los notarios que realicen la gestión telemática de solicitud del NIF provisional y definitivo. En el caso de la denominación social, el porcentaje se sitúa en 1 de cada 4.

Con el catastro y los registros. Todo cambio de propiedad ya sea por compraventa, herencia u otro título, tiene que comunicarse al Catastro. Gracias a las leyes 24/2001 y 24/2005 los notarios pueden acceder por vía telemática a la sede electrónica del Catastro y comunicar vía online, en nombre de ciudadanos y empresas, el cambio de titularidad de una propiedad, casi en paralelo a autorizarse y firmarse la escritura pública. En 2019 los notarios comunicaron telemáticamente al Catastro 1.309.000 cambios de titularidad.

Otra de las gestiones telemáticas que más han crecido ha sido la circulación online de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas (CCDG), que han aumentado en los últimos cinco años un 745%. Una CCDG es un documento que contiene los principales datos de interés de un bien inmueble, tanto jurídicos como físicos y descriptivos junto con su representación gráfica.

De acuerdo con la normativa catastral, este tipo de certificaciones deben incorporarse en todos los documentos autorizados por los notarios en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que puedan dar lugar a modificaciones en el Catastro Inmobiliario (cambios de titularidad, alteraciones físicas de los bienes inmuebles, etc.).

Desde hace más de diez años los notarios presentan copias autorizadas electrónicas en los registros de la propiedad y mercantiles como garantía de los derechos de ciudadanos y empresas, reduciendo plazos y costes.

A lo largo de 2019, se han inscrito casi dos millones de copias electrónicas autorizadas de escrituras públicas en el registro de la propiedad, tras su envío telemático por los notarios, con un incremento de actividad del 33% desde 2015. En el caso del registro mercantil, el número de inscripciones de copias autorizadas de documentos notariales remitidos telemáticamente fue de 229.579 (un 7% más que en 2018, y un 33% desde 2015).

Consultas y pago de impuestos. Cuando alguien adquiere un bien inmueble, se subroga en ciertas cargas que afectan al bien, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Para proteger a los compradores ante las deudas impositivas contraídas por el anterior titular, la ley establece que el notario informe al comprador de si el vendedor está al corriente de los pagos del IBI antes de autorizar la escritura de compraventa.

Hasta la puesta en funcionamiento de este servicio telemático, era necesario que el vendedor del inmueble aportase la documentación acreditativa de los últimos recibos, demostrando que estaba al corriente de los pagos.

Gracias al servicio de consulta telemática de las deudas IBI de un inmueble, allí donde hay conexión con los ayuntamientos o diputaciones, se puede obtener online y de forma instantánea desde la propia notaría un justificante emitido por el ayuntamiento o por el organismo encargado de gestionar el impuesto. En 2019 se han realizado casi 350.000 consultas telemáticas desde las notarías españolas, un 81% más de las que se hicieron en 2015.

Adicionalmente y para aquellos ayuntamientos y organismos integrados que lo permitan, también es posible pagar de forma telemática desde las notarías las deudas existentes, obteniendo de forma instantánea un justificante de pago para el transmitente y un nuevo justificante que incorporar a la escritura pública.

En cuanto a otros impuestos derivados de la adquisición de una vivienda, el pago online desde las notarías del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha aumentado un 50% desde 2015 (con casi 250.000 liquidaciones en 2019).

La transmisión o cambio de titularidad de un bien inmueble genera la obligación de pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido cómo plusvalía municipal, a favor del ayuntamiento donde radique la propiedad.

En 2019 los notarios realizaron 1.140.000 liquidaciones online de plusvalías, un 49% más que en 2015 (765.000).

Partes testamentarios, actas y poderes. Otra de las gestiones telemáticas que realizan los notarios, en este caso con la Administración central, es la remisión de partes testamentarios al Registro de Actos de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia. De esta manera, los posibles herederos pueden conocer si una persona ha hecho testamento antes de fallecer y localizar al notario que lo custodia.

La principal ventaja de este servicio se centra en la celeridad y seguridad que aporta la comunicación desde las notarías por vía online y de forma casi inmediata a la realización del testamento notarial.

Por otro lado, cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, los parientes con interés legítimo a su herencia deberán recurrir a un notario que determine quiénes son sus herederos, conforme a la ley aplicable y en qué proporción. Este documento notarial se conoce como actas de declaración de herederos.

Por último, es de vital importancia para la seguridad jurídica de las personas que han otorgado un poder notarial que desde las notarías se pueda comunicar, cuando así proceda, de manera automática y telemática tanto a la Administración Pública, como al Consejo General de Procuradores de España y al punto neutro judicial. Esta comunicación se realiza de forma inmediatamente posterior a la realización del poder notarial. Así, cuando una persona exhibe un poder, jueces, procuradores, notarios y otros funcionarios pueden contrastar online su veracidad.

Los notarios españoles están preparados y dispuestos para seguir avanzando en el desarrollo de servicios digitales seguros y ágiles. Servicios como la creación online de sociedades limitadas, que deberá ser una realidad cuando se transponga la Directiva europea aprobada con tal fin, o el otorgamiento de testamentos por vía telemática para situaciones de pandemia, como la tristemente vivida. La sede electrónica notarial, con 16 años de existencia y probada seguridad, y la videoconferencia, son instrumentos clave ya desarrollados y probados por el Notariado, que hoy pone a disposición de la sociedad. Solo hace falta que el Gobierno y el Parlamento español aprueben que estos funcionarios públicos puedan ofrecerlos.