Barcelona: centro neurálgico del Notariado internacional

ÁMBITO EUROPEO

Barcelona:

centro neurálgico del Notariado internacional

Reunión anual de la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL.

La sede del Colegio Notarial de Cataluña, en Barcelona, acogió el 21 y 22 de octubre las reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Europeos y de la Academia Notarial Europea, ambas pertenecientes a la Unión Internacional del Notariado. El encuentro reunió a más de un centenar de notarios, procedentes de 41 países, y magistrados -presencialmente y por videoconferencia– con el objetivo de discutir y reflexionar en torno a la desjudicialización, así como sobre el papel del notariado y de los jueces en materia de divorcio y en otros procesos no contenciosos en los cuales el aumento de competencias de los notarios puede contribuir a aliviar la vía judicial.

REDACCIÓN CATALUÑA

La jornada organizada por la Academia Notarial Europea (CAE), contó en su apertura con su presidente, Franco Salerno; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz; y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín. En el acto también intervinieron el secretario General de la Unión Internacional de Magistrados, Giacomo Oberto; y la presidenta de la Unión Internacional del Notariado, Cristina Armella, la primera mujer en liderar esta institución y la máxima figura del notariado a nivel mundial.

Desjudicialización

Para el decano del Colegio Notarial de Cataluña, anfitrión del encuentro, José Alberto Marín, “la entrada en vigor en España de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 supuso un gran paso adelante en el ámbito de la desjudicialización. Cabe destacar que esta ley dotó de nuevas atribuciones a los notarios, otorgándoles capacidad para actuar en casos en los que anteriormente solo tenían potestad los jueces. Así, los notarios ya disponen de atribuciones para tramitar el expediente matrimonial que declara la aptitud de los futuros contrayentes, y autorizar matrimonios y divorcios no contenciosos y sin hijos menores. Ahora, si pudiéramos autorizar también divorcios no contenciosos en los casos en los que hay hijos menores de edad, esto supondría cerrar el círculo”.

EL ENCUENTRO REUNIÓ A MÁS DE UN CENTENAR DE NOTARIOS, PROCEDENTES DE 41 PAÍSES, Y MAGISTRADOS CON EL OBJETIVO DE REFLEXIONAR EN TORNO A LA DESJUDICIALIZACIÓN

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, afirmó que “la colaboración entre notarios y jueces es una necesidad. Nuestra función es similar a la jurisdiccional, pero en el ámbito extrajudicial, el del mutuo consentimiento, que el propio notario procura, concilia y encauza para que sea acorde a la realidad. En el fondo, somos jueces en el ámbito extrajudicial”.

El presidente de la CAE, Franco Salerno, por su parte, señaló que “el tema del divorcio es sólo un punto de partida, porque este encuentro es una excelente oportunidad para conocer mejor el trabajo del juez y el del notario en muchas áreas del derecho, para comprender sus puntos de contacto y poder evaluar la posibilidad de encontrar nuevas formas de colaboración entre ambos profesionales”.

El secretario General de la Unión Internacional de Magistrados, Giacomo Oberto, aseguró que “los tiempos modernos requieren juristas capaces de saber leer e interpretar correctamente leyes cada vez peor escritas y complicadas, para hacerlas «vivas» y transformarlas en motores de modernidad y progreso. Por lo tanto, necesitamos magistrados y notarios que sean expertos, conocedores, conscientes de su papel, pero también valientes e innovadores: este resultado solo puede lograrse mediante una cooperación cada vez más estrecha entre nuestras dos profesiones”.

Finalmente, la presidenta de la Unión Internacional del Notariado, Cristina Armella, indicó que “hoy estamos concretando un mensaje muy especial. Lograr que los jueces y notarios ocupemos un mismo estadio y espacio físico es una demostración de lo importante que es la comunicación entre todos los operadores jurídicos. Estamos aquí, jueces y notarios, por una intención superior. Debemos consolidar estas organizaciones al servicio de los Estados y, principalmente, de los habitantes de cada uno de los territorios. Porque la persona humana y los derechos humanos marcan las características de este futuro tan cercano”.

 

EL DIVORCIO Y LOS MODELOS DE PODERES FUERON LOS PRINCIPALES TEMAS DE ESTUDIO DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS

 

Temas de debate

Tras las ponencias de las principales autoridades, dieron comienzo las mesas redondas en las que se trataron temáticas como la evolución del derecho de familia (mayor libertad y contractualización); la misión y función del juez en jurisdicción no contenciosa; las ventajas del notario en el marco de la jurisdicción voluntaria; y los medios alternativos a la jurisdicción y el papel de los notarios en ellos según la experiencia española.

La Academia Notarial Europea reflexionó en torno a la evolución del divorcio no contencioso, desde un enfoque internacional. Al terminar dicha mesa, se llevó a cabo la presentación de las conclusiones del estudio de la CAE sobre la desjudicialización del divorcio, que analiza la función notarial en este ámbito en diversos países europeos, detectando los límites internos y externos y las oportunidades.

También tuvo lugar una mesa redonda donde se debatió sobre los posibles desarrollos en el seno del Derecho de la Familia y las nuevas competencias en el marco de la Unión Europea.

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE)

En la apertura de la sesión plenaria, el 21 de octubre, participaron la presidenta de la UINL, Cristina Armella; el presidente de la CAE, Franco Salerno Cardillo; y el decano del Colegio Notarial de Cataluña y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, José Alberto Marín.

En su discurso, la presidenta del notariado mundial, Cristina Armella, destacó, entre otras cuestiones, la convicción del notariado por involucrarse en prevenir delitos transversales; la próxima creación de la Academia Notarial Africana; y la previsión de publicación de nuevos estudios. “El siglo XXI debe ser el siglo de los valores, y para ello el Derecho es imprescindible y los notarios tenemos un papel fundamental”, aseguró.

El papel del notario en la jurisdicción voluntaria

El 23 de julio de 2015 entró en vigor en España la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV). Esta ley supuso un aumento de las atribuciones de, entre otros operadores jurídicos, los notarios en materias relativas al derecho civil y mercantil, otorgándoles capacidad para actuar en determinados actos de jurisdicción voluntaria que anteriormente estaban reservados a la autoridad judicial. Más información

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La Academia Notarial Europea

Es el centro de formación y estudio de los notarios de Europa. La academia supone un punto de encuentro de los notarios europeos y, a su vez, la creación de sinergias entre los distintos países miembros, así como un acercamiento a los demás operadores jurídicos. Entre sus funciones destaca la promoción de relaciones con los notariados nacionales con el objetivo de colaborar en su organización y desarrollo en previsión de su futura incorporación a la Unión Internacional del Notariado.
Los asistentes al acto inaugural de la reunión de la Academia Notarial Europea durante la intervención de J. A. Marín.
Un momento de la intervención de J.A. Martínez Sanchiz en la inauguración de la reunión de la Academia Notarial Europea.

La Comisión de Asuntos Europeos

Reúne a todos los países miembros de la Unión Internacional del Notariado ubicados en Europa (41 notariados). Se ocupa de estudiar los distintos temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas, y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos al Parlamento europeo con el objetivo de promover las directivas europeas consideradas de interés. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.
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Entrevista a Michael O’Flaherty, director de la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea

ÁMBITO EUROPEO

Michael O’Flaherty,

director de la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea

JULIA MANRESA,

“Nos enfrentamos a la tormenta perfecta contra los derechos fundamentales”

Michael O’Flaherty, de nacionalidad irlandesa, ha dedicado casi toda su vida a los Derechos Humanos, desde la academia a la defensa activa. Es director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) desde 2015 y entre 2004 y 2012 fue miembro del Comité de Derechos Humanos (HRC) de las Naciones Unidas.

– ¿Cuáles son los desafíos para los derechos fundamentales que identifica la FRA ante la guerra en Ucrania?

– La invasión rusa de Ucrania es la amenaza más grave para los derechos humanos en Europa de esta generación. El daño para la gente del país es enorme, pero las implicaciones son negativas para la región y el resto del mundo.

Europa se enfrenta al mayor desplazamiento de personas desde la Segunda Guerra Mundial. Todos nos enfrentamos a la escasez de energía de este invierno, que tendrá un impacto devastador en aquellos que ya luchan contra la pobreza.

Hasta ahora, casi 10 millones de personas han cruzado desde Ucrania a la UE. Si bien les dimos una generosa bienvenida, es una lucha constante brindarles los servicios básicos necesarios, desde el acceso a la vivienda y el trabajo hasta la educación y la atención médica.

FRA ha estado mapeando los desafíos para los derechos fundamentales desde el comienzo de la invasión. Hay denuncias de discriminación. La desinformación ha aumentado. Además, el riesgo de trata de personas y explotación sexual, así como de violencia sexual y de género, es muy alto.

“LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA ES LA AMENAZA MÁS GRAVE PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN EUROPA DE ESTA GENERACIÓN”

– ¿La activación de la Directiva de Protección Temporal de la UE para los ucranianos puede ser discriminatoria contra otros solicitantes de asilo?

– La UE ha reaccionado rápidamente y con gran solidaridad con esta directiva. Pero aún es un desafío implementarla en la práctica. Se les pide a los servicios sociales que ya están sobrecargados que hagan aún más.

El trato desigual también nos preocupa. Hay demasiadas historias de gitanos o simplemente no ucranianos que huyen de la guerra y que no han sido tratados con respeto en las fronteras. Si eres gitano, te tratan de manera diferente. Si vienes de Afganistán, recibes una bienvenida muy diferente. Y eso es preocupante.

– ¿Qué implicaciones ve para los derechos fundamentales en el debate sobre la prohibición a los rusos de entrar en la UE?

– Al considerar restricciones de entrada, siempre se debe pensar en el posible impacto que puede tener en los derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida familiar.

Tras la movilización parcial de Rusia, también tenemos que considerar la situación de las personas que no quieren luchar. Un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también determinó que huir de un servicio militar obligatorio puede ser motivo de asilo, en caso de que la persona se exponga a enjuiciamiento y castigo si regresa a su país. Es de suma importancia que todos los Estados miembros mantengan las vías legales abiertas para cualquier persona que desee solicitar protección internacional. Esto no es negociable.

– La guerra en Ucrania no solo está acaparando toda la atención política, sino que también ONG y otras organizaciones de la sociedad civil advierten que otros conflictos de larga duración o problemas de derechos fundamentales podrían dejarse de lado.

– Una sociedad civil fuerte y saludable es el alma de nuestras democracias. Como hemos visto durante la pandemia del coronavirus, o desde el comienzo de la guerra en Ucrania, las organizaciones de la sociedad civil brindan un apoyo invaluable a las personas que lo necesitan

Sin embargo, en algunos países, han estado bajo una gran presión. Hablan del empeoramiento de las condiciones de su trabajo, las amenazas y los ataques a los que se enfrentan y la falta de financiación con la que luchan. Esto se ha visto agravado aún más por el aumento de la inflación. La UE y sus Estados miembros deben apoyar a la sociedad civil de manera más eficaz, para que puedan cumplir su papel vital en la protección de nuestros derechos fundamentales.

“LA UE DEBE APOYAR A LA SOCIEDAD CIVIL DE MANERA MÁS EFICAZ, PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU PAPEL VITAL EN LA PROTECCIÓN DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES”

– FRA advirtió que el COVID exacerbó los desafíos a los que ya se enfrentaba la sociedad civil. La crisis energética puede incluso empeorar esta tendencia. ¿Qué debe hacer la UE?

– Nos enfrentamos a una tormenta perfecta contra los derechos fundamentales: mientras aún lidiamos con el impacto de la pandemia y la invasión de Ucrania, los europeos se enfrentan a una inflación creciente y fuertes aumentos en los precios de la energía que afectan a una variedad de derechos fundamentales, en particular para los de menores ingresos.

Se vuelve cada vez más urgente colocar los derechos económicos, sociales y culturales en el centro de nuestra agenda. La desigualdad económica alimenta la polarización política. La comunidad de derechos humanos necesita aprovechar toda su gama de herramientas y redescubrir una visión verdaderamente integrada.

– ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la UE en materia de justicia y cooperación judicial?

– El acceso a la justicia sigue siendo un problema para muchos, especialmente para los jóvenes de minorías étnicas y sexuales. La UE dispone de legislación para garantizar los derechos de las víctimas de delitos, tal como se establece en la Carta de los Derechos Fundamentales. Pero los gobiernos nacionales deben hacer más para otorgar a las víctimas sus derechos y brindarles el apoyo que necesitan en la práctica.
En términos de cooperación transfronteriza, uno de los temas principales es generar confianza entre las distintas jurisdicciones. Nuestra investigación muestra que el respeto de los derechos fundamentales y una mayor claridad en los marcos legislativos con garantías sólidas son requisitos previos para la confianza mutua entre los Estados miembros.

– Un informe de la FRA reveló confusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos. ¿Qué pueden hacer los Estados para evitar que la IA intensifique las violaciones de derechos?

– La IA puede traer muchos beneficios en términos de eficiencia y velocidad. Pero varios casos reales confirman que la IA también puede tener un impacto negativo en la vida de las personas. Por ejemplo, cuando las decisiones sobre quién obtiene un beneficio social o quién es detenido por la policía se basan únicamente en un algoritmo defectuoso, puede ser muy difícil cuestionarlas.

El uso de la IA puede violar fácilmente los derechos fundamentales, incluida la privacidad y la protección de datos, la no discriminación y el acceso a un recurso efectivo. Por eso insistimos en la necesidad de salvaguardias eficaces. Las personas deben saber cuándo se usa al tomar decisiones que les afectan y cómo se usa, así como también cómo y dónde presentar una queja.

Las autoridades públicas, así como las entidades privadas que planean usar o ya usan IA, deben evaluar cuidadosamente cómo sus algoritmos pueden afectar los derechos fundamentales.

“ES CADA VEZ MÁS URGENTE COLOCAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO DE NUESTRA AGENDA. LA DESIGUALDAD ECONÓMICA ALIMENTA LA POLARIZACIÓN POLÍTICA”

– Teniendo en cuenta el contexto geopolítico, la crisis económica que se avecina y las tendencias políticas recientes, como el auge de los partidos de extrema derecha, ¿estamos en un momento en el que los Derechos Fundamentales corren más riesgo que hace 50 años?

– Europa se encuentra en un punto de inflexión, frente a una convergencia de retos importantes. Cada uno de ellos tomado por separado es significativo. Juntos, plantean preguntas profundas sobre el futuro político, económico y social del continente. Es un momento que exige nuestro firme compromiso para situar los derechos fundamentales en el centro de nuestra visión del futuro de Europa. También es el momento de demostrar nuestra determinación de trabajar juntos con este fin.

Una reunión reciente de líderes y expertos en derechos humanos, convocada por la Agencia de Derechos Fundamentales, suscitó una esperanza limitada, a pesar de la magnitud de los problemas que enfrentamos. Cultivar la esperanza implica optimismo y pragmatismo, dividir lo aparentemente imposible en pasos alcanzables y ser propositivo sobre el futuro. El enfoque debe estar en construir voluntad política y apoyo público para el cambio y coaliciones para permitir esto.

Impacto en los más vulnerables

La FRA alertó de que la crisis asociada con COVID abrió brechas en el respeto de los derechos fundamentales en ámbitos como la salud, la educación, el empleo y la protección social. La crisis energética e inflacionaria no ha dejado tiempo para recuperarse y los más vulnerables vuelven a estar en riesgo. “En tiempos de crisis, siempre son los más pobres y los más vulnerables quienes se llevan la peor parte”, recuerda Michael O’Flaherty. “La UE y sus miembros deben asegurarse de no dejarles atrás”, sentencia.

Europa se vuelca en la reconstrucción de Ucrania

ÁMBITO EUROPEO

La Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para poner todos los activos confiscados en un fondo europeo común.
The European Commission has presented a proposal to put all the confiscated assets into a common European fund.

EUROPA SE VUELCA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE UCRANIA

“La reconstrucción de Ucrania no es una tarea para una sola nación”, proclamaba el presidente del país bajo invasión rusa, Volodímir Zelenski en la conferencia internacional celebrada en Lugano (Suiza) a principios de julio para abordar la reconstrucción de su Estado. Efectivamente, hasta ahora la Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas para ayudar a reflotar el país, con varios paquetes macro-financieros de miles de millones de euros, pero la factura es colosal y hace falta mucho más. 

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

EUROPE ENDEAVOURS TO REBUILD UKRAINE

“The reconstruction of Ukraine is not a task for a single nation”, president Volodimir Zelensky said at the international conference held in Lugano (Switzerland) at the beginning of July to address the reconstruction of his state. Indeed, until now the European Union has launched several initiatives to help rebuild the country, with various macrofinancial packages of billions of euros. The bill to reconstruct the country under Russian invasion is foreseen to be colossal.

Las autoridades ucranianas presionan para que se usen los bienes incautados a las personas sancionadas.
The Ukrainian authorities are pressing to make use of the seized assets from the sanctioned individuals.

En esa misma conferencia en Lugano, las autoridades ucranianas cifraron el precio de la reconstrucción en 750.000 millones de euros, una cantidad que sin embargo tenía en cuenta la imposible circunstancia de que la guerra encontrara su fin en julio. Así pues, está previsto que la factura sea incluso mayor. En su momento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que el país necesita unos 5.000 millones de euros cada mes solo para mantener los servicios básicos. De ahí que el mismo Zelenski avisara que una sola nación no puede hacerse cargo. El PIB de Ucrania antes de la guerra era cercano a los 170.000 millones de euros.

Europa se ha volcado en favor de Ucrania desde que empezó la invasión rusa, consciente que el país que lidera Zelenski está a su vez protegiendo las fronteras comunes y evitando que el conflicto entre en territorio de la OTAN. Por eso, no solo se han aprobado hasta seis paquetes de duras sanciones que han costado arduas negociaciones, sino que se han puesto en marcha diferentes vías de apoyo económico y financiero. 

“Queremos que Ucrania gane esta guerra. Pero también queremos fijar las condiciones para el éxito del país después del conflicto”, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen ante el hemiciclo del Parlamento Europeo a principios de mayo. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había pedido al Congreso de los Estados Unidos la aprobación de una línea de hasta 8.500 millones de dólares en apoyo económico al Estado del este europeo como parte de un gran macro paquete de hasta 33.000 millones de dólares. “Nosotros, como Equipo Europa debemos hacer lo mismo”, remarcó la presidenta.

La respuesta inmediata

Primero, como respuesta inmediata, la Comisión Europea asegura haber movilizado más de 4.000 millones de euros en forma de asistencia macrofinanciera, apoyo presupuestario, asistencia de emergencia, respuesta a la crisis y ayuda humanitaria. También se han proporcionado medidas de asistencia militar en el marco del Fondo Europeo para la Paz, por un importe de 1.500 millones de euros, que se utilizarán para reembolsar a los Estados miembros por su apoyo militar en especie a Ucrania y está en marcha la movilización de 500 millones de euros adicionales. Aparte, se han organizado conferencias de donantes que han conseguido recaudar hasta 15.000 millones de euros. 

 

LAS AUTORIDADES UCRANIANAS CIFRARON EL PRECIO DE LA RECONSTRUCCIÓN EN 750.000 MILLONES DE EUROS

 

Pero hace falta ir más lejos, sobre todo porque la Unión Europea ha dado el sí a la candidatura de Ucrania para entrar en el club comunitario. Este es solo un primer paso (más político que práctico) de un largo proceso que también requiere reformas e inversiones. Para continuar dando apoyo, Bruselas prevé codirigir la plataforma global de apoyo a Ucrania a través de la cual colaborará con el Fondo de Reconstrucción para Ucrania, una nueva herramienta que conducirá todos los recursos movilizados. 

La Comisión Europea se comprometió a conceder hasta 9.000 millones de euros en asistencia macrofinanciera a Ucrania a lo largo de todo el año, este septiembre Bruselas ha propuesto conceder otros 5.000 millones más dentro de esta cantidad” Seguir con: “Estos créditos deben ser avalados por los Veintisiete y Ucrania debería devolverlos a largo plazo. Y la Comisión Europea ya ha empezado. El ejecutivo comunitario anunció un acuerdo con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) para proporcionar garantías que respalden 70 millones de euros de préstamos de la institución a empresas ucranianas que brindan servicios vitales para la economía del país. Estos créditos son parte de los 1.000 millones que el BERD invertirá en Ucrania en 2022 e incluyen por ejemplo apoyo a la compañía ferroviaria del país o a su industria farmacéutica.

 

LOS GOBIERNOS TEMEN UNA NUEVA RECESIÓN QUE EN NINGÚN CASO SERÍA EL CONTEXTO FAVORABLE PARA PODER REFLOTAR UCRANIA

 

Los activos confiscados

Pero estos créditos son un granito de arena comparado con los recursos que se necesitan para recuperar todo lo perdido, así que la pregunta se presenta sola. ¿Cómo se va a pagar? Cabe recordar que los europeos ya están pagando el precio de la guerra y de las sanciones en forma de una inflación desbocada impulsada por los precios de la energía, al alza por culpa de los cortes y restricciones de suministro de gas ruso. Los gobiernos y autoridades temen una nueva recesión que en ningún caso sería el contexto favorable para poder destinar miles de millones a reflotar Ucrania. 

Por eso y también por evidentes motivos políticos, las autoridades ucranianas presionan para que se usen, por ejemplo, los bienes incautados a las personas sancionadas o los hasta 300.000 millones de euros congelados de las cuentas del Banco Central de Rusia. Los veintisiete se han pronunciado públicamente en favor de explorar la vía aunque de puertas para dentro, fuentes diplomáticas destacan las dificultades legales y técnicas para llevar a cabo esta medida. 

“Una de las fuentes clave para la recuperación deberían ser los activos confiscados a Rusia y sus oligarcas deberían ser responsables de la destrucción masiva que han causado”, dijo el primer ministro ucraniano Denys Shmyhal en la conferencia de Lugano.

 

LA COMISIÓN EUROPEA ASEGURA HABER MOVILIZADO MÁS DE 4.000 MILLONES DE EUROS

 

Son varias las voces que desde Bruselas presionan para actuar. Los principales grupos del Parlamento Europeo han reclamado en una carta a la Comisión Europea, encabezada por el eurodiputado español, Domènec Ruiz-Devesa, aprobar “de manera urgente un proyecto legislativo para disponer de un marco claro que permita reutilizar el tesoro de Putin en la protección y reconstrucción de Ucrania”. Sería pues necesaria la expropiación por parte del Estado miembro pertinente de los recursos que quedan congelados en virtud de la sanciones. 

Las dificultades legales

El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, a quien de hecho iba dirigida la misiva de los europarlamentarios, ya se ha pronunciado a favor de la expropiación de estos recursos e incluso ha recordado que Estados Unidos ha expropiado bienes de Afganistán para financiar la ayuda humanitaria a ese país y también a las víctimas de los ataques terroristas del 11-S. 

Sin embargo, una de las diferencias entre la UE y los Estados Unidos a la hora de aplicar las sanciones es justamente que en la UE son los Estados miembros los que las deben aplicar individualmente porque son los que tienen competencias para hacerlo y ahí está la dificultad jurídica de activar veintisiete legislaciones distintas para expropiar bienes al Estado ruso. Este ha sido de hecho uno de los factores que explican la lenta puesta en marcha de ciertas sanciones en territorio europeo. 

Hasta el momento, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de directiva para poner todos los activos confiscados en un fondo europeo común pero como advertía el comisario de Justicia, Didier Reynders, esto implicaría transferir la propiedad de los bienes confiscados y para hacerlo hace falta una decisión judicial y un marco legal común, que deberá ser acordado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo y después aprobarse formalmente; un proceso que ciertamente no será tan rápido como Zelenski desearía.

“Así pues, la cantidad total de dinero confiscado se pondrá en un fondo común para las víctimas de Ucrania y puede ser que llegue a formar parte de los primeros pasos para la reconstrucción del país. Pero, por supuesto, para conseguirlo es necesaria la transferencia de la propiedad de los activos congelados y después confiscados. Con una decisión judicial, sería posible reorganizarlo”, explicó el comisario. Mientras tanto, la UE busca otras vías de encontrar dinero para Ucrania a la vez que espera que los ecos de recesión vayan perdiendo fuerza.

Also at the conference in Lugano, the Ukrainian authorities set the price of reconstruction at 750 billion euros. Nevertheless, such an amount only takes into account the cost of the war if it ended in July. Thus, the bill is expected to be much higher, since no one envisages an early ending of the conflict. Some weeks ago, the International Monetary Fund (IMF) estimated that the country needs about 5 billion euros each month just to keep the basic services running. That is why Zelensky himself warned that a single nation cannot take it on its own. Ukraine’s GDP before the war was around 170 billion euros. 

Europe has given its support to Ukraine since the start of the Russian invasion. The EU is aware that the country led by Zelensky is in fact protecting the European borders and preventing the conflict from entering NATO territory. In that regard, EU countries have agreed to six packages of harsh economic sanctions despite arduous negotiations. Besides, EU authorities have opened different channels of economic, financial and military assistance. 

“We want Ukraine to win this war. But we also want to set the conditions for the country’s success after the conflict”, European Commission’s president, Ursula Von der Leyen, said in a speech to the members of the European Parliament at the beginning of May. By that time, the president of the United States, Joe Biden, had already asked the United States Congress to approve a line of 8.5 billion dollars in economic support to Ukraine as part of a large macro package of up to 33 billion dollars. “We, as Team Europe, must do the same”, the European president stated.

The immediate response

As an immediate response, the European Commission claims to have allocated more than 4 billion euros of macro-financial assistance, budget support, emergency assistance, crisis response and humanitarian aid. Military assistance measures have also been provided under the European Peace Facility, amounting to €1.5 billion, which will be used to reimburse Member States for their in-kind military support to Ukraine. An additional 500 million are underway. In addition, EU authorities have organised donor conferences that until now have managed to raise up to 15 billion euros.

 

THE UKRAINIAN AUTHORITIES SET THE PRICE OF RECONSTRUCTION AT 750 BILLION EUROS

 

But further support is required, especially since the European Union has given its acceptance to Ukraine’s candidacy to enter the community club. This is only a first step (rather political than practical) in a long process that also requires reforms and investments. To continue providing support, Brussels plans to co-direct a global platform to support Ukraine. A Ukraine Reconstruction Fund will be established as the main tool to allocate and mobilise resources for that purpose.

The European Commission promised to grant up to 9,000 million euros in macro-financial assistance to Ukraine throughout the year, this September Brussels has proposed to grant another 5,000 million more within this amount” Continue with: “These credits must be guaranteed by the Twenty-seven and Ukraine should return them in the long term. The twenty-seven Member States will have to back those loans, that Ukraine will be able to repay in the long term and with low interests. The process to grant Ukraine these resources has already started. The executive announced an agreement with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to provide guarantees to support 70 million euros of loans from the institution to Ukrainian companies that provide vital services for the country’s economy. These credits are part of the 1 billion that the EBRD will invest in Ukraine in 2022 and include, for example, support for the country’s railway company or its pharmaceutical industry.

 

THE MACROECONOMIC CONTEXT DOES NOT SEEM TO BE THE BEST TO ALLOCATE BILLIONS TO REBUILD UKRAINE

 

Expropriated assets

But these loans are insignificant compared to the resources needed, so the question comes inevitably: How are we going to pay for Ukraine’s reconstruction? European citizens are already paying the price of the war plus the imposed sanctions as inflation reaches record levels fuelled by rising energy prices due to Russian gas supply cuts and restrictions. Governments and authorities fear a new recession, and national budgets are struggling to cut debt while protecting its citizens. Therefore, the macroeconomic context does not seem to be the best to allocate billions to rebuild Ukraine.

It is then obvious that new sources of financing will need to be found somewhere else, and that is why the Ukrainian authorities are pressing to make use of the seized assets from the sanctioned individuals and also to expropriate up to 300 billion euros from the Central Bank of Russia that are frozen in European and American jurisdictions. 

«One of the key sources for recovery should be the assets seized from Russia and its oligarchs, they should be responsible for the massive destruction they caused,» Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal told the Lugano conference.

 

THE EUROPEAN COMMISSION CLAIMS TO HAVE ALLOCATED MORE THAN 4 BILLION EUROS

 

Several voices from Brussels are putting pressure to act. The main groups of the European Parliament, headed by the Spanish MEP, Domènec Ruiz-Devesa, sent a letter to the European Commission asking to «urgently approve a legislative project to have a clear framework that allows Putin’s treasure to be reused for the protection and reconstruction of Ukraine”. It would therefore be necessary for the relevant Member State to expropriate the resources that are frozen by virtue of the sanctions, because the competence is national, not European.

The legal hurdle

In the last EU summit EU leaders publicly declared themselves in favor of exploring this path, although behind closed doors, diplomatic sources highlight the legal and technical difficulties that would come along.

MEPS addressed the letter to EU’s High Representative, Josep Borrell and actually the former Spanish Foreign Affairs minister already spoke out in favor of the expropriation of such resources. Borrell even recalled that the United States expropriated assets from Afghanistan to finance its Humanitarian Aid and also to help the victims of the 9/11 terrorist attacks.

However, one of the differences between the EU and the United States when it comes to enforcing sanctions is precisely that in the EU there are twenty-seven Member States that must enforce them individually. It is not as easy as having them approved in the Council because there are twenty-seven different legal jurisdictions. So therein lies the difficulty to activate several different laws to expropriate assets from the Russian State and oligarchs. This has in fact been one of the factors that explains the slow implementation of certain sanctions in European territory.

So far, the European Commission has presented a proposal to put all the confiscated assets into a common European fund, but as Justice Commissioner Didier Reynders warned, this would imply transferring ownership of the confiscated assets and to do so, a judiciary decision and a common legal framework are required. And most importantly, first Member States and the European Parliament would have to agree on the directive and then approve it formally, a process that would not be as fast as Ukraine would wish.

«So the total amount of money [will be put] in a common fund for the Ukrainian victims and maybe to take part in the first steps in the rebuilding of Ukraine, but, of course, to do that you need to have a transfer of ownership from the freezing to the confiscation. With a judicial decision, it will be possible to organise that”, commissioner Reynders said. In the meantime, the Eu and other international partners are trying to find other ways to finance loans to Ukraine while they hope for the echoes of recession to fade away.

La compleja entrada de Ucrania en la UE

En la cumbre de finales de junio, los veintisiete líderes de la Unión Europea enviaron una fuerte señal de apoyo político a Ucrania otorgando en tiempo récord el estatus de candidato para entrar al club. Este es sin embargo un largo y polémico proceso, en el que países como Macedonia del Norte o Albania llevan hasta décadas sin poder ver hacerse efectiva la entrada. Además, a cambio del sí, Ucrania deberá llevar a cabo profundas reformas anticorrupción y de fortalecimiento del estado de derecho.

 

Ukraine’s difficult accession to the EU

At the European summit in late June, the twenty-seven EU leaders sent a strong signal of political support to Ukraine by granting its candidate status to join the club in record time. However, this is a long and controversial process. Countries such as North Macedonia or Albania have spent decades stuck there without being able to see their entry become effective. To get in, candidates must carry out reforms and match the requirements, which in the case of Ukraine are profound anti-corruption and rule of law reforms.

Seis paquetes de sanciones

Más allá del apoyo económico y el foco en la reconstrucción, la Unión Europea, juntamente con sus socios internacionales como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, han aplicado hasta seis paquetes de sanciones que implican no solo el embargo a las compras de petróleo y carbón ruso, sino también una larga lista de hasta 98 entidades y 1.158 individuos, desde miembros de la Duma, pasando por el mismo presidente Vladimir Putin o su ministro de Exteriores, Sergey Lavrov.

 

Six packages of sanctions

Beyond the economic support and the focus on reconstruction, the European Union, together with its international partners such as the United States, the United Kingdom or Canada, have implemented up to six packages of sanctions that involve not only the embargo on Russian oil and coal purchases, but also a long list of 98 entities and 1,158 individuals, from members of the Duma, through President Vladimir Putin himself or his Foreign Minister, Sergey Lavrov.

Europa opina / Europe thinks

Ucrania necesita asistencia financiera externa ahora. Informe del Think Tank económico Bruegel sobre las necesidades económicas inmediatas de Ucrania.

Ukraine needs external financial assistance now. Bruegel Economic Think Tank report on Ukraine’s immediate economic needs.

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Un plan para la reconstrucción de Ucrania (CEPR). Propuesta del Centro de Investigación de Política Económica para la reconstrucción del país.

A plan for the reconstruction of Ukraine (CEPR). Proposal of the Centre of Economic Policy Research for the reconstruction of the country.

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Página informativa del Consejo de Notarios de Europa sobre las obligaciones que se derivan para el sector.

Informative page of the Council of Notaries of Europe on the obligations that are derived for the sector.

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Entrevista a Dubravka Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía

ÁMBITO EUROPEO

DUBRAVKA SUICA,

vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía

vice president of the european commission for democrazy and demography

JULIA MANRESA,

Fotos: Melanie WENGER. Copyright: © European Union 2019

Dubravka Suica (Luetic, Croacia, 1957) es una política del partido de centroderecha Unión Democrática Croata (HDZ), vicepresidenta de la Comisión Europea para la Democracia y la Demografía desde 2019. Anteriormente ya estaba en política europea como eurodiputada. Fue la primera alcaldesa de Dubrobvknik. Como vicepresidenta de la Comisión, lidera los trabajos sobre democracia deliberativa y la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que concluyó recientemente. También está a cargo del mapeo estadístico del impacto del cambio demográfico y coordina la visión a largo plazo para las áreas rurales en Europa.

“El envejecimiento nos desafía como individuos y como sociedad”

¿Se van a implementar realmente las reformas solicitadas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa aunque supongan un cambio en los tratados europeos?

Corresponde a cada institución cumplir con los resultados de la conferencia, pero el seguimiento es una responsabilidad compartida. Estamos dispuestos a desempeñar nuestro papel para convertir las propuestas en acciones concretas. Las primeras propuestas de la Comisión para responder al informe final serán anunciadas por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión en septiembre. Hay ejemplos recientes que demuestran que, incluso en medio de una pandemia mundial o una guerra, Europa puede cumplir en áreas que no están explícitamente previstas en los tratados. Hemos adquirido miles de millones de vacunas para los europeos y hemos trabajado para reactivar la economía a través de NextGenerationEU, por mencionar solo dos. Pero podríamos ir más lejos. Europa podría desempeñar un papel más importante, por ejemplo, en salud y defensa, y en algunas áreas clave donde la votación por unanimidad no tiene sentido y necesitamos poder avanzar más rápido. Tenemos que encontrar la forma más directa de dar seguimiento a las conclusiones de la conferencia, ya sea utilizando todos los límites de lo que se puede hacer dentro de los tratados, o si es necesario, cambiando los tratados.

Se ha argumentado que la Conferencia sobre el Futuro de Europa debería convertirse en un instrumento participativo permanente. ¿Cree que la CoFoe tuvo el éxito suficiente para hacerlo?

La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha sido un ejercicio innovador de democracia deliberative, sostiene nuestra democracia representativa. Pero hay que recordar que en nuestra democracia representativa, los parlamentos son lugares de debate. La conferencia ha sido un ejercicio transnacional y multilingüe sin precedentes en democracia deliberativa. Los ciudadanos piden una mayor participación en la elaboración de políticas de la UE y, dados varios acontecimientos políticos, hemos reconocido que continuar como hasta ahora no es el camino a seguir. De hecho, a raíz de la pandemia y ahora que el horror de la guerra regresó a Europa, seguir como hasta ahora no es una opción.
Necesitamos una visión, una reinvención creativa de la democracia en la UE con el coraje de actuar de manera diferente y empoderar a los ciudadanos. No es suficiente que los ciudadanos esperen 4 o 5 años para expresar sus puntos de vista en las elecciones; quieren la oportunidad de contribuir con más regularidad.

“EL CAMBIO DEMOGRÁFICO PUEDE PERCIBIRSE COMO MENOS VISIBLE QUE LOS DESAFÍOS ASOCIADOS A LA TRANSICIÓN VERDE O DIGITAL, PERO NO ES MENOS URGENTE”

Entre sus competencias se encuentran las de recopilar información sobre los desafíos demográficos para establecer una hoja de ruta. ¿Está preparada Europa para el envejecimiento previsto de su población?

Mi trabajo trata sobre la vida de las personas a lo largo de todo su ciclo. Por ejemplo, parece que las diferencias de actitud hacia la UE pueden verse influidas por la edad y el lugar de residencia. Además, las actitudes políticas y el comportamiento electoral están determinados por los cambios en la estructura de edad de los territorios. Estamos pasando por tres transiciones. Las dos primeras son probablemente las más visibles: la verde y la digital. El cambio demográfico puede percibirse como más gradual y menos visible que algunos de los desafíos que enfrentamos asociados a esas dos transiciones, pero no es menos urgente. De hecho, sin incorporar la implicación de las transiciones demográficas en nuestros procesos, no podremos lograr lo que necesitamos para avanzar hacia una forma de vida más sostenible y una forma de vivir en un entorno cada vez más digital.

Ese es precisamente el propósito de mi cartera: garantizar que los Estados miembros y las instituciones europeas tengan la información y las herramientas adecuadas que necesitan para asegurarse de que están listos. El envejecimiento nos desafía como individuos y como sociedad. Por ejemplo, podemos esperar una demanda creciente en el cuidado a largo plazo. Otro factor es que la población en edad de trabajar se está reduciendo al mismo tiempo que aumenta el grupo de personas mayores. Esto ejerce presión sobre nuestros sistemas de protección social y desafía nuestros niveles de productividad y prosperidad. También debemos ser conscientes del peligro de la pobreza en la vejez.

“A RAÍZ DE LA PANDEMIA Y AHORA QUE EL HORROR DE LA GUERRA VOLVIÓ A EUROPA, SEGUIR COMO HASTA EL MOMENTO NO ES UNA OPCIÓN”

¿El movimiento de refugiados debido al conflicto en Ucrania cambia de alguna manera las tendencias demográficas proyectadas?

Todavía es demasiado pronto para evaluar completamente el impacto a largo plazo de la brutal guerra que libra el Kremlin en Ucrania. En el plazo inmediato, sin embargo, hemos estado trabajando para mapear la diáspora ucraniana en toda la UE, con el fin de ayudar en términos de planificación a dónde podrían ir aquellos que huyen de la guerra cuando buscan refugio en los Estados miembros. Estamos particularmente preocupados, y esto también entra dentro de mi cartera, por el bienestar de los niños que se han ido de Ucrania. Estamos haciendo esfuerzos para apoyar a nuestros Estados miembros para que puedan recibir adecuadamente a estos niños, brindarles alojamiento, alimentación, atención médica, apoyo psicosocial e integrarlos en sus sistemas educativos nacionales.

“ESTAMOS EN EL PROCESO DE ESTABLECER UN OBSERVATORIO RURAL Y DE ELABORAR UN MANUAL HECHO A MEDIDA PARA LAS ZONAS RURALES PARA UN MEJOR USO DE LOS FONDOS DE LA UE”

España es un ejemplo de disminución de la población en las zonas rurales. ¿Cómo se puede revertir esta tendencia y qué puede hacer la UE para contribuir?

Esta tendencia a la disminución de la población en las zonas rurales ha sido uno de los desencadenantes clave de nuestra comunicación sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales. Lo presentamos en junio del año pasado y desde entonces estamos trabajando en sus resultados. Hace un par de semanas lanzamos el Pacto rural, que reúne a todas las partes interesadas para hacer que las zonas rurales sean más vibrantes, dinámicas y atractivas; a principios de este año, comenzamos a probar todas nuestras iniciativas políticas clave en zonas rurales, para asegurarnos de que también beneficien a nuestras áreas rurales. Ahora estamos en el proceso de establecer un observatorio rural y de elaborar un manual hecho a medida para las zonas rurales para un mejor uso de los fondos de la UE.

“NO BASTA CON QUE LOS CIUDADANOS ESPEREN 4 O 5 AÑOS PARA EXPRESAR SU OPINIÓN EN LAS ELECCIONES, QUIEREN LA OPORTUNIDAD DE CONTRIBUIR MÁS REGULARMENTE”

España es también otro de los países europeos que está experimentando una fuerte ‘fuga de cerebros’. ¿Qué está haciendo la Comisión y la UE en su conjunto para detenerlo o evitarlo?

Estamos preparando para fin de año una iniciativa sobre este tema específico. El fenómeno está afectando a varias regiones de la UE y, si no se gestiona, corre el riesgo de generar consecuencias económicas y sociales muy negativas debido a la emigración de poblaciones jóvenes, educadas y dinámicas. Nuestra ambición con esta comunicación es atraer y retener talentos en las regiones de la UE que enfrentan una disminución de la población y transformar la fuga de cerebros en grano de cerebros con la ayuda de nuestras diferentes políticas, pero principalmente a través de la cohesión. Queremos crear nuevos polos de atracción en torno a diferentes estrategias de especialización inteligente y convertir a las regiones de la UE en centros de vida saludable y nuevas oportunidades.

¿La situación geopolítica y macroeconómica actual podría poner a los gobiernos en riesgo de priorizar políticas sociales de largo plazo como la Garantía Juvenil o Infantil?

Está claro que nos encontramos en una coyuntura geopolítica crítica en este momento. Nuestras políticas internas y externas están entrelazadas, se afectan y se informan mutuamente. Sería negligente decir que esta crisis no tiene consecuencias de gran alcance también dentro de la UE. La implementación de la garantía infantil y juvenil está muy avanzada. Nos hemos fijado el objetivo de abordar de manera efectiva la pobreza infantil, sacar a los niños y sus familias de la pobreza. Esto sigue siendo una prioridad. La garantía está especialmente diseñada para ayudar a los niños necesitados, que también incluye a los niños en movimiento y, en adelante, a los que huyen de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Ahora juega un papel crucial. La crisis actual sin duda tendrá un impacto en nuestros sistemas sociales, razón de más para fortalecerlos. Son los cimientos de nuestras sociedades democráticas y si la realidad actual nos ha enseñado algo, es que ahora más que nunca necesitamos solidificar nuestros cimientos. Mientras hacemos nuestra tarea aquí en la UE, también predicamos con el ejemplo más allá de nuestras fronteras.
Sumarios.

Dubravka Suica (Luetic, Croatia, 1957) is a politician from the centre-right Croatian Democratic Union (HDZ), Vice-President of the European Commission for Democracy and Demography since 2019. Previously she was already in European Politics as member of the European Parliament from 2013 to 2019. She was the first female mayor of Dubrobvknik. As Vice-President of the Commission, she leads the work on deliberative democracy and the Conference of the Future of Europe, that concluded recently. She is also in charge of the statistical mapping of the impact of the demographic change and also coordinating the long-term vision for rural areas in Europe.

“Ageing challenges us both as individuals and as a society”.

Are the reforms requested in the Conference on the Future really going to be implemented even if they involve a change in the European treaties?

It is up to each institution to deliver on the follow-up of the Conference. Follow-up is nevertheless a shared responsibility. We are ready to play our part in turning proposals into concrete action. The first new Commission proposals responding to the final report will be announced by President von der Leyen in her State of the Union Address in September. Recent examples show that, even in the midst of a worldwide pandemic or a war, Europe is able to deliver on areas that are not explicitly foreseen in the Treaties. We have procured billions of vaccines for Europeans and worked on kick-starting the economy through NextGenerationEU to mention just two examples. Beyond this, we could go further. Europe could play a greater role for example in health and in defence, and in some key areas where unanimity voting does not make sense and we need to be able to move faster.
We have to find the most direct way to follow-up on the conclusions of the Conference, either by using the full limits of what can be done within the Treaties, or if needed changing the Treaties where necessary.

Some have argued that the Conference on the Future of Europe should become a permanent participatory instrument. Do you think the CoFoe was successful enough to become permanent?

The Conference on the Future of Europe has been an innovative exercise in deliberative democracy. It underpinned our representative democracy. But remember our representative democracy and parliaments are places for debate. The Conference has been an unprecedented transnational, multilingual exercise in deliberative democracy. Citizens are calling for a greater involvement in EU policy making, and given various political developments, we have acknowledged that business as usual is not the way forward for us at the institutions. Indeed, in the wake of the pandemic and now the horror of war returned to Europe, business as usual is not an option.

We need a vision, a creative re-imagining of democracy in the European Union with the courage to deliver differently and to empower citizens. It is not enough for citizens to wait 4 or 5 years to express their views in elections, they want the opportunity to contribute more regularly.

“DEMOGRAPHIC CHANGE MAY BE PERCEIVED AS LESS VISIBLE THAN THE CHALLENGES ASSOCIATED TO GREEN OR DIGITAL TRANSITION BUT IT IS NOT LESS URGENT”

Among your competences, there are those of collecting information on the demographic challenges to set a roadmap. Is Europe ready for the expected ageing of its population?

My work is about people’s lives throughout the whole life cycle. For example, it appears that differences in attitudes towards the EU may be influenced by age and place of residence. In addition, political attitudes and electoral behaviour are shaped by changes in the age structure of territories. We speak of undergoing three transitions at the moment. The first two are probably the most visible – the green and digital transitions. Demographic change may be perceived to be more gradual and less visible than some of the challenges we face associated with these transitions, but it is no less urgent. In fact, without incorporating the implication of demographic transitions into our processes, we will not be able to achieve what we need to in terms of moving towards a more sustainable way of living and a way of living successfully in an increasingly digital environment.
That is precisely the purpose of my portfolio – to ensure member states and the European institutions have the information and the appropriate tools that they need to ensure that they are ready. Ageing challenges us both as individuals and as a society. For example, we can expect an increasing demand in long-term care. Another factor is that the working-age population is shrinking while at the same time the group of older persons increases. This puts pressure on our social protection systems and it challenges our levels of productivity and prosperity. Likewise, we need to be aware of the danger of old-age poverty.

“IN THE WAKE OF THE PANDEMIC AND NOW THE HORROR OF WAR RETURNED TO EUROPE, BUSINESS AS USUAL IS NOT AN OPTION”

Does the refugee movement due to the conflict in Ukraine change in any way the projected demographic trends?

It is still too early to fully assess the long-term impact of the brutal war being waged by the Kremlin in Ukraine. In the immediate term, however, we have been working to map the Ukranian diaspora across the EU, in order to help in terms of planning where those fleeing the war could go as they seek refuge in member states.
We are particularly concerned – and this also falls within my portfolio – about the well-being of the children who have left Ukraine. We are taking efforts to support our Member States so that they can adequately receive these children, provide them with shelter, food, healthcare, psycho-social support and integrate them in their national education systems.

“WE’RE NOW IN THE PROCESS OF ESTABLISHING A RURAL OBSERVATORY, AND OF PUTTING TOGETHER A HANDBOOK TAILOR-MADE FOR RURAL AREAS FOR THE BETTER USE OF EU FUNDS”

Spain is one example of population decline in rural areas. How can this trend be reversed and what can the EU do to contribute?

This tendency of population decline in rural areas has been one of the key triggers for our communication on the long-term vision for rural areas. We have presented it in June last year, and we are ever since working on its very concrete deliverables. A couple of weeks ago we have launched the Rural pact – bringing together all stakeholders to make rural areas more vibrant, dynamic and attractive; earlier this year we have started rural proofing all our key policy initiatives, to make sure that they also benefit our rural areas. We’re now in the process of establishing a rural observatory, and of putting together a handbook tailor-made for rural areas for the better use of EU funds. This is how we are trying, to help reversing the trend, and to make our rural areas connected, prosperous and attractive!

“IT IS NOT ENOUGH FOR CITIZENS TO WAIT 4 OR 5 YEARS TO EXPRESS THEIR VIEWS IN ELECTIONS, THEY WANT THE OPPORTUNITY TO CONTRIBUTE MORE REGULARLY”

Spain is also another of the European countries that is experiencing a heavy ‘brain drain’. What is the Commission and the EU as a whole doing to stop or prevent it?

We are preparing for the end of the year an initiative on this specific topic. The phenomenon is affecting a number of EU regions and if left unmanaged risks generating very negative economic and social consequences because of the outflowing migration of young, educated and dynamic populations. Our ambition with this communication is to attract and retain talents in EU regions facing population decline, and to transform brain drain into brain grain with the help of our different policies, but mainly through cohesion. We want to create new poles of attraction around different smart specialisation strategies and make EU regions hubs of healthy living and new opportunities. 

Could the current geopolitical and macroeconomic situation put governments at risk of prioritising long-term social policies such as the Youth or Child Guarantee?

It is clear that we are at a critical geopolitical juncture right now. Our internal and external policies are intertwined,

 they affect and inform one another. It would be remiss to say that this crisis does not have far reaching consequences also inside the EU. The implementation of both the child and youth guarantee are well underway. We have set ourselves the goal to effectively tackle child poverty, lift children and their families out of poverty. This remains a priority. The guarantee is particularly designed to support children in need, which also includes children on the move, and henceforth those fleeing the Russian war of aggression against Ukraine. It plays a crucial role now. The current crisis will certainly have an impact on our social systems, which is all the more a reason to strengthen them. They are foundations for our democratic societies and if the current reality has taught us one this, is that we now need to solidify our foundations more than ever. While doing our homework here in the EU, we are also leading by example beyond our borders.

Hacia una sanidad digital europea

ÁMBITO EUROPEO

HACIA UNA SANIDAD DIGITAL EUROPEA

“El espacio europeo de datos sanitarios supondrá un nuevo comienzo para la política sanitaria de la UE, puesto que pondrá los datos sanitarios al servicio de la ciudadanía y de la ciencia”, dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la presentación del proyecto.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

La UE propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar «proteger los derechos de las personas» y «sustentar la democracia».

¿Tiene usted su historial médico a mano? Son pocos los ciudadanos que lo tienen o que saben cómo encontrarlo, aunque en la mayoría de casos la administración sanitaria de su comunidad autónoma le ofrece acceso a esta información a través de internet, simplemente con el documento nacional de identidad. La necesidad de mejorar la digitalización de la sanidad se puso todavía más de relieve durante la pandemia de coronavirus, cuando la información sobre la vacunación o la recuperación de la enfermedad se convirtió en clave para el día a día de la mayoría y permitió que la idea de crear un Espacio Europeo de Datos Sanitarios cogiera fuerza.

Digitalizar la sanidad

La mayoría de administraciones públicas hace tiempo que emprendieron el camino de la digitalización, pero no hay un uso extendido de las posibilidades que la digitalización brinda. Y todavía está menos extendido un uso transnacional de estos datos. Por ejemplo, si un turista español viaja a Dinamarca o a Alemania y necesita acudir a la sanidad del país, pero no habla el idioma, tener a su disposición (o a la del médico) una versión en inglés, alemán o danés de su historial médico sería de extrema utilidad para su atención y tratamiento. Máxime cuando, como ciudadano europeo, tiene derecho a atención sanitaria pública de urgencia en cualquier país de la UE.

LA NECESIDAD DE MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN DE LA SANIDAD SE PUSO TODAVÍA MÁS DE RELIEVE DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Para casos como estos y gracias a la experiencia recabada con el Certificado Digital Covid, la Comisión Europea ha redoblado la apuesta por una Sanidad Digital Europea y ha impulsado el llamado Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS), una herramienta específica para el intercambio de datos sanitarios que permitirá el uso de esta información electrónica por parte de pacientes, profesionales e investigadores. Se considera una herramienta clave de la Unión Sanitaria Europea, un objetivo que la Comisión liderada por Ursula Von Der Leyen se marcó a raíz de la pandemia.

Control de los datos

En su propuesta, la Comisión asegura que esta iniciativa “ayudará a la UE a dar un salto cualitativo” en cuanto a cómo se prestan a las personas los servicios de atención sanitaria en toda Europa. De hecho, señala que uno de los objetivos es fomentar un “auténtico mercado único de servicios y productos sanitarios digitales”.

¿Qué significa todo esto en la práctica? La idea del ejecutivo comunitario es que cada ciudadano tenga acceso “inmediato, gratuito y fácil” a sus datos en formato electrónico. Hablamos de historiales resumidos de pacientes, recetas electrónicas, imágenes médicas o informes de alta, por ejemplo. De esta manera, un expatriado en Bruselas, ciudad llena de personas de otros países europeos que trabajan en las instituciones comunitarias, podría intercambiar fácilmente sus datos sanitarios con los profesionales de la salud de la capital.

LA COMISIÓN EUROPEA HA CREADO UNA HERRAMIENTA PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS SANITARIOS POR VÍA ELECTRÓNICA

La idea de la Comisión también implica que los usuarios tengan “pleno control” de sus datos y puedan añadir información, corregirla o incluso restringir el acceso a terceros. Para que todo esto sea posible, por supuesto, deberá consensuarse un formato común europeo, como pasó con el Certificado Digital Covid, que permita que las autoridades de cualquier país emitan esta información de manera homologada y comprensible en el resto del territorio común.

Todo esto, sin embargo, implica retos innegables en el ámbito de la ciberseguridad y la privacidad, puesto que la información médica es especialmente sensible. Por ejemplo, para que investigadores, empresas o instituciones puedan tener acceso, deberán solicitar permiso a un organismo competente que cada gobierno deberá asignar.

Todo este marco debe garantizar que los datos serán únicamente usados para fines específicos, entornos cerrados y seguros y de manera anonimizada. Bruselas ya contempla por ejemplo que esté prohibido usar los datos para que se puedan aumentar las primas de seguros, por ejemplo, si hay personas que se consideran de más riesgo después de conocerse estos. La autorización para el acceso quedaría en manos de autoridades nacionales pero supervisada por una nueva infraestructura europea: Health Data EU.

El EDDS implica que se amplíe la utilización directa o primaria de los datos sanitarios electrónicos pero también secundaria a través de la anonimización de los datos y su uso agregado, para facilitar el diseño de futuras políticas públicas o para la investigación. Como hemos apuntado, pues, la gobernanza de toda esta amplia infraestructura será clave y la Comisión Europea se basa en la Ley de Gobernanza de Datos para delimitarla. Deberá crearse un Consejo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, compuesto por representantes de las autoridades sanitarias digitales y los organismos de acceso, tanto de los Estados como de la Comisión. Este Consejo, que también contaría con observadores, supervisará la aplicación de las normas y asesorará a las partes implicadas.

LA IDEA DEL EJECUTIVO COMUNITARIO ES QUE CADA CIUDADANO TENGA ACCESO DIGITAL “INMEDIATO, GRATUITO Y FÁCIL” A SUS DATOS

Fondos de recuperación

Ni la opinión pública europea ni la actual Comisión darían este paso si no fuera por el cambio de paradigma que ha significado la pandemia del coronavirus. Incluso la excanciller alemana, Angela Merkel, apoyó la idea de una Unión Sanitaria Europea en su último discurso ante el Parlamento Europeo.

LOS USUARIOS TENDRÁN PLENO CONTROL DE SUS DATOS Y PODRÁN AÑADIR INFORMACIÓN, CORREGIRLA O INCLUSO RESTRINGIR EL ACCESO A TERCEROS

Pero para convertirla en una realidad hace falta financiación y aquí entra en juego el Fondo Europeo de Recuperación, creado justamente para recuperar las economías europeas de la pandemia. Según la propuesta de la Comisión, en los planes de reformas que los gobiernos ya han presentado mayoritariamente para conseguir su porción del Fondo, se han presupuestado hasta 12.000 millones de euros para inversiones en digitalización del sector sanitario. También se contemplan recursos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el programa InvestEu. Además, la Comisión aportará directamente 810 millones para el EEDS.

Este gran proyecto, que necesita el respaldo de los gobiernos y de la Eurocámara, corre el riesgo de quedar en segundo plano a causa de la guerra en Ucrania y los nuevos problemas asociados.

La privacidad y la ciberseguridad

Una eventual sanidad digital europea implicará una estricta y clara supervisión del uso de unos datos elevadamente sensibles. Por eso, Bruselas prevé la creación de organismos de control nacionales y europeos que garanticen el correcto uso de la información e impidan que, por ejemplo, se convierta en una herramienta en manos de las aseguradoras para encarecer algunos servicios.

Los antecedentes

La Unión Europea de la Salud es ahora un simple embrión de un gran y complejo proyecto que implica interferir en competencias nacionales y coordinar infraestructuras gigantescas. Sin embargo, en la UE ya es posible usar recetas electrónicas entre Estados miembros. Existe también desde 2004 un reglamento para la coordinación de los sistemas de Seguridad Social.

Europa opina

Análisis de la Agencia Europea de Ciberseguridad sobre la pseudoanonimización de los datos para aconsejar buenas prácticas en el ámbito sanitario.
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Estudio solicitado por la Comisión Europea sobre el análisis de impacto de un Espacio Europeo de Datos Sanitarios
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Opinión preliminar del Organismo de Supervisión y Protección de Datos de la UE en la primera propuesta del Espacio Europeo de Datos Sanitarios
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«Hay que empezar por nuestra propia casa», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

JOSÉ RAMÓN PATTERSON,

Periodista

 

"De momento, donde yo vivo el acceso se limita a los informes hospitalarios de atención en urgencias, consultas externas, altas y cuidados de enfermería”"

Hay que empezar por nuestra propia casa

Aunque me estruje las meninges, me cuesta trabajo encontrar palabras para hablar de los aspectos positivos de una pandemia que ha matado a millones de personas. Sin embargo, si examinamos cuidadosamente lo ocurrido en los dos últimos años podremos ver que los ha habido. Y no me refiero a la ingenua esperanza que albergábamos cuando estábamos confinados de que íbamos a salir mejores de aquella catástrofe, porque se ha visto que no ha sido así. De hecho, seguimos siendo tan poco solidarios con el sufrimiento ajeno como antes.

Una de esas facetas valorables es que, de rebote, la lucha contra la Covid-19 ha dado un impulso a la integración europea. Por un lado, la UE centralizó la compra de vacunas, lo que permitió disponer de más capacidad de gasto y mayor fortaleza para moderar los precios. Por otro, se ha puesto en marcha un plan de recuperación, el Next Generation, que se financia, entre otros mecanismos, con la emisión de deuda conjunta respaldada por los 27 e impuestos específicamente europeos, lo cual es una novedad.

Me gustaría creer que también ha servido para advertirnos sobre cómo obrar en situaciones análogas, pero los seres humanos tendemos a olvidar rápido las circunstancias o acontecimientos que hemos vivido, lo que nos lleva a volver al mismo lugar donde nos hemos equivocado y a tropezar una y mil veces en la misma piedra. A mí, que soy muy de refranes, me gusta esa paremia que dice: vieja escarmentada, pasa el vado arrezagada, aunque creo que es más acorde con nuestras costumbres lo de: el hombre bestia en lo claro yerra.

Lo que quiero decir es que lo ocurrido también ha puesto de relieve bastantes carencias, sobre todo las de nuestro sistema de salud, como la penuria de la atención primaria o las disfunciones de unos servicios territorializados, a los que no veo que se esté poniendo remedio. En lo más duro de la pandemia, por ejemplo, un residente en Madrid desplazado temporalmente a Asturias podía hacerse allí una PCR, pero al no ser usuario en la comunidad conocer el resultado resultaba arduo.

Ahora, la Comisión Europea se ha venido arriba basándose en el más que discutible éxito del “pasaporte Covid” y ha propuesto la creación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS) para que todos tengamos nuestro historial clínico en formato electrónico y sea accesible desde cualquier país. España ha aplaudido la idea con entusiasmo, aunque seamos el mejor ejemplo de la inutilidad del “pasaporte” para frenar la ola de contagios con la variante Ómicron o forzar a vacunarse a los remolones.

En principio, la existencia de una infraestructura que permita compartir los historiales de todos los europeos, y más adelante hasta sus datos genómicos, parece una buena idea. Disponer de esa información sería útil para prestar una asistencia más eficaz, con independencia de dónde estemos; además, el acopio de datos serviría de manera secundaria para desarrollar medicamentos y planificar políticas sanitarias y en investigación. Eso sí, habrá que garantizar la protección de la información confidencial de los pacientes.

El problema, creo, no está en controlar el uso y la difusión de esos datos. El principal obstáculo es mucho más simple. De hecho, el Ejecutivo comunitario prevé que sea el mayor inconveniente: para que el EEDS sea una realidad hay que crear infraestructuras interoperables que permitan el uso transfronterizo de los datos sanitarios; y eso exige que, previamente, a nivel nacional, la información (historial, analíticas, pruebas de imagen, etc.) también esté disponible en un formato común accesible para cualquier profesional. Y no es el caso, al menos en España.

La Comisión ilustra con ejemplos cómo funcionará el EEDS. Así, si una portuguesa que se pone enferma estando de vacaciones en Francia acude a un médico; este verá en su ordenador -“¡en francés!”- los datos de la paciente y prescribirá los medicamentos teniendo en cuenta su historial y, si es el caso, los productos a los que sea alérgica. Otro ejemplo es el de un hombre atendido de urgencia en un hospital cualquiera; más tarde, su neumólogo habitual evitará repetir innecesariamente las pruebas gracias al EEDS.

¿Verdad que sería fantástico? Pero, ¿es realizable en un horizonte no muy lejano? Difícilmente, aunque ojalá me equivoque. De momento, donde yo vivo el acceso se limita a los informes hospitalarios de atención en urgencias, consultas externas, altas y cuidados de enfermería. No se puede acceder a los historiales del principal hospital de la región, cuyo sistema informático es incompatible con los demás de la red, ni de los centros de salud; tampoco a los de las mutuas ni a los de las clínicas privadas.

El reto es, precisamente, conectarlo todo. Y a la vista de la paupérrima situación de nuestro sistema sanitario público, es un hándicap que costará franquear.

No hay vuelta atrás

Bruselas marca el camino para una carta magna digital

ÁMBITO EUROPEO

BRUSELAS

MARCA EL CAMINO PARA UNA CARTA MAGNA DIGITAL

La Unión Europea abandera la defensa de los derechos humanos y valores fundamentales como la democracia, la libertad de expresión, la defensa de las minorías, la solidaridad y la sostenibilidad. Pero en un mundo cada vez más digital, Europa quiere garantizar que todos estos valores también se respetan y promueven en línea. Por ello ha propuesto una Declaración de Derechos y Principios Digitales, una especie de carta magna digital, que deberá regir las políticas que regulen este sector una vez sea aprobada por el Consejo Europeo y la Eurocámara, para garantizar así un enfoque europeo también en la Red.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

La UE propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar «proteger los derechos de las personas» y «sustentar la democracia».

“Lo que es ilegal offline también debería serlo online”. Con esta contundencia se expresaba el comisario de Mercado Interior Thierry Breton a principios de este año, cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de Declaración sobre los derechos y principios digitales que pretende ser una guía para la transformación digital en la que el conjunto de la Unión se ha embarcado esta década. Europa quiere ser (y está siendo) pionera en la regulación del sector online por diferentes frentes y quiere que cualquiera de estas regulaciones tenga en cuenta los derechos y principios fundamentales que abandera en el resto de ámbitos. Dicho de otra manera: la Unión quiere garantizar la protección de los derechos fundamentales también en el ámbito digital y que este sector respete también los principios europeos. El principal objetivo, dicho en pocas palabras, es que las personas están en el centro de esta transformación. La Comisión Europea espera que esta declaración qualificada de solemne sea firmada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el verano de este 2022.

El acceso a internet tiene que ser seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables

Solo este año, la Unión Europea tiene previsto adoptar leyes digitales de gran calado, como la Directiva de Servicios Digitales o la Directiva de Mercados Digitales, que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. La aprobación de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico -principalmente dominado por grandes empresas americanas- se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

El pasado marzo la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la Directiva de Mercados Digitales y también este año está previsto aprobar la Directiva de Servicios Digitales, dos leyes que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. El impulso de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico principalmente dominado por grandes empresas americanas– se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de
lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger
la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

Las personas en el centro

De aquí que la Comisión Europea, y de hecho también el Parlamento Europeo, así como los líderes y organizaciones de la sociedad civil, consideren necesario establecer cuáles son los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. El difunto presidente de la Eurocámara, David María Sassoli, por ejemplo, ya había promovido en 2018 la idea que el acceso a internet fuera reconocido como un nuevo derecho humano. Pero, ¿cuáles son los derechos que recoge Bruselas? La declaración que propuso la Comisión Europea se articula en seis capítulos: las personas en el centro de la transformación digital; la solidaridad e inclusión; la libertad de elección; la participación en el espacio público digital; la seguridad, la protección y el empoderamiento; y la sostenibilidad.

Cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación deben respetarse también en internet

Dentro de estos capítulos, Bruselas propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar “proteger los derechos de las personas” y “sustentar la democracia”. Pero también garantizar que los europeos tengan acceso asequible y rápido a la Red. Este acceso, a su vez, debe ser seguro; seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables. La privacidad de los datos o la transparencia de los algoritmos y el derecho a tener servicios públicos digitales, como una identidad digital accesible y fiable, también están contemplados en esta declaración.

Según datos de la misma Comisión, cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que sus derechos, como la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación, deben respetarse también en la Red. Además, en 2019 la mitad de los usuarios de internet de la UE aseguró que limitaba sus actividades en línea debido a sus preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El derecho a la desconexión

Un ejemplo tangible de lo que implica esta declaración es, por ejemplo, el llamado derecho a la desconexión, que debe garantizar que los trabajadores puedan desconectar de su trabajo en línea al concluir su jornada laboral. El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2021 una resolución pidiendo a la Comisión que regule este derecho. Países como Bélgica ya lo contemplan en sus renovadas legislaciones laborales y, por lo tanto, ya se está teniendo como un derecho laboral más después de una pandemia que disparó el teletrabajo. En otros casos, sus efectos prácticos todavía están por ver o simplemente no se ha traducido todavía en legislación. El control o el libre acceso de los datos y que las Administraciones Públicas sean accesibles también en el ámbito digital son otros ejemplos contemplados en este texto. Pero hay otros muchos aspectos que deben verse incluidos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o, por ejemplo, los derechos del consumidor a tener más información sobre sus productos digitales, su huella medioambiental o su posibilidad de reparación.

Bruselas quiere garantizar que todas las actividades que son consideradas ilegales en el mundo offline también lo son en la red

No es gratuito que la transformación digital sea uno de los vectores regentes de cualquiera de las políticas que llegan a las capitales marcadas desde Bruselas. Y es que este es un pilar fundamental de la hoja de ruta que la Comisión liderada por Ursula Von der Leyen, cosa que se ha traducido no solo en la agenda legislativa del ejecutivo bruselense, sino también, por ejemplo, en los criterios fijados para la obtención de los fondos de recuperación articulados como respuesta a la pandemia del coronavirus. El 40% de las inversiones y proyectos previstos por cada gobierno europeo deben consagrarse a la transformación digital. Todo este dinero, proyectos y nuevas formas de negocio o de generar actividad económica implican una intensificación de la vida online de la ciudadanía europea que, a ojos de Bruselas, no tiene por qué perder ningún tipo de protección fundamental respeto a la vida que mantiene offline.

Los antecedentes

Este proyecto de declaración, que tiene que ser aprobado todavía por los veintisiete y por la Eurocámara, tiene sus raíces en otras iniciativas similares que provienen de los mismos gobiernos europeos, como la Declaración de Tallinn sobre el Gobierno Digital (2017), la Declaración de Berlín sobre la Sociedad Digital y un Gobierno Digital basado en valores (2020), o la Declaración de Lisboa sobre la Democracia Digital (2021). Todas estas iniciativas tienen como objetivo último adoptar un modelo de transformación digital que refuerce y no debilite los derechos humanos.

Las bases legales

Según explica la Comisión Europea, la Declaración de Derechos y Principios Digitales está profundamente arraigada en la legislación europea. Tanto en la Declaración de Derechos Fundamentales como en la jurisprudencia que ha ido marcando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, se ha llegado a bautizar como la carta magna digital. Bruselas también considera que esta iniciativa es comparable al Pilar Europeo de Derechos Sociales. Para garantizar que no se queda únicamente en una declaración, la Comisión propone a su vez un proceso de monitarización con un informe anual.

Europa opina

Declaración de Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Enlace a la declaración que propuso la Comisión a principios de año en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.
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Documento de trabajo de la Comisión Europea para la elaboración del proyecto de declaración.
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Contribución de la red de ONGs, expertos y académicos EDRI, dedicada a defender y promover los derechos digitales.
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«La Carta de Derechos digitales de España”, por Moisés Barrio Andrés

ÁMBITO EUROPEO

MOISÉS BARRIO ANDRÉS,

Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho digital y Director del postgrado en Legal Tech y transformación digital (DAELT) de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

 

"El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él"

La Carta de Derechos digitales de España

La transformación digital ejerce una influencia trasversal en todas las actividades de la sociedad, y naturalmente en el propio Derecho. El gran problema jurídico que plantea consiste en que los comportamientos y las actividades desplegadas con o en virtud de la transformación digital no siempre se encuentran previstos por la legislación vigente. Por eso constituyen auténticas lagunas en las normas jurídicas.

Además, algunas de las innovaciones tecnológicas emergentes operan al margen del Derecho y ponen en cuestión el tradicional papel del Estado. Y suscitan asimismo importantes desafíos relacionados con la descentralización (pensemos en las tecnologías DLT/blockchain), el anonimato, la protección de datos, la identidad digital, la opacidad de los procesos, la interconectividad global, las amenazas de ciberseguridad, la propiedad de los datos, etc.

Por ello es urgente actualizar las declaraciones de derechos, adaptando las vigentes a los fotónicos cambios tecnológicos y sociales que se están produciendo, salvaguardando al mismo tiempo el indispensable equilibrio entre las utilidades que reporta la transformación digital y la garantía de los derechos de los ciudadanos en los nuevos espacios y escenarios de relación y conflicto.

Así las cosas, los nuevos entornos y contornos disruptivos provocan desazón en los ciudadanos y empresas, ante lo cual crecientes voces reclaman seguridad jurídica y cartas de derechos digitales.

Ello tanto desde el sector público, como sucedió en la Cámara de Diputados de Italia en 2015 con la Declaración de Derechos de Internet o con la reciente Declaración europea de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea presentada por la Comisión Europea el 26 de enero de 2022, como también en el sector privado, pudiéndose citar entre nosotros el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital promovido por Telefónica en 2018.

Jurídicamente, la cuestión se articula a través del concepto de «derechos digitales», que engloba los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o derechos de rango ordinario previstos en las leyes.

Por tanto, la categoría de «derechos digitales» comprende no sólo la actualización de derechos tradicionales para identificar en ellos nuevas facultades en el marco de la sociedad digital (por ejemplo, el derecho al olvido dentro del derecho fundamental a la protección de datos, como lo ha admitido la STC 58/2018, de 4 de junio), sino también para reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido genuino en los textos constitucionales, como serían por ejemplo el caso del acceso universal a internet y la ciberseguridad, así como un derecho fundamental a la verdad para luchar contra las noticias falsas (fake news), un derecho a la conciliación familiar y laboral o los neuroderechos.

Esta categoría es especialmente relevante porque la transformación digital debe tener como principio estructural maximizar la calidad de la democracia y los derechos. El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse y están asegurados en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él, lo que plantea el problema de cómo protegerlos adecuadamente dadas las especiales características del mundo digital.

Ahora bien, a la hora de encajar los derechos digitales en el marco constitucional vigente las opiniones son diversas y se plantea incluso la necesidad de que éste sea actualizado con una reforma expresa de la Constitución Española de 1978.

Por el momento, en España ya el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (la LOPDGDD) establece una primera regulación de los mismos. Es una regulación jurídica, no ética, y su promulgación supuso una importante novedad en el Derecho comparado.

El paso siguiente se ha producido con la Carta de Derechos digitales de España, de 2021.

La Carta, adoptada el pasado 14 de julio de 2021 por el Gobierno, se estructura en cinco grandes apartados: «derechos de libertad», «derechos de igualdad», «derechos de participación y de conformación del espacio público», «derechos del entorno laboral y empresarial» y, finalmente, «derechos digitales en entornos específicos». Y en cada uno de estos ámbitos se contiene una relación de derechos que suman un total de veinticinco.

Ahora bien, su objetivo no es el de elaborar un proyecto de norma jurídica (algo que ha ocasionado una comprensible decepción) sino el de redactar un documento que pueda servir de referencia para una futura ley orgánica que actualice los derechos digitales, si bien en principio sería muy conveniente una reforma expresa de la Constitución.

Pero la Carta cumple finalidades adicionales. Por ejemplo, puede servir para el fomento activo por los poderes públicos de códigos de conducta inspirados en los principios del texto. O de impulso de políticas públicas digitales. Del mismo modo, es un útil instrumento interpretativo de algunos conceptos difusos en la legislación vigente. O, en fin, constituye el inicio de un debate sobre nuevos derechos digitales no positivizados hasta la fecha y la forma en que deberían modularse, como es el caso del empleo de las neurotecnologías.

La influencia de la Carta la encontramos por ejemplo en la próxima Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, así como en la señalada Declaración de Principios y Derechos Digitales de la UE, de 26 de enero de 2022.

A partir de ahora, corresponde a los titulares de la iniciativa legislativa (esto es, fundamentalmente al Parlamento y al Gobierno según el art. 81.1 CE) promulgar nueva legislación para mejorar la protección de los derechos digitales en nuestro país.

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea, por Jaume Duch Guillot

ÁMBITO EUROPEO

Jaume Duch Guillot

Director General de Comunicación y Portavoz del Parlamento Europeo

 

El impulso de una economía social y solidaria en la Unión Europea

Promoting a social and solidarity economy in the European Union

Hace tiempo que la Unión Europea dejó de ser una comunidad meramente económica para ser también una entidad política y humana de primer orden, en la que la economía no es el fin, sino solo un medio. En este sentido, la economía social de mercado ejemplifica a la perfección la ambición del proyecto europeo subrayando los valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad y solidaridad entre otros.

Es innegable que la pandemia de la COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre muchas cosas y entre ellas, los peligros de una brecha social en aumento. Europa ha respondido con firmeza a esta emergencia con un ingente esfuerzo financiero y esta vez no ha olvidado que la política social tiene que ocupar una plaza de relieve en el esfuerzo por la recuperación, gracias en particular, al trabajo realizado por el equipo negociador del Parlamento Europeo. En efecto, el Plan Europeo de Recuperación contiene, junto a la dimensión ambiental y la digital, una dimensión social indispensable, ya que el cambio climático y la modernización de la economía no pueden disociarse de la justicia social y de la lucha contra las desigualdades.

Este Plan Europeo de Recuperación -sin parangón ni por su cuantía ni por su estructura fiscal- es un ejemplo de como la protección y el fomento de una economía social es clave a la hora de diseñar cualquier proyecto europeo. Pero hay muchos más, como la componente que acompaña el Pacto Verde europeo, encabezada por el Fondo Climático Social, cuya propuesta están discutiendo las comisiones de Empleo y Medio Ambiente del Parlamento Europeo, para asegurar que nadie se queda atrás en la llamada transición verde.

Estas medidas no nacen de manera aislada, sino en un marco predeterminado. Cualquier acción que decida poner en marcha la Unión Europea ha de tener cabida en su presupuesto ordinario, el llamado marco financiero plurianual 2021-2027 o en el plan de recuperación de 750.000 millones de euros creado para luchar contra las consecuencias de la pandemia. El componente social del segundo sigue en realidad la pauta del primero, en el cual ya se aumentaron de forma sustancial las partidas destinadas al fomento de una economía social. Un incremento logrado gracias a la determinación del equipo negociador del Parlamento Europeo que no cesó de defender la importancia de poner a las personas en el centro hasta conseguir un acuerdo con el Consejo.

Hasta 15.000 millones de euros suplementarios consiguió el equipo negociador del Parlamento para partidas clave a través de programas como Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU o Creative Europe, entre otros.

Gracias a los recursos que proporciona el marco plurianual 2021-2027, la Comisión Europea presentó en diciembre el Plan de Acción para la Economía Social que el Parlamento Europeo está actualmente examinando en su comisión de Empleo. El ponente del informe, Jordi Cañas, ya ha manifestado la voluntad del Parlamento de otorgar a la economía social la visibilidad que merece, exprimiendo su potencial para contribuir a los objetivos de mayor bienestar, prosperidad, justicia, inclusión y respeto al medioambiente.

La propuesta se centra en la creación de un entorno para que la economía social prospere, con marcos jurídicos y políticas adecuadas, así como un conjunto de recomendaciones sobre los marcos fiscales, facilitación del acceso a las ayudas y buenas prácticas en materia de contratación pública socialmente responsable. Este apoyo al desarrollo debe ayudar a que las entidades inicien su actividad y se expandan. Por eso, en términos de financiación, la propuesta plantea aumentar la ayuda a estos agentes económicos, superando los 2.500 millones de euros asignados en el periodo anterior (2014-2020).

El desarrollo de la economía social debe producirse desde la inclusión plena de los agentes sociales y de los ciudadanos. Con esta perspectiva, la comisión de Empleo del Parlamento Europeo lleva a cabo audiciones con entidades sociales y académicos expertos, un diálogo útil a la hora de elaborar sus propias recomendaciones.

Cómo evolucionará este sector en los próximos años podría depender también de las conclusiones a las que llegue la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Uno de los paneles en los que participan dos centenares de ciudadanos discute propuestas y recomendaciones en relación con el futuro de la economía y del empleo, prestando atención a la justicia social. Todavía no sabemos a ciencia cierta en qué manera las instituciones europeas transformarán esas recomendaciones en propuestas oficiales de la Conferencia, pero en todo caso el Parlamento ha sido claro desde el inicio en su voluntad de integrar sus conclusiones en el trabajo legislativo de la institución.

Las lecciones aprendidas de la crisis económica de 2010 y de la pandemia de COVID-19, la segunda mucho mejor resuelta que la primera, son en todo caso un potente acicate para el desarrollo de esa economía social que está presente en la concepción inicial del proyecto europeo.

The European Union has long since moved on from being a purely economic community, becoming also a leading political and human entity, for which the economy is not the end, but only a means. In this regard, the social market economy perfectly exemplifies the ambition of the European project by emphasising the values enshrined in the Treaty on European Union: respect for human dignity, freedom, democracy, equality and solidarity, among others.

It is undeniable that the COVID-19 pandemic has forced us to reflect on many things, including the dangers of a growing social divide. Europe has responded robustly to this emergency with a huge financial effort, this time without neglecting the fact that social policy must play a prominent role in the recovery effort, thanks in particular to the efforts of the European Parliament’s negotiating team. Alongside environmental and digital dimensions, the European Recovery Plan contains an indispensable social dimension, since climate change and the modernisation of the economy cannot be separated from social justice and the fight against inequalities.

This European Recovery Plan -unprecedented in terms of both scale and fiscal structure- is an example of how the protection and promotion of a social economy is vital to the design of any European project. But there are many more aspects, such as the component accompanying the European Green Deal, spearheaded by the Social Climate Fund, the proposal for which is being discussed by the European Parliament’s Committees on Employment and the Environment, to ensure that no one is left behind in the so-called green transition.

These measures are not created in isolation, but within a predetermined framework. Any action that the European Union chooses to take must be accommodated by its regular budget, known as the Multiannual Financial Framework 2021-2027, or by the €750 billion recovery plan created to combat the consequences of the pandemic. The social component of the latter in fact follows the pattern of the former, in which the budgetary allocations to promote a social economy have already been substantially expanded. An increase achieved thanks to the determination of the European Parliament’s negotiating team, which constantly argued for the importance of placing people centre-stage, until an agreement was reached with the Council.

Up to an additional €15 billion was secured by Parliament’s negotiating team for key items through programmes such as Erasmus Plus, EU4Health, Horizon Europe, Invest EU and Creative Europe.

Thanks to the resources provided by the multiannual framework 2021-2027, in December the European Commission presented the Action Plan for the Social Economy, currently being examined by the European Parliament’s Committee on Employment. The rapporteur for the report, Jordi Cañas, has already expressed Parliament’s willingness to give the social economy the visibility it deserves, making the very most of its potential to contribute to the goals of greater well-being, prosperity, justice, inclusion and respect for the environment.

The proposal focuses on creating an environment for the social economy to thrive, with appropriate legal and policy frameworks, as well as a set of recommendations on fiscal frameworks, facilitating access to grants and good practices in socially responsible public procurement. This development support should help institutions to begin and expand their operations. In terms of funding, then, the proposal plans to increase support for these economic operators, surpassing the €2.5 billion allocated in the previous period (2014-2020).

The development of the social economy must take place by fully including social agents and citizens. With this in mind, the European Parliament’s Committee on Employment conducts hearings with expert social and academic bodies, serving as a useful dialogue when drawing up its own recommendations.

How this sector develops in the coming years could also depend on the conclusions reached by the Conference on the Future of Europe. One panel involving two hundred citizens is discussing proposals and recommendations regarding the future of the economy and employment, and addressing social justice. We do not yet know for sure how the European institutions will turn these recommendations into official proposals of the Conference, but Parliament has in any event been quite clear from the outset as to its wish to integrate its conclusions into the institution’s legislative efforts.

The lessons learned from the 2010 economic crisis and the Covid-19 pandemic, the second much better resolved than the first, are in any case a powerful incentive for the development of the social economy contained within the initial conception of the European project.

La economía social como pilar de la recuperación europea

ÁMBITO EUROPEO

Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social.

Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2.500 billion euros from the European budget were mobilized to support the social economy.

La economía social como pilar de la recuperación europea

Europe looks at social economy to push for an inclusive recovery

JÚLIA MANRESA NOGUERAS

@juliamanresa

La Unión Europea está convencida que cooperativas, mutuas, fundaciones sin ánimo de lucro o las llamadas empresas sociales deben tener un papel central en la reconstrucción pospandemia. Constituyen la llamada economía social y llegan a generar hasta un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la UE, dando empleo a más de 13 millones de personas a través de más de 2,8 millones de empresas y entidades.

European Union aims mutuals, non-profit foundations or socalled social enterprises to have a central role during the economic recovery after the Covid pandemic. They constitute the so-called social economy and generate up to 8% of the European Union’s Gross Domestic Product (GDP). They also mploy more than 13 million people through more than 2.8 million companies and entities.

 

Para hacernos una idea de la magnitud, la economía española aportó un 8,4% del PIB europeo en 2020, según Eurostat. Ahora que las autoridades europeas están volcadas en la reconstrucción de la economía pos-covid, la Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer y juegue un así un papel clave en una recuperación más inclusiva y justa.

La oportunidad

Por economía social debemos entender todo ese tejido económico que antes que el beneficio pecuniario prioriza el bien social y medioambiental (people and planet first, en su lema en inglés). Mayoritariamente estas entidades reinvierten sus beneficios en la organización o en su propia causa social y acostumbran a organizarse de una manera participativa o más ‘democrática’ que una empresa tradicional. Algunos sectores donde típicamente encontramos estas entidades son los cuidados, servicios sociales, energías renovables, economía circular… pero también el sector cultural y creativo o la agricultura.

Con el parón económico que supuso la pandemia de coronavirus, las autoridades europeas diseñaron un plan de recuperación sin precedentes, dotado con hasta 800.000 millones de euros, que tiene como uno de sus pilares una reconstrucción más social, justa e inclusiva, que tenga las personas, el clima y la digitalización en el centro. Y es aquí donde entra el Plan de Acción de la Economía Social impulsado por la Comisión Europea.

“El Fondo de Recuperación y Resiliencia ofrece a los Estados miembro oportunidades significativas para implementar reformas e inversiones a través del emprendimiento social e inclusivo”, dice textualmente el documento del plan del ejecutivo comunitario. “Una economía que funcione para la gente” es, de hecho, el lema que aglutina estas iniciativas y el simbólico nombre de la poderosa cartera económica del vicepresidente Valdis Dombrovskis.

Sin embargo, el mismo ejecutivo con sede en Bruselas reconoce que todas las potencialidades asociadas a estos modelos de economía social están muy lejos de ser explotados al máximo. “Muchos consumidores quieren comprar de manera responsable, pero no necesariamente saben cómo hacerlo”, sostiene la Comisión, que también admite que el capital necesario para los proyectos no siempre está disponible o que las autoridades públicas no ponen a disposición las herramientas necesarias para el sector en términos de inversión, concursos públicos o proyectos. Continúa siendo un reto.

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR UN SECTOR QUE APORTA EL 8% DEL PIB EUROPEO

Así pues, es necesario hacer más para que la economía social encuentre las condiciones óptimas para crecer. Por ejemplo, el marco fiscal es importante. Como recuerda el texto de la Comisión, algunos países europeos han desarrollado un marco fiscal específico para este sector, con exenciones en los beneficios, reducciones del IVA, reducciones del coste de seguros o incentivos fiscales para donaciones privadas. En otros países, como Francia, se usan sistemas de certificación o distinciones para facilitar el acceso de ciertas entidades a políticas o tratamientos específicos, por ejemplo. De hecho, en 2018 el Parlamento Europeo propuso crear una etiqueta de economía social para aplicar a todas las compañías del sector, pero no se ha llegado a materializar.

Para todo ello, Bruselas prevé lanzar un estudio comparativo de las diferentes prácticas fiscales en los distintos países de la Unión, que sirva de guía o incluso de propuesta. Las autoridades comunitarias son conscientes que no existe unidad europea en la regulación o legislación de este sector y a pesar de que se intenta des de finales de los 80, por ejemplo, con las cooperativas. Sin embargo, el plan de acción presentado el año pasado tampoco va tan lejos y centra más el foco en el acceso a la inversión. Concretamente, contempla la presentación de varias guías de asesoramiento a los gobiernos, pero no implica propuestas vinculantes para unificar la legislación o las medidas de incentivos a nivel comunitario.

Acceso a la financiación

A efectos prácticos buena parte de las iniciativas europeas buscan facilitar el acceso a la financiación dentro del período 2021-2017 que abarca el presupuesto europeo. Entre 2014 y 2020 la Comisión estima que se movilizaron 2.500 millones de euros del presupuesto comunitario para apoyar a la economía social. Hasta ahora, por ejemplo, los proyectos relacionados con la economía social eran prioritarios en los fondos estructurales, incluyendo los fondos de Desarrollo Regional (FEDER) o los de Desarrollo Rural, entre muchos otros instrumentos. El objetivo es incrementarlo a través de otros programas y de la creación de nuevos instrumentos financieros que presentarán este 2022 con esquemas de crédito barato, por ejemplo, redes de microfinanciación y programas de emprendimiento social.

En un plano todavía más concreto -un punto que la organización Social Economy Europe destacó en su primera valoración del plan de la Comisión- es que la Economía Social se haya identificado entre los 14 ecosistemas de la Estrategia Industrial de la UE, es decir aquellos sectores prioritarios para incentivar su desarrollo industrial. La Comisión intenta así adoptar un enfoque más transversal que no solo use la tradicional vía de la canalización de fondos europeos, sino que impulse el sector privado también a nivel estratégico.

ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS HAN DESARROLLADO UN MARCO FISCAL ESPECÍFICO PARA ESTE SECTOR, CON EXENCIONES EN LOS BENEFICIOS, REDUCCIONES DEL IVA, ETC.

Aunque antes de empezar la casa por el tejado, Bruselas es consciente que parte del problema es que no siempre queda claro qué es la economía social. En España el concepto está bien delimitado y es conocido, pero el mismo servicio de estudios del Parlamento Europeo señala que en otros Estados europeos está más verde. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez ha liderado el impulso europeo al sector en el contexto de recuperación de la pandemia con la vicepresidenta Yolanda Díaz como cara visible. A finales del 2020 el gobierno organizó la Cumbre Internacional de la Economía Social para una Recuperación Inclusiva, Sostenible y Justa, que culminó en la Declaración de Toledo. Participaron y firmaron la declaración Estados miembros como Austria, Irlanda, Alemania, Luxemburgo o Francia entre otros, y acordaron dar más visibilidad e impulso a la economía social.

Spanish economy contributed with 8.4% of EU’s GDP in 2020, according to Eurostat. Now that the European authorities are focused on rebuilding the economy after the shock of the pandemic, the European Commission has promoted an action plan so that the social economy finds a more fertile path to grow and thus plays a key role in a more inclusive and fair recovery.

The opportunity

The social economy is made up of all those entities and organization prioritize social and environmental good before economic benefit (the People and planet first philosophy). Most of them reinvest their profits in their own organization or their social cause and they normally organize themselves in a more participatory or ‘democratic’ way than traditional companies. Some sectors where we typically find these entities are healthcare, social services, renewable energies, circular economy, and also the cultural and creative sector or agriculture.

With the economic slowdown caused by the coronavirus lockdown, European authorities designed an unprecedented recovery plan of up to 800,000 million euros. Reconstruction needs to be fair and more inclusive according to Brussels aims and promises. People, climate and digitalization are the three pillars of the Recovery and Resilliance fund and that is way Social Economy has an important role to play.

«The Recovery and Resilience Fund offers member states significant opportunities to implement reforms and investments through social and inclusive entrepreneurship,» says the Commission’s Plan document verbatim. “An economy that works for the people” is in fact the motto that brings together these initiatives and the symbolic name of the powerful economic portfolio of Vice President Valdis Dombrovskis.

However, the Brussels executive itself admits that all the potentialities associated with these social economy models are far from being fully exploited. «Many consumers want to buy responsibly, but they do not necessarily know how to do it,» says the Commission, which also admits that the necessary capital for projects is not always available. Public authorities often don’t provide them with enough investment, public procurement or projects opportunities.

EUROPEAN COMMISSION LAUNCHED AN ACTION PLAN TO BOOST A SECTOR THAT ALREADY CONTRIBUTES TO 8% OF EU’S GDP

In conclusion, Brussels is aware that more action from policy makers is needed for the social economy to find the optimal conditions to grow. For example, the fiscal framework is important. As the Brussels executive recalls, some European countries have developed a specific tax framework for the sector, with exemptions on profits, VAT reductions, reductions in the cost of insurance or tax incentives for private donations. In other countries, such as France, certification systems or distinctions are used to facilitate the access of certain entities to specific policies or treatments, for example. In fact, in 2018 the European Parliament proposed to create a social economy label to apply to all companies in the sector, but it has not materialized.

Taking all this into account, under the action plan Brussels will launch a comparative study of the different tax practices in the different countries of the Union, which will serve as a guide or even a proposal. EU authorities are aware that there is no European unity in the regulation or legislation of this sector. Attempts have been made since the end of the 1980s, for example with cooperatives, but it has never become a further legislative project. However, the action plan presented last year does not go that far either and focuses more on access to investment. Specifically, it contemplates the presentation of various guides, of advice to governments, but does not imply binding proposals to unify legislation or implement measures at the community level.

Access to finance

On a more practical level, Brussels is also looking for ways to boost financing and increase economic resources for this sector within the 2021-2017 period covered by the EU budget. Between 2014 and 2020, the Commission estimates that 2,5 billion euros were mobilized from the European budget to support the social economy. Until now, for example, projects related to the social economy were a priority in the structural funds, including the Regional Development Funds (ERDF) or the Rural Development Funds, among many other instruments. The objective is to increase it through other programs and the creation of new financial instruments that will be presented in 2022 with cheap credit schemes, for example, micro-financing networks and social entrepreneurship programs.

For example, as the Social Economy Europe organization highlighted in its first assessment of the commission’s plan, Social Economy has been identified among the 14 ecosystems of the EU’s Industrial Strategy. So Brussels has highlighted it as one of those priority sectors to encourage their industrial development. The Commission is thus trying to adopt a more transversal approach that not only uses the traditional route of channeling European funds, but also promotes the private sector at a strategic level.

SOME MEMBER STATES IMPLEMENTED A SPECIFIC FISCAL FRAMEWORK THAT PROVIDES THIS SECTOR WITH TAX REDUCTIONS, VAT REDUCTIONS OR OTHER EXEMPTIONS

At the same time, Brussels is aware that part of the problem is that it is not always clear what Social Economy is and therefore it needs to be well defined across Europe. In Spain, the concept is well-known and commonly understood, but the same Research Service of the European Parliament points out that in other European states it is still far from being mature. In fact, the government of Pedro Sánchez has led the European push for the sector in the context of the pandemic recovery, with Vice President Yolanda Díaz as the visible face. At the end of 2020, the government organized the International Social Economy Summit for an Inclusive, Sustainable and Fair Recovery that culminated in the Toledo Declaration. Member states such as Austria, Ireland, Germany, Luxembourg or France, among others, participated and signed the declaration, and agreed to give more visibility and boost to the social economy.

La Comisión Europea ha impulsado un plan de acción para que la economía social encuentre un camino más fértil para crecer.
The European Commission promoted an action plan for the social economy to find a more fertile path to grow.

La economía social al centro de la recuperación

LA Economía Social se ha ganado un lugar prioritario en la estrategia europea de reconstrucción económica después del parón provocado por la pandemia de coronavirus. Es uno de los pilares del Fondo de Recuperación y de los planes de reformas de los distintos gobiernos. Después de que la desigualdad se disparara hasta récords históricos con la crisis financiera y las medidas de austeridad adoptadas posteriormente, las autoridades nacionales y comunitarias han tomado consciencia de la necesidad de no dejar a nadie atrás esta vez.

Social economy at the center of economic recovery

AFTER the crisis caused by the pandemic, Social Economy became a priority for the European economic reconstruction strategy. It is one of the pillars of the Recovery Fund and also of the member states’ reform plans. Inequality reached historical record levels after the financial and after austerity measures being adopted, now national and European authorities have become aware of the need to leave no one behind. Social Economy is key in this awareness.

La voz española de la economía social en Bruselas

ESPAÑA es uno de los referentes europeos en Economía Social. No solo lidera la apuesta europea por las entidades y empresas sociales durante la recuperación, después de celebrar la Cumbre Internacional de la Economía Social en Toledo, sino que sus voces tienen un peso especial en el lobby bruselense del sector. La patronal europea del sector, Social Economy Europe, está liderada por dos españoles: Juan Antonio Pedreño, como presidente, que proviene de la patronal española de la Economía Social (Cepes) y Víctor Meseguer, como director.

The Spanish voice of Social Economy in Brussels

SPAIN is at the forefront of Europe in promoting Social Economy. Toledo held the International Social Economy Summit in 2020 to push the sector in the context of covid economic recovery. But there are also important Spanish voices in the social economy Brussels lobby. One of its main organisations, Social Economy Europe, is led by two Spaniards: Juan Antonio Pedreño, as president, who comes from the Spanish trade association of the Social Economy (Cepes) and Víctor Meseguer, as director.

La necesidad de incentivos fiscales e inversión

LA Comisión Europea reconoce que es necesario un marco legal adecuado y con más facilidades para impulsar la Economía Social, a través de incentivos fiscales o nuevos canales de financiación pública o privada, pero por ahora no propone una unificación de criterios o medidas vinculantes. Bruselas se limita en su plan de acción a promover varias guías para los gobiernos, recogiendo buenas prácticas, por ejemplo en el ámbito fiscal o en la certificación de las actividades del sector y a través de la apertura de más canales de financiación comunitaria más allá del presupuesto europeo.

The need for fiscal incentives and investment

THE European Commission admits that an adequate legal framework is necessary to let Social Economy grow. It can be done through fiscal incentives or new channels of public or private financing. However, for now the Commission does not propose a unification of criteria or any binding measures. In its Action Plan, Brussels is mainly promoting various guides for governments and a collection of good practices around the continent, for example, in the fiscal framework or providing official certifications to social economy activities. Brussels also aims to open more finance channels beyond the European budget.

EUROPA OPINA

EUROPE THINKS

Posicionamiento del Comité Económico y Social Europeo sobre el rol de la
Economía Social en la creación de empleo y la implementación del Pilar Social Europeo.

European Economic and Social Committe assessment about the role of social economy in the creation of jobs and in the implementation of the European Pillar of Social Rights.

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Acogida y análisis del plan de acción para la Economía Social de la Unión Europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

European Regional and Development Fund analysis of the Social Economy Action Plan after being first published by the European Commission.

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Contribución de la Patronal Business Europe y de la patronal de las pequeñas y
medianas empresas, SME United.

Contribution after the hearing on Social Economy Action Plan by the European Commission. It also takes into account the Small and Medium Enterprises European Trade organisation opinion.

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