«Bienvenido mister Marshall (segunda parte)», por Casimiro García-Abadillo

ÁMBITO EUROPEO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO
director de «El Independiente»


Bienvenido mister Marshall (segunda parte)

@garcia_abadillo

www.elindependiente.com

Fue el presidente del Gobierno el que calificó como “nuevo Plan Marshall” al paquete de ayudas aprobado por la Comisión Europea para reflotar las economías de la UE devastadas por el sunami del Covid-19.

Espero que la grandilocuencia no le juegue a Pedro Sánchez una mala pasada. Ya sabemos que los políticos se pirran por apuntarse hitos históricos.

El conocido como Plan Marshall (el nombre se debe al entonces secretario de Estado, George Marshall) fue un programa financiado por Estados Unidos lanzado en 1948 para ayudar a los países europeos a recuperarse de la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. La idea de poner en marcha el European Recovey Program, que era como de verdad se llamaba el plan, tenía como objetivo no sólo movilizar fondos para reconstruir la muy deteriorada Europa, sino, sobre todo, poner un dique a la expansión de la URSS y el comunismo. Y funcionó.

La mayor parte del paquete de fondos lo recibieron, por este orden, Reino Unido, Francia y Alemania. A España apenas le llegaron unas migajas de aquellos 12.000 millones de dólares que el gobierno de Harry Truman puso sobre la mesa como una inteligente inversión a largo plazo.

La decepción que generó entre una población empobrecida y necesitada de alivios el displicente trato con el que los norteamericanos castigaron al gobierno de Franco, fue mostrada de forma magistral por Luis García Berlanga en la película Bienvenido, Mister Marshall, un retrato cruel y entrañable de un país que sufría todavía las consecuencias de una terrible guerra civil y una autarquía que mantuvo aislado al país hasta bien entrada la década de los 60.

Las expectativas que ha levantado el Fondo de Recuperación Europeo, con la colaboración del presidente, son similares a las que despertó hace 73 años el Plan Marshall. España espera recibir nada menos que 140.000 millones de euros en los próximos cuatro años y será uno de los países más favorecidos de Europa, como en su día lo fueron Reino Unido, Francia y Alemania, de ese súper paquete de ayudas.

Este año se espera que lleguen a España unos 27.000 millones de euros (de ellos 7.500 dentro del programa Europa Digital). El presupuesto de este año se asienta en gran medida en esta riada de dinero que, en su mayor parte, es a fondo perdido.

Seguro que el dinero, aunque sea tarde, llegará. No pasará de largo, como los coches de la caravana que cruza a toda velocidad el ficticio Villar del Río en la película de Berlanga. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero y cómo se va a repartir.

Veo a las empresas como pollo sin cabeza buscando programas para presentar ante la autoridad competente (que reside en el Palacio de la Moncloa, por supuesto) para recibir dinero. Grandes compañías, bancos, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones,… Cada uno por su lado monta su gabinete de sesudos expertos para ver por dónde se puede sacar jugo al maná europeo. Algunas corporaciones han buscado ya expertos, lobbies, o asesores para asegurarse el triunfo final. Así que, por lo pronto, ya podemos asegurar que estos intermediarios se llevarán su parte del pastel. No digo yo que de forma inmerecida.

Me preocupa que, al final, sean los de siempre los que se beneficien de la solidaridad europea. Las grandes del Ibex y las Administraciones públicas tienen músculo suficiente como para ganar esta carrera. No sólo porque pueden presentar atractivos proyectos de digitalización y sostenibilidad, sino también porque saben llamar a las puertas adecuadas.

España es un país de pequeñas y medianas empresas, que, además, son las que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Restaurantes, bares, pequeñas agencias de viajes o de alquiler de coches, pequeños comercios, etc. Miles de empresas, cientos de miles de empleos que han desaparecido o están a punto de desaparecer.

La voluntad, dicen los documentos oficiales, es que las ayudas terminen llegando a las pymes. Pero el problema que tienen estas empresas es que ni siquiera saben lo que tienen que hacer para reclamar una parte del dinero europeo.

Cuando llegue el momento tendremos que hacer un balance sobre el destino de los fondos. Cuánto dinero ha ido al sector público, cuánto a las grandes empresas, y lo que ha quedado para las pymes. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero seguro que los pequeños empresarios no van a estar entre los más satisfechos por el reparto del nuevo Plan Marshall.

Llámenme escéptico. Pero lo que veo hasta ahora es que el azote de la pandemia se está cebando con los pequeños emprendedores y con los autónomos. Sí, hay grandes empresas que también lo pasan mal, pero cuando hagamos el recuento de bajas, la mayoría estarán del otro lado de la trinchera.

El Gobierno se negó hasta hace poco a dar ayudas directas a las pymes. Entiendo las reticencias de la ministra Calviño, pero ahora el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En Alemania, por ejemplo, el gobierno está dando un porcentaje a la hostelería del 70% sobre la facturación que las empresas registraron antes del Covid. Los bancos parecen estar dispuestos a servir de red capilar para facilitar que el dinero llegue en condiciones a las pequeñas empresas y autónomos.

No soy partidario de las ayudas públicas a las empresas, en general. Pero ahora estamos en un momento muy delicado en el que los pequeños empresarios no es que hayan caído o estén a punto de caer por su mala gestión, sino, sencillamente, porque las restricciones y el confinamiento les han privado de su clientela habitual.

Justo cuando estaba concluyendo esta columna el presidente Sánchez anunció por sorpresa en el Congreso un plan de 11.000 millones para pymes, fundamentalmente del sector de la hostelería. Una medida necesaria para que esta vez el Plan Marshall llegue a los que lo necesitan y no sea tan frustrante como lo fue el que inspiró a Berlanga, que apenas nos dejó unos lotes de leche en polvo.

I + D. Metas incumplidas en innovación

ÁMBITO EUROPEO

I+D. Metas incumplidas en innovación

A pesar de algunos casos de éxito, Europa continúa perdiendo terreno en la carrera mundial por la innovación, en parte por la incapacidad para cumplir con sus objetivos de inversión en I+D desde el año 2000.

JORGE VALERO

@europressos

La partida de investigación y el desarrollo, a la que se añadió la innovación (I+D+i) lleva años anclada como una prioridad en la agenda europea. El impacto del Covid‐19 sirvió para resaltar más aún la importancia de respaldar estos sectores. El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea tras el virus. Porque Europa aspira a transformar su economía como no lo ha hecho en décadas, haciéndola más digital para intentar recuperar algo del terreno perdido frente a EEUU y China, y, sobre todo, para eliminar totalmente las emisiones netas de CO2 para 2050.

Transformación ecológica. Sin embargo, a pesar de planes estratégicos y pomposas declaraciones, la UE lleva 20 años fracasando en su esfuerzo por alcanzar el 3% de su PIB dedicado al I+D, primero incluido en la Agenda de Lisboa, y luego en la Agenda 2020. Europa dedica un 2,19% de su PIB a esta tarea, según las últimas cifras publicadas por la Comisión Europea de 2018.

Los fondos destinados a este capítulo están lejos de sus competidores, sobre todo en el apartado privado, mientras que los pujantes rivales asiáticos, como Corea del Sur y China, eclipsan no solo a Europa sino también a EEUU. “Si esto continúa así, Europa corre el riesgo de ser superada de manera irreversible”, concluyó la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

En juego está no solo la consecución de una meta. Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos que se logren para conseguir la reducción neta de emisiones a cero, mientras nuestras economías, poblaciones y necesidades no paran de crecer.

“Dado el tamaño del desafío y su naturaleza costosa, con un billón de euros movilizados para el Pacto Verde durante la próxima década, esto exige invertir cantidades récord en I + D si Europa quiere convertirse en el primer continente climáticamente neutral del mundo y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señala el mismo informe comunitario.

Sin embargo, la UE también está perdiendo terreno en este frente tan importante para su futuro. Según datos de la agencia Bloomberg, EEUU está en cabeza en inversión en I+D relacionado con el clima, acercándose a los 12.000 millones de euros en 2018. China ya ha superado a la UE tras cuadriplicar en los últimos años su inversión en este frente, y ya supera los 8.000 millones de euros, mientras que el bloque comunitario no llega a esa cifra. Por eso, la Comisión advierte a los Estados miembros que tienen que mejorar el rendimiento de su gasto en innovación en este campo para aumentar la competitividad de estas tecnologías requeridas para completar la transición sostenible.

Diferencias nacionales. Las diferencias entre los Estados miembros resultan notables. Con una población del 6% del planeta, el gasto en I+D de la UE ha ido reduciéndose en relación con la inversión del resto del mundo, y representa el 17% del total mundial (cifras de 2017, siempre según datos de la Comisión). Este esfuerzo está sobre todo concentrado en las manos de Alemania, Francia e Italia, que conjuntamente representan el 61% de este gasto.

Tan solo Alemania dedica a I+D el mismo volumen que 24 Estados miembros. Por otro lado, son muy pocos los que llegan a la meta común, como Suecia, que supera el objetivo europeo con un 3,3%. Rumanía se queda en el 0,5%, según el último registro de 2018.

En el caso de España, el volumen dedicado aquel año tan solo llegó al 1,24% del PIB. Nuestro país es además uno de los que se marcó una meta inferior al 3% del PIB, ya que este objetivo debe ser alcanzado conjuntamente por todos los 27. El Gobierno español fijó hace diez años la meta del 2%.

A principios de 2020, la UE estaba aún muy lejos de su meta del 3%. Para alcanzar este objetivo, la Comisión estima que necesitaría invertir unos 110.000 millones este año. No obstante, Europa no ha permanecido estática. El porcentaje tan solo llegaba al 1,81% en el año 2000. Sin embargo, el empuje ha resultado insuficiente no solo para conseguir las metas fijadas, sino sobre todo para no perder la carrera en un mundo cada vez más competitivo, en el que el progreso tecnológico marcará la diferencia en la era digital.

En Corea del Sur, una de las naciones tecnológicamente más avanzadas, el gasto en I+D llega al 4,53% de su PIB, seguida por Japón (3,26%) y EEUU (2,83%). China ya invierte más del doble de la cantidad que dedicaba a esta partida en el año 2000, y se encontraba en 2018 a la par del ratio de la UE.

Las grandes diferencias en el gasto entre los países, dentro y fuera de Europa, se explica sobre todo por sus especializaciones industriales, la calidad de su entorno investigador, o el acceso a mercados tecnológicos integrados.

Contribución del sector privado. Estas diferencias en la composición de las economías marcan las grandes diferencias en la inversión privada en I+D, donde Europa pierde terreno frente a sus principales rivales. El sector empresarial es el principal pilar, con un 66% del gasto en 2018. Pero a pesar de las cifras notables y del progreso de los últimos años, es significativamente inferior al gasto dedicado en China, EEUU, Japón o Corea del Sur, lamenta la Comisión Europea.

Menos de la mitad del sector industrial europeo está vinculado con áreas de elevada intensidad innovadora, como las tecnologías de la información o la salud. En torno a un 40% está relacionado con áreas de intensidad innovadora media, como los automóviles. Mientras, un 80% de la industria estadounidense y más de la mitad en el caso chino están vinculadas a estos sectores con un elevado I+D.

No obstante, el gasto privado también depende del ecosistema económico e innovador que existe en los países, señala la Comisión Europea en su informe sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020.

Las empresas invertirán en aquellos lugares donde existen políticas que incentiven el gasto, como desgravaciones fiscales o subvenciones, donde existan suficientes recursos humanos y una buena infraestructura investigadora. Es decir, “la inversión del sector privado en un país determinado depende en gran parte del retorno que puede esperar y, por lo tanto, de las condiciones marco que existen”, apunta la Comisión.

La brecha entre Europa y sus principales rivales también queda reflejada en el nivel empresarial.

Los 2.500 principales actores industriales de todo el mundo aumentaron su inversión en I+D en un 8,9% el año pasado, similar a 2018. Las empresas de la UE representan 14 de los 50 principales inversores corporativos en I+D. Y aunque las empresas de la UE aumentaron su gasto en esta partida (5,6%), su esfuerzo fue muy inferior al de sus homólogas chinas (21%) y estadounidenses (10,8%), según el marcador de inversión industrial en I+D 2020, publicado por la Comisión en diciembre.

“Se necesita más inversión en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en particular en la carrera mundial por el liderazgo tecnológico y en las transiciones verde y digital. Si queremos que Europa impulse la transición a una economía climáticamente neutra, debemos redoblar nuestros esfuerzos”, señaló tras la publicación de este informe la comisaría de Innovación, Mariya Gabriel.

El I+D resultará clave no sólo para superar la pandemia, sino también para cimentar la recuperación europea

Ayudas públicas

EL PRINCIPAL instrumento que utilizan los poderes públicos para respaldar la innovación son los incentivos fiscales. Según datos de la Comisión, en 2017 representaron el 55% del apoyo público al sector privado. Esta herramienta es especialmente utilizada por Holanda, Bélgica, Irlanda e Italia.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario indica que estos incentivos tributarios no resultan tan útiles para canalizar la inversión hacia prioridades y proyectos como si lo consiguen las subvenciones, aunque su proceso burocrático pueda resultar un obstáculo. Por eso, Bruselas recomienda utilizar una combinación adecuada de políticas públicas (incentivos fiscales y subvenciones) para poder dirigir la inversión privada hacia la sostenibilidad y los cambios sistémicos que encaramos.

En el capítulo de las ayudas públicas, una de las principales herramientas es el programa Horizonte 2020 de la UE, reforzado en el próximo presupuesto plurianual comunitario (2021-2027) hasta casi los 100.000 millones de euros.

Copiando el modelo del programa Apolo con el que EEUU llegó a la luna, la Comisión espera mejorar así el rendimiento del dinero invertido. Pero, en nuestro caso, la gran misión no es la conquista del espacio, sino la sostenibilidad de la Tierra. Porque, como dijo la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, “el Pacto Verde es nuestra llegada a la Luna”.

Europa opina

Informe de la Comisión Europea sobre el Rendimiento en Ciencia, Investigación e Innovación 2020 (inglés).

Marcador 2020 de la Inversión Industrial de la UE en I+D (inglés).

Fondos europeos en España

LA HUELLA DEL GASTO europeo queda clara en países como España. El 60% de la inversión extranjera en I+D que recibimos procede de la Comisión Europea, mientras que por ejemplo en el caso de Holanda no llega al 10%.

Este peso de la ayuda europea resultará aún más evidente en los presupuestos españoles para 2021. España será uno de los grandes beneficiarios del estímulo adicional procedente del fondo de recuperación europeo frente a la pandemia, con 140.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y créditos blandos.

Gracias en parte a esta ayuda, las cuentas para 2021 incluirán un aumento de cerca del 80% respecto a las cuentas anteriores en la partida destinada a I+D+i, alcanzando los 11.483 millones de euros (un 2,5% del volumen total). De esta cantidad, casi la mitad (4.752 millones de euros) procederá de la UE.

Se trata de asegurar la transformación ecológica a la que aspira la UE, necesariamente vinculada a las innovaciones y avances tecnológicos

«Europa sienta las bases de nuestro futuro», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO

FRANCISCO FONSECA,

director de la Representación de la Comisión Europea en España

[email protected]

 

Europa sienta las bases de nuestro futuro

A estas alturas, a nadie le cabe la menor duda de que la pandemia del coronavirus es ya el acontecimiento histórico de las últimas décadas. Lo es, en primer lugar, por su dimensión sanitaria, por la tragedia de los miles de personas fallecidas y por el sufrimiento de todos los que han pasado la enfermedad o han tenido que adoptar severas medidas para preservar su salud y la de sus seres queridos. Y, en segundo lugar, por el impacto económico de las decisiones adoptadas para contener la expansión del virus.

Hemos puesto a prueba nuestros sistemas de salud, el estado de bienestar y la capacidad de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo de afrontar un choque sin precedentes. España se encuentra entre los países más castigados por la crisis económica. La última previsión de la Comisión Europea ofrece una caída del PIB del 12,4 % para 2020. La tasa de paro se situaría ya en el 16,7%.

Ante este escenario, la Comisión Europea aprovechó de manera rápida y eficaz todas las oportunidades que nos brinda el presupuesto de la UE de manera urgente y flexible, apoyando el mantenimiento de los empleos y financiando los ERTEs a través de los más de 21.000 millones de euros para España del programa europeo SURE; apoyando la financiación de las PYMEs con 200.000 millones de euros o aprobando 240.000 millones más en líneas precautorias de crédito por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

La virulencia de la pandemia nos ha enseñado que la transformación de nuestra economía ha pasado de presentarse como una opción política, a convertirse en una exigencia para la consolidación de nuestro modo de vida europeo basado en la salud y la protección social. Y esto explica el gran salto adelante que hemos dado con el Marco Financiero Plurianual adoptado por el Consejo Europeo el 11 de diciembre último.

La transición verde, la digitalización y la economía al servicio de las personas serán los tres ejes directores de los presupuestos europeos para el período 2021‐2027, en los que se incluyen los 750.000 millones de euros del plan de recuperación, el NextGenerationEU, que no tiene precedentes en la UE, ni en importe, ni en rapidez y distribución para la inversión de los fondos. España va a ser uno de los máximos beneficiarios de este plan con más de 140.000 millones de euros, poniendo en valor el carácter redistributivo de los fondos europeos como catalizador de la recuperación económica, precisamente en aquellos países, regiones y sectores económicos que más están siendo golpeados por la crisis.

Como hemos insistido en los últimos meses, el presupuesto de la UE, junto con el NextGenerationEU, diseñado para impulsar de manera intensa la recuperación, serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. Un total de 1,84 billones de euros para la reconstrucción de los sólidos cimientos de la Europa posterior a la COVID19.


“Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que,
sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá
más débil y protegerá peor a sus ciudadanos”


Más allá de la urgencia de la inversión en infraestructuras digitales o en proyectos de transformación verde, un capítulo emerge entre los más importantes del presupuesto de la UE: la inversión en investigación y desarrollo. La inversión en I+D es la plataforma sobre la que asentamos los pilares de nuestro crecimiento futuro. Si algo nos ha enseñado la COVID19 es que, sin la suficiente financiación de la investigación, Europa saldrá más débil y protegerá peor a sus ciudadanos frente a los diferentes retos a los que se enfrenta.

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida” en expresión atribuida al Emperador Marco Aurelio.

Con solo un 7 % de la población mundial, Europa representa hoy un 20 % del total de inversión en I+D a escala global, es responsable de un tercio de las publicaciones científicas de alta calidad y ostenta el liderazgo mundial en sectores industriales como el farmacéutico, el químico o la ingeniería mecánica.

El programa de investigación señero del presupuesto europeo, el Horizonte 2020, ha sido hasta este año el mayor programa de investigación e innovación de la UE de todos los tiempos, con casi 80.000 millones de euros de financiación disponible en los últimos 7 años, sin contabilizar los fondos privados atraídos por la financiación pública.

Para su sucesor, el programa Horizonte Europa, la Comisión Europea ha propuesto aumentar su dotación hasta los 95.000 millones de euros a precios actuales, poniendo de manifiesto la voluntad decidida de la Unión Europea en este ámbito.

Estos fondos tienen el objetivo central de contribuir a apoyar la modernización de nuestras economías a través de la investigación e innovación; las transiciones climática y digital, a través de un gran apoyo a la investigación aplicada y a un partenariado público privado que juegue un gran efecto multiplicador; y, en fin, la preparación, recuperación y resiliencia de nuestras sociedades, a través del Fondo de Recuperación, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health.

En suma, estos Fondos se van a destinar específicamente a apoyar la recuperación y a permitir un mayor apoyo europeo a las actividades de investigación e innovación relacionadas en tres pilares fundamentales: la salud, incluida la lucha contra la COVID19; la acción por el clima, y la garantía que Europa tendrá su propia autonomía estratégica en la digitalización de nuestra economía y sociedad.

Todos estos recursos puestos a disposición de los investigadores son esenciales para que Europa no pierda su liderazgo en muchos sectores y sea, a su vez, punta de lanza en otros, a la vez que seamos capaces de proteger lo que nos caracteriza como sociedades europeas: la protección social y la calidad de nuestros sistemas de salud.

Europa se construye respondiendo con urgencia a los daños sanitarios, sociales y económicos que se producen, como es el caso de la pandemia que estamos viviendo, pero también lo hace mirando hacia adelante, apuntalando los cimientos de nuestras sociedades futuras. Y esto solo puede hacerse teniendo como prioridad apoyar, junto con los países de la UE, la inversión en investigación y desarrollo.

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Ayudar a los jóvenes para asegurar la recuperación europea

El plan “Próxima Generación UE” para superar la crisis del Covid-19 nació a partir de un pacto intergeneracional: los jóvenes pagarán el enorme endeudamiento que financiará el estímulo, a cambio de tener mejores oportunidades, y una Europa más ‘verde’ y digital.

JORGE VALERO

@europressos

El pasado julio, los líderes europeos llegaron a un acuerdo histórico, en el sentido pleno de la palabra. Por primera vez, la UE se endeudará en los mercados en una cantidad sin precedentes para financiar un paquete de recuperación de 750.000 millones de euros. Este estímulo masivo persigue superar no solo la mayor pandemia que ha sufrido Europa en un siglo, sino también la mayor crisis económica en las siete décadas de historia de la UE.

Los numerosos instrumentos y matices del paquete, las cientos de horas de negociación y miles de páginas que lo hacen realidad, envuelven el principio nuclear a partir del que surge: un pacto intergeneracional entre aquellos que toman las decisiones hoy, y las generaciones de mañana.

Europa va camino de dejar un planeta más contaminado y economías más endeudadas a los jóvenes. Por eso, quiere aprovechar el mazazo del Covid-19, para que el gasto sin precedentes que requerirá salir del agujero sea inversión productiva para transformar cómo vivimos y cómo producimos.

“Propongo un Pacto Generacional para el mañana”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar el borrador del plan de recuperación en el Parlamento Europeo en mayo.

“Sí, los efectos de esta crisis significan que necesitamos realizar inversiones a una escala sin precedentes en la actualidad. Pero lo haremos de manera que la próxima generación de Europa coseche los beneficios mañana”, resaltó.

Explicó que se trata no solo de preservar los logros de la UE conseguidos durante siete décadas de integración europea, sino también para conseguir una Europa sostenible, impulsar la transición digital, la cohesión social y reforzar el peso de la UE en un mundo más competitivo e inestable.

Cómo logarlo. Y la herramienta para conseguirlo será el presupuesto comunitario ordinario, que durante los próximos siete años superará el billón de euros, y el fondo de recuperación frente a la pandemia, precisamente bautizado “Próxima Generación UE” (Next Generation EU). En total, más de 1,8 billones de euros, incluidos los 750.000 millones del fondo, un torrente de ayuda europea histórico para salir del agujero.

A España le corresponderán 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. El resto son préstamos en condiciones ventajosas, que el Gobierno ha señalado que no utilizará de momento.

No es la primera vez que la juventud está en el radar de las políticas comunitarias. Tras la pasada crisis, y el riesgo de una ‘generación perdida’ debido a las dificultades de los jóvenes para entrar en el mercado laboral, la Comisión lanzó en 2013 la llamada “Garantía juvenil”.

Se han beneficiado 24 millones de jóvenes de este instrumento. Sin embargo, ha tenido un impacto desigual, en parte debido a la rigidez del sistema y su ambición. El Tribunal de Cuentas de la UE ha cuestionado sus resultados, y en 2017 concluyó que no cumplió con las expectativas creadas. “Muchos jóvenes no han visto su impacto positivo sobre el terreno”, señaló por su parte Ludovic Voet, de la Confederación de Sindicatos Europeos, al medio Euractiv.

Como ya sucediera durante la pasada crisis, los jóvenes han sido de nuevo uno de los colectivos más expuestos al impacto de la recesión causada por el Covid-19. Por eso, junto al gran pacto intergeneracional que representa el fondo de recuperación a largo plazo, la Comisión también propuso el pasado julio una puesta a punto de la “Garantía Juvenil”.

La reforma ya estaba prevista cuando la Comisión von der Leyen tomó los mandos el pasado diciembre. Sin embargo, el impacto de la pandemia le dio nuevas dimensiones y una importancia adicional.

Así, el Ejecutivo comunitario propuso que al menos 22.000 millones de euros del presupuesto plurianual (2021-2027) se destinen al apoyo al empleo juvenil. Tal y como señaló entonces el comisario europeo a cargo de Empleo, Nicolas Schmit, “existe el riesgo de que los jóvenes sean víctimas de esta crisis, lo que podría llevar a una generación perdida o generación bloqueada”.

Schmit advirtió que los jóvenes en trabajos precarios, con contratos laborales limitados, y aquellos que aún no ingresaron en el mercado laboral, no están protegidos por los ERTEs y otros sistemas de corta duración establecidos por los Estados miembros para amortiguar las consecuencias del coronavirus.

Por eso, para la Comisión es importante enviar una «señal» a los jóvenes europeos, para mostrarles que «no se les olvida» en la salida de la crisis más profunda en la historia de la UE, explicó Schimt.

Parte de los 22.000 millones destinados a los jóvenes se canalizarán a través de la nueva Garantía Juvenil.

Compromiso. La Comisión mantiene el compromiso de recibir una oferta de empleo, educación, aprendizaje o formación en un plazo de cuatro meses para quienes se apunten a la “Garantía Juvenil”. La novedad es que será más inclusiva, para evitar cualquier forma de discriminación, con un alcance más amplio a los grupos más vulnerables. Además, se vinculará con las necesidades de las empresas, proporcionando las habilidades requeridas, en particular las de las transiciones verde y digital, y se ofrecerán cursos preparatorios y asesoramiento, orientación y tutoría personalizados, para así facilitar la transición al mercado laboral.

La actuación de la Comisión para apoyar a los jóvenes también incluyó una recomendación para los Estados miembros sobre educación y formación profesional, para que los sistemas nacionales sean más modernos, atractivos, flexibles y alineados con la economía digital y verde. Y propuso dar un nuevo impulso a la Alianza Europea para el Aprendizaje, que ha puesto a disposición más de 900.000 oportunidades. Esta alianza apoya a las pymes y agrupa a sindicatos y organizaciones de empleadores.

El director del centro de análisis Bruegel, Guntram Wolff, considera que los 22.000 millones de euros son “insuficientes para los tres millones de jóvenes desempleados de la UE”, una cifra que probablemente aumentará durante los próximos meses. Por eso pide que las capitales aporten más.

“Europa no puede permitirse volver a olvidar a sus jóvenes. Las instituciones deben contribuir al esfuerzo de evitar otra generación perdida, y los responsables políticos nacionales, en particular, tienen que poner su grano de arena”, escribió Wolff en una tribuna publicada en El País el 11 de noviembre.

Una vez más, el viejo dicho de que Europa avanza a golpe de crisis se ha vuelto a cumplir con la germinación del fondo de recuperación, primer paso hacia la unión fiscal europea. Pero está por ver cuál será el impacto real del gran esfuerzo movilizado por las instituciones comunitarias y por los Gobiernos, para apoyar a la juventud y para garantizarles un futuro más digital y sostenible.

En juego no está solo salir de esta crisis, sino hacerlo garantizando los niveles de bienestar y seguridad que esperan los ciudadanos europeos, en un mundo más duro e inestable.

Draghi: apoyar a los jóvenes es un «imperativo moral»

El pasado mes de agosto, Mario Draghi señaló, en su primer discurso tras dejar la presidencia del Banco Central Europeo, que los gobiernos europeos se enfrentan a «un imperativo moral» para invertir en la educación de los jóvenes. “La deuda creada por la pandemia no tiene precedentes y tendrá que ser reembolsada principalmente por los jóvenes de hoy”, comentó.

Por lo tanto, el italiano subrayó que “es nuestro deber equiparlos con los medios para pagar esa deuda, y hacerlo mientras vivimos en sociedades mejoradas”. Draghi, quien abandonó el BCE el pasado noviembre, dijo que “durante años, una forma de egoísmo colectivo ha llevado a los gobiernos a desviar la atención y los recursos hacia iniciativas que generen retornos políticos garantizados e inmediatos. Esto ya no es aceptable hoy“.

Draghi: Supporting young people is a “moral imperative” 

Mario Draghi said Last August in his first speech after leaving the presidency of the European Central Bank that European governments face «a moral imperative» to invest in the education for young people. «The debt created by the pandemic is unprecedented and will have to be repaid mainly by those who are young today,» he said.

Therefore, the Italian stressed that «It is therefore our duty to equip them with the means to service that debt, and to do so while living in improved societies.» Draghi, who left the ECB last November, said that “For years, a form of collective selfishness has led governments to divert attention and resources towards initiatives that generated guaranteed and immediate political returns. This is no longer acceptable today.

Los jóvenes, insatisfechos

A pesar del foco dado a las nuevas generaciones, el Foro Europeo de la Juventud no se mostró satisfecho con el gran acuerdo de la cumbre de julio.

“En un momento en que los jóvenes ya están soportando el peso de otra crisis más, este acuerdo presupuestario es una decepción. La mayoría de los programas sectoriales que se centran directamente en la juventud o que tienen el potencial de apoyar la transición hacia una Europa más justa, más social y ambientalmente sostenible, ahora no podrán cumplir sus ambiciosos objetivos”, señalaron en un comunicado.

El problema radica en que los líderes dieron un tijeretazo a la propuesta de la Comisión para numerosas partidas del presupuesto comunitario ordinario, como Erasmus, para hacer hueco al fondo de recuperación.

Además, el Foro añadió que, aunque “Próxima Generación UE” tiene previsto ofrecer oportunidades a los jóvenes en el mundo post-covid, no está claro qué recursos se destinarán del total de 750.000 millones. Principalmente porque el uso sobre el terreno de la ayuda europea dependerá de los planes de recuperación que preparen los Estados miembros, y que deberá aprobar la Comisión.

El Parlamento Europeo consiguió revertir parte de los recortes realizados por los líderes el pasado verano, y amarró 2.200 millones más para Erasmus durante las negociaciones con los Estados miembros, pasando a tener 23.400 millones para los próximos siete años.

Young people, dissatisfied

Despite the focus given to the new generations, the European Youth Forum was not happy with the deal achieved in the July summit.

“At a time when young people are  already bearing the burden of yet another crisis, this budget agreement comes as a disappointment. Most of the sectoral programmes with a direct focus on youth or with the potential to support the transition towards a fairer, more socially and environmentally sustainable Europe, will now not be able to meet their ambitious targets, the Forum said in a statement.

They criticised that EU leaders cut the Commission’s proposal for numerous programmes in the EU budget, such as Erasmus, to make room for the recovery fund.

In addition, the Forum added that although “Next Generation EU” plans to offer opportunities to young people in the post-covid world, it is not clear what resources will be allocated of the total of €750 billion, given that the implementation will depend on the national recovery plans drafted by the member states, and which must be approved by the Commission.

The European Parliament managed to reverse part of the cuts made by the leaders last summer, and added €2,2 billion more for Erasmus during negotiations with the member states, now totalling €22,4 billion for the next seven years.

in English

Helping young people to ensure the European recovery

“Next Generation EU” plan to overcome the covid-19 crisis was born from an intergenerational pact: young people will pay the huge debt that will finance the stimulus, in exchange for having better opportunities, and a more ‘green’ and digital Europe.

Last July, EU leaders reached a true historic agreement. For the first time, the EU will borrow an unprecedented amount from the markets to finance a € 750 billion recovery package. This massive stimulus seeks to overcome not only the biggest pandemic that Europe has suffered in a century, but also the most severe economic crisis in the EU’s seven-decade history.

The numerous instruments and nuances of the package, the hundreds of hours of negotiation and thousands of pages behind its implementation hide the core principle from which it came from: an intergenerational pact between today’s decision-makers , and the generations of tomorrow.

Europe is on its way to become more polluted and its economies more indebted for the young. For that reason, the Union wants to take advantage of the covid-19 crisis, to ensure that the unprecedented spending required to get out of the hole becomes a productive investment to transform how we live and how we produce.

«I propose a Generational Pact for tomorrow,» said the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, when presenting the draft recovery plan in the European Parliament in May.

“Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an unprecedented scale today. But we will do it in a way that Europe’s next generation will reap the benefits tomorrow,” she stressed stressed.

She explained that it is not only about preserving the EU’s achievements conquered during seven decades of European integration, but also about progressing towards a sustainable Europe, promoting the digital transition, social cohesion and reinforcing EU’s weight in a more competitive unstable world.

How to do it. The instrument to achieve these lofty goals will be the EU budget, totalling more than one trillion euro over the next seven years, and the new recovery fund against the pandemic, named «Next Generation EU». In total, more than €1.8 trillion, including the fund’s €750 billion.

Spain will receive €140 billion from the recovery fund, of which €72 billion will be non-refundable grants. The rest are cheap loans that will remain untapped for the time being, the Government said.

It is not the first time that youth has been on the radar screen of the EU institutions. In the aftermath of the past crisis, and given the risk of a ‘lost generation’ due to the difficulties of young people to enter the labor market, the Commission launched in 2013 the“Youth Guarantee”.

Around 24 million young people have benefited from this instrument. However, it had an uneven impact, partly due to the rigidity of the mechanism and its bold ambition.

The EU Court of Auditors questioned its results, and in 2017 concluded that it did not meet the expectations created. «Many young people have not seen its positive impact on the ground,» Ludovic Voet, a representative of the European Trade Union Confederation, told Euractiv.

As it happened during the past crisis, young people have once again been one of the most affected groups by the impact of the recession caused by covid-19. For this reason, together with the intergenerational pact behind the long-term recovery fund, the Commission also proposed an overhaul of the “Youth Guarantee” in July.

The reform was already planned when the von der Leyen Commission took over last December. The impact of the pandemic however gave a new dimension and added fresh importance to its reform.

The EU Executive proposed that at least €22 billion of the EU’s multi-annual financial framework (2021-2027) be allocated to support youth employment. As EU commissioner in charge of Employment, Nicolas Schmit, pointed out in July, «there is a risk that young people will be victims of this crisis, which could lead to a lost generation’ or a ‘lockdown generation’».

Schmit warned that young people in precarious jobs, with limited employment contracts, and those who have not yet entered the labor market, are not protected by ERTEs and other short-term systems established by member states to cushion the consequences of the coronavirus.

For this reason, it is important for the Commission to send a «signal» to young Europeans, to show them that they are «not forgotten» in the exit from the deepest crisis in the EU history, he explained.

Part of the €22 billion earmarked for youth will be channeled through the new “Youth Guarantee».

In the revision, the Commission maintains the commitment to offer a job, education, apprenticeship or training proposal within four months for those who sign up for the “Youth Guarantee”.

The novelty is that it will be more inclusive, to avoid any form of discrimination, with a broader scope to ensure the participation of the most vulnerable groups. In addition, it will be linked to companies’ needs, providing the required skills, in particular those of the green and digital transitions, and preparatory courses and personalised advice, guidance and tutoring will be offered, to facilitate the transition to the labor market.

The Commission’s action to support young people also included a recommendation for member states on vocational education and training, to make national systems more modern, attractive, flexible and aligned with the digital and green economy. The institution also proposed to give new impetus to the European Alliance for Apprenticeships, which has made more than 900,000 opportunities available to date. This alliance supports SMEs and brings together unions and employers’ organizations.

The director of Bruegel, a think-tank, Guntram Wolff, said that the €22 billion are «insufficient for the three million unemployed young people in the EU», a figure that is likely to increase in the coming months. That is why he called on the capitals to contribute more.

“Europe cannot allow itself to forget its young people again. Institutions must contribute to the effort to avoid another ‘lost generation’, and national political leaders, in particular, have to do their bit,”Wolff wrote in an op-ed published in El País on November 11.

Once again, the old mantra of Europe moving forward thanks to a crisis period proved to be right with the creation of the recovery fund, a first step towards a European fiscal union.

But it remains to be seen what will be the real impact of the great effort made by EU institutions and governments to support youth and to secure a more digital and sustainable future.

At stake is not only getting out of this crisis, but doing so while ensuring the levels of well-being and security that European citizens expect, in a harsher and more unstable world.

Europa informa

Página web de la Comisión Europea con toda la información y las últimas noticias sobre el fondo de recuperación y el presupuesto plurianual comunitario (en inglés).

Tribuna del Foro Europeo de la Juventud sobre la mejora de la “Garantía Juvenil” (en inglés).

Nota informativa de los servicios del Parlamento Europeo sobre el fondo de recuperación (en inglés).

Europe informs

European Commission’s website with all the information and the latest news on the recovery fund and the EU multi-annual financial framework.

European Youth Forum’s op-ed on improving the “Youth Guarantee”.

European Parliament’s background document on the recovery fund.

«Repatriar talento», por Carmelo Encinas

ÁMBITO EUROPEO

Carmelo Encinas.

 

CARMELO ENCINAS, periodista

 

[email protected]

@CarmeloEnc

Repatriar talento

La opinión era unánime, nuestra joya de la Corona era la Sanidad pública. Teníamos asumido que en este país a la investigación apenas se le apoyaba y que tampoco éramos fuertes en educación, pero estábamos orgullosos de nuestro sistema de Salud hasta el punto de pensar que la de España era la mejor Sanidad del mundo. Ese mito nos lo ha tumbado de un golpe la pandemia poniendo en jaque la red hospitalaria hasta colapsarla. El esfuerzo realizado en las naves de IFEMA, donde se instalaron miles de camas en un tiempo récord para atender a los enfermos Covid, aunque constituyera una hazaña logística, vino a poner de manifiesto las debilidades estructurales que padecíamos para hacer frente al estrés sanitario en una situación excepcional.

Una circunstancia que provocó escenas terribles en los hospitales que solo vieron en su descarnada realidad quienes las vivieron personalmente. Situación límite que, en gran medida, fue paliada por el sobresfuerzo que realizaron los sanitarios cuya labor profesional, reconocida públicamente, se adentró en el terreno de la épica. Todas las tardes les aplaudimos durante semanas desde ventanas y balcones para agradecer públicamente un trabajo que salvaba vidas asumiendo grandes riesgos.

El posterior avance de la pandemia y la llegada de los rebrotes con su segunda ola ha proyectado una visión aún más preocupante de las debilidades de nuestro sistema público de Salud. La necesidad de cubrir las bajas en un sector sanitario que llega exhausto y, sobre todo, la aún más imperiosa de reforzar la atención primaria como primera fuerza de choque contra los focos de contagio están poniendo de manifiesto una falta de médicos y enfermeras de la que antes apenas se hablaba.

Los sindicatos de sanitarios aseguran que la Sanidad en España y especialmente la Sanidad pública padece un déficit de recursos humanos tan extremo que la mantiene inmersa en el caos. Estas organizaciones sindicales, que lógicamente defienden los intereses de la profesión pero que tienen una información precisa y de primera mano sobre lo que acontece en los hospitales y centros de Salud, atribuyen esta situación a los recortes que durante más de un lustro fueron mermando la capacidad y la calidad del sistema. Eran los años de la crisis, había que ahorrar y se hizo a bulto practicando reducciones de interinos, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR. Todo ello derivó en una precariedad que ya se apreciaba desde hace tiempo pero que se ha revelado alarmante ahora en los tiempos de pandemia.

Desde hacía varios años había ya problemas para cubrir plazas de anestesistas, de pediatras, de radiólogos y otras especialidades, déficit que las circunstancias actuales agravaron. Cuando los consejeros de Sanidad, por el avance de los contagios, se vieron en la tesitura de contratar más médicos y enfermeras para los centros de Atención Primaria se encontraron que no había. Tanto es así que fue planteada la necesidad de homologar los títulos de profesionales extra comunitarios para poder cubrir esas plantillas, algo que de facto venía ocurriendo en los últimos años y que los gerentes justificaban al no tener más remedio que hacerlo ante la falta de profesionales.

Tal carencia de especialistas resulta, como poco, paradójica en un país que tiene más de cuarenta facultades de medicina en funcionamiento y donde no faltan vocaciones ni estudiantes brillantes. Facultades en las que han cursado y cursan estudios decenas de miles de sanitarios muchos de los cuales se vieron abocados a buscarse la vida en el extranjero porque en España o no les daban trabajo o se lo ofrecían en unas condiciones de precariedad impropias de su nivel de formación. El resultado de todo ello fue un éxodo casi masivo de sanitarios a países extranjeros donde su cualificación era reconocida y retribuida adecuadamente. De esta forma, países como el Reino Unido acogían un caudaloso flujo de médicos y enfermeras españoles cubriendo satisfactoriamente esas necesidades que ahora aquí nos aprietan.

El problema originado por la marcha de profesionales sanitarios ha cobrado especial protagonismo a causa de la pandemia, pero no es el de la Sanidad el único sector donde la falta de oportunidades laborales provocó fugas masivas de talento. El mismo desatino condujo a informáticos, ingenieros, biólogos, matemáticos e investigadores altamente cualificados a dejar España y poner en valor sus conocimientos en otras latitudes, lo que constituye un pésimo negocio para el país que costeó su formación.

Todo ese talento expatriado se necesita ahora más que nunca para afrontar el gran reto que supone una pretendida recuperación económica fundamentada en la sostenibilidad medioambiental y la digitalización. El Plan de Reconstrucción Europea dispone de cantidades ingentes de recursos para financiar inversiones en proyectos de vanguardia con los que se pretende crear cientos de miles de puestos de trabajo de alto nivel y estabilidad.

Es un desafío exigente para la Administración central, para los gobiernos autonómicos y también para los empresarios que, de forma coordinada, han de diseñar una estrategia de planificación adecuada de los proyectos capaces de captar y aprovechar esa inyección de liquidez que se oferta en unas condiciones de financiación inmejorables.

Habrá, sin duda, que potenciar la formación para alcanzar esos objetivos a medio y largo plazo, pero solo obtendremos resultados inmediatos si somos capaces de repatriar el talento fugado con ofertas seductoras. Hay un país por levantar y modernizar y el trabajo de los españoles es apreciado y valorado en todo el mundo. Ahora falta que se valore aquí.

Repatriating talent

Everyone concurred: the public health system was the jewel in our crown. We were accustomed to research attracting barely any support in this country and knew we weren’t strong on education, but we were proud of our health system to the point where we thought Spain had the best one in the world. That myth has been blown out of the water by the pandemic, leaving the hospital network teetering on the brink of collapse. The exertions made at the IFEMA trade fair grounds to set up thousands of Covid beds in record time may have been a logistical feat but only served to show the structural weaknesses we had to deal with when faced with health stress in an exceptional situation.

The pandemic triggered terrible scenes in hospitals only truly appreciated in their stark reality by the people who experienced them personally. This borderline situation was largely alleviated by the huge and publicly recognised effort of the health workers, whose professional labour was nothing short of epic. For weeks we applauded them every evening from windows and balconies in a public display of thanks for their life-saving work that entailed great risks.

The subsequent advance of the pandemic and the arrival of outbreaks in the second wave has been an even more worrying window onto the weaknesses in our public health system. The need to cover absences in a health sector that is already exhausted and, above all, the even more pressing requirement to shore up primary care as the first line of defence against pockets of contagion are revealing a lack of doctors and nurses that was previously scarcely talked about.

Health unions say that health in Spain and especially public health is suffering from a direct shortfall of human resources that keeps it in chaos. These groups, which logically defend the interests of the profession but also have accurate and first-hand information on what is happening in hospitals and health centres, attribute the situation to the cuts that had been impacting system capacity and quality for more than five years. These were the years of the financial downturn, when savings had to be made and so temporary contracts were slashed, involuntary retirements driven through and restrictions placed on the number of medical residents. All this developed into an instability that had been seen for some time but which has proven alarming in a pandemic.

For several years there had been difficulties filling places for anaesthetists, paediatricians, radiologists and other specialties, a shortfall the current circumstances only fuelled. When health departments were forced to cast around for more doctors and nurses for primary care centres due to the advance of infections, they found there were none. The situation was so desperate the authorities considered approving the qualifications of non-EU professionals to secure personnel. Indeed, this had been happening on a de facto basis for years, with managers saying they had no choice given the lack of staff.

This deficit of specialists is, at the very least, paradoxical in a country with more than forty medical faculties and no shortage of bright students or vocations. Faculties that tens of thousands of health workers studied at before being forced to make a life for themselves abroad since in Spain they either could not get a job or were offered one in conditions that fell far short of their level of education. The upshot of all this was a near-mass exodus of health workers to foreign countries where their qualifications were properly recognised and remunerated. Places like the United Kingdom witnessed a steady flow of Spanish doctors and nurses successfully covering the needs we now so urgently have here.

The problem caused by health professionals leaving has become particularly acute with the pandemic, but health is not the only sector where the dearth of employment opportunities has led to significant brain drains. The same job insecurity has seen highly qualified computer scientists, engineers, biologists, mathematicians and researchers leave Spain to supply their expertise to other countries – and this is a terrible business for a country that paid for their education.

All this expatriate talent is now needed more than ever to rise to the enormous challenge of an economic recovery driven by environmental sustainability and digitalisation. The European Recovery Plan can tap vast amounts of resources to fund investments in cutting-edge projects aimed at creating hundreds of thousands of high-level, stable jobs.

It is a demanding challenge for the central government, regional authorities and entrepreneurs, who must pull together to design an appropriate planning strategy to attract and leverage this injection of liquidity provided under excellent financing terms.

It will certainly be necessary to bolster education to deliver on medium- and long-term goals, but we will only get immediate results if we can draw the talent that left back home with attractive offerings. There is a country to be built up and modernised and the work of Spaniards is appreciated and valued the world over. Now it only remains to be valued here.

 

Entrevista a Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

ÁMBITO EUROPEO

Virginijus Sinkevičius,

comisario de la UE de Medio Ambiente, Océanos y Pesca

«Dar prioridad al medio ambiente hará que las pandemias sean menos probables»

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) es el comisario de la UE más joven de la historia. Antiguo ministro de Economía e Innovación de Lituania, se convirtió en el responsable de Medio Ambiente de la UE. Su prioridad para la Europa post-Covid es que la biodiversidad y la «economía azul» sean parte integral del ‘Pacto Verde Europeo’ y la recuperación en su conjunto, según explica a Escritura Pública en una entrevista.

JORGE VALERO

@europressos

Prestamos mucha atención al clima y a reducir las emisiones, pero la protección de la biodiversidad parece ser una prioridad secundaria. ¿Por qué es eso?

El clima y las emisiones han entrado en el centro del debate político, después de muchos años de promoción y convencimiento. La biodiversidad sigue siendo una frontera nueva para muchos políticos. Sin embargo, la crisis mundial de la biodiversidad y la crisis climática son, en muchos sentidos, las dos caras de la misma moneda. Si dañamos un ecosistema, en realidad liberamos carbono en lugar de almacenarlo en la biomasa y los suelos. Lo contrario es igualmente cierto: cuando restauramos la naturaleza, bloqueamos el carbono y ayudamos a estabilizar nuestro clima. De hecho, más del 30 por ciento de nuestros objetivos de mitigación climática podrían cumplirse con soluciones basadas en la naturaleza, como restaurar bosques, suelos y humedales, y creando espacios verdes en las ciudades.

La buena noticia es que la concienciación está aumentando, y la crisis del Covid-19 la ha acelerado. Ha mostrado cómo todos dependemos de la naturaleza y cuán devastadores pueden ser los impactos de la pérdida de biodiversidad.

La biodiversidad además está aumentando su importancia en la agenda política. La Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre atestigua la creciente concienciación entre los líderes mundiales de que es necesario actuar ahora. Por primera vez en la historia, se comprometieron conjuntamente a revertir la degradación del entorno, poniendo la naturaleza en primer término de los planes de recuperación, y trabajando para lograr un acuerdo ambicioso para la naturaleza y las personas.

La UE predicará con el ejemplo, ya que ser pioneros es esencial si queremos llegar a un ‘Marco Global de Biodiversidad’ posterior a 2020 ambicioso, significativo y de alto impacto en Kunming (China) el próximo año.

Algunas tendencias que vimos durante la pandemia, como las entregas a domicilio o la comida para llevar, pueden tener un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Está preocupado por esto?

Estoy de acuerdo, se trata de tendencias preocupantes y un informe reciente de la Agencia Europea del Medio Ambiente las describió en detalle. La pandemia del Covid-19 ha provocado cambios significativos en la producción y consumo de plásticos y en los residuos plásticos. Además de un aumento repentino en la demanda mundial de equipos de protección personal, se impusieron medidas de bloqueo en la mayor parte de Europa, junto con estrictos requisitos de higiene. Muchos restaurantes pasaron a ofrecer servicios de comida para llevar y entrega con envases de plástico de un solo uso, y varios grandes minoristas de café dejaron de permitir que los clientes trajeran envases recargables.

A corto plazo, esto puede representar un desafío adicional para los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación plástica y avanzar hacia un sistema más sostenible y circular. La Comisión está prestando un gran apoyo al sector de la gestión de residuos y, en particular, al sector del reciclaje, garantizando que tengan acceso a la financiación necesaria.

¿Considera que los esfuerzos realizados por el sector privado son suficientes para proteger el medio ambiente y los océanos?

Las empresas son cada vez más conscientes de los riesgos asociados al cambio climático y la degradación ambiental, a medida que crece la concienciación de que la mitad del PIB mundial depende de la naturaleza y de los servicios que brinda. Durante el último año hemos visto un cambio importante en la agenda medioambiental, con el creciente interés de la comunidad empresarial.

En la última Cumbre de Biodiversidad de la ONU en septiembre, más de 600 empresas, que representan 4,1 billones de dólares de ingresos anuales, pidieron un plan colectivo por la naturaleza, instando a los gobiernos a adoptar políticas para revertir la pérdida del medio ambiente en esta década. Si queremos que las empresas amplíen sus acciones, necesitamos las políticas adecuadas y eso es lo que estamos haciendo con el Pacto Verde Europeo.

¿Cuál es su mayor prioridad legislativa para este mandato, considerando que gran parte de la atención se centrará en salir de la recesión?

Mi prioridad es asegurar que nuestro medio ambiente y “la economía azul” formen parte integral del Pacto Verde Europeo, que es el plan de Europa para hacer que la economía de la UE sea sostenible y hacer que esta transición sea justa e inclusiva para todos.

En cuanto a la biodiversidad, esto significa revertir la pérdida del entorno europeo para 2030 y liderar los esfuerzos mundiales para reducir los daños a nuestro medio ambiente. Esto también significa cumplir con la ambición de cero contaminación, teniendo en cuenta la calidad del aire y el agua, los productos químicos peligrosos, las emisiones y los pesticidas. Igualmente queremos desvincular el crecimiento del uso de recursos, avanzando en el plan de acción de la economía circular, especialmente en sectores intensivos en recursos y de alto impacto, como la construcción, el textil y la electrónica.

Los océanos son un desafío particular. Dependemos de ellos para la alimentación, el transporte, el aire que respiramos. Al mismo tiempo, también encaran una presión increíble, desde el agotamiento de las poblaciones de peces hasta el aumento de la contaminación. Para abordar estos problemas, estoy liderando los esfuerzos para conseguir océanos libres de plásticos y contaminación, mientras que al mismo tiempo quiero garantizar una pesca sostenible y una economía azul próspera para los mares y océanos de Europa.

Todo esto jugará un papel importante en el proceso de recuperación. Como sugiere la evidencia científica más reciente, dar prioridad a las políticas respetuosas con el medio ambiente también hará que crisis como la actual pandemia del Covid-19 sean menos probables, y nos hará más resistentes para enfrentar situaciones similares en el futuro.

¿Está haciendo la UE lo suficiente en materia de alimentación sostenible?

Va a ser extremadamente relevante, ya que avanzar hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible es una piedra angular del Pacto Verde Europeo. Por eso, la Comisión presentó las estrategias de Biodiversidad y ‘De la granja a la mesa’, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio entre la naturaleza y los sistemas alimentarios, proteger la salud y el bienestar de nuestra población y, al mismo tiempo, aumentar la competitividad y la resiliencia de la UE.

Para llegar hasta ahí, debemos involucrar a todos los elementos en la cadena alimentaria (agricultores, procesadores de alimentos, minoristas y consumidores), y hacerles comprender que la naturaleza y la agricultura van de la mano, y dependen en gran medida unos de otros. Sin suelos sanos y polinizadores, no hay agricultura.

La UE apoyará a los agricultores en esta transición a través de una amplia gama de instrumentos, con beneficios para ellos y sus comunidades, y también se esforzará por orientar a la industria alimentaria hacia prácticas que hagan que la elección saludable y sostenible sea fácil para los consumidores.

¿Teme que la grave crisis económica y sanitaria en España obstaculice sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y la biodiversidad?

España fue uno de los Estados miembros más ambiciosos en el Consejo de Medio Ambiente, apoyando firmemente la ambición de la estrategia de Biodiversidad de la UE y todos sus objetivos. Por eso, creo que nuestros homólogos españoles entienden muy bien que proteger y restaurar la naturaleza puede estimular la recuperación y crear empleo, ayudándonos a construir una sociedad más sana y resiliente. Ahora es el momento de invertir en la naturaleza en lugar de desinvertir.

España tiene excelentes condiciones para hacerlo. Es una referencia destacada dentro de la UE en términos de capital natural y posee una biodiversidad muy rica.

Sin embargo, al igual que en cualquier lugar de Europa, sus hábitats y especies están bajo una presión continua, con solo el 8,9% de los hábitats y solo el 18,9% de las especies en buenas condiciones. Esto se debe principalmente a las presiones de la agricultura, el desarrollo, la construcción, el transporte y la silvicultura. Por tanto, queda mucho por hacer y espero que España pueda garantizar la protección de su biodiversidad, de acuerdo con la legislación medioambiental europea.

Entiendo que el Plan de Recuperación Post-Covid, lanzado recientemente por el Gobierno español, tiene como meta lograr ambiciosos objetivos ambientales, climáticos y energéticos en un plazo de tres a cuatro años, financiado con hasta 140.000 millones de euros de subvenciones y préstamos de la UE, por lo que creo que se trata de un desarrollo muy positivo.

In English

Virginijus Sinkevičius,

commisioner for Environment, Oceans and Fisheries
“Prioritizing the environment will make pandemics less likely”

Virginijus Sinkevicius (Vilnius, 1990) is the youngest ever EU commissioner. A former minister of Economy and Innovation in Lithuania, he became the EU’s environment chief. His priority for the. post-Covid Europe is that the environment and ‘blue economy’ become an integral part of the European Green Deal and the recovery as a whole, he tells ‘Escritura Pública’ in an interview.

-We pay a lot of attention to climate and curbing emissions, but the protection of biodiversity seems to be a secondary priority. Why is that?
Climate and emissions have entered the mainstream in politics, after many years of advocacy and convincing. Biodiversity is still a new frontier for many policymakers. But the global biodiversity crisis and climate crisis are in many ways the two sides of the same coin. If you damage an ecosystem, it actually releases carbon instead of storing it in biomass and soils. But the opposite is true as well when we restore nature, we lock away carbon and help stabilize our climate. In fact, over 30 percent of our climate mitigation targets could be met by nature-based solutions, such as restoring forests, soils and wetlands, and creating green spaces in cities.

The good news is that this understanding is increasing, and the Covid crisis accelerated it. It showed how we all depend on nature, and how devastating the impacts of biodiversity loss can be.

Biodiversity is also rising on the political agenda. The UN Biodiversity Summit in September testifies to the growing awareness among world leaders that action is needed now. For the first time ever, world leaders made a joint commitment to reverse nature loss, put nature first in recovery plans, and work towards an ambitious deal for nature and people.

The EU will lead by example as front runners are essential if we want to arrive at an ambitious, meaningful and high-impact post-2020 Global Biodiversity Framework in Kunming next year.

Some trends we saw during the pandemic (home deliveries, take-aways) can have a negative impact on the environment. Are you worried about that?
I agree, these are worrying trends, and a recent EEA report describes them in detail. The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the production and consumption of plastics, and in plastic waste. In addition to a sudden surge in global demand for personal protective equipment, lockdown measures were imposed across most of Europe, coupled with stringent hygiene requirements. Many restaurants moved to offering take away and delivery services using single-use plastic containers, and several large coffee retailers stopped allowing customers to bring refillable containers. 

In the shorter term, this may bring an additional challenge to EU’s efforts to curb plastic pollution and move towards a more sustainable and circular plastics system. The Commission is providing a lot of support to the waste management sector and in particular the recycling sector, ensuring that they have access to the necessary funding.

Do you consider that the efforts made by the private sector are sufficient to protect the environment and oceans?
Businesses are increasingly becoming aware of the risks associated with climate change and environmental degradation as understanding is growing that half of global GDP depends on nature and the services it provides. Over the last year we have seen a major change on the nature agenda, with the growing interest of the business community.

At the last UN Biodiversity Summit in September, more than 600 companies, representing 4.1 trillion US dollars of annual revenue called for collective action for nature, urging governments to adopt policies to reverse nature loss in this decade. So if we want business to scale up action, we need the right policies in place and that’s what we’re doing with the European Green Deal.

What is your biggest legislative priority for this mandate, considering that most of the focus will be given to getting out of the recession?
My priority is to ensure that our environment and blue economy form an integral part of the European Green Deal, which is Europe’s plan to make the EU’s economy sustainable and make this transition just and inclusive for all.

On biodiversity, this means reversing the loss of nature in Europe by 2030 and leading global efforts to curtail biodiversity loss. This also means delivering on the zero-pollution ambition, looking at air and water quality, hazardous chemicals, emissions and pesticides. We also want to decouple growth from resource use, advancing on the circular economy action plan, especially in resource-intensive and high-impact sectors such as construction, textiles and electronics.

Oceans are a particular challenge. We rely on them for food, for transport, for the air we breathe. At the same time, they also face incredible pressures, from depleting fish stocks to increasing pollution. To address this, I am leading efforts towards plastic-free and pollution-free oceans, while at the same time ensuring sustainable fishing and a thriving blue economy for Europe’s seas and oceans.

All this will play a major role in the recovery process. As the latest scientific evidence suggests, prioritizing environmentally friendly policies will also make crises like the current Covid-19 pandemic less likely and will make us more resilient in dealing with similar situations in the future.

Is the EU doing enough on sustainable food?
It is going to be extremely relevant, as moving towards a healthier and sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal. This is why the Commission came forward with the Biodiversity and Farm to Fork strategies, which aim to restore the balance between nature and food systems, to protect our people’s health and wellbeing, and at the same time increase the EU’s competitiveness and resilience.
In order to get there, we need to get everybody in the food chain on board –farmers, food processors, retailers and consumers– and make them understand that nature and agriculture go hand in hand and depend heavily on one another. Without healthy soils and pollinators, there is no agriculture. 

The EU will support farmers in this transition through a wide range of instruments with benefits for them and their communities, as well as strive to steer the food industry towards practices that make the healthy, sustainable choice the easy one for consumers.

Do you fear that the severe economic and health crisis in Spain will hamper its efforts to protect the environment and biodiversity?
Spain was among the most ambitious Member State in the Environment Council, strongly supporting the ambition of the EU Biodiversity Strategy and all of its targets. So I think our Spanish counterparts understand very well that protecting and restoring nature can stimulate recovery and create jobs, helping us to build a healthier and more resilient society. That now is the time to invest in nature rather than divest.

Spain has excellent conditions to do that. It is an outstanding reference within the EU in terms of natural capital and holds a very rich biodiversity.

However, just like anywhere in Europe, its habitats and species are under continued pressure, with only 8,9% of the habitats and only 18,9 % of species in good condition. This is mostly due to pressures from agriculture, development, construction, transport and forestry. So a lot remains to be done and I’m hope that Spain will be able to ensure the protection of its biodiversity in line with European environmental legislation.

I understand that the recently launched Post-Covid Recovery Plan by the Spanish government aims to achieve ambitious environmental, climate and energy objectives within three to four years, financed by up to 140 billion euros of EU grants and loans, so I think this is very positive development.

¿Denunciaría una actividad ilegal?

ÁMBITO EUROPEO

¿Denunciaría una actividad ilegal?

La UE ha aprobado una directiva que ofrece amplias garantías a quienes denuncien actividades ilegales que vayan en contra del Derecho comunitario, como el blanqueo de capitales, el fraude fiscal, o malas prácticas en licitaciones públicas. El texto, que deberá entrar en vigor a partir de diciembre de 2021, introduce procedimientos claros para informar, así como canales seguros para realizar las denuncias y la prevención de las represalias.

JORGE VALERO

@europressos

El hundimiento de la compañía de pagos digitales Wirecard es considerado como el mayor escándalo de fraude corporativo en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Un empleado de la firma EY, responsable de sus auditorías, ya informó a sus superiores en 2016 sobre los intentos de fraude y de soborno de la ‘fintech’ alemana. Sin embargo, las advertencias de este denunciante (whistleblower) quedaron en nada por las presiones de Wirecard.

Casos como este, publicados por el Financial Times el 29 de septiembre, prueban la importancia de garantizar los canales apropiados y la protección necesaria a estos denunciantes para alertar sobre irregularidades.

La falta de actuación por parte de EY ante la denuncia, investigada actualmente en Alemania por su pobre auditoría de Wirecard, llevó a la pérdida de cientos de millones de euros para miles de ciudadanos.

El caso de los papeles “Luxleaks”, que en noviembre de 2014 destaparon las estratagemas de compañías para evadir el pago de impuestos, permitió a la Comisión Europea emprender acciones contra multinacionales como McDonalds, Amazon o Ikea, quienes utilizaron agresivas prácticas fiscales para evadir el fisco.

“Todo el mundo debería agradecer al denunciante su labor y el trabajo de los periodistas de investigación, quienes han puesto mucho esfuerzo en esto”, señaló a este corresponsal la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, quien lidera la carga contra estas prácticas.

Sin embargo, el denunciante de ‘Luxleaks’, Antoine Deltour, antiguo empleado de PricewaterhouseCoopers, envuelta en la preparación de los arreglos fiscales, terminó sentenciado en los tribunales, aunque finalmente quedó absuelto.

Ha habido otros casos, como los Panama Papers o los Paradise Papers, en los que los informantes juegan una labor fundamental denunciando irregularidades a sus superiores, a las autoridades o a la prensa. Sacan a la luz situaciones en las que, por acción u omisión, sus empresas amenazan o dañan el interés público, a través del fraude, la corrupción, la evasión fiscal o atentados contra el medio ambiente o la seguridad alimentaria.

La situación de estos denunciantes en Europa se ha convertido en el último lustro en un asunto importante. A pesar de las sonadas filtraciones de los últimos años, su protección era hasta hace poco inadecuada en el conjunto de la UE, con grandes variaciones entre los Estados miembros. El riesgo de un trato desigual y la incertidumbre legal menguaba el interés de quienes querían informar para proteger a sus conciudadanos.

Por eso, la Comisión Europea presentó en la primavera de 2018 una propuesta para reforzar las garantías de los denunciantes. Introduce sanciones para quienes intenten obstaculizar la denuncia, revelar la identidad de un denunciante, amenazar o tomar represalias contra él, o que no cumplan con otros requerimientos de la directiva.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales de información interna

Marco deficiente. Antes de la llegada de esta propuesta, tan solo diez Estados miembros (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Holanda, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido) contaban con un marco legal amplio para protegerles. En los demás países, la ley tan solo cubría algunos sectores, especialmente el financiero, categorías de empleados, como los funcionarios públicos, o ciertos casos, como los de corrupción.

Como resultado, según un estudio de la Comisión de 2017, un 49% de los ciudadanos no sabía dónde debían informar sobre casos de corrupción, y tan solo un 15% conocía las normas sobre protección de denunciantes.

Mientras la Comisión preparaba la propuesta, con una consulta pública, el Parlamento Europeo también se movilizó para hacer oír su voz. En una resolución de febrero de 2017, pidió un nuevo marco legal amplio para proteger a estos denunciantes. Los eurodiputados llegaron incluso a recomendar una agencia europea específica para aconsejar y recoger informes de denunciantes.

Tras la propuesta de la Comisión, los Estados miembros y los eurodiputados añadieron sus enmiendas, por ejemplo, introduciendo la posibilidad de denunciantes anónimos y la protección legal para los periodistas que recojan el contenido de la denuncia.

La ponente de la Eurocámara, la socialista francesa Virginie Rozière destacó que “escándalos recientes como LuxLeaks, Panama Papers y Football leaks ayudaron a arrojar luz sobre la gran precariedad que sufren hoy los denunciantes”. Por eso, el Parlamento envió “una señal contundente de que ha escuchado las preocupaciones de sus ciudadanos y ha impulsado normas sólidas que garanticen su seguridad y la de aquellas personas que eligen hablar”, añadió.

En marzo de 2019, la Eurocámara y los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre el texto final, que concluyó su ratificación en octubre de ese año y entró en vigor el pasado diciembre. Los Estados miembros tienen dos años para transponer las normas al derecho nacional.

“La UE está comprometida con un sistema democrático que funcione bien y se base en el Estado de derecho. Eso incluye proporcionar un alto nivel de protección en toda la Unión a aquellos denunciantes que tengan el coraje de hablar. Nadie debe arriesgar su reputación o su trabajo por exponer comportamientos ilegales,” comentó la ministra de Justicia finlandesa Anna-Maja Henriksson, cuyo país presidía el Consejo cuando se adoptó la directiva.

La Comisión incluso invitó a los Estados miembros a que fueran más allá en su marco nacional al transponer la directiva. Esto es porque la norma se aplica solo a informaciones de violaciones relacionadas con el Derecho comunitario, como son el fraude fiscal, blanqueo de capitales o malas prácticas en licitaciones públicas, seguridad en bienes y carreteras, protección medioambiental, salud pública y protección del consumidor y de sus datos. Por eso, el Ejecutivo comunitario invitó a que los países la extendieran para cubrir otras violaciones de sus leyes nacionales.

Las sociedades con más de 50 empleados, o más de 10 millones de euros de ingresos anuales, estarán obligadas a crear canales apropiados de información interna.

Las primeras empresas que tendrán la obligación de transponer la norma serán aquellas con más de 250 empleados; dos años más tarde también se aplicará a las que tengan entre 50 y 250 trabajadores.

Protección. Uno de los puntos clave de la nueva ley es la protección de los informantes. La ley prohíbe explícitamente las represalias e introduce salvaguardias para evitar que el denunciante sea suspendido, degradado e intimidado o sufra otras formas de represalia. Aquellos que ayudan a los denunciantes, como facilitadores, compañeros de trabajo o familiares también están protegidos. Además, quedan incluidos antiguos empleados o incluso quienes solicitan empleo en las empresas afectadas.

Los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso gratuito a información y asesoramiento completos e independientes sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como asistencia jurídica durante estos procedimientos. Durante los casos judiciales, los denunciantes podrían recibir apoyo financiero y psicológico.

La directiva introduce una jerarquía para realizar las denuncias, ofreciendo garantías para aquellos que decidan hacerlas públicas. Se anima a los denunciantes a utilizar primero los canales internos de su organización, antes de recurrir a canales externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer. En los casos en los que no se tomó ninguna acción apropiada en respuesta al informe inicial del denunciante, o si creen que existe un peligro inminente para el interés público o un riesgo de represalias, la persona que informa estará protegida si decide revelar información en público.

La norma establece la obligación de dar respuesta y seguimiento a las denuncias de los denunciantes en un plazo de tres meses, aunque se puede ir hasta los seis meses en el caso de acudir a canales externos en situaciones debidamente justificadas.

Miedo a las represalias

Un Eurobarómetro de 2017 evidenció cómo el miedo a represalias tapaba las irregularidades. Así, un 81% de los europeos dijo que no informó sobre casos de corrupción que experimentó o de los que fue testigo.

La Comisión también estimó que la falta de una protección adecuada para estos informantes costaba a la UE entre 5.800 millones y 9.600 millones de euros al año tan solo en el campo de las licitaciones públicas.

Fear of retaliation

A 2017 Eurobarometer showed how fear of retaliation helped to hide irregularities. A total of 81% of europeans said that they did not report on cases of corruption that they experienced or witnessed.

The Commission also estimated that the lack of adequate protection for these informants cost the EU between € 5.8 billion and € 9.6 billion per year in the field of public procurement alone.

Personas valientes

La vicepresidenta de la Comisión a cargo de Justicia, Vera Jourova ha señalado que “los denunciantes son personas valientes que están dispuestas a sacar a la luz las actividades ilegales, a menudo con un gran riesgo para su carrera y sus medios de vida, para proteger al público de irregularidades. Merecen reconocimiento y protección por sus valientes acciones. Hago un llamamiento a los Estados miembros para que transpongan las nuevas normas sin demora”.

Brave people

The vice president of the Commission in charge of Justice, Vera Jourova, pointed out in december 2019 that “the whistleblowers are brave people who are willing to expose illegal activities, often at great risk to their career and their livelihoods, to protect the public of irregularities. They deserve recognition and protection for their courageous actions. I call on the Member States to transpose the new rules without delay”.

in English

Would you report an illegal activity?

The EU has approved a directive that offers comprehensive guarantees to those who report illegal activities against EU law, such as money laundering, tax fraud or bad practices in public procurement. The directive, which will enter into force as of December 2021, introduces clear procedures for reporting, as well as secure channels for reporting and preventing retaliation.

The collapse of the digital payments company Wirecard is regarded as the biggest corporate fraud scandal in Germany since World War II. An employee of the EY firm, responsible for its audits, already informed his superiors in 2016 about fraud and bribery attempts by the German ‘fintech’. The warnings of this whistleblower, however, were left to nothing by pressure from Wirecard itself.

Cases like this, published by the Financial Times on September 29, prove the importance of guaranteeing the appropriate channels and the necessary protection to whistleblowers to alert about irregularities.

EY’s failure to act, currently under investigation in Germany for its poor Wirecard audit, led to the loss of hundreds of millions of euros for thousands of citizens.

The “Luxleaks” papers, which uncovered in November 2014 the ‘sweetheart deals’ given by Luxembourg to companies to pay almost no taxes, allowed the European Commission to take action against multinationals such as McDonalds, Amazon or Ikea, who used aggressive tax practices to evade their tax obligations.

«Everyone should thank the whistleblower for his work and the investigative journalists for putting a lot of effort into this,» Competition commissioner Margrethe Vestager, who is leading the charge against unfair tax practices, told this correspondent.

But ‘Luxleaks’ whistleblower, Antoine Deltour, a former PricewaterhouseCoopers employee whose company was involved in the preparation of the tax deals, ended up sentenced in court, although he was ultimately acquitted.

There have been other cases, such as the Panama Papers or the Paradise Papers, in which whistleblowers played a fundamental role in denouncing irregularities to their superiors, the authorities or the press. They exposed situations in which, by action or omission, their companies threaten or harm the public interest, through fraud, corruption, tax evasion or attacks against the environment or food safety.

The situation of whistleblowers in Europe has become an important matter in the last five years. Despite the notorious leaks in recent years, their protection was until recently inadequate across the EU, with big differences between member states. The risk of unequal treatment and legal uncertainty decreased the interest of those who wanted to report to protect their fellow citizens.

For this reason, the European Commission presented in the spring of 2018 a proposal to strengthen the guarantees of whistleblowers. The text, which will be fully in force as of December 2021, introduces clear reporting procedures and obligations for companies, safe channels for reporting, prevention of retaliation, and effective protection for whistleblowers.

In addition, it introduces sanctions for those who try to obstruct the complaint, reveal the identity of a complainant, threaten or retaliate against him, or do not comply with other requirements of the directive.

Poor frame. Before the arrival of this proposal, only ten member states (France, Hungary, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Slovakia, Sweden and the United Kingdom) had a comprehensive legal framework to protect them. In the other countries, the law only covered some sectors, especially the financial sector, categories of employees, such as civil servants, or certain cases, such as corruption.

As a result, according to a 2017 Commission study, 49% of citizens did not know where to report corruption cases, and only 15% were aware of whistleblower protection rules.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual turnover, will be required to create internal reporting channels.

While the Commission prepared the proposal with a public consultation, the European Parliament also took action to make its voice heard. In February 2017, MEPs called in a resolution for a new comprehensive legal framework to protect whistleblowers. The Parliament even went as far as to recommend a specific European agency to advise and collect whistleblower reports.

Following the Commission proposal, member states and MEPs added their amendments, for example introducing the possibility of anonymous whistleblowers and legal protection for journalists who report on the content of the complaint.

The European Parliament rapporteur on this dossier, French socialist Virginie Rozière, stressed that «recent scandals such as LuxLeaks, Panama Papers and Football leaks helped shed light on the great precariousness that whistleblowers suffer today». For this reason, Parliament sent “a strong signal that it has listened to the concerns of its citizens and has promoted solid rules that guarantee their safety and those who choose to speak”, she added.

In March 2019, the European Parliament and the member states reached an agreement on the final text, which concluded its ratification in october of that year and entered into force last december. Member states have two years to implement the rules into national law.

“The EU is committed to a well-functioning democratic system based on the rule of law. That includes providing a high level of protection across the Union for whistleblowers who have the courage to speak up. No one should risk their reputation or their work by exposing illegal behavior”, said Finnish Justice Minister Anna-Maja Henriksson, whose country was chairing the Council when the directive was adopted.

The Commission even told member states to go further in their national framework when they implement the directive. The directive covers only reports on breaches related to EU law, such as tax fraud, money laundering or bad practices in public tenders, safety of goods and roads, environmental protection, public health and consumer protection and of your data. For this reason, the EU Executive invited countries to extend its scope to cover other violations of their national laws.

Companies with more than 50 employees, or more than €10 million in annual revenue, will be required to create appropriate internal reporting channels.

The first companies that will have the obligation to implement the directive will be those with more than 250 employees; two years later it will also apply to those with between 50 and 250 workers.

Protection. One of the key points of the new rules is the protection of whistleblowers. The directive explicitly prohibits retaliation and introduces safeguards to prevent the complainant from being suspended, demoted and intimidated or other forms of retaliation. Those who help whistleblowers, such as facilitators, co-workers or family members are also protected. In addition, former employees or even job candidates in the affected companies are included.

Furthermore, member states should ensure that whistleblowers have free access to complete and independent information and advice on available procedures and remedies, as well as legal assistance during these procedures. During court cases, complainants should receive financial and psychological support.

The directive introduces a hierarchy for the complaints, offering guarantees to those who decide to make them public. Whistleblowers are encouraged to first use their organization’s internal channels, before resorting to external channels that public authorities are required to establish. In cases where no appropriate action was been taken in response to the whistleblower’s initial report, or if they believe there is an imminent danger to the public interest or a risk of retaliation, the whistleblower will be protected if they choose to disclose information publicly.

The new EU rules establish the obligation to respond and follow up on the complaints within a period of three months, although it can go up to six months in the case of using the external channels in duly justified situations.

Europa informa

Texto de la propuesta legislativa.

Página del Parlamento Europeo con el procedimiento legislativo de la propuesta (en inglés).

Propuestas realizadas por la ONG Transparency International a la propuesta de la Comisión Europea.

Europe informs

Text of the legislative proposal.

Page of the European Parliament with the legislative procedure of the proposal.

Proposals made by the NGO Transparency International to the proposal of the European Commission.

«Una ley en defensa de la libertad de expresión», por Francisco Fonseca

ÁMBITO EUROPEO


FRANCISCO FONSECA

representante de la CE en España

[email protected]

 

Una ley en defensa de la libertad de expresión

La entrada en vigor en diciembre de 2019 de la Directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión Europea (UE)[1] supone un hito sin precedentes en la defensa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en Europa.

¿Por qué?

Desde el punto de vista jurídico, en el momento de su adopción, solo diez Estados miembros de la UE garantizaban la plena protección de los denunciantes de irregularidades. En los demás países, la protección concedida era parcial y se aplicaba únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores. La Directiva supone, por tanto, una mejora significativa en el nivel de protección de los denunciantes y acerca a los Estados miembros hacia un marco legal avanzado, elevando el listón en todos los gobiernos de la UE.

Desde el punto de vista de los valores y derechos fundamentales -que son la base sobre la que se sustenta el proyecto de la UE- la protección de los denunciantes es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.

Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica, ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Así pues, si les protegemos mejor, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente.

Los denunciantes de irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias. Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación.

Habiendo tenido la suerte y el privilegio de estar implicado en la supervisión de la elaboración de la propuesta legislativa durante mi periodo en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, puedo confirmar el colosal reto legal que supuso poner sobre la mesa una ley europea de carácter horizontal que garantizara una protección prácticamente integral para el denunciante en un amplio número de sectores: contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo… y así hasta diez grandes rúbricas en las que se subsumen la casi totalidad de casuísticas a las que un potencial denunciante puede llegar a enfrentarse en caso de detectar una infracción legal.


«Los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad»

Para ello, la Comisión se basó en numerosas disposiciones diferentes del Tratado de la Unión Europea, garantizando que no se crearan lagunas legales, y asegurando el respeto de las competencias nacionales. Todas las áreas cubiertas por la Directiva están relacionadas con una infracción o abuso de la legislación de la UE. Del mismo modo, y con la misma vocación de protección integral, la Directiva tiene un amplio alcance en términos de quién puede ser denunciante: aquellos que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.

El éxito de esta Directiva dependerá, en última instancia, de su correcta transposición en los Estados miembros a su legislación nacional (prevista en diciembre de 2021). La Comisión Europea alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.

A pesar del gran paso al frente que supone la Directiva en la protección de los denunciantes, la situación de los periodistas en algunos países sigue siendo motivo de gran preocupación. En los últimos años asistimos con horror al asesinato de Daphne Galizia en Malta y Jàn Kuciak en Eslovaquia, periodistas que destaparon delitos de corrupción en sus respectivos países. Unos hechos que sin duda calaron hondo en Europa, donde las amenazas y la intimidación no tienen cabida, y facilitaron la rápida adopción de la Directiva a pesar de su gran complejidad técnica.

La Comisión Europea está realizando un mapeo de las posibles situaciones de abuso de litigio contra periodistas para determinar el mejor camino a seguir. El Plan de Acción para la Democracia Europea, que se adoptará a finales de este año, también incluirá sugerencias sobre cómo abordar las llamadas ‘SLAPP’ (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Las SLAPP son demandas entabladas con la intención de silenciar o intimidar actos de participación pública, como informar sobre cuestiones de interés público o el activismo, no con la intención de ganar u obtener justicia. Las SLAPP son una amenaza no solo para nuestro derecho a la libertad de expresión, sino también para nuestras democracias. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil deben utilizar su experiencia y tiempo para ser los guardianes de nuestras democracias, no para luchar contra litigios abusivos. El apoyo de los Estados miembros será crucial en este esfuerzo, porque a nivel europeo las competencias para actuar en este área son limitadas.

Para concluir, me gustaría insistir en el hecho de que la democracia, los derechos fundamentales y la defensa del estado de derecho son y seguirán siendo prioritarios para la Comisión Europea. El recién publicado informe anual sobre el estado de derecho en la Unión Europea realiza un análisis exhaustivo de la situación de todos los Estados miembros, incluyendo cuestiones relevantes para el tema que nos ocupa como la libertad de expresión y la libertad de los medios. Un documento que sirve de guía a la Comisión en sus actuaciones en éste ámbito y una herramienta clave para todos los interesados en asuntos de justicia en Europa.

[1]DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

A law in defence of freedom of expression

The entry into force in December 2019 of the Directive to strengthen whistleblower protection across the European Union (EU)[1] marks an unprecedented milestone in the defence of freedom of expression and the media in Europe.

Why?

From a legal standpoint, at the time of its adoption only 10 EU Member States ensured that whistleblowers were fully protected. In the remaining countries, the protection granted was partial and only applied to specific sectors or categories of workers. The Directive therefore represents a significant improvement in the level of protection and brings the Member States closer to an advanced legal framework, raising the bar across all EU governments.

From the point of view of fundamental values and rights —the cornerstone of the EU project— whistleblower protection is essential to preserving the rule of law and democracy in Europe.

Recent scandals such as Dieselgate, LuxLeaks, the Panama Papers and the Cambridge Analytica revelations show that whistleblowers can play an important role in uncovering unlawful activities that damage the welfare of European society and citizens. So by better protecting them we can better detect and prevent harm to the public interest such as fraud, corruption, corporate tax avoidance and damage to health and the environment.

Whistleblowers can help to detect, investigate and sanction abuses of EU law. They also play an important role in enabling journalists and the press to play their fundamental role in European democracies. That is why they need proper protection against intimidation and retaliation. Citizens who uncover illegal activities should not be punished as a consequence of their action.

Having had the fortune and privilege of being involved in supervising the drafting of the legislative proposal during my time at the European Commission’s Directorate-General for Justice, I can confirm the colossal legal challenge involved with tabling a European-wide law that would guarantee nigh-on comprehensive protection for blowing the whistle across a wide number of sectors: public procurement; financial services, products and markets; money laundering and terrorist financing, etc. All up, 10 large areas covering almost all the cases potential whistleblowers could face if they detect a legal breach.

To do so, the Commission drew on many different provisions of the Treaty on European Union, ensuring no legal loopholes were created and guaranteeing respect for national competences. All the areas covered by the Directive relate to a breach or abuse of EU law. Similarly, and with the same vocation of wholesale protection, the Directive has a broad scope in terms of who can be a whistleblower: people who work in the private or public sector and who have obtained information on breaches in a work context.

The Directive’s success will ultimately depend on Member States correctly transposing it into their national laws (expected in December 2021). The European Commission encourages Member States to punch above these minimum standards and establish comprehensive regulations based on the same principles for the protection of whistleblowers.


«Whistleblowers play an important role in uncovering unlawful activities that harm the welfare of society»

Despite the big step forward the Directive entails in protecting whistleblowers, the situation of journalists in some countries remains a matter of great concern. In recent years we have witnessed with horror the murders of Daphne Caruana Galizia in Malta and Ján Kuciak in Slovakia, journalists who uncovered corruption offences in their respective countries. Their deaths evidently struck a deep chord in Europe, where there is no place for threats or intimidation, and powered the swift adoption of the Directive despite its great technical complexity.

The European Commission is mapping potential cases of vexatious litigation against journalists to determine the best way forward. The European Democracy Action Plan, to be adopted later this year, will also include suggestions on how to tackle Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). SLAPPs are filed with the intention of silencing or intimidating acts of public participation, such as reporting on matters of public interest or activism, not with the intention of winning or obtaining justice. They are a threat not only to our right to freedom of expression but also our democracies. Journalists and civil society organisations should leverage their expertise and time to be the guardians of our democracies, not to fight vexatious litigation. Member States’ support will be crucial to this effort since powers to act in this area are limited at the European level.

In conclusion, I would like to emphasise the fact that democracy, fundamental rights and the defence of the rule of law are and will remain a priority for the European Commission. The recently published annual report on the rule of law in the European Union features a comprehensive analysis of the situation of all Member States, including issues relevant to the matter at hand such as freedom of expression and freedom of the media. The document can guide the Commission in its actions in this area and is a key tool for all parties involved in justice matters in Europe.

[1]DIRECTIVE (EU) 2019/1937 of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.

 

Entrevista a Helena Dalli, comisaria europea de igualdad

ÁMBITO EUROPEO

Helena Dalli,

comisaria europea de Igualdad

«El racismo está vivo en Europa»

Helena Dalli, comisaria europea de Igualdad.

Helena Dalli se convirtió el pasado diciembre en la primera comisaria de la UE para la Igualdad, un tema al que esta maltesa ha dedicado su vida y su carrera política. Está inmersa en varias estrategias para luchar por la igualdad de género y apoyar a las minorías y los grupos vulnerables en Europa, incluido el colectivo gitano y LGTBI, especialmente después del impacto del Covid-19.

JORGE VALERO

@europressos

TRAS EL ESTALLIDO de las protestas contra el racismo en todo el mundo, Dalli también se encargará del nuevo plan de acción de la Comisión Europea para abordar el racismo estructural existente en todos los ámbitos de nuestra Unión. Porque, como señala en esta entrevista con ESCRITURA PÚBLICA, “el racismo está vivo en Europa”.

–La Comisión presentará un plan de acción contra el racismo a finales de este año. ¿Qué iniciativas está considerando?

–Antes de que estallaran las protestas recientes ya estábamos discutiendo sobre este tema, porque el racismo está vivo en Europa, no solo en los Estados Unidos. Es irónico que celebremos los 20 años de la Directiva sobre igualdad racial, y todavía tengamos problemas estructurales. El racismo no ha sido erradicado. Existe una gran brecha entre la legislación y la eficacia de esa legislación en la vida de las personas. Nos centraremos en lo que está debajo de la punta del iceberg, el racismo estructural, que es más difícil de abordar.

–¿Qué quiere decir?

–Existe un problema cuando observamos el desempleo, por ejemplo, discriminaciones en las contrataciones, también con la vivienda o en materia de salud. A veces existen sesgos inconscientes. Sin saberlo, las personas pueden ser racistas, especialmente las personas blancas en el sentido de que nos identificamos con personas que son “como nosotros”, por lo que podríamos estar discriminando sin saberlo.

–¿Es el caso también dentro de la Comisión?

–Estamos mirando lo que sucede también internamente. Hemos estado trabajando con el comisario de Recursos Humanos, Johannes Hahn, para ver cómo podemos abordar esta realidad. No se cambiará de la noche a la mañana. Pero tampoco es suficiente con decir que las personas de color no se postulan. Tenemos que ver qué
tipo de educación, de prácticas están recibiendo para poder obtener buenas calificaciones para competir. Nuestra intención es no dejar piedra sin remover. El hecho de que, por primera vez, la UE tenga una cartera dedicada por completo a la Igualdad es un mensaje de que Europa necesita abordar estas realidades de manera sólida. Tenemos mucho por hacer.

–¿Cree tal vez que hubo algún tipo de racismo estructural también dentro de la Comisión Europea dada la falta de diversidad en el personal?

–Existe un sesgo de que a veces ni siquiera somos conscientes. Y sí, racismo estructural. Pero creo que está en todas partes. Por eso debemos abordar las raíces del problema, no solo los síntomas, no solo los resultados. Tenemos que salirnos del guion y encontrar maneras de ver cómo podemos aportar más diversidad en todo el proceso. Por ejemplo, con las universidades, y podemos ofrecer prácticas y aseguramos de que nuestros procesos de selección son más diversos.


«Es irónico que celebremos los 20 años de la Directiva sobre igualdad racial, y todavía tengamos problemas estructurales»

–Mencionaba que existe una brecha entre la legislación y el impacto en las personas ¿Cómo se podría fortalecer el papel de las autoridades al aplicar la legislación?

–Lo trataremos en el plan de acción. Abriremos un proceso de consulta previo. Ya mantuvimos una muy buena discusión en el colegio de comisarios a finales de junio. Mi equipo es el responsable de liderar y coordinar el trabajo sobre este plan de acción. Pero para mí, lo esencial es cambiar las actitudes y la cultura. Y tenemos que ser todos quienes tengamos esta perspectiva de igualdad. Si se tratara solo de mi cartera de Igualdad la que hiciera el trabajo, sería un esfuerzo superficial. Tenemos que abordarlo desde todas las facetas de la política, para que lo que hagamos se vuelva sustancial y realmente afecte la vida de las personas.

–Ya que menciona el papel de sus colegas, el comisario de Justicia, Didier Reynders se disculpó de manera poco convincente por su aparición con la cara pintada de negro durante un desfile tradicional en Bélgica. ¿Cree que debería haber sido más contundente al pedir perdón y arrepentirse?

–Reynders fue uno de los que realmente contribuyeron al debate en el colegio de comisarios sobre el racismo. Además, presentó la estrategia de derechos de las víctimas, una aportación muy buena que afecta a las personas que sufren discriminación racial. Me gusta juzgar a las personas según su trabajo. Creo que Reynders ha hecho un trabajo muy bueno con los derechos de las víctimas.

–Entonces, ¿está satisfecha con su disculpa?

–No he dicho que lo esté. Solo digo que estoy satisfecha con el trabajo que está haciendo en este área. Está trabajando muy duro. Y obviamente cooperamos muy de cerca debido a nuestras competencias.


«Estoy realmente impresionada sobre cómo se abordó el problema de la desigualdad en España»

–¿Qué opina sobre el debate de retirar algunas estatuas de personajes históricos polémicos o esclavistas?

–Conocer nuestra historia nos ayudará a no repetir ciertos errores cometidos en el pasado. No soy muy fan de las estatuas como regla general. Las aprecio cuando son buenas obras de arte. Pero siempre he sostenido que los monumentos que dejamos atrás, nuestro legado, es nuestro trabajo.

–¿Se siente cómoda cuando ve la estatua del rey Leopoldo II de Bélgica en la entrada del barrio europeo en Bruselas, sabiendo que su dominio en el Congo provocó hasta 10 millones de muertes?

–Cuando lo veo, recuerdo todas estas cosas, y no es algo bueno para recordar. Por eso es importante conocer nuestra historia. Y aprendemos de ello. Por eso es bueno que exista una discusión sobre este tema, porque significa que, con razón, somos críticos. Es saludable tener ese debate.

–¿Le preocupa que las desigualdades hayan aumentado tras el impacto del Covid-19, y que las minorías hayan sufrido más la pandemia?

–Estoy muy preocupada. Durante las pasadas semanas he estado en contacto con algunos de estos grupos, como las personas con discapacidad, el colectivo LGTBI, mujeres y minorías étnicas. Estamos reuniendo lo que hemos aprendido y lo utilizaremos para nuestra estrategia LGTBI plus, que será la primera de la UE sobre esta materia, y que llegará a finales de este año. También tenemos una estrategia sobre discapacidad que se lanzará a principios de 2021. Y presentaremos otra de inclusión para la población gitana, en la que nos nutriremos de la experiencia de la pandemia.

–¿Cuál ha sido el impacto del confinamiento en la vida de las mujeres que sufren violencia de género?

–Como dice, hubo mujeres víctimas de violencia doméstica que tuvieron que ser confinadas en un pequeño apartamento con su abusador. Escribí a los Estados miembros, junto con el comisario Schmit (Empleo) y la comisaria Kyriakides (Salud) para decirles que estén atentos a estas cosas. España presentó muy buenas ideas para que las mujeres pudieran denunciar la violencia doméstica sin ser rastreadas por su pareja que está abusando de ella. Pueden ir a la farmacia y usar un código que muestre que está en peligro, por lo que la farmacia tomará medidas y enviará a la policía. Me animó mucho ver que la mayoría de los Estados miembros observan constantemente lo que está sucediendo y buscan soluciones para que estas personas no se sientan aún más sola. También escuchamos sobre abusos en el hogar de personas mayores, o entre personas LGTBI, por ejemplo, personas transgénero a las que se les negó el tratamiento, y en algunas situaciones era una emergencia.


«Existe un problema cuando observamos el desempleo, discriminaciones en las contrataciones, también con la vivienda o en materia de salud»

–¿Cuál es, en su opinión, el progreso realizado por España en todos estos frentes?

–El Gobierno está trabajando muy duro en estas áreas. Estoy realmente impresionada sobre cómo se abordó el problema de la desigualdad en España. Ya mencioné muchas acciones tomadas en el contexto de la violencia contra las mujeres. También abordaron el asunto de las mujeres en empleos precarios, o aquellas que pierden sus empleos. Veo un buen progreso en España. También apoya lo que queremos conseguir respecto a la transparencia salarial, aunque creo que en España está ligeramente por debajo de la media de la UE en lo que respecta a la brecha salarial de género; creo que está en torno al 15%, ligeramente por debajo de la media europea. Y el Gobierno español respalda mucho todo lo que hacemos con el colectivo LGTBI.

–Se organizó una manifestación a favor de los derechos de la mujer el 8 de marzo. ¿Cree que fue una buena idea mantener esta marcha, cuando había señales muy claras de la propagación del virus?

–No puedo comentar sobre eso. No conozco los detalles. Diría que es bueno obedecer a las autoridades sanitarias. Sin instituciones sanitarias sólidas, estaríamos en una situación mucho peor.

Huella digital

HELENA Dalli nació en Valeta (Malta) en 1962. Algunos datos sobre su vida y su carrera política pueden encontrarse principalmente en su página en inglés en Wikipedia.

Su completa página en la Comisión Europea incluye su currículo, sus principales tareas, su equipo, su agenda o sus audiencias de confirmación en el Parlamento Europeo.

La comisaria también tiene una cuenta de Twitter, en la que informa sobre sus actividades.

Digital fingerprint

HELENA Dalli was born in Valletta, Malta in 1962. Some facts about her life and political career can be found on her Wikipedia page.

Her European Commission page includes her CV, her main tasks and her team, her agenda and the confirmation hearings in the European Parliament.

The commissioner also has a Twitter account, where she reports on her activities Wikipedia page.

In English

Helena Dalli, european commissioner

“Racism is alive in Europe”

Helena Dalli became last December the first EU commissioner for Equality, an issue very close to her heart and her political career. She is now working on numerous strategies to fight for gender equality and support minorities and vulnerable groups in Europe, including LGTBI and Roma, especially in the aftermath of the covid-19 pandemic.

Following the protests against racism across the world, Dalli will also take care of the European Commission’s new action plan to address the structural racism existing across the board in Europe. As she told Escritura Pública in an interview, “racism is alive in Europe”

–The European Commission will put forward an action plan against racism later this year. What initiatives are you considering as part of the strategy?

–We have been discussing even prior to what is happening right now, because racism is alive in Europe, not just in the US. It’s ironic that we’re celebrating the 20 years of the racial equality directive, and we still have structural problems. Racism has not been eradicated. There is a wide gap between legislation and how effective that legislation is on people’s lives. We will focus on what is underneath the tip of the iceberg, the structural racism, which is more difficult to address.

–What do you mean?

–This is an issue when you look at unemployment, for instance at recruitments, or housing and health access. There’s also an unconscious bias. Sometimes, without knowing, people can be racist, especially white people in the sense that we identify with people who are “like us”, so we might be discriminating.

–And what about inside the Commission?

–We shall be looking also internally. We have been working already with Commissioner Hahn (Human Eesources). We are exploring how we can address this reality. This cannot change overnight. But it’s not enough to say that black people don’t apply for jobs. We have to see what kind of education or training they are getting, so that they will be able to have good qualifications and compete. Our intention is to leave no stone unturned. The fact that, for the first time, the EU has a portfolio dedicated entirely to equality sends a message that Europe needs to address these realities in a strong way. There’s a lot to do.

–Do you think that, perhaps, there was structural racism also inside the Commission given the lack of diversity among its staff?

–There is an unconscious bias. And yes, structural racism. But I think it’s everywhere. And that is why we have to address the roots of the problem, not just the symptoms, not just the results. We have to think ‘out of the box’ and find ways to see how we can bring more diversity into the whole process. For example, looking at universities and sponsorships for instance for students, so we recruit trainees and we make sure that we are more diverse in our in our choices.

–Since you spoke about the distance between the actual legislation and the reality, how could you strengthen the role of the national authorities to implement the rules?

–There will be a consultation process to discuss the action plan. We had a very good discussion in the college of commissioners. My team has the job to lead and coordinate the effort. But for me, what is essential is to change attitudes and culture. We have to remember we are all together with this equality perspective, in all the portfolios. If it was just the equality portfolio doing the work, it will be superficial. We have to address all policy areas, so that what we do becomes substantial and really affects people’s lives.

“Racism is alive in Europe, not just in the US. It’s ironic that we’re celebrating the 20 years of the racial equality directive, and we still have structural problems”

–Since you mentioned the role your colleagues should play, commissioner Didier Reynders gave a half-hearted apology for his appearance with his face painted in black during a traditional parade in Brussels. Do you think he should have been more convincing?

–Commissioner Reynders was one who really contributed to the debate in the college on Wednesday. He also presented the victims rights strategy, a very good plan that affects people being racially discriminated. I like to judge people according to their work. I think commissioner Reynders has done a very good job on this victims rights strategy.

–Are you satisfied with his apology then?

–I didn’t say I am satisfied. I am just saying I am satisfied with the work he is doing in this area. He’s working very hard. And obviously we work very closely because our portfolios.

–What do you think about the debate on withdrawing some statues of controversial historical figures?

–Knowing our history will help us not to repeat certain mistakes committed in the past. I am not very fond of statues as a rule. I appreciate them when they are good pieces of art. But I have always held that the monuments that we leave behind us, the legacy, is our work.

–For example, do you feel comfortable with having the statue of King Leopold II at the entrance of the European neighbourhood in Brussels, knowing that up to 10 million people died in Congo while he was its ruler?

–When I see it, I remember all these things, and it’s not a good thing to remember. That’s why it’s important to know our history. And we learn from it. And we can be critical of how it is represented today. But it’s good that there’s discussion about this, because it means that we are, rightfully so, being critical and being vocal also about our criticism. It is healthy to have such a debate.

–Are you concerned about the fact that inequalities increased during the pandemic, and minorities were more affected by the virus?

–I’m very concerned. Over the past weeks, I’ve been in contact with some of these groups, such as people with disability, LGTBI people, women, and ethnic minorities. We are gathering what we have learned and will feed into our LGTBI plus strategy, which will be the first EU strategy on this issue coming by the end of this year. We will also publish a disability strategy in the beginning of 2021. We will also release a Roma inclusion framework, where we shall be also feeding the experience gathered during the pandemic.

–What was the impact of confinement on women suffering of gender violence?

–Indeed, there were women victims of domestic violence that had to be confined in a small apartment with their abuser. I wrote to member states, together with commissioner Schmit (Employment) and commissioner Kyriakides (Health) to tell them to look out for these things. Spain came out with very good ideas for people or women reporting for domestic violence, without being traced by her partner who is abusing her. They could go to the pharmacy and use a code that will show that she is in distress, so the pharmacy will take action and send the police. I was very encouraged to see that most member states are really

“It’s good that there’s discussion about the statues, because it means that we are, rightfully so, being critical and being vocal also about our criticism. It is healthy to have such a debate”

watching what is happening and coming out with solutions so these people won’t be even more alone. We also heard about abuses in old people’s home, or among LGBTI people, including trans people being denied the treatment, which sometimes is life threatening, but they were told it was not an emergency.

–What do you think of the progress made by Spain on Equality, especially in light of the crisis we are suffering?

–The Spanish Government is working very hard in this policy area. I’m really impressed about how the issue of inequality was addressed in Spain. I mentioned already a lot of actions taken In the context of violence against women. They also worked on women in precarious employment and losing their jobs. I’m seeing good progress in Spain. They also support what we want to do with regards to pay transparency, even though I think that in Spain the gender pay gap is around 15%, slightly below the the European average. In addition, the Spanish government is very supportive of all what we do with LGTBI.

“I’m really impressed about how the issue of inequality was addressed in Spain”

–There was a demonstration in favor of women rights in Spain on 8 March. Do you think it was a good idea to maintain this march, when there were already very clear signals of the virus spreading in Europe?

–I cannot comment on that. I don’t know the details. I would say that it’s good to obey the health authorities. Had we not had strong health institutions, I think we would be in a much worse situation.

Innovación: La batalla pendiente

ÁMBITO EUROPEO

Innovación: la batalla pendiente

Si queremos tener una oportunidad en la carrera tecnológica contra China y Estados Unidos harán falta más recursos y coordinación.

Europa opina

Informe de Desempeño de Ciencia, Investigación e Innovación 2020, de la Comisión Europea (en inglés).

Información del Parlamento Europeo sobre la política de innovación de la UE.

Informe de Bruegel sobre el futuro de la relación entre la UE y el Reino Unido en el campo de la investigación y la innovación (en inglés).

Europe speaks

European Commission’s Science, Research and Innovation Performance 2020 report.

European Parliament: webpage on the EU’s innovation policy.

Bruegel’s report on the future of the EU-UK relationship in the field of research and innovation.

If Europe wants to have a fair shot in the technology race against China and the United States, more resources and coordination will be required.

La ciencia y la innovación son la base para el desarrollo tecnológico y la transformación ecológica que necesita Europa para superar la crisis del Covid-19 y prosperar en el futuro. Sin embargo, la UE todavía encara batallas pendientes en este campo, aún más urgentes tras el impacto de la pandemia.

 

JORGE VALERO

@europressos

 

EL MOVIMIENTO de acción-reacción es automático. Tan pronto como una crisis golpea, gobiernos y expertos miran a la ciencia para prometer una recuperación rápida y un futuro más próspero. Lo mismo ha sucedido con la pandemia del Covid-19. Más aún porque el virus no solo ha provocado una recesión descomunal en Europa, la mayor en las casi siete décadas de historia de la UE, sino también un desafío sanitario en el que la ciencia y la innovación están siendo el principal frente de batalla en la lucha contra el patógeno.

El coronavirus ha mostrado las fortalezas y debilidades en nuestro ecosistema científico e innovador. Y ha amplificado la advertencia que los expertos, científicos, emprendedores y autoridades llevan años repitiendo con pocos resultados. Europa brilla en el campo científico, pero debe dar un impulso más decidido para transformar ese conocimiento en impacto. Más aún, si queremos tener una oportunidad en la carrera tecnológica contra China y Estados Unidos, y mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados, harán falta más recursos y coordinación.

“La investigación y la innovación son el núcleo de la respuesta a la crisis sin precedentes que encaramos y pueden contribuir significativamente a la recuperación económica”, señaló el pasado 27 de mayo la comisaria de Innovación e Investigación, Mariya Gabriel.

La búlgara presentó entonces el Informe sobre el Rendimiento de Ciencia, Investigación e Innovación 2020, un trabajo bienal que muestra «cómo la investigación y la innovación son fundamentales para lograr las transiciones ecológicas y digitales que Europa necesita”, añadió.

El documento muestra las luces del sistema europeo, y sobre todo aquellos campos en los que necesita mejorar. Y ofrece 11 recomendaciones para apuntalar el sistema, sobre todo teniendo en cuenta la agenda digital y ‘verde’.

Y habrá recursos para poner estas ideas en práctica. Para el próximo presupuesto plurianual de la UE (2021-2027) la Comisión Europea ha propuesto 100.000 millones de euros para su programa de innovación Horizonte Europa para los próximos siete años, su programa para apoyar la investigación, la ciencia y la innovación.

 


Los europeos lideran la investigación en temas de sostenibilidad, con un cuarto del total de estudios publicados y de patentes


 

La situación. Aun así, la lluvia de millones se puede quedar corta para dar el impulso que Europa necesita, no solo respecto a sus necesidades sino también al comportamiento de sus principales competidores: Estados Unidos y China.

Europa invierte en I+D un 2,19% de su PIB (1,45% de inversión privada), según recuerda la Comisión. Es el mismo porcentaje que destina China. Sin embargo, su volumen total es mucho mayor, dado el tamaño de su economía, y lleva una trayectoria ascendente mucho más pronunciada que el lento progreso de los europeos. Por su parte, EE.UU. dedica un 2,83% de su PIB, siendo sus empresas responsables del 2,05%. Lejos quedan países como Corea del Sur, con una inversión de 4,53% de su PIB.

Recomendaciones de la Comisión Europea

EL Informe sobre el Rendimiento de Ciencia, Investigación e Innovación 2020 de la Comisión incluyó una serie de propuestas, agrupadas en cuatro campos, para mejorar nuestro sistema innovador, y nuestro ecosistema de I+D sobre el que se asienta. Las medidas son:

  • El Acuerdo Verde Europeo requiere un cambio hacia una política de innovación transformadora.
  • Asegurarse de que el crecimiento no deje a nadie atrás: personas, regiones, países y empresas.
  • Equipar a los europeos con las habilidades para navegar por un mundo cambiante.
  • Avance rápido hacia la igualdad de género y mediante el I+D.
  • Dar forma a la ventaja competitiva de Europa en la carrera mundial por la tecnología.
  • Modernización de la política de I+D para adaptarla a su propósito en la era digital.
  • Garantizar el liderazgo científico y estimular los flujos de conocimiento dentro de la UE.
  • Construir un ecosistema de I+D vibrante y resistente en la era posterior a Siemens-Alstom (la fusión de los fabricantes de trenes europeos prohibida por Bruselas).
  • Maximizar el valor de los resultados de I+D para la sociedad, la economía y la política.
  • Hacer que la regulación de la UE sea amigable con la innovación y con visión de futuro.
  • Anticipar el mundo futuro a través de una mejor evidencia para la política.

Estas recomendaciones se interpretan a través “del doble desafío de las transiciones verdes y digitales para conseguir una economía moderna, eficiente en recursos y competitiva”, señala el informe de la Comisión.

El objetivo que se persigue es garantizar la sostenibilidad, entendida de manera amplia (medioambiental, social y económica), impulsando la competitividad.

“La competitividad de Europa debe basarse en un marco de instituciones, políticas y factores que garanticen la sostenibilidad a largo plazo (competitividad sostenible), y la sostenibilidad debe convertirse en un impulsor clave de la competitividad y el crecimiento de Europa (sostenibilidad competitiva)”, añade el documento.

European Commission recommendations

The Commission’s 2020 Science, Research and
Innovation Performance Report
included a series of
proposals, grouped into four fields, to improve our
innovation and R&D ecosystem:

  • The European Green Deal requires a shift
    towards a transformative innovation policy.
  • Making sure that growth does not leave anyone
    behind… people, regions, countries and firms.
  • Equipping Europeans with the skills to
    navigate the changing world.
  • Fast-forwarding to gender equality in and
    through R&I.
  • Shaping Europe’s competitive edge in the
    global race for technology.
  • Modernising R&I policy to make it fit for
    purpose in the digital age.
  • Ensuring scientific leadership and stimulating
    knowledge flows within the EU.
  • Building a vibrant and resilient R&I ecosystem
    in the post-Siemens-Alstom era.
  • Maximising the value of R&I results for
    society, the economy and policy.
  • Making the EU’s regulation innovation-friendly
    and forward-looking.
  • Anticipating the future world through better
    evidence for policy.

These recommendations are seen through «the double challenge of green and digital transitions to achieve a modern, resource-efficient and competitive economy,» the Commission report said.

The objective is to guarantee sustainability in a broad sense (environmental, social and economic), and promoting competitiveness.

“Europe’s competitiveness should build on a framework of institutions, policies and factors that ensure sustainability in the long term (sustainable competitiveness), and sustainability should become a key driver of Europe’s competitiveness and growth (competitive sustainability),” the document adds.

in English

Innovation: the outstanding battle

Science and innovation are the basis for the technological development and ecological transformation that Europe needs to overcome the Covid-19 crisis and to prosper in the future. But the EU is still facing outstanding battles in this field, as they became even more urgent in the aftermath of the coronavirus pandemic.

The action-reaction movement is automatic. As soon as a crisis hits, governments and experts refer to science and innovation to promise a speedy recovery and a brighter future. That was the case with the Covid-19 crisis with more reason. The deadly virus will not only trigger the deepest recession in the EU’s seven-decade history, but also science and innovation have been at the forefront in the fight against the pathogen.

The coronavirus pandemic has shown the strengths and weaknesses in the European scientific and innovation ecosystem. It amplified the warnings given by experts, scientists, entrepreneurs and authorities over the past years with little results. Europe is a reference in the scientific field, but member states must be more determined to generate impactful knowledge.

Furthermore, if Europe wants to have a fair shot in the technology race against China and the United States, and keep the global warming below two degrees, more resources and coordination will be required.

«Research and innovation are at the core of the unprecedented crisis response we face and can contribute significantly to the economic recovery,» Commissioner for Innovation and Research Mariya Gabriel said on May 27.

The Bulgarian commissioner presented at that time then the report on the ‘Science, Research and Innovation Performance 2020’. This biennial work showed «how research and innovation are essential to achieve the ecological and digital transitions that Europe needs,» Gabriel added.

The document included Europe’s assets in this field, but also those areas to improve. It listed eleven recommendations to bolster the science and innovation system, especially in light of the digital and ‘green’ agenda.

And there will be resources to put these ideas into practice. For the next EU’s sevenyear budget (2021-2027) the European Commission has proposed € 100 billion for its Horizon Europe, its program to support research, science and innovation.

The situation. In spite of the billions of euros available, Europe may fall short of giving the boost required, not only in regards to its needs but also by comparing the bloc with its main competitors: the United States and China.

Europeans researchers lead on sustainability issues, with a quarter of all published studies and patents

Europe invests 2.19% of its GDP in R&D (1.45% by the private sector), the Commission said. It is the same percentage that China allocates, but Beijing spends a higher total volume, given the size of its economy, and its upward trajectory has been significant compared with the slow progress of the Europeans.

Meanwhile, the US spends 2.83% of its GDP, including 2.05% by companies. Countries like South Korea are far away, with an investment of 4.53% of their GDP.

Europe has spent two decades trying to reach the 3% of its GDP goal for innovation. In order to achieve this objective, the EU would need to invest an additional €100 billion a year, the same figure that the EU budget will spend on innovation over the next seven years. R&D investment is crucial, because, as the Commission stressed, two thirds of the increase in economic productivity is linked to R&D.

The gap with our competitors is significant in the technological and financial sector, crucial for supporting the development of startups in their early phases. In the field of artificial intelligence, one of the most cutting-edge fields of the digital agenda, around 32% of the firms come from the United States, while 23% from China and 19% from the EU, according to 2018 figures.

Europe invests 2.19% of its GDP in R&D (1.45% of private investment), according to the Commission.

Europa lleva dos décadas intentando alcanzar la meta del 3% de su PIB dedicado a la innovación. Para conseguirlo, necesitaría invertir 100.000 millones de euros adicionales al año, lo mismo que vamos a dedicar durante los próximos siete años. Y esta inversión resulta crucial, porque, según recuerda la propia Comisión Europea, dos tercios del aumento de la productividad económica están vinculados al I+D.

La distancia sobre todo es notable en el apartado tecnológico y financiero, crucial para impulsar el desarrollo de startups en su fase embrionaria. En el campo de la inteligencia artificial, uno de los más punteros de la agenda digital y con un mayor poder transformador, un 32% de las firmas proceden de Estados Unidos, mientras que un 23% de China y un 19% de la UE, según cifras de 2018.

Además, Pekín está redoblando la apuesta en este sector. A través de diversas fórmulas e instrumentos, el país invertirá 70.000 millones de dólares (62.250 millones de euros) este año en inteligencia artificial, frente a los 17.000 millones de dólares (15.120 millones de euros) que dedicó en 2017.

Unos fondos que en EEUU proceden principalmente de inversores privados a través de unos mercados financieros más desarrollados.

En Europa, ni el esfuerzo público ni la inversión privada manejan las magnitudes de sus dos principales rivales.

Los llamados inversores de capital riesgo (venture capital funds) estadounidenses dedican ocho veces más recursos a nuevas firmas que sus pares europeos. Como resultado, la práctica totalidad de las diez principales firmas tecnológicas por capitalización bursátil son americanas o estadounidenses.

Sin embargo, no todo son malas noticias para la UE. Por ejemplo, los europeos lideran en la investigación en temas de sostenibilidad, con un cuarto del total de estudios publicados y de patentes en asuntos de clima y bioeconomía, por delante de chinos y estadounidenses.

El pilar tecnológico. De hecho, como señaló en un debate reciente Stefan Sipka, investigador en el European Policy Centre (EPC), la agenda ‘verde’ y digital están muy próximas. El pilar tecnológico puede servir como facilitador para hacer nuestras economías más sostenibles, por ejemplo, con soluciones que reduzcan las emisiones. Al mismo tiempo, los grandes centros procesadores de datos y todos nuestros aparatos tecnológicos también deberían ser más eficientes, y reducir las enormes cantidades de energía que devoran.

 


El coronavirus ha mostrado las fortalezas y debilidades de nuestro ecosistema científico e innovador


 

Los gobiernos y expertos coinciden en que el repentino y profundo impacto del coronavirus representa una oportunidad para corregir algunos de nuestros hábitos y transformar cómo vivimos y trabajamos. La extensión del teletrabajo, con el impacto positivo en movilidad y emisiones, será uno de los cambios que se mantendrán. Porque tras la crisis no solo debemos salvar nuestras economías, sino también transformarlas. De otra manera, no estaremos preparados para las crisis que traerá un futuro cada vez más impredecible.

Tras la crisis no solo debemos salvar nuestras economías, sino también transformarlas.

Como señala Thomas Gageik, director para soluciones digitales empresariales en la Comisión Europea, ahora es el momento de pararse, tomar aliento y reflexionar sobre las decisiones que vamos a tomar, porque pueden servir para marcar la dirección de la próxima década, y más allá.

«Lograr una recuperación digital y sostenible requiere que creemos un plan de acción integral que toque prácticamente todos los aspectos, incluido el sistema social, el campo regulatorio o el educativo», indicó en un debate reciente.

“Se trata de una tarea que realmente tenemos que
hacer bien, y tenemos seis meses para ello”, sentenció.

La I+D en España

LA Comisión Europea nos recuerda constantemente que nuestro país tiene una enorme tarea pendiente con la innovación, no solo por los escasos recursos que le dedica, sino también por la fragmentación del sistema regional. En sus últimas recomendaciones del pasado mayo, la Comisión dejaba claro que “las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica”.

El Ejecutivo comunitario recordó que los resultados en innovación en todas las comunidades autónomas están por debajo de la media europea. Y añadió que nuestras empresas son las que peores resultados obtienen en su capacidad para innovar.

El Ejecutivo comunitario recomendó mejorar la digitalización del sistema educativo y empresarial, el reforzamiento de la gobernanza en materia de investigación e innovación a todos los niveles, el aumento de la calidad de la investigación a través de evaluaciones sistemáticas y la incentivación de los centros de investigación para que cooperen con el sector privado.

R&D in Spain

The European Commission has told Spain in numerous occasions that it has a lot to do in regards to its innovation system, not only due to the scarce resources it dedicates, but also due to the fragmentation of its regional system. In its latest recommendations last May, the Commission made it clear that “the prospects for recovery of the Spanish economy will depend on its ability to increase its productivity and innovation, especially through the digital and ecological transition”.

The EU executive recalled that the performance of all the Spanish regions in terms of innovation is below the European average, and added that Spanish firms are the worst performers in their ability to innovate.

The Commission recommended improving the digitisation of the Educational and business sectors, strengthening the governance in research and innovation at all levels, increasing the quality of research through systematic evaluations, and incentiving the cooperation of research centers with the private sector.

in English

The coronavirus has shown the strengths and weaknesses of our scientific and innovative ecosystem

But Beijing is doubling down on this sector. Through various formulas and instruments, Chinese authorities will invest $. 70 billion (€ 62.2 billion) this year in artificial intelligence, compared to the $17 billion (€15.1) it dedicated in 2017.

These funds come mainly from private investors in the US through more developed financial markets.

In Europe, neither the public effort nor the private investment is comparable with the magnitudes of its two main rivals.

American venture capital investors dedicate eight times more resources to new firms than their European peers. As a result, almost all of the top ten technology firms by market capitalisation are American or Chinese.

But there are some bright spots also for Europe. For example, European researchers lead on sustainability, with a quarter of the total published studies and patents on climate and bioeconomy, ahead of China or
the US.

The ‘tech’ pillar. As Stefan Sipka, researcher at the European Policy Center (EPC) pointed out in a recent debate, the ‘green’ and digital agenda are “very close”. The ‘tech’ pillar can serve as an “enabler” to make our economies more sustainable, for example with solutions that reduce CO2 emissions. At the same time, big data processing centres and our technological devices should also be more efficient, to reduce the enormous amounts of
energy they use.

Governments and experts agree that the sudden and profound impact of the coronavirus represents an opportunity to correct some of our old habits and transform how we live and work. We must not only save our economies, but transform them. Otherwise, we will not be prepared for the crises that a more unpredictable future will bring.

The extension of teleworking, with the positive impact on mobility and emission reduction, will be one of the changes that will remain.

As Thomas Gageik, director for digital business solutions at the European Commission, points out, now is the time to take a breath and reflect on the decisions we will make, because they would set the direction for the next decade, and beyond.

“Achieving a digital and sustainable recovery requires us to create comprehensive action plan which pretty much touches every aspect, including social, regulatory or the educational system,” he said in a recent debate.

“We really have to get that right, and we have six months for that,” he added.