Europa envejece

ÁMBITO EUROPEO

Europa envejece

En los últimos 50 años la esperanza de vida de la población europea ha aumentado diez años. Es la primera vez que tantos europeos disfrutan de una vida tan larga. Esta realidad tiene implicaciones sociales y presupuestarias que es preciso planificar, pero también ofrece la oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo. La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde sobre el Envejecimiento, que abre el debate político para abordar los desafíos que plantea esta tendencia demográfica.

ELVIRA ARROYO

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El cambio demográfico que está experimentando la Unión Europea (UE) se ha convertido en una cuestión política prioritaria. La mayor esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad han dado lugar a una pirámide de población cada vez más envejecida y a un crecimiento negativo que previsiblemente irá en aumento. Si se mantiene la actual evolución, en 2070 Europa representará menos del 4% de la población mundial, frente al 10% actual.

Aunque esta transformación no afecta del mismo modo a todos los países ni a todas las regiones, los Estados miembros intentan afrontar la repercusión del envejecimiento mejorando los sistemas educativos, fomentando una vida laboral más prolongada e impulsando reformas en los sistemas de protección social y de pensiones. Aun así, la velocidad y la trascendencia de este cambio exigen buscar nuevos enfoques para garantizar una respuesta apropiada en una época de retos importantes, como la transición ecológica y digital, las nuevas formas de trabajo y la amenaza de las pandemias.

Aprender a envejecer. Uno de los primeros pasos de la Comisión Europea ha sido publicar el Libro Verde sobre el Envejecimiento, que ha sido objeto de una consulta pública durante la cual ciudadanos y organizaciones de la UE han realizado sus aportaciones. A partir de aquí, la Comisión presentará diferentes propuestas.

Con un enfoque basado en el ciclo vital, el Libro Verde destaca el impacto del envejecimiento en todas las generaciones y etapas de la vida. Para empezar, recuerda que las bases de un envejecimiento saludable y activo deben establecerse desde una edad temprana, adquiriendo un estilo de vida que incluya una alimentación sana, actividad física y relaciones sociales. Esto ayuda a reducir el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles que van en aumento. Una población sana tiene además un efecto positivo en el mercado laboral, los sistemas de protección social y el crecimiento económico.

A la vez, los hábitos saludables deben ir acompañados de un aprendizaje permanente, que no solo nos permitirá estar preparados para nuevos empleos y seguir activos más tiempo, sino que además puede retrasar la aparición de demencias y evitar el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Envejecer bien es en gran medida una responsabilidad personal, pero, para lograrlo, las autoridades políticas deben promover acciones de prevención y proporcionar los medios necesarios para el bienestar personal.

Mayores atenciones. En cualquier caso y a pesar de tener una mayor esperanza de vida saludable, las personas mayores tienen más probabilidades de sufrir enfermedades y de volverse dependientes. Este riesgo crece claramente con la edad porque, mientras que solo el 10,6% de los europeos entre 65 y 74 años son dependientes, este porcentaje se eleva al 35% a partir de los 85 años. Esta situación se puede posponer con los cuidados sanitarios, un estilo de vida adecuado y la creación de entornos accesibles, pero el envejecimiento conducirá a una mayor demanda de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.

Se espera que el número de personas de la UE que puedan necesitar cuidados de larga duración aumente desde los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones en 2050. Como cada vez es más difícil contar con la ayuda de los familiares en estas circunstancias, se calcula que en la próxima década se crearán ocho millones de puestos de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria y social. Esto exigirá más especialistas y dar formación a muchos otros trabajadores para que puedan reciclarse.

También será imprescindible proporcionar asistencia sanitaria a las zonas rurales y periféricas. Todavía hay países europeos que tienen dificultades para dar cobertura en determinadas zonas, conocidas como “desiertos médicos”.

Fuerza laboral. Otro gran desafío para la UE es dejar de perder población en edad laboral, como viene ocurriendo desde hace una década. La sostenibilidad del sistema requiere la entrada de más personas en el mercado laboral, la posibilidad de alargar la vida laboral y mejorar la productividad.

El Libro Verde sobre el Envejecimiento propone aumentar la fuerza laboral facilitando el acceso al empleo de las mujeres (su tasa de empleo en la UE es un 11,7% inferior a la de los hombres y tienden a trabajar a tiempo parcial), de la migración legal y de las personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, es indispensable acabar con la discriminación laboral a partir de cierta edad: solo el 59,1% de los europeos de entre 55 y 64 años estaban empleados en 2019, frente al 73,1% de aquellos con edades comprendidas entre los 20 y 64 años. No deja de ser contradictorio, porque una de las fórmulas para contrarrestar el envejecimiento poblacional y mantener el sistema de pensiones es alargar la vida profesional.

Según la previsión demográfica más reciente de Eurostat, la tasa de dependencia de vejez de la UE-26 solo se mantendría en 2040 al mismo nivel que en 2020 si la vida laboral se amplía hasta los 70 años. En este sentido, la Comisión Europea considera que las jubilaciones anticipadas deberían limitarse a casos objetivamente justificados y que se debe establecer de forma general el derecho a trabajar más allá de la edad de jubilación.

El Libro Verde pone sobre la mesa todos estos asuntos, que empiezan a ser apremiantes. Más allá de las cuestiones económicas y de unos servicios de calidad, sugiere reflexionar sobre cómo interactúan distintas generaciones. Por ejemplo, se empieza a considerar como una opción interesante las cooperativas de viviendas en las que convivan varias generaciones, lo cual puede ofrecer, entre otras ventajas, compañía a los residentes mayores y transferencia de conocimientos a los residentes jóvenes.

Por otro lado, las personas mayores que gozan de buena salud pueden contribuir a generar valor social y económico en nuestras sociedades. Desperdiciar sus capacidades cognitivas no solo va en perjuicio de su salud mental y física, sino que también supone la pérdida de una oportunidad para la comunidad.

El impacto del cambio demográfico
  • La población europea en edad de trabajar se está reduciendo.
  • Los sistemas de atención sanitaria tendrán que adaptarse y habrá un mayor gasto público relacionado con la edad.
  • Los desafíos demográficos variarán de unas zonas a otras. Las regiones que tengan rápidos aumentos de población deberán contar con las infraestructuras y servicios necesarios.
  • La participación de Europa en la población mundial y el PIB será progresivamente.

Europa opina

Notarios de Europa. Comentarios del Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) sobre el Libro Verde sobre el Envejecimiento (en inglés).

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AGE Platform Europe. Libro Verde de la UE sobre el envejecimiento: una oportunidad clave para dar pasos concretos hacia un futuro más inclusivo para todas las edades. Artículo que analiza las debilidades y fortalezas de este proyecto. Firmado por Julia Wadoux, coordinadora de políticas de salud, nuevas tecnologías y accesibilidad de la red europea para mayores AGE.

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Alzheimer Europa. 2021: Libro Verde de la UE sobre el envejecimiento. Artículo que recoge la respuesta de esta organización a la consulta sobre el Libro Verde. Identifica los aspectos imprescindibles para que se aborden las necesidades de las personas con demencia.

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Un esfuerzo equilibrado

Las soluciones al envejecimiento deben lograr una buena protección social sin imponer una carga excesiva a la población en edad laboral, que representa la principal fuente de financiación para los sistemas sociales. Una solución alternativa sería trasladar parte de la carga fiscal del trabajo a la contaminación, como propone el Pacto Verde Europeo.

En cualquier caso, la sostenibilidad de las finanzas públicas debe supervisarse, sobre todo en los países con una elevada deuda pública. Actualmente, el gasto público relacionado con la edad supera el 25% del PIB de la UE. La previsión es que estos costes aumentarán un 1,1% de aquí a 2070, aunque en once Estados miembros se esperan subidas del 3% o más.

XII Congreso Notarial: El envejecimiento de la sociedad

El 19 y 20 de mayo de 2022 tendrá lugar el XII Congreso Notarial Español, cuyo lema es “El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo”.

Son muchos los foros dedicados a estudiarlo desde diferentes perspectivas (médica, sociológica, económica, asistencial), pero en todas ellas se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas. Esa necesidad no ha hecho más que agigantarse tras la dura experiencia vivida desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID 19. La realidad ha puesto de manifiesto con tremenda crudeza que hay que incardinar la reflexión sanitaria, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de la de más edad, que son las que han sufrido el impacto de la crisis con mayor violencia.

El Notariado está en una posición idónea para asumir la responsabilidad de impulsar un congreso como este, que tendrá, además, la ambición añadida de aprender de la reciente experiencia.

«El envejecimiento: ¿problema demográfico o fiscal?», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

 
JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

El envejecimiento: ¿problema demográfico o fiscal?

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@joseramonpatter

José Ramón Patterson

A la Comisión Europea le preocupa el envejecimiento de la población en la UE, que cada año es más acusado. Nacen menos niños mientras aumenta la esperanza de vida, que en el último medio siglo ha ganado otros diez años. El problema es grave, dicen los agoreros, porque una sociedad donde muere más gente de la que nace y se incrementa el número de ancianos está abocada a sufrir contratiempos socioeconómicos de envergadura. Si no se adoptan medidas -pronostican-, la población activa disminuirá paulatinamente al tiempo que los Estados se verán obligados a desviar más recursos a pensiones públicas y a la atención a los mayores.

Ciertamente, urge una solución para evitar, o al menos mitigar, las consecuencias del “suicidio demográfico”. Pero creo que, en esto como en todo, más apremiante que aplicar medidas aparentemente obvias para revertir la situación es determinar la naturaleza del asunto; esto es, hacer un diagnóstico objetivo de la situación y analizar sin prejuicios ni orejeras ideológicas por qué se ha producido. Si no, es bastante probable que sobre la base de impresiones falsas se planteen remedios tan evidentes como engañosos. Pienso, en concreto, en el fomento de la natalidad, para muchos la panacea contra este mal.

Un error común es considerar el aumento de la esperanza de vida como un fracaso cuando, parafraseando a la politóloga Margarita León, es “la historia de un éxito”. En efecto, vivimos cada vez más, pero lo hacemos de manera más saludable y activa que nuestros antepasados. Según la Comisión, en el próximo medio siglo los mayores de 65 años serán el 30% de la población y se duplicará el número de octogenarios. Ahora bien, es evidente que la condición física de quienes llegan a la edad de jubilación y de los ancianos no es la misma que la de sus padres y que la de sus hijos será aún mejor y, por lo tanto, requerirán menos atenciones.

Otra equivocación habitual es considerar aciago el descenso de la natalidad sin reparar en sus causas, como son la dificultad de los jóvenes para independizarse (inestabilidad laboral, alquileres prohibitivos) y, sobre todo, la emancipación de las mujeres, que según han ido ganando derechos y logrando ser autosuficientes tienen otros objetivos vitales además de procrear. Tener hijos es una opción, no una obligación, y son muchas las mujeres que eligen no tenerlos, ya sea porque no sienten la necesidad o, aunque lo deseen, porque la maternidad, lamentablemente, limitaría su promoción laboral.

Con este panorama en mente, la Comisión Europea presentó a principios de año un libro verde sobre el envejecimiento con la pretensión de abrir un debate al que hiciesen aportaciones los Estados miembros, incluidas las administraciones regionales y locales, organizaciones interesadas y ciudadanos particulares. Es un procedimiento al que, en aras de la “participación”, recurre el Ejecutivo comunitario cuando no sabe qué hay que hacer, como ocurrió en 2018 con la consulta sobre el cambio de hora (el 84% de los participantes se mostró partidario de acabar con el cambio dos veces al año, y en ello seguimos).

Más allá de saber que me queda por delante menos tiempo del que he dejado atrás, a mí, sinceramente, me preocupa poco cumplir años. Al menos, de momento. He llegado a la jubilación en plenitud de facultades y mi salud habría sido la envidia de mis progenitores cuando tenían veinte años menos que yo ahora. Lo que me intranquiliza, y supongo que también a la Comisión, es que a medio plazo el Estado no tenga recursos suficientes para garantizarme una pensión que me permita vivir con cierta decencia. Y evitarlo exige revertir la alarmante disminución de la población en edad laboral para no sobrecargar con cotizaciones más elevadas a las generaciones más jóvenes.

Es obvio que no hay una única solución y que las que se apliquen no tendrán un efecto inmediato. Lo primero es reducir la precariedad para que los jóvenes se independicen antes y favorecer, al mismo tiempo, la entrada de más personas en el mercado laboral. La escasez de trabajadores se puede resolver, si bien sólo en parte, promoviendo políticas de igualdad para que las mujeres concilien mejor el trabajo y la vida privada, mejorando el acceso de las personas con discapacidad (sólo del 34% de las que viven en España son activas), retrasando la edad de jubilación o acortando los ciclos educativos para adelantar la incorporación al mercado. Pero, como digo, son soluciones parciales porque el declive demográfico es de tal magnitud que no se remediará en, al menos, dos o tres generaciones.

Así que, a falta de otras recetas que yo no soy capaz siquiera a vislumbrar, la Unión Europea está abocada a medio plazo a recurrir a la inmigración para compensar la escasez de mano de obra nativa. En España, de hecho, el incremento de la población activa en los últimos años se ha debido esencialmente a ciudadanos extranjeros, que también han contribuido a aumentar la tasa de actividad femenina. El reto es integrarlos bien y de forma ordenada en el mercado laboral. Y aunque no son la solución a largo plazo para el problema de las pensiones, nos dan un margen de maniobra suficiente para estudiar fórmulas que garanticen la estabilidad del sistema. Cuanto antes lo entendamos, mucho mejor.

"Una divisa digital al servicio de las personas"

Un certificado común para salvar el verano

ÁMBITO EUROPEO

Un certificado común para salvar el verano

Common covid certificate to save the summer season

Europa aprueba en tiempo record el documento solicitado por países turísticos como Grecia o España para acreditar la vacunación, la superación de una prueba covid o haberse recuperado de la enfermedad.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado 12 de enero, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, envió una carta a la presidenta de la Comisión Europea y el resto de líderes europeos urgiéndoles a crear un certificado de vacunación europeo.

Mitsotakis apuntaba que el certificado representaría “un incentivo positivo” para asegurar que la gente se vacunara, y presionaba al resto de sus colegas europeos para que se pusieran manos a la obra cuanto antes, dados los problemas que habían tenido los europeos los meses anteriores para acordar un localizador común para viajeros.

“Si logramos rápidamente un entendimiento común entre los Estados miembros sobre un certificado de vacunación armonizado y sus usos, podremos impulsar el tema en los foros internacionales pertinentes, contribuyendo así al restablecimiento de la movilidad a escala mundial, que es el base para restablecer la actividad económica a los niveles anteriores a la crisis”, resaltó Mitsotakis en su carta.

“Para países como Grecia, que dependen del turismo, es imperativo que este problema se resuelva antes de la temporada de verano”, añadió.

Acuerdo común. La propuesta no tardó en ser respaldada por países dependientes del turismo como España, Portugal o Croacia. El resto de capitales no se oponía, pero recordaron que había dudas que convenía despejar primero, como si los vacunados pueden trasmitir el virus o cuánto tiempo dura la inmunidad para aquellos que han superado el covid-19, como señaló un alto cargo diplomático del grupo de los escépticos.

En los pasillos de Bruselas, además, algunos se preguntaban si merecería la pena el esfuerzo, dado que resultaría difícil llegar a junio con la iniciativa lista, y al final solo se podrían beneficiar las franjas adultas de población, teniendo en cuenta el complicado arranque que tuvo la campaña de vacunación europea. Los jóvenes, grandes víctimas de esta pandemia, volvían a quedar perjudicados con el movimiento para salvar el verano, la temporada que tanto estaban esperando.

A pesar de las dudas, la Comisión Europea presentó su propuesta en marzo. Apenas dos meses más tarde, los negociadores del Consejo (que agrupa a los Estados miembros) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo sobre los detalles de este documento, que acreditará quién ha sido vacunado, superado la enfermedad o una prueba covid.

Ambas instituciones ratificaron el documento final en junio, dejando todo listo para que entre en vigor el 1 de julio.

“Nuestra Unión demostró una vez más que trabajamos mejor cuando trabajamos juntos. El Reglamento del Certificado COVID Digital de la UE fue acordado entre nuestras instituciones en el tiempo récord de 62 días. Mientras trabajábamos en el proceso legislativo, también construimos la columna vertebral técnica del sistema, el portal de la UE, que está activo desde el 1 de junio”, se felicitó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 14 de junio cuando la Comisión, la Eurocámara y el Consejo escenificaron la firma del reglamento.

“El Certificado de la UE permitirá nuevamente a los ciudadanos disfrutar del más tangible y apreciado de los derechos de la UE: el derecho a la libre circulación”, añadió la alemana.

Con una campaña de vacunación cogiendo velocidad, la inminente llegada de los fondos de recuperación y la relajación de las restricciones por toda Europa, el certificado representa un símbolo no solo de ese esfuerzo colectivo del que habló Von der Leyen para superar la pandemia, sino también de la vuelta a la normalidad.

Detrás quedaban dificultades y penurias, como los problemas con la estrategia de vacunación, las tensiones con AstraZeneca o las dudas sobre el vigor de la recuperación europea. La llegada de los meses de calor trajo de vuelta el optimismo al continente europeo.

Pero antes de llegar a buen puerto, la Eurocámara y el Consejo tuvieron que negociar contrarreloj para salvar las diferencias en sus posiciones. Los principales escollos fueron el riesgo de discriminación frente a aquellos que no han sido vacunados aún, y la posibilidad de imponer restricciones adicionales incluso teniendo el certificado, tal y como pedían las capitales. Finalmente, los eurodiputados consiguieron 100 millones de euros de fondos europeos para financiar pruebas que permitan obtener el certificado a quienes no han recibido sus dosis. Además, consiguieron arrancar a los Estados miembros que no impongan limitaciones a quienes tengan el documento, como cuarentenas o pruebas PCR, “a menos que sean necesarias y proporcionales para salvaguardar la salud pública”. Como criterio, se usará la información epidemiológica del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El negociador por parte del Parlamento Europeo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, se felicitó de que habían conseguido restaurar la libertad de movimientos en el espacio Schengen. “Se anima a los Estados de la UE a abstenerse de imponer más restricciones, a menos que sea estrictamente necesario y proporcionado”, subrayó el pasado junio.

Los detalles. El certificado COVID Digital de la UE, su nombre definitivo tras varios vaivenes, será accesible para todo el mundo y abarcará la vacunación, las pruebas diagnósticas y la recuperación del covid-19. Estará disponible en todos los idiomas de la UE, tanto en formato digital como papel, será seguro e incluirá un código QR con firma digital.

Puede expedirse y utilizarse en todos los Estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación. Cada gobierno podrá decidir si lo aplica a otros usos en su territorio, como el acceso a actividades de ocio o espectáculos. Todos los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en la UE podrán obtenerlo de manera gratuita. La UE negocia además con países terceros para reconocer certificados similares que expidan en base a unos parámetros comunes.

Solo contendrá la información imprescindible, como el nombre, la fecha de nacimiento, el emisor del certificado y un identificador único vinculado a este último. En el caso de vacunación, el certificado informará sobre el tipo de vacuna y su fabricante, el número de dosis administradas y la fecha de vacunación. En el caso de certificado de diagnóstico, el documento detallará el tipo de prueba diagnóstica, la fecha y la hora de su realización, el lugar y el resultado. Si se trata de un certificado de recuperación, informará sobre la fecha del resultado positivo de la prueba de diagnóstico y el período de validez.

En el caso de las vacunas, se aceptarán las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los países podrán incluir aquellas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la rusa Sputnik V y las chinas Sinopharm y Sinovac. Los certificados se expedirán ya desde la primera dosis, aunque deberá figurar en el documento el número de inoculaciones recibidas. La Comisión Europea propuso que aquellos que han recibido una dosis única de una vacuna de dos dosis (después de haber estado infectados previamente por el covid-19) se consideren totalmente vacunados a efectos de viajes.

Respecto a las pruebas, se aceptarán las PCR y los Estados miembros podrán decidir si reconocen las de detección rápida de antígenos.

El certificado será otorgado por centros emisores como hospitales, centros de pruebas diagnósticas o autoridades sanitarias en los Estados miembros, previa solicitud o automáticamente. Funcionará con un código QR con una firma digital, personalizada para cada centro emisor, para protegerlo contra falsificaciones. Todas ellas se almacenan en bases de datos nacionales.

Para comprobar de manera segura los certificados entre autoridades de los Estados miembros, sin transferir datos personales, la Comisión activó una pasarela el pasado 1 de junio. Esta plataforma tecnológica ha sido uno de los elementos en los que más han tenido que trabajar los expertos, dados los problemas que tuvieron los socios europeos los pasados meses para desarrollar el localizador de pasajeros.

Validez del certificado

La Comisión propuso periodos de validez comunes para las pruebas diagnósticas de 72 horas para las PCR y, para los Estados miembros que los acepten, 48 horas para las pruebas rápidas de antígenos. Mientras, el período máximo de validez del certificado de recuperación es de 180 días, aunque la Comisión podría adaptar estos principios sobre la base de nuevas pruebas científicas. Sin embargo, las autoridades comunitarias no fijaron una validez máxima para los certificados de vacunación, ya que dependerá de los datos sobre la duración de la protección de las diferentes vacunas.

Certificate validity

The Commission proposed common validity periods for diagnostic tests of 72 hours for PCR tests and 48 hours for rapid antigen tests. Meanwhile, the maximum period of validity for those recovering from the virus will be 180 days, although the Commission could adapt these principles on the basis of new scientific evidence. However, EU authorities did not set a maximum validity for vaccination certificates, since it will depend on the latest data about the protection provided by the different vaccines.

Europa opina / Europe thinks

Página de la Comisión Europea sobre el certificado covid digital

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European Commission’s web page on the digital covid certificate:

More info
No discriminación

Una de las principales preocupaciones para algunos Estados miembros, la Eurocámara y asociaciones civiles era el riesgo de que el certificado marginara a quienes no hubieran sido aún vacunados. Por eso la Comisión incluyó la posibilidad de otorgarlo también a quienes pasen una prueba covid o se hayan recuperado de la enfermedad. 

El reglamento también incluye algunas cláusulas para evitar discriminaciones entre los nacionales y otros ciudadanos comunitarios. Por ejemplo, cuando un Estado miembro decida levantar las restricciones de viaje para sus propios ciudadanos que sean titulares de un certificado por la primera dosis, deberá extender el mismo tratamiento a otros ciudadanos de la UE. Al mismo tiempo, si acepta las pruebas de detección rápida de antígenos, deberá aceptar también los certificados de estas pruebas expedidos por otro Estado miembro.

Nondiscrimination

One of the main concerns for some member states, the European Parliament and civil society organisations was the risk that the certificate would marginalise those who have not yet been vaccinated. That is why the Commission included the possibility of granting the certificate to those who passed a covid test or have recovered from the disease.

The regulation also includes some clauses to avoid discrimination between nationals and other EU citizens. For example, when a member state decides to lift travel restrictions for its own citizens who are holders of a certificate for the first dose, it must extend the same treatment to other EU citizens. At the same time, if a government accepts rapid antigen detection tests, they must also accept the certificates for these tests issued by another Member State.

in English

Europe approves in record time the proposal requested by tourist countries including Greece or Spain to prove vaccination, a covid test or having recovered from the disease.

On January 12, the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, sent a letter to the President of the European Commission and other European leaders urging them to create a European vaccination certificate.

Mitsotakis pointed out that the certificate would represent «a positive incentive» to ensure that people get vaccinated, and pressed the rest of his European colleagues to speed up the work as soon as possible, given the problems that European governments had in previous months to agree on a common locator form for travellers.

“If we rapidly reach a common understanding between Member States on a harmonized vaccination certification form and its uses, we can then push the issue forward in the relevant international fora, thus contributing to the re-establishment of mobility on a global scale, which is the foundation for re-establishing economic activity to pre-crisis levels,»Mitsotakis highlighted in his letter.

«For countries such as Greece, which are dependent on tourism, it’s imperative that this issue is resolved before the summer season,” he added.

Agreement. The proposal was quickly supported by countries dependent on tourism such as Spain, Portugal or Croatia. The rest of the capitals did not oppose it, but they recalled that there were issues that should be cleared first, such as whether those vaccinated can transmit the virus or how long the immunity lasts for those who have passed the covid-19, as pointed out by a senior diplomatic official of the group of the skeptics.

In Brussels, some also wondered whether it would be worth the effort, since it would be difficult to have the certificate in place by June, and in the end only the adult population may benefit from it , taking into account the complicated start of the European vaccination campaign. Young people, great victims of this pandemic, were once again affected by the attempt to save the summer seson they had been waiting for so long.

In spite of the existing doubts, the European Commission presented its proposal in March. Two months later, the negotiators of the Council (which brings together the member states) and the European Parliament reached an agreement on the details of the certificate, which will prove who has been vaccinated, passed the disease or a covid test.

Both institutions ratified the final document in June, ready to enter into force on 1 July.

“Our Union showed again that we work best when we work together. The EU Digital COVID Certificate Regulation was agreed between our institutions in the record time of 62 days. While we worked through the legislative process, we also built the technical backbone of the system, the EU gateway, which is live since 1 June,” said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, on 14 June during the signing ceremony of the regulation with the Commission, the European Parliament and the Council.

”The EU Certificate will again enable citizens to enjoy this most tangible and cherished of EU rights – the right to free movement,» added von der Leyen.

With a vaccination campaign picking up speed, the imminent arrival of recovery funds and the relaxation of restrictions across Europe, the certificate represents a symbol not only of the collective effort von der Leyen spoke of to overcome the pandemic, but also of the return to normal times.

Slowly, Europe started to leave behind difficulties and hardships, including problems with the vaccination strategy, tensions with AstraZeneca or doubts about the vigor of the European recovery.

The arrival of the summer season brought optimism back to the European soil.

But before reaching a successful conclusion on the covid certificate, the European Parliament and the Council had to negotiate against the clock to bridge the differences in their positions. The main bone of contention was the risk of discrimination against those who have not yet been vaccinated, and the possibility of imposing additional restrictions to those holding the certificate, as requested by the governments.

In the end, MEPs obtained €100 million of EU funds to finance tests for those who have not been vaccinated. In addition, the Parliament succeeded in getting the member states’ commitment not to impose restrictions, such as quarantines or PCR tests, to covid certificate holders, «unless they are necessary and proportionate to safeguard public health.» The decision will be based on the epidemiological information from the European Centre for Disease Prevention and Control.

The European Parliament’s lead negotiator, Spanish MEP Juan Fernando López Aguilar, celebrated that they managed to restore the freedom of movement in the Schengen area. «EU member states are encouraged to refrain from imposing further restrictions, unless they are strictly necessary and proportionate,» he stressed last June.

The details. The EU Digital COVID certificate, the final name after various changes, will be accessible to everyone and will cover vaccination, diagnostic tests and recovery from covid-19. It will be available in all EU languages, both digital and paper, and will be secure, including a QR code with a digital signature.

It can be issued and used in all EU member states to facilitate the freedom of movement. Each government may decide whether they want to apply it to other uses in its territory, such as access to restaurants or concerts.

All EU citizens and third-country nationals who are in the EU or legally reside in the Union will be able to obtain it for free. The EU also is in talks with third countries to recognize similar certificates that they may issue based on similar parameters.

The certificate will only contain essential information, such as name, date of birth, issuer of the certificate and its unique code.

In the case of vaccination, the certificate will inform about the type of vaccine and its manufacturer, the number of doses administered and the date of vaccination. In the case of a diagnostic certificate, the document will detail the type of diagnostic test, the date and time it was made, and the result. If it is a certificate of recovery, it will report the date of the positive diagnostic test result and the period of validity.

The vaccines accepted are those approved by the European Medicines Agency, but countries will be able to accept also those that have been approved by the World Health Organization, including the Russian Sputnik V and the Chinese Sinopharm and Sinovac.

Certificates will be issued from the first dose, although the number of inoculations received must appear in the document. The European Commission proposed that those who have received a single dose of a two-dose vaccine after being previously infected with COVID-19 be considered fully vaccinated for travel purposes.

Regarding the tests, PCR tests will be accepted and Member States will be able to decide whether to recognise those for rapid antigen detection.

The certificate will be granted by issuing centers such as hospitals, diagnostic testing centers or health authorities in member states, upon request or automatically. It will work with a QR code with a digital signature, unique for each issuing center, to protect it against counterfeiting. All of them will be stored in national databases.

To securely verify certificates between different authorities across the EU without transferring personal data, the Commission activated a gateway on 1 June. This technological platform has been one of the tricky elements of the proposal, in light of the problems that European countries had over the past months to develop the passenger locator form.

«Hacia una resiliencia creativa», por María Andrés

ÁMBITO EUROPEO

 
MARÍA ANDRÉS

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

Hacia una resiliencia creativa

@MariaenEUropa

MIENTRAS EUROPA continúa gestionando en múltiples frentes las consecuencias económicas, sociales y de salud de la pandemia de coronavirus, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas parecen haber iniciado una carrera contrarreloj para desarrollar una nueva estrategia sólida para la UE post-covid, aspirando a una renovada «resiliencia» y «autonomía estratégica» de Europa que resultarán clave para nuestra supervivencia en un mundo globalizado y cada vez más complejo.

Con escasos días de diferencia, hemos asistido a la presentación de la agenda España 2050 por el gobierno nacional y al anuncio del segundo informe anual de Prospectiva estratégica para la UE, que el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, presentará en julio. También el Parlamento Europeo ha contribuido al debate con toda una batería de medidas en su estrategia Hacia una Europa más resiliente. Los tres informes confluyen en sus principales ideas fuerza.

Efectivamente, los shocks y múltiples retos afrontados en los últimos años (la crisis financiera en 2008, la de inmigración en 2015, la decisión del Reino Unido de salir de la UE o la elección de Trump en EE.UU., así como la dramática irrupción de la Covid-19 en nuestras vidas) han visibilizado la importancia de anticipar las diferentes tendencias globales más allá del siguiente ciclo electoral y nos enseñan a prevenir con políticas europeas más ágiles y centradas, por un lado, en responder a las distintas vulnerabilidades estructurales de la UE y, por otro, a proteger nuestras fortalezas, consolidando lo que hoy denominamos «el modo de vida europeo»: la democracia liberal, el estado del bienestar, la libre movilidad de ciudadanos o un derecho básico a  la salud y la protección social.

La primera lección es que para lograrlo en una arquitectura de gobernanza multinivel y compleja como la UE tendremos que aprender a conjugar con mayor velocidad medidas coordinadas a diferentes niveles (local, nacional, europeo o internacional). Así, la solución a algunos de los actuales retos –la gestión de la crisis sanitaria, el reforzamiento del multilateralismo con terceros países– dependerán de nuestra capacidad de forjar compromisos constructivos con terceros países a nivel global. Otros retos –la reconstrucción económica y del mercado único en la UE o el pilar social europeo– requerirán políticas domésticas efectivas dentro de la UE, tomadas en el seno de sus instituciones comunitarias. Una tercera categoría de retos -la reducción de la dependencia energética, la seguridad alimentaria o la defensa de las fronteras exteriores de Europa- comparten ambas necesidades: una legislación sólida europea y una cooperación estrecha con terceros países fuera de la UE.

La globalización de las dos últimas décadas es un proceso que no admite retorno, y si hay algo que hemos aprendido tras afrontar múltiples crisis «globales» es el efecto multiplicador que se destila de la acción común. Ni la mayor potencia mundial del siglo XX ha llegado demasiado lejos en el XXI con su America first. Por eso no podemos seguir trabajando en silos ni compartimentos estancos. Y por eso también asuntos como el de la política sanitaria o la gestión de fronteras interiores son retos de competencia legislativa nacional pero donde la UE puede (y debe) fortalecer la capacidad ejecutiva de sus Estados miembros, apoyándolos con una estrecha coordinación de sus legislaciones nacionales. A esta necesidad, precisamente, responden acciones clave estas semanas como la creación del nuevo Certificado Covid-19.

Cuando dentro de unos años echemos la vista atrás para analizar la respuesta que la UE ha dado para paliar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la Covid-19, estoy convencida de que el nuevo Certificado Digital Covid destacará como uno de sus mayores aciertos, junto con el paquete de recuperación económica (conocido como nextgeneration.eu), la flexibilidad otorgada a los Estados para que estos pudieran endeudarse más allá del 3% durante la gestión en caliente de la pandemia, el apoyo en liquidez para pagar los ERTEs o el programa EU4Health para reforzar la distribución de medicamentos y el abastecimiento de hospitales, entre otros.

Si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado en Europa es a apreciar plenamente dos valores intrínsecos del proyecto europeo que durante demasiado tiempo habíamos dado por sentado: el acceso universal a la salud y el derecho a la movilidad intraeuropea. El certificado digital constituye una apuesta decidida para rescatar ambos principios.

En virtud del acuerdo alcanzado en tiempo récord entre el Parlamento Europeo y el Consejo, válido desde el 1 de julio, el certificado confirmará que una persona ha sido vacunada contra la Covid-19, que cuenta con un test negativo reciente o que ha superado la enfermedad en los últimos seis meses.

Hemos aprendido a golpe de crisis que a menudo no es necesaria una transferencia formal de competencias de gobiernos nacionales a la UE, pero sí resulta imprescindible el desarrollo de una estrecha cooperación entre países europeos y la voluntad de aceptar la realidad de nuestra interdependencia cuando afrontamos retos globales: el cambio climático o la resiliencia de nuestros sistemas bancarios son otros ejemplos urgentes del siglo XXI. Para solucionar cada uno de ellos necesitaremos una UE más ágil y una capacidad de resiliencia creativa, que aporte soluciones coordinadas desde diferentes niveles y destierre los compartimentos estanco ya obsoletos en los que hemos aprendido a operar a lo largo del siglo XX.

English version

Towards creative resilience

AS EUROPE continues to grapple with the economic, social and health fallouts of the coronavirus pandemic across multiple fronts, national governments and European institutions appear to be in a race against the clock to develop a strong new strategy for Post-Covid EU, aiming for renewed ‘resilience’ and a ‘strategic autonomy’ for Europe that will be key to our survival in an increasingly complex and globalised world.

Just a few days separated the presentation of the Spain 2050 agenda by the national government and the announcement of the second annual Strategic Foresight Report that Commission Vice-President Maroš Šefčovič will present in July. The European Parliament has also engaged in the debate with a raft of measures in its Towards a More Resilient Europe strategy. The three reports have the same main thrusts.

The shocks and multiple challenges faced in recent years (the 2008 financial crisis, the migrant crisis of 2015, the UK’s decision to leave the EU and Trump’s election in the US, as well as the dramatic impact of Covid-19 on our lives) have highlighted the importance of anticipating different global trends beyond the next election cycle. Indeed they have taught us how to step up to them with European policies that are more agile and focused on responding to the EU’s various structural vulnerabilities and by protecting our strengths, consolidating what we now call ‘the European way of life’, i.e., liberal democracy, the welfare state, free mobility of citizens and a basic right to healthcare and social protection.

The first lesson is that to achieve this in a complex, multi-level governance architecture like the EU, we need to learn how to more speedily tap coordinated measures across different levels (local, national, European and international). Solving some of the current challenges, such as managing the health crisis and shoring up multilateralism with third countries, will depend on our ability to build constructive commitments with third countries globally. Other challenges, such as rebuilding the economy and the single market in the EU or the European social pillar, will require its institutions to take effective domestic policies. A third category of challenges, i.e., reducing energy dependence, food security and the defence of Europe’s external borders, share both needs: strong European legislation and close cooperation with third countries outside of the Union.

There is no walking back from the globalisation of the last two decades and if there is one thing we have learned from facing multiple “global” crises it is the domino effect deriving from common action. Not even the twentieth century’s leading global powerhouse has had much success in the twenty-first with ‘America First’. This is why we cannot continue working in silos or closed chambers. And it is why issues such as the health policy and internal border management are challenges within the national legislative remit but where the EU can (and should) boost the executive capacity of its Member States, supporting them with close coordination of their national laws. Key actions in recent weeks, such as the creation of the new Covid-19 Certificate, respond to this need.

When within a few years we look back and try to unpack the EU’s response to alleviating the social, economic and health impacts of Covid-19, I am convinced that the new Digital Covid Certificate will stand out as one of its greatest successes, along with the economic recovery package (known as nextgeneration.eu), the flexibility granted to States to borrow more tan 3% during the period of active pandemic management, the cash support to pay for furloughs and the EU4Health programme to shore up the distribution of medicines and to supply hospitals, among others.

If there is one thing this pandemic has taught us in Europe, it is to fully appreciate two intrinsic values of the European Project that we had taken for granted for too long: universal access to health and the right to intra-European mobility. The digital certificate is a firm intent to recover both principles.

Under the record-time agreement by the European Parliament and Council, valid from 1 July, the certificate will confirm that a person has been vaccinated against Covid-19, has had a recent negative test or has recovered from the disease in the past six months.

With the crisis, we learned the hard way that while a formal transfer of powers from national governments to the EU is often unnecessary, it is essential to develop close cooperation between European countries and a willingness to accept the reality of our interdependence when facing global challenges. Climate change and the resilience of our banking systems are other pressing examples from the twenty-first century. Solving them requires a more agile EU and creative resilience to provide coordinated solutions from different levels and to step out of the closed chambers we learned to operate in throughout the twentieth century that have now been rendered obsolete.

La revolución del euro digital se abre camino

ÁMBITO EUROPEO

La revolución del euro digital se abre camino

The digital euro revolution comes forward

El BCE acelera la preparación de su divisa digital, la cual podría traer en un lustro cambios significativos para el mundo de los pagos y sacudir el sistema financiero.

JORGE VALERO

@europressos

En junio de 2019, Facebook anunció el lanzamiento de una moneda digital. La posibilidad de que sus 2.800 millones de usuarios pudieran usar este token disparó las alarmas de bancos centrales, reguladores y gobiernos, con sacudidas que todavía se sienten hoy. Su iniciativa, inicialmente bautizada como Libra y que ha terminado por conocerse como Diem, fue la chispa que impulsó la creación de versiones digitales de monedas soberanas en medio planeta. Y entre todos los bancos centrales, ninguno ha pisado el acelerador tanto como el Banco Central Europeo.

Apoyo generalizado. «El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer”, dijo en abril el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, subrayando la “relevancia» de este proyecto. Pero la introducción de estas monedas digitales puede provocar un auténtico terremoto en el sistema financiero, si los ciudadanos convierten sus depósitos en los nuevos euros digitales, que custodiarán las arcas (o, mejor dicho, los servidores) de los bancos centrales. Por eso, las autoridades de todo el planeta, y en particular el BCE, están gestionando con paciencia y mucho cuidado todos los aspectos técnicos y regulatorios de sus monedas digitales.

Como dijo en abril la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, “tras un largo periodo de desarrollo, el campo [de las monedas digitales] está en la cúspide de cambios importantes”. Si hace cinco años tan solo unos pocos países estaban inmersos en estos proyectos, como Suecia y China, ahora al menos 80 bancos centrales están digitalizando sus monedas. Tras más de un lustro experimentando, China está bastante avanzada con sus proyectos piloto, mientras que. Bahamas ya ha introducido este año la primera moneda digital desarrollada por sus autoridades.
Tal y como reconoció el BCE, fue la idea de Facebook de lanzar su moneda digital la “poderosa llamada de atención” para que los países se pusieran las pilas. La generalización de los pagos digitales durante la pandemia del covid-19 ha terminado de dar el empujón definitivo.

Porque en una sociedad marcada por el desarrollo tecnológico, en la que el uso del efectivo continúa disminuyendo, las autoridades monetarias son conscientes de que, si no desarrollan ellas sus propias versiones digitales, otros países u entidades privadas ocuparán ese hueco, con el riesgo que supone para su soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

En este contexto, un euro digital facilitaría los pagos al ofrecer mayor capacidad de elección a los consumidores, ya que no sustituirá a las monedas y billetes. Además, abaratará las transacciones electrónicas y facilitará la innovación en los pagos minoristas, también con la posibilidad de nuevos servicios ofrecidos por intermediarios como bancos y otras plataformas de pago.

Ningún banco central ha acelerado más los trabajos para sondear la posibilidad de crear una moneda digital que el BCE. Aunque China y Suecia llevan la delantera, el banco con sede en Fráncfort ha conseguido en poco más de un año y medio realizar un primer estudio de fondo, llegar a un acuerdo con la Comisión Europea para su posible desarrollo, concluir una consulta pública, cuyos datos presentó en abril, y tiene previsto arrancar en los próximos meses un proyecto piloto para probar las diferentes características técnicas de la divisa digital.

Por su parte, EE.UU. arrancó los trabajos para desarrollar un dólar digital en la segunda mitad de 2020, mientras que el Banco de Inglaterra también va un par de pasos por detrás.

Reforzar el rol del euro. Para Europa, el desarrollo del euro digital también está vinculado a su voluntad de reforzar la soberanía europea en el planeta y, más en concreto, el papel internacional del euro. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE y responsable del euro digital en la institución, comentó recientemente que «un euro digital podría protegernos de la posibilidad de que un medio de pago digital público o privado -emitido y controlado desde fuera de la zona euro-, desplace los ya existentes, lo que podría plantear problemas de regulación y amenazar la estabilidad financiera o, incluso, nuestra soberanía monetaria y financiera”.

Pero como ha advertido la presidenta del BCE, Christine Lagarde, es un proyecto que aún llevará tiempo: al menos cuatro o cinco años.

La razón para esta demora es que esta innovación acarrea también algunos riesgos y despierta preocupaciones. Una de las principales es el terremoto que podría provocar en el sistema bancario. Dado que el BCE sería el emisor y custodio de los euros digitales, los ciudadanos podrían decidir trasladar sus depósitos bancarios tradicionales a las seguras manos de los bancos centrales y sus nuevos depósitos de euros digitales, sobre todo con la memoria fresca de la gran crisis bancaria de 2008. Esta fuga de depósitos hundiría una de las principales fuentes de financiación de la banca europea, añadiendo más dificultades a su crónica baja rentabilidad, en comparación con sus pares estadounidenses.

Para evitar ese peligro, Panetta indicó que una de las posibilidades que se estudian es limitar a 3.000 euros la cantidad de la divisa digital que podría tener cada ciudadano, con penalizaciones si se sobrepasan estos límites. Además, el BCE también prevé reservar un rol de intermediación para la banca, lo que les permitirá desarrollar nuevos servicios con los monederos digitales y continuar explotando sus servicios de pagos, los cuales representan casi un tercio de los ingresos de la banca minorista.

Pero la sacudida podría ser importante. Un estudio de Bank of América estima que se podría producir una fuga de fondos de la banca al BCE de hasta un billón de euros, casi un quinto de los ingresos vinculados a las nóminas de los europeos, y que representan uno de los pilares de la financiación para las entidades.

Trabajo por delante. Pero todavía queda mucho trabajo por delante. En los próximos meses, alrededor del verano, el Consejo de Gobierno del BCE decidirá si empieza “una fase de investigación formal” sobre el euro digital. En esta fase, el BCE analizará posibles opciones de diseño y especificaciones técnicas para el usuario, así como las condiciones en las que los intermediarios financieros podrían ofrecer servicios basados en el euro digital.

“Esperamos que este análisis lleve dos años. Al final de esta investigación, el Consejo de Gobierno tomaría una decisión sobre el diseño y si avanza para aplicar los requerimientos de usuario”, señaló Panetta en abril.

En este estadio posterior, el cual llevaría de nuevo varios años, se crearían servicios integrados, se realizarían más pruebas y “posiblemente una experimentación en vivo del euro digital”, añadió el italiano.

Paso a paso, prueba a prueba, y tras largos años de estudios, consultas, discusiones y trabajo, el Consejo de Gobierno decidiría entonces si lanza o no el euro digital, superado el ecuador de esta década. Un avance que todavía es un pequeño paso para muchos que desconocen su naturaleza, pero un gran paso para la economía europea y su sistema financiero.

Bitcoin y el euro digital

El bitcoin y el euro digital comparten similitudes, pero también significativas diferencias. Ambos son tokens digitales que se utilizarán como medio de pago. No obstante, el bitcoin, basado en la tecnología de blockchain (registro único descentralizado) también es utilizado por inversores para especular. Al no estar respaldado por ninguna institución o cesta de bienes, ni tener como referencia ninguna moneda (como es el caso de Diem con el dólar) su valor ha sufrido una enorme volatilidad, pasando de los 9.600 euros el pasado septiembre a superar los 43.000 euros a finales de abril. Por el contrario, los usuarios del euro digital podrán tener la misma confianza que en sus monedas y billetes, ya que la versión digital contará con el firme respaldo del BCE.

Bitcoin and the digital euro
Bitcoin and the digital euro share various similarities but also significant differences. Both are digital tokens that will be used as a means of payment. Bitcoin however is based on blockchain technology (decentralized distributed ledger) is also used by investors to speculate. As it is not backed by any institution or back of assets, nor it has any currency as a reference (as in the case of Facebook’s Diem with the dollar) Bitcoin value has suffered enormous volatility over the past years. Over the past months, it skyrocketed from 9,600 euro last September to exceeding 43,000 euro at the end of April. On the contrary, users of the digital euro will be able to have the same level confidence as in their coins and banknotes, since the digital version will have the strong support of the ECB.

in English

The ECB is accelerating the preparation of its digital currency, which could bring significant changes to the world of payments in five years and shake up the financial system.

In June 2019, Facebook announced the launch of a digital currency. The possibility of having its 2.8 billion users using this token sounded the alarm bells of central banks, regulators and governments around the world.

Facebook’s initiative, initially named Libra and now called Diem, triggered the creation of digital versions of sovereign currencies around the planet. And no central bank accelerated the preparatory work as the European Central Bank.

General support. «The digital euro is not an option, it is something we have to do,» said ECB Vice President Luis de Guindos last April, underlining the «relevance» of this project. But the introduction of digital currencies can cause a huge impact in the financial system, if citizens convert their deposits into digital euros, damaging one of the main sources of financing for the banking system. For this reason, authorities from across the world, and in particular the ECB, are carefully managing all the technical and regulatory aspects of their digital currencies.

IMF managing director Kristalina Georgieva said in April that, ”after a long period of development, the field [of digital currencies] is on the cusp of major changes”. While only a few countries were involved in these projects five years ago, such as Sweden and China, now at least 80 central banks are digitizing their currencies. Beijing is quite advanced with its pilot projects, while The Bahamas already introduced the first digital currency developed by its authorities this year.

As the ECB admitted, it was Facebook’s Libra project the “wake-up call” for countries to get involved. The spread of digital payments during the covid-19 pandemic gave a fresh push to the initiative.

In a society marked by technological development and the declining use of cash, monetary authorities are aware that, if they do not develop the digital versions of their sovereign currencies, other countries or private entities will fill that gap, posing a risk to monetary sovereignty and financial stability.

Against this backdrop, a digital euro would facilitate payments by offering greater choice to consumers, as it will not replace coins and banknotes. In addition, it will make electronic transactions cheaper, and facilitate innovation in retail payments, also with the possibility of new services offered by intermediaries such as banks and other payment platforms.

No central bank has sped up the work more than the ECB. In just over a year and a half, the Frankfurt-based institution has managed to carry out a first in-depth study, reach an agreement with the European Commission on its possible development, concluded a public consultation, whose results presented in April, and has plans to start a pilot project in the coming months to test the technical requirements of the digital currency.

Meanwhile, the US started developing a digital dollar in the second half of 2020, while the Bank of England remains a couple of steps behind.

Strengthening the role of the euro. For the  EU, the development of the digital euro will also help to strengthen the European sovereignty on the planet and, more specifically, the international role of the euro. Fabio Panetta, member of the Executive Committee of the ECB and responsible for the digital euro in the institution, said that «a digital euro could protect us from the possibility that a public or private digital means of payment – issued and controlled from outside the euro zone -, displace the existing ones, which could pose regulatory problems and threaten financial stability or even our monetary and financial sovereignty ”.

But as the President of the ECB, Christine Lagarde, already said, it will take at least four or five years before the digital euro sees the light of day.

The reason for this ample time is that this innovation also carries some risks and raises concerns. One of the main issues is that it could cause an earthquake in the banking system. Given that the ECB would be the issuer and custodian of digital euros, citizens could decide to transfer their traditional bank deposits into the safe hands of central banks and their new digital euro deposits, as the memories of the 2008 banking crisis remain vivid.

This deposit run would severely affect one of the main sources of financing for European banks, adding more difficulties to its chronic low profitability, compared with its US peers.

To address this risk, Panetta said that one of the possibilities under consideration is to limit to €3,000 the amount allowed for the new digital version, with penalties if these limits are exceeded. In addition, the ECB also plans to give intermediary role for banks, which will allow them to develop new services with digital wallets and continue to exploit their payment services, which represent almost a third of the income of retail banking.

Still, the impact could be significant. A Bank of America study estimated that up to a trillion euros could move from banks to the ECB, almost a fifth of the deposits of European’s salaries, which represent one their main pillars of financing.

Work ahead. But there is still a lot of work ahead. In the coming months, around the summer, the ECB Governing Council will decide whether to start «a formal investigation phase» on the digital euro. In this phase, the ECB will analyze possible design options and user requirements, as well as the conditions under which financial intermediaries could offer services based on the digital euro.

“We expect this analysis to take two years. At the end of this investigation, the Governing Council At the end of the investigation, the Governing Council would take a decision on the design and on whether to move to the implementation of user requirements, ”Panetta said in April.

In this later stage, which would take again several years, integrated services would be created, more tests would be carried out and «possibly a live experiment of the digital euro», added the Italian central banker.

Step by step, test by test, and after several years of studies, consultations, discussions and preparatory work, the Governing Council would then decide in the second half of this decade whether to launch the digital euro. An advance that is still a small step for many unaware of its nature, but a great step for the European economy and its financial system.

El temor a perder privacidad

Para los ciudadanos y organizaciones civiles, la principal preocupación que emerge del desarrollo del euro digital es la privacidad. Así se destila de las más de 8.000 respuestas enviadas durante la consulta pública del BCE.

Según explicó Panetta en el Parlamento Europeo el pasado abril, “la privacidad se consideró la característica más importante de un euro digital en aproximadamente el 43% de las respuestas”, aunque los consultados también añaden que la divisa digital debe tener características que permita evitar actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, dos de los principales riesgos vinculados a criptomonedas como el Bitcoin.

Otras características importantes para los europeos son la posibilidad de utilizar el euro digital para pagos seguros (ocupa el primer lugar para el 18% de los encuestados); que se pueda usar en toda la zona del euro (enfatizado por el 11% de los encuestados); sin costes adicionales y fuera de línea (destacado por el 9% y el 8% de los encuestados respectivamente).

El énfasis dado a la privacidad nace del recelo de organizaciones y asociaciones civiles a que los bancos centrales puedan tener una ventana para controlar la vida y actividades económicas de los ciudadanos a través de sus pagos. Panetta dio la vuelta al argumento al señalar que el euro digital aumentará la privacidad en comparación con los servicios de pago actuales, los cuales recolectan información del usuario. Sin embargo, indicó que el anonimato del ciudadano debe ser considerado en relación con la protección de otros intereses generales, como la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, o la estabilidad financiera.

También explicó que el BCE está trabajando para intentar lograr un equilibrio entre las diferentes prioridades usando la tecnología. “Nuestras pruebas preliminares con un euro digital están mostrando resultados prometedores sobre cómo se puede utilizar la tecnología para proteger la privacidad del usuario sin relajar los estándares contra las actividades ilícitas”, aclaró. Por ejemplo, se puede separar la identidad de los usuarios de la información sobre los pagos, permitiendo que las oficinas de inteligencia financiera accedan a la identidad solo si se detecta una actividad sospechosa.

Fear of losing privacy

Nevertheless, citizens’s main concern is privacy, according to more than 8,000 responses sent during the ECB’s public consultation.

As Panetta explained in the European Parliament last April, «privacy was considered the most important characteristic of a digital euro in approximately 43% of the responses», although those consulted also added that the digital currency must have the necessary features that allow for avoiding illicit activities, such as money laundering or terrorist financing, two of the main risks linked to cryptocurrencies including Bitcoin.

Other important features for Europeans are the ability to use the digital euro for secure payments (ranked first for 18% of respondents), the possibility to use it throughout the euro area (highlighted by 11% of respondents ), and without additional costs and offline (pointed out by 9% and 8% of respondents respectively).

The emphasis given to privacy stems from citizens’ distrust of central banks interfering in their life and economic activities through their payments. Panetta turned the argument around by noting that the digital euro will increase privacy compared to current payment services, which collect users’ information. But he added that the anonymity must be considered in relation to the protection of other general interests, such as the fight against money laundering and terrorism financing, or financial stability.

He explained that the ECB is working to try to strike a balance between different priorities using technology.

«Our preliminary tests with a digital euro are showing promising results on how technology can be used to protect user privacy without relaxing standards against illicit activities,» he clarified. For example, the identity of users can be separated from information about payments, allowing financial intelligence units to access the identity of users only if a suspicious activity is detected.

Europa informa / Europe informs

Resultados de la consulta pública del BCE sobre el euro digital

The results of the ECB public consultation on the digital euro

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Estudio del BCE sobre el euro digital

Study of the ECB on the digital euro

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«Una divisa digital al servicio de las personas», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

Una divisa digital al servicio de las personas

[email protected]

@joseramonpatter

José Ramón Patterson

Los pensionistas vascos son, probablemente, los más reivindicativos del país. Desde hace algo más de tres años han salido a la calle innumerables veces para, entre otras cosas, reclamar unas pensiones que les permitan vivir dignamente y denunciar la situación de las residencias geriátricas. A su catálogo de exigencias han añadido en las últimas semanas otra que ha pasado casi inadvertida porque apenas ha tenido eco en los medios de comunicación: que los bancos mejoren su atención, que consideran cada vez más deficiente debido al cierre de oficinas, la reducción de personal en las sucursales y la digitalización de muchos trámites y operaciones.

La pandemia ha agravado la situación y temen que las fusiones bancarias la empeoren todavía más. Nuestros hábitos han cambiado mucho estos meses (teletrabajo, comercio online) y se ha reducido el uso de efectivo, que, no obstante, sigue siendo el medio de pago minorista más habitual, según el Banco de España. Son los mayores de 64 años y los menores de 24 los que más lo emplean, esto es, los colectivos con menores ingresos y, por lo tanto, más vulnerables. En ambos casos prefieren el dinero contante y sonante porque, dicen, controlan mejor el gasto y porque las tarjetas bancarias conllevan costes añadidos que no se pueden permitir.

Y para disponer de efectivo hace falta acudir al banco, de ahí que las protestas de los pensionistas vascos tengan bastante sentido. Lo que no parece probable, sin embargo, es que su descontento logre frenar los planes para que monedas y billetes desaparezcan, aunque más tarde que pronto, en favor de tarjetas u otros medios de pago electrónicos, cuya utilización ha aumentado de forma considerable desde que comenzó la pandemia. Sus ventajas – rapidez, seguridad, facilidad de uso – son cuantiosas, pero su generalización y la consiguiente supresión del efectivo también pueden tener efectos muy negativos si no se hace de forma gradual.

Impulsado en parte por los cambios de comportamiento en la manera de comprar y pagar, pero sobre todo por la aparición de medios de pago privados y el proyectado lanzamiento de divisas digitales por China y Rusia, el Banco Central Europeo planea la introducción del “euro digital”, que para la Unión Europea sería un paso más hacia la ansiada digitalización de su economía; es decir, hacia la modernidad; además, claro, de un importante paso hacia la integración. Aparte de una mayor eficiencia, sus principales virtudes son que evitará la dependencia de otros medios de pago ajenos a la Eurozona y que, como el efectivo, también será dinero “público”, creado y custodiado por el BCE.

Ahora bien: ¿estamos preparados para asumir un cambio tan importante? La respuesta es no, al menos a corto y medio plazo. De hecho, pese a la ambición del proyecto, todo indica que no se llevará a cabo antes de cuatro o cinco años y que muy posiblemente seguirá un camino similar al que transitó el euro antes de que lo utilizasen los ciudadanos. Lo aconsejable, también en este caso, es ir despacio para avanzar de manera firme y sin dar traspiés que puedan malograr su desarrollo, lo que a su vez supondría un notable descrédito para la Unión Europea en un momento en el que lo que menos necesita son más agujeros en su línea de flotación.

Las bondades del “euro digital” son, como digo, incuestionables, pero su introducción tendrá consecuencias para el sistema financiero y la política monetaria, que por ahora son difíciles de pronosticar, e implica también riesgos nada desdeñables. Uno de ellos es la posibilidad de que los casi diez millones de pensionistas que hay en España -buena parte de ellos “analfabetos digitales”- queden al margen, aun cuando el dinero en efectivo siga circulando; otro, la exposición a ciberataques y a apagones de internet, intencionados o no, que podrían bloquear las transacciones.

Hace años, mientras estaba de vacaciones con mi familia en una pequeña isla del Mediterráneo, padecí lo que los técnicos suelen llamar “una caída del sistema”, en este caso la conexión a la red de cajeros de las cajas de ahorros. Sin efectivo en el bolsillo y con apenas un paquete de jamón de york y algo de queso en la nevera del apartamento, durante dos días no pude sacar dinero en ningún sitio. Aún recuerdo la cara de angustia de mi hija, entonces una niña, mientras recorríamos la isla en busca de restaurantes que todavía utilizasen lechugueras sin contacto a internet para cobrar con tarjeta. No encontramos ninguno, así que tuvimos que comer de fiado hasta que se arregló.

Suprimir completamente las monedas y billetes y sustituirlos por el “euro digital” no es, pues, una opción, al menos de momento. Llegará, pero tranquilos, porque el Banco Central Europeo tampoco tiene prisa. Alguien me dijo una vez que la Unión Europea es un como un paquidermo: se mueve con lentitud y aparente torpeza, pero con pasos firmes. Y en el terreno económico todavía más. Sus decisiones tienen muchas implicaciones que afectan de una manera u otra a los ciudadanos, y doy fe de que, aunque en ocasiones no lo parezca, para Bruselas y Fráncfort, donde está la sede del BCE, la prioridad es una economía que sirva para reducir la desigualdad y la pobreza; o sea, al servicio de las personas.

 

 

 

 

 

English version

A digital currency at the service of the people

The pensioners of the Basque Country are probably bigger campaigners than anywhere else in Spain. For the past three years and more they have taken to the streets repeatedly to call for decent living pensions and to protest at the condition of the care homes, among other issues. Over recent weeks they have added to their list of demands another which has gone almost unnoticed, having scarcely been reflected in the media: better service from banks, which they see as increasingly poor because of branch closures, staff cuts and the digitalisation of many procedures and transactions.

The pandemic has aggravated the situation, and they fear that bank mergers will make things worse still. Our habits have changed a great deal over the past months (homeworking, e-commerce), and there has been a drop in the use of cash, which nonetheless remains the most common form of retail payment, according to the Bank of Spain. It is those aged over 64 and under 24 who use cash the most, in other words the groups that have the lowest income, and so are the most vulnerable. In both cases they prefer hard cash as they claim they can keep better control of their expenditure and because bank cards come with added costs they cannot afford.

And to withdraw cash they need to go to the bank, which is what makes the Basque pensioners’ protests so understandable. It seems unlikely, however, that their unhappiness will serve to halt plans for coins and notes to disappear, albeit later rather than sooner, to be replaced with cards and other electronic means of payment, the use of which has increased considerably since the pandemic began. They have many advantages (speed, security, ease of use), but their universal use and the corresponding elimination of cash could have very negative impacts unless it takes place gradually.

Driven in part by behavioural changes in the way we buy and pay, but above all the emergence of private means of payment and China’s and Russia’s plans to launch digital currencies, the European Central Bank is planning to bring in a “digital euro”, which for the European Union would represent a further step towards the sought-after digital transformation of its economy. In other words towards modernity, as well, of course, as a major step towards integration. Aside from greater efficiency, the main virtues of such a system are that it would avoid dependence on other means of payment from outside the Eurozone, and that just like cash, this will also be “public” money, created and safeguarded by the ECB.

However: are we ready to address such a major change? And the answer is no, at least in the short and medium term. In fact, despite the project’s ambition, all the signs are that it will not be implemented for the next four or five years, and will very possibly follow a similar path to the euro, before being used by the general public. It would also be advisable in this case to progress slowly but steadily, avoiding any missteps that could undermine its development, and would furthermore harm the reputation of the European Union at a time when the last thing it needs is another hole along its waterline.

The benefits of the “digital euro” are, as I say, unquestionable, but its introduction will have consequences for the financial system and monetary policy which for the moment are difficult to foresee, and likewise involve far from negligible risks. One of these is the possibility that the almost ten million pensioners in Spain, many of whom are “digital illiterates” would be left by the wayside, even if cash remains in circulation. Another would be exposure to cyberattacks and Internet blackouts, whether deliberate or not, which could block transactions.

A few years ago, while on holiday with my family on a small Mediterranean island, I suffered what technicians typically refer to as a “system outage”, in this case the connection to the savings bank ATM network. With no cash in my pocket and little more than a packet of ham and some cheese in the fridge of the apartment, it was two days before I could get money out anywhere. I can still recall the worried face of my daughter, who was still just a girl, as we roamed the island in search of restaurants that still used the old manual card machines for payments. We couldn’t find any, and so had to eat on tick until the problem was resolved.

The complete elimination of coins and notes, to be replaced with a “digital euro” is not an option, then, at least for the moment. It will come, but no need to worry, as the European Central Bank is itself in no hurry. I once heard someone say that the European Union is like a pachyderm: it is slow and seemingly clumsy in its movements, but treads firmly. And in the field of the economy, even more so. Its decisions have numerous implications that affect the general public in one way or another, and I can vouch that although it might sometimes not seem to be the case, for Brussels and Frankfurt, where the ECB has its headquarters, the priority is an economy that reduces inequality and poverty, in other words, that is at the service of the people.

«Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea», por Juan Martín Queralt

ÁMBITO EUROPEO

 
JUAN MARTÍN QUERALT
catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Abogado

 

Versatilidad conceptual en la jurisprudencia europea

Una reciente sentencia del TJUE, de 3 de marzo de 2021, ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por el TSJ de la Comunidad Valenciana acerca de la compatibilidad del Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica con el Derecho Comunitario. Compatibilidad que ha sido ratificada por el TJUE, haciendo gala de algo que viene repitiéndose con frecuencia en los pronunciamientos del tribunal comunitario: su versatilidad conceptual y la indudable permeabilidad a la toma en consideración de los efectos económicos derivados de sus fallos. Si a ello le añadimos los estrechos confines en que el legislador español –Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público– ha configurado la responsabilidad del Estado legislador por la aprobación de leyes que vulneran el Derecho Comunitario –ley cuya adecuación al Derecho Comunitario también se encuentra pendiente de la decisión del TJUE- nos encontraremos con que las reflexiones que sugiere la sentencia del pasado 3 de marzo se proyectan sobre quicios esenciales de nuestro Derecho.

Incertidumbres y perplejidades. Veamos cuáles han sido los mojones que han acotado el camino que conduce a la sentencia del TJUE, mojones que han ido poniendo de relieve las incertidumbres y perplejidades que han azacaneado no poco las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional.

El Impuesto sobre la Producción de Energía Eléctrica fue creado por Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad eléctrica, ley que expresamente lo calificó como impuesto de carácter directo y naturaleza real. En su preámbulo señala que, al amparo del art. 45 CE, perseguía armonizar nuestro sistema fiscal con un uso más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Por Auto de 14 de junio de 2016, el TS planteó cuestión de inconstitucionalidad por posible contradicción con el principio constitucional de capacidad económica, toda vez que la capacidad económica gravada por el impuesto – que, además, carecía de otra finalidad extrafiscal- podía encontrarse ya gravada por el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Auto del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2016 inadmitió tal cuestión de inconstitucionalidad, entendiendo que, antes de emitir juicio sobre su constitucionalidad, debería resolverse la posible contradicción del Impuesto con el Derecho comunitario. Señala el TC:

“… al disponer los arts. 163 CE y 35.1 LOTC que la cuestión de inconstitucionalidad debe referirse siempre a una norma legal «aplicable al caso», ha de entenderse que la prioridad en el planteamiento debe corresponder, por principio, a la cuestión prejudicial del art. 267 TFUE. La incompatibilidad de la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea sería causa de su inaplicabilidad y por tanto faltaría una de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta sólo sería admisible si se ha descartado la posibilidad de que la ley cuestionada sea incompatible con el Derecho de la Unión y, en consecuencia, inaplicable…”

Con posterioridad -ATC de 20 de junio de 2018- el mismo TC entendió que no se produce doble imposición entre el IVPEE y el IAE, toda vez que:

“… debe en primer término subrayarse que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica es de titularidad estatal, mientras que el Impuesto sobre Actividades Económicas es local, por lo que, al no entrar en liza ningún tributo autonómico, no resulta de aplicación el artículo 6 de la LOFCA que … es el único precepto del bloque de la constitucionalidad que establece una prohibición de doble imposición… Así pues, la doble imposición entre el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el Impuesto sobre Actividades Económicas no vulnera per se ningún precepto constitucional…”

Podía darse el caso de que, aun no existiendo prohibición de doble imposición, la existencia de un doble gravamen podría vulnerar la prohibición de confiscatoriedad ex art. 31.1 CE. Tampoco el TC entendió que se diera tal circunstancia, señalando en el antedicho ATC que:

“… en los casos en que el Tribunal ha debido analizar esta tacha siempre ha exigido a quien la denuncia la aportación de los correspondientes datos o argumentos que la sustenten…En el presente caso ni en el Auto por el que se promueve la cuestión ni, lo que es más revelador, en el recurso de Iberdrola Generación, S.A.U., que da lugar a la misma, se aporta dato o argumento alguno dirigido a fundamentar que el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tenga alcance confiscatorio, lo que nos conduce a descartar esta imputación.”

Cuestión prejudicial. Con posterioridad, el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 2019 planteó cuestión prejudicial acerca de la conformidad o no del IVPEE con el Derecho Comunitario, inquiriendo aclaración acerca de: si el impuesto, calificado por el legislador español como directo, es, en rigor, un impuesto indirecto; si, pese a la calificación del IVPEE como impuesto medioambiental, este tributo persigue una finalidad esencialmente recaudatoria; si el principio de libre competencia y del fomento de la energía de fuentes renovables se opone al IVPEE en la medida que concede el mismo tratamiento fiscal a la energía procedente de fuentes no renovables que a la que procede de fuentes renovables, con discriminación de estas y con vulneración del sistema de apoyo previsto en el art. 2.k) y concordantes de la Directiva 2009/28/CE, y si el mencionado principio de libre competencia y los arts. 32, 33 y 34 de la Directiva 2009/72/CE se oponen al IVPEE por considerar que permite una discriminación positiva a los productores no nacionales de energía eléctrica, en perjuicio de los productores españoles, con distorsión del mercado interior de la energía eléctrica y del acceso a la red.

Finalmente, la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2021 concluyó en la inexistencia de vulneración alguna del Derecho Comunitario por parte de la Ley española.

En apretada síntesis los artículos 1 y 3 de la Directiva 2009/28/CE – relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto que grava con un tipo único la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes renovables, y cuyo objetivo no es proteger el medio ambiente, sino aumentar el volumen de los ingresos presupuestarios.

El artículo 107 TFUE, apartado 1, y los artículos 32 a 34 de la Directiva 2009/72/CE– sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad – no se oponen a una normativa nacional que establece un impuesto nacional que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de electricidad en el territorio de un Estado miembro.

Acerca de una cuestión esencial –naturaleza directa o indirecta del tributo- el TJUE se decanta por reconocer su naturaleza directa, como expresamente reconoce la ley española. Por tanto, impide que el impuesto sea repercutible como coste empresarial. Al menos, claro, en pura teoría.

Ancha es Castilla. Como anchos y portátiles son los conceptos de impuesto directo e indirecto, fin fiscal o extrafiscal. En el fondo, no muy en el fondo, aparecen las consecuencias económicas que para los Estados miembros conlleva la declaración de vulneración del ordenamiento comunitario. La vieja razón de Estado.

 

Abstract

Articles 1 and 3 of Directive 2009/28/EC, on the promotion of the use of energy from renewable sources, raise no objection to a national regulation establishing a tax levied on one single type of electricity generation and the corresponding input into the electricity system, likewise if the electricity is generated from renewable sources, and for the purpose not of protecting the environment, but increasing the level of budgetary revenues.

Article 107 TFEU, subsection 1, and Articles 32 to 34 of Directive 2009/72/EC, concerning common rules for the internal market in electricity, raise no objection to a national regulation establishing a national tax levied on the generation of electricity and the corresponding input into the electricity system within the territory of a Member State.

Regarding one essential issue (the direct or indirect nature of the tax), the TJEU opts for recognition of direct status, as explicitly recognised under Spanish law. This therefore prevents the tax from being passed on as a business cost. At least in purely theoretical terms, of course.

There is plenty of room for manoeuvre. And plenty of flexibility in the concept of direct and indirect tax, and tax and non-tax purposes. Deep down, or not so deep down, we arrive at the economic consequences for Member States of a declaration that they have breached Community legislation. The old issue of national interest. 

Europa quiere conquistar su soberanía digital

ÁMBITO EUROPEO

Europa quiere conquistar su soberanía digital

La UE invertirá al menos 7.500 millones de euros en desarrollar superordenadores y la inteligencia artificial, confiando la recuperación y el progreso en la agenda verde y el avance tecnológico.

 

JORGE VALERO

@europressos

La recuperación europea tras la pandemia del Covid-19 está orientada por tres grandes coordenadas: digital, ‘verde’ y soberanía. La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo. Pero, al mismo tiempo, la pandemia ha expuesto la dependencia europea en varios sectores críticos, desde el material médico hasta las vacunas, subrayando debilidades estructurales añadidas a otras más antiguas, como su dependencia energética o la etiqueta de ‘segundona’ en la carrera tecnológica.

Aprovechando el estreno de un nuevo marco presupuestario de algo más de un billón de euros, y la inyección del fondo de recuperación de 800.000 millones, Bruselas y los Estados miembros se disponen a dar un impulso al frente tecnológico guiado por esas tres coordenadas. No solo conseguirá desarrollar la agenda digital; también ayudará a progresar en el Pacto Verde Europeo y fortalecerá la soberanía europea frente a los gigantes tecnológicos de Sillicon Valley o los inmensos recursos de China.

El principal instrumento comunitario para acelerar esta transformación será el programa Europa Digital.

“La transformación digital en curso toca todos los aspectos de nuestras vidas. Debemos adoptarla y asegurarnos de que tenga un efecto positivo en el crecimiento, el empleo y el bienestar de Europa, al tiempo que se cumplen nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad,” señala la Comisión Europea en el borrador de orientaciones estratégicas de este programa.

Nueva economía. “Pero hasta ahora, Europa no ha invertido colectivamente lo suficiente en las últimas tecnologías y existe un desajuste creciente entre la oferta y la demanda. Las empresas, el sector público y la comunidad académica tienen que buscar cada vez más fuera de Europa para acceder a las capacidades de informática, manejo de datos o ciberseguridad que necesitan, mientras que los ciudadanos a menudo carecen de las habilidades para prosperar en la nueva economía digital. Además, no todos los sectores y regiones geográficas de la UE se han beneficiado por igual de la innovación digital”, destaca la Comisión.

La UE destinará 7.500 millones de euros para desarrollar sus capacidades estratégicas en este campo, así como la transformación digital de la sociedad y la economía, con el objetivo de mejorar la competitividad europea y su soberanía tecnológica.

El programa apoyará inversiones en sectores clave como la supercomputación o la inteligencia artificial.

La mayor parte de los recursos se dedicarán al desarrollo de superordenadores (2.200 millones de euros); seguido de inteligencia artificial (2.000 millones); ciberseguridad (1.650 millones); la mejora de las capacidades digitales y la interoperabilidad (1.000 millones), y conocimientos digitales avanzados (577 millones). A estos fondos se sumará la cofinanciación que aportarán los Estados miembros (que dependerá de las diferentes iniciativas) y, en algunos casos, los recursos de las propias empresas.

Estos 7.500 millones de euros no serán los únicos recursos que Europa dedicará a su desarrollo digital los próximos años. Los Estados miembros además tendrán que dedicar un 20% de los fondos que reciban del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros, a las prioridades digitales. Este es el instrumento aprobado por los líderes europeos el pasado julio para superar la recesión causada por la pandemia.

Además, la UE también cuenta con dinero de Horizonte Europa, el gran fondo europeo para investigación e innovación, así como del Mecanismo Conectar Europa, que invierte en la infraestructura digital.

“El refuerzo de las capacidades digitales traerá un valor añadido verdadero a los ciudadanos europeos, y esto es aún más cierto con una pandemia que continúa apretándonos”, señaló en diciembre el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, cuyo país ocupaba entonces la presidencia rotatoria de la UE. “También es evidente que el sector digital jugará un papel clave en la recuperación económica tras el Covid-19, lo que hace del programa Europa digital un elemento vital del plan de recuperación”, añadió el ministro alemán.

Prioridades. El proyecto de orientaciones que publicó la Comisión a finales del pasado año representa el marco para las iniciativas que se irán presentando dentro de este programa.

El primer objetivo es convertir a Europa en una de las principales regiones de supercomputación mundial, adquiriendo al menos una supercomputadora a exaescala para 2021. Estos sistemas de computación aspiran a ser capaces de realizar un mínimo de un exaflop u operaciones de coma flotante por segundo. Existe una carrera global para ser el primer país en lograr este hito en la computación relacionado con el rendimiento del procesamiento de datos, con aplicaciones en la medicina avanzada o la meteorología.

Además, la Comisión Europea quiere actualizar las supercomputadoras existentes, con un centro muy destacado en Barcelona, y extender el uso de la informática avanzada a la industria, incluidas las pymes.

La segunda área prioritaria del programa es la creación de centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial en campos como salud, medio ambiente y clima, movilidad, manufactura y energía.

El tercer objetivo es reforzar la ciberseguridad, aprovechando para ello las ventajas que ofrece el cifrado cuántico, creando una infraestructura de comunicación paneuropea.

Además, se quiere impulsar la creación de un sistema de certificación para productos de ciberseguridad.

Se necesita personal. Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras. Por eso, la cuarta prioridad será crear programas de formación y master específicos para inteligencia artificial, informática avanzada y ciberseguridad.

Sin embargo, todo este desarrollo servirá de poco si no empapa el sector público y privado. Así, la quinta prioridad será la creación de la red de centros de innovación digital para proporcionar a las pymes y las Administraciones públicas el acceso a las últimas tecnologías.

La sanidad es uno de los campos que más se beneficia del desarrollo digital, lo que resulta aún más necesario en este periodo marcado por la pandemia. Por eso, el sexto objetivo será garantizar la transformación satisfactoria de los servicios sanitarios y asistenciales de la UE, mediante el despliegue de herramientas y servicios innovadores basados en la inteligencia artificial y el análisis de los datos.

Las dos últimas prioridades pretenden explotar las ventanas tecnológicas para luchar contra el calentamiento global, uno de los grandes ejes de actuación de la UE. Para ello, se buscará que las Tecnologías de la Información y Comunicación, sus productos y servicios, sean sostenibles, no solo abordando el enorme consumo energético que realizan, sino también alargando la vida útil de los equipos y facilitando su reciclaje.

La UE quiere reconstruir su economía acelerando la transición digital y reduciendo la enorme huella de carbono de su modelo productivo

Epicentro de la tecnología verde

“El volumen de datos global seguirá creciendo rápidamente. Es por eso que estamos fomentando infraestructuras adecuadas para servicios en la nube eficientes y ecológicos y centros de datos energéticamente eficientes. Europa será el epicentro de la tecnología verde,” comentó el pasado noviembre el comisario de Agenda Digital, Thierry Breton.

Se espera que el consumo de energía de los centros de datos en los Estados miembros de la UE aumente del 2,7% de la demanda de electricidad en 2018 al 3,2% para 2030.

Por último, la UE quiere extender las ventajas digitales a los ciudadanos, creando plataformas urbanas interoperables y seguras, que sirvan para operar diferentes servicios explotando los datos y usando la inteligencia artificial en el sector energético, la movilidad urbana, la gestión de residuos, la industria o el gobierno electrónico.

Europa opina

Página del Parlamento Europeo sobre el programa Europa digital (en inglés).

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Página de la Comisión Europea sobre la propuestaCompás digital

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Fabricación europea de semiconductores 

La conquista de la soberanía europea en el terreno digital y el esfuerzo para reducir la distancia con nuestros grandes competidores tiene numerosos frentes: el desarrollo del capital humano; contar con un sector financiero europeo de capital riesgo más voluminoso para apoyar a empresas pioneras y start-ups, y también apostar por una manufactura europea en sectores claves, para reducir dependencias de “alto riesgo” respecto a firmas de Estados Unidos o Asia.

Por eso, la Comisión Europea lanzó este marzo el plan Brújula digital, con el que detalla sus prioridades en este programa. Entre ellas, la UE aspira a producir sus propios semiconductores avanzados para 2030, una pieza clave para todo tipo de objetos que incorporan ordenadores.

Según la propuesta, Europa quiere que al menos el 20% de estos semiconductores se produzcan dentro de sus fronteras. En la actualidad, los grandes fabricantes de estos microchips se encuentran sobre todo en Asia, en países como Taiwan y Corea del Sur.

Este Compás Digital ahonda en las prioridades del programa Europa Digital, fijando una serie de metas para esta década. Entre ellas, la construcción de 10.000 centros con un consumo reducido de energía que faciliten el acceso a servicios de datos al sector privado; el desarrollo de un ordenador con aceleración cuántica para 2025, o extender el 5G en los principales centros urbanos para 2030.

La Comisión quiere establecer un sistema para controlar el progreso de los Estados miembros y publicará anualmente un informe para recopilar los avances conseguidos.

Uno de los problemas que detecta Europa es la falta de personal cualificado y expertos en las áreas más punteras

«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

[email protected]

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

"El virus que nos puso en evidencia"

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

Ver informe

Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

Ver informe
Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos