Cerca de los que están cerca

FUNDACIÓN NOTARIADO

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Cerca de los que están cerca

Seguir reconociendo el trabajo de las asociaciones y de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores ha llevado a la Fundación Æquitas y a la Fundación Notariado a convocar la II Edición de los premios Cerca de los que están cerca.

En esta segunda convocatoria también se contará con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a casi 6 millones de afiliados. El premio se subdivide en dos categorías: trabajar por y para las personas mayores, y para los mayores con discapacidad. La dotación es de 6.000€ por modalidad. Los colegios notariales de España están organizando torneos de pádel entre sus notarios con objeto de dotar económicamente al galardón.

Etapa de crecimiento.

La filosofía de este certamen es demostrar que la vida no se acaba en la vejez, que sigue siendo una etapa de crecimiento en la que reinventarse, a pesar de ser un momento de especial vulnerabilidad. Por esta razón, las dos fundaciones pertenecientes al Consejo General del Notariado consideran muy necesario premiar a las asociaciones de mayores y entidades sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación sea el de trabajar por y para un segmento de población de alrededor de nueve millones de personas.

Las candidaturas están abiertas a todo tipo de iniciativas de ámbito local, autonómico o nacional que presenten proyectos que mejoren y dignifiquen la vida de las personas mayores en un amplio espectro de iniciativas. Tanto las que fomenten una vida activa y saludable, como las culturales y educativas, o las orientadas a cultivar las relaciones sociales y el acompañamiento de los mayores para hacer frente a la soledad no deseada.

Precisamente este fue el objetivo del proyecto ganador en 2022, Langa Dinámica, una iniciativa de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria que consiguió tejer redes de relación intergeneracional en el hogar del jubilado de San Miguel de Langa de Duero entre distintos colectivos del pueblo con sus mayores.

El jurado está compuesto por cinco miembros de las organizaciones convocantes: tres de Fundación Æquitas y Fundación Notariado y dos de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Los criterios de selección del jurado medirán el impacto real y potencial de la iniciativa en términos cualitativos y cuantitativos, las posibilidades de réplica, la vocación de continuidad y su originalidad.

 


LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SORIA FUE LA GANADORA DE LA PRIMERA EDICIÓN CON UN PROYECTO PARA HACER FRENTE A LA SOLEDAD NO DESEADA


 

Se podrán presentar candidaturas hasta el 15 de junio de 2023. Las bases del concurso y el formulario de inscripción se pueden descargar en la página web de Fundación Notariado.

El envejecimiento de la sociedad

Los premios Cerca de los que están cerca nacieron en 2022 en el marco de la celebración del XII Congreso Notarial El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, celebrado en Málaga. Durante los días 19 y 20 de mayo un prestigioso plantel de profesionales e instituciones de la sociedad civil y del ámbito jurídico reflexionaron en distintas conferencias y en una veintena de mesas redondas con el fin de aportar soluciones sobre lo que se percibe como uno de los fenómenos más determinantes de este siglo.

Lázaro González,

presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP)

Con una acreditada trayectoria profesional en la empresa pública y privada y un foco muy especial en luchar contra la soledad de las personas mayores, Lázaro González afronta el reto de presidir la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado?

Sin duda, defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la vinculación de su financiación al crecimiento económico del país.

En sanidad, impulsar la atención domiciliaria desde los centros de atención primaria de salud, así como su presencia en las residencias de personas mayores, mediante una buena coordinación sociosanitaria. También trabajar con las autoridades sanitarias para que la salud bucodental, de gran importancia para las personas mayores, se incluya en la cartera del Servicio Nacional de Salud. Por último, promover el cambio del sistema de cuidados de larga duración mediante una modificación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y defender el refuerzo de los Servicios Sociales.

Otra de mis prioridades será promover el envejecimiento activo y saludable y luchar contra el edadismo y trabajar con el conjunto de las organizaciones que integran la Plataforma para acabar con la soledad no deseada.

Por último, reforzar la presencia de la PMP en todos los ámbitos relacionados con la vida de las personas mayores y colaborar con las Administraciones Públicas.

Las fundaciones Æquitas y Notariado han creado los premios Cerca de los que están cerca. ¿Qué opinión le merece la iniciativa?

Conocía el galardón antes de ser nombrado presidente de la PMP por mi trabajo social en torno a la soledad no deseada, aunque no en profundidad. Ahora lo conozco mejor y me parece que es una iniciativa excelente, pues es un ejemplo de cómo desde organizaciones con vocación de servicio público como la Fundación Æquitas y Fundación Notariado se puede aportar una contribución significativa al bienestar de la población mayor y de los mayores con discapacidad.

¿Cree que iniciativas como esta pueden ayudar a combatir la soledad de los mayores si se llevaran a mayor escala?

Creo que iniciativas como la premiada son ejemplos muy ilustrativos de lo que deben ser unas buenas prácticas para acabar con la soledad no deseada, pues resaltan dos principios esenciales universalmente reconocidos cara a la eficacia en este campo, como son la solidaridad intergeneracional y el trabajo comunitario.

¿Cuáles serían los frentes en los que se debería avanzar para solucionar los problemas de las personas mayores?

En primer lugar, promover un envejecimiento activo y saludable de toda la población venciendo discriminaciones. En segundo, asegurar unas pensiones e ingresos dignos para que toda la población mayor y con discapacidad tenga una vejez con bienestar. Y, por último, cambiar el actual modelo de cuidados de larga duración para que todos podamos envejecer en nuestros domicilios o en residencias que sean como verdaderos hogares, acompañando con servicios de proximidad a las personas que se sienten solas.

¿Y la sociedad civil?

Lo primero es cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema o una carga para la sociedad. Esta educación debe iniciarse desde la infancia. Como resultado de esto debemos avanzar hacia una mejor convivencia intergeneracional, en una sociedad en la que nadie sobre, todos aportemos y nos ayudemos.

“Tenemos que cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema”

Defensa del cliente financiero

DEBATE PARLAMENTARIO

Defensa del cliente financiero

Los clientes podrán presentar sus quejas, como personas físicas y jurídicas, de forma gratuita y sin la necesidad de la defensa de un abogado.
En 2023 empezará a funcionar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se encargará de la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El Parlamento tramita por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley que regula esta institución, cuyas resoluciones serán vinculantes para reclamaciones por cuantías inferiores a 20.000 euros.
ELVIRA ARROYO
La ley amplía las entidades que podrán ser objeto de reclamación, extendiendo su protección a los usuarios de servicios fintech y de criptoactivos.

En los próximos meses está prevista la aprobación del proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El gobierno espera que su puesta en funcionamiento aumente la protección de los ciudadanos como clientes financieros, que podrán presentar sus quejas, como personas físicas y jurídicas, de forma gratuita y sin la necesidad de la defensa de un abogado o la representación de un procurador.

 


LAS PARTES PODRÁN SOMETERSE VOLUNTARIAMENTE A UN MECANISMO DE CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN PARA RESOLVER EL LITIGIO


 

Esta nueva figura centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que dejarán de realizar estas funciones. Al mismo tiempo, complementará el actual sistema de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado en tres niveles: los servicios de atención al cliente de las entidades financieras; los servicios de resolución extrajudicial de los organismos supervisores, y los órganos judiciales.

Entre otras novedades, la ley amplía las entidades que podrán ser objeto de reclamación, extendiendo su protección a los usuarios de servicios fintech y de criptoactivos. También se podrán hacer reclamaciones sobre los servicios de préstamos al consumo, con independencia de quién los supervise.

Aumenta también el tipo de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico. Algunos ejemplos son la falta de información, la no apertura de una cuenta de pago básica, y posibles incumplimientos de los códigos de buenas prácticas y de autorregulación del sector financiero.

Resoluciones.

Las resoluciones se dictarán atendiendo a criterios uniformes, en un plazo máximo de 90 días naturales desde que el expediente esté completo. Tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros. La principal diferencia con los servicios de resolución actuales es el carácter vinculante de las resoluciones que la Autoridad dicte cuando la cuantía de lo reclamado sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de las resoluciones vinculantes, así como el cumplimiento tardío podrán ser objeto de sanción.

Para las reclamaciones sin contenido económico se contempla la posibilidad de reconocer al cliente una compensación de entre 100 y 2.000 euros, en función de las características y alcance de la queja.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de importe superior a 20.000 euros, tendrán el valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial.

 


SE ELABORARÁ UN MODELO SENCILLO Y ACCESIBLE PARA LAS RECLAMACIONES, QUE PODRÁN PRESENTAR POR CANALES PRESENCIALES, TELEFÓNICOS O TELEMÁTICOS


 

Si se apreciara mala fe en la interposición de la reclamación, se podrá imponer una multa al reclamante de entre 50 y 1.000 euros, justificando siempre las causas. Esta sanción sólo procederá cuando se hayan desestimado totalmente las pretensiones formuladas en la reclamación. Igualmente, con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un año presentando reclamaciones infundadas.

Requisitos.

Una vez esté plenamente operativa, la nueva institución se financiará con el pago de una tasa de 250 euros que abonarán las entidades financieras por cada reclamación admitida.

Para la admisión de una reclamación por parte de la Autoridad, será imprescindible acreditar su presentación previa ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera contra la que se reclame. Cuando la entidad no disponga de este servicio, el cliente deberá dirigirse a esta por cualquier medio admisible en derecho, con el fin de darle la oportunidad de atender su petición o alcanzar un acuerdo. Si, tras realizar este trámite, la reclamación se desestima o la entidad no responde en el plazo de un mes, el cliente tendrá un año para acudir a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

 


AUMENTA TAMBIÉN EL TIPO DE RECLAMACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR, QUE PODRÁN TENER O NO CONTENIDO ECONÓMICO


 

No obstante, aunque el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad, las partes podrán someterse voluntariamente a un mecanismo de conciliación o mediación para resolver el litigio.

Finalmente, la ley refuerza los instrumentos para garantizar la inclusión financiera mediante la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones, que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemáticos.

Favorecer la educación financiera

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fomentará la educación financiera de los ciudadanos, en especial en materia de ahorro, inversión, préstamo, crédito, gestión de deudas y aseguramiento, promoviendo su responsabilidad en la contratación y la toma de decisiones informadas. Para ello suscribirá un convenio con el Plan de Educación Financiera 2022-2025 (CNMV y Banco de España) y sus sucesivas ediciones o con otros planes similares. Los recursos pedagógicos y guías elaboradas en este contexto estarán a disposición de los clientes en la página web de la Autoridad de forma gratuita.

Estructura organizativa

El órgano de gobierno de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será el Consejo Rector, del que formarán parte el presidente, el vicepresidente y los consejeros natos y electos.

Tanto el presidente como el vicepresidente serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable. Habrá direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Deberán existir al menos tres áreas diferenciadas para las materias de banca, valores y seguros.

Asimismo, habrá un comité consultivo, que tendrá funciones de asesoramiento, integrado por el presidente, el vicepresidente, tres representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, tres de las patronales del ámbito financiero, cuatro representantes de las comunidades y ciudades autónomas, y dos expertos independientes.

Los grupos parlamentarios opinan*

PEDRO CASARES

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista

Twitter: @pedro_casares

«Un marco regulatorio y de supervisión específico más ágil» 

El Gobierno de España está comprometido con modernizar nuestra economía en todas sus dimensiones para que sea más competitiva, sostenible, justa e inclusiva. La creación de la Autoridad Administrativa Independiente en defensa del cliente financiero es una de esas leyes con las que pretendemos crear un marco regulatorio y de supervisión específico más ágil para proteger los intereses generales, como la estabilidad financiera o el buen funcionamiento de los mercados, y garantizar una mayor protección y seguridad para los clientes de servicios financieros en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Este organismo centralizará los servicios de reclamaciones, cuyas resoluciones tendrán ahora carácter vinculante para los importes inferiores a 20.000 euros, se realizarán de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Ampliando el ámbito de protección y las entidades que podrán ser objeto de reclamación a operadores no supervisados. Una norma que pretende reducir la litigiosidad e introduce el principio de atención personalizada.

MIGUEL ÁNGEL PANIAGUA

Diputado del Grupo Parlamentario Popular

Twitter: @mapaniagua

«Una oportunidad perdida para combatir la exclusión
de los ciudadanos»

La nueva Autoridad de defensa del cliente bancario diseñada por el Gobierno no combate el problema de exclusión y educación financiera de los ciudadanos. Esta autoridad debe ser la responsable de solucionar las dificultades relacionadas con los conocimientos financieros de nuestros ciudadanos y no una pieza más, como aparece en este proyecto de ley.

Nos preocupa la financiación de la autoridad y la tasa que debe pagar la entidad financiera contra la que se reclame. ¿Dónde se ha visto que la tasa la pague el reclamado sí o sí? Lo importante no es mantener el organismo, sino que los clientes estén protegidos, que haya libertad de contratación y que el sistema funcione lo mejor posible. Además, cuestionamos el límite de 20.000 euros para las resoluciones de carácter vinculante ya que, si fuera 1.000 euros, se cubrirían el 90% de las reclamaciones actuales.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

30 aniversario del Mercado Único Europeo

ÁMBITO EUROPEO

30 ANIVERSARIO

DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO

Nunca antes en la historia de la humanidad tantos países habían acordado unir sus destinos. Al menos de forma pacífica y en igualdad de condiciones. En 2023 el mercado único está de aniversario al cumplir 30 años. Un espacio compartido que hoy aglutina a cerca de 450 millones de ciudadanos donde vivir, trabajar, viajar y comerciar libremente en los límites geográficos que comparten los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea. Un marco compartido de actuación que ha demostrado su efectividad para afrontar la reciente pandemia sanitaria o posibilitando una respuesta conjunta a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Un logro, en definitiva, fruto de la cooperación convertido en ejemplo en el que se fijan otros bloques como la Comunidad Andina o Mercosur.
El mercado único ha contribuido a convertir a la UE en la tercera potencia económica mundial.
FERNANDO GEIJO

“Que veinte años no es nada”. El célebre tango ‘Volver’ de Carlos Gardel ejemplifica perfectamente, entre otros aspectos, la fugacidad del paso del tiempo. Sin embargo, en el caso del mercado único europeo, que cumple este año tres décadas desde su implantación en 1993, este lapso de tiempo ha supuesto una auténtica revolución en la mentalidad de los ciudadanos y en la forma de vivir y hacer negocios en una gran parte del denominado Viejo Continente.

 


EL MERCADO ÚNICO POSIBILITA QUE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS PUEDAN MOVERSE LIBREMENTE POR EL TERRITORIO COMUNITARIO


 

La eliminación de obstáculos y barreras marca, sin duda, un antes y un después en la medida en que posibilita que bienes, servicios, capitales y personas puedan moverse libremente por el territorio comunitario. Un espacio común integrado en la actualidad por 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que aglutina a alrededor de 450 millones de ciudadanos con un destacado poder adquisitivo, gracias a un PIB global superior a los 14 billones de euros, al que hay que añadir el acceso parcial del que disfrutan los países que integran el denominado Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La unión hace la fuerza.

Gracias a la libertad de movimientos derivada de la puesta en marcha del mercado único, la Unión Europea se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los mayores bloques comerciales del mundo, junto a los Estados Unidos y a la potencia ascendente que encarna China en el nuevo orden mundial.

 


EL ESPACIO COMÚN EUROPEO ESTÁ INTEGRADO POR 27 ESTADOS QUE AGLUTINAN A ALREDEDOR DE 450 MILLONES DE CIUDADANOS CON UN DESTACADO PODER ADQUISITIVO


 

Un reflejo de lo anterior es el imparable aumento del intercambio comercial intracomunitario experimentado en los últimos años hasta superar en 2021 los 3,4 billones de euros, alrededor de un 60% del comercio total conjunto de la UE, frente a una exportación de bienes y servicios entre los diferentes países que lo integran que apenas representaba 671.000 millones de euros en el año de su puesta en marcha.

Los derechos recogidos en el Acta Única Europea de 1986, primero, y en el Tratado de la Unión Europea de 1992, después, representaban la culminación de los históricos anhelos para dotar al conjunto de Estados miembros de un mercado interior que pretendía ser un auténtico espacio libre de barreras, capaz de impulsar el crecimiento económico gracias a la libertad de circulación de capitales, bienes, personas y servicios.

A pesar de que en algunas áreas no existe aún un auténtico mercado único, debido a la existencia de lagunas legislativas u obstáculos administrativos, lo cierto es que el edificio común de libertades intracomunitario funciona y está integrado por lo que tradicionalmente se conoce como las ‘cuatro libertades fundamentales’, conformadas por la libertad de movimiento de mercancías, trabajadores, capitales y, la que fue más complicada de obtener, servicios, debido a la complejidad que conlleva la armonización normativa de cara a su aplicación efectiva en distintos países y, por ende, idiosincrasias.

Asimismo, la consecución de estos pilares se apoya en una serie de políticas comunes previas, como son las relativas a los transportes, la competencia, la agricultura y la pesca y el comercio.

Un entramado normativo que posibilita que no existan aranceles, aduanas o cargas tributarias que graven a las empresas que comercian en la UE. Y todo ello bajo idénticas reglas de juego en forma de normas medioambientales y de seguridad.

Mirando hacia el futuro.

A pesar de la veteranía de esta iniciativa ideada para dotar de la necesaria cohesión y homogeneidad interna a los heterogéneos mercados de los países que conforman y que han ido integrando a lo largo de los años la Unión Europa hasta alcanzar la cifra de 27, el mercado único sigue muy vivo y es objeto de permanente mejora y modernización.

En esta línea de constante actualización, el Parlamento Europeo aprobó en 2022 la Ley de Mercados y Servicios Digitales a fin de crear un entorno más transparente y confiable en relación con los requisitos comunes exigidos en toda la UE a las plataformas que integran este sector de actividad.

 


EL FUTURO DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO NO ESTÁ EXENTO DE AMENAZAS DEBIDO A LAS DINÁMICAS INTERNAS DERIVADAS DE LA PREFERENCIA POR LOS INTERESES NACIONALES


 

Asimismo, se han establecido recientemente otras iniciativas bajo este paraguas común para, en este caso, atajar las dificultades que afrontan los usuarios cuando deben reparar sus productos electrónicos y/o disminuir los residuos derivados de su eliminación una vez obsoletos.

Las normas comunes en las que se basa el gran bazar que supone el mercado único pasan por construir una panoplia de requisitos que afectan al desenvolvimiento de la sociedad, el consumo y el medioambiente, entre otras cuestiones. Pero en los que prime la exigencia como la piedra angular en la que pivota la confiabilidad del sistema y, por tanto, su transparencia a la hora de fijar exigentes estándares que puedan llegar a convertirse en referencia de criterio a escala mundial, con la consiguiente ventaja competitiva añadida para las empresas europeas.

Sin embargo, la consecución del mercado único no ha sido precisamente un camino de rosas. Su futuro no está exento de amenazas debido a las dinámicas internas derivadas de la preferencia por los intereses nacionales, expresados por los gobiernos de los distintos países que tratan de sacar ventaja imponiendo sus visiones particulares al marco general de actuación. Asimismo, no hay que olvidar que para cuidar su adecuado funcionamiento es necesario impulsar constantemente la confianza en el mismo, motivando la convicción en las ventajas que derivan de su existencia en términos de progreso social y creación de puestos de trabajo.

En conclusión, el mercado único ha sido y continúa siendo un claro detonante que ha ayudado a convertir a la UE en una potencia económica con voz propia en el tablero internacional, lo que, a la postre, le otorga un mayor peso para negociar ventajosos acuerdos comerciales con el resto del mundo y a ejercer una supremacía efectiva en términos de puesta en marcha de estándares de calidad para los diferentes productos y servicios.

Cuatro pilares

El mercado único europeo está basado en un marco jurídico que descansa en cuatro libertades fundamentales:

  • La unión aduanera, gracias a la que es posible la libre circulación de mercancías.
  • Libertad de circulación de trabajadores.
  • Libertad de prestación de servicios.
  • Libertad de circulación de capitales.

Obras son amores

  • Seguridad normativa y ventaja competitiva. La legislación de la UE garantiza que los productos vendidos dentro del mercado único son seguros y respetuosos con el medio ambiente, la protección de los datos personales, la normativa laboral vigente y los derechos humanos, entre otros aspectos.
  • Coordinación y enfoque preventivo. Crisis como la de la pandemia de COVID-19 o los problemas de suministro de energía requirieron de la adopción de una perspectiva común y, por tanto, coordinada. Así, el buen funcionamiento del mercado único permitió, al mantener abiertas las fronteras internas de la UE, la libre circulación de vacunas, así como la adquisición conjunta y diversificada de fuentes de energía y el desarrollo de energías renovables y limpias.
  • Disponibilidad y apoyo a la transformación. Iniciativas como el ‘Pacto Verde Europeo, sobre la base del Objetivo 55 y la Década Digital’ constituyen la punta de lanza de la UE para dotarse de un marco regulador en materia de transición ecológica y digital, gracias a la capacidad que el mercado único facilita para asegurar el suministro de insumos y materias primas esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas.
EUROPA OPINA

Síntesis de la legislación del Mercado Único europeo. Unión Europea.

Documento sobre el estado del Mercado Único. Comisión Europea.

Instrumento de Emergencia del Mercado Único. Comisión Europea.

«Una unión más estable e integrada», por José Ramón Patterson

ALDEA GLOBAL

JOSÉ RAMÓN PATTERSON,

periodista

“El Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo"

Una unión más estable e integrada

Cuando estudiaba en la universidad, hace algunas décadas, un profesor de economía nos planteó el siguiente ejercicio: debido a un desastre natural, los habitantes de una pequeña población son evacuados a otro lugar, donde tienen que reiniciar su vida disponiendo únicamente de alojamientos precarios y lo básico para sobrevivir unos meses. Contando con ese estrecho margen, los habitantes de la nueva aldea deben organizarse y establecer un sistema económico que satisfaga todas sus necesidades.

Entre los modelos posibles, sin otro criterio que la supervivencia, opté por el más básico, la tribu, dando por sentado que los miembros de la colonia lograrían cooperar entre ellos sin que apareciesen tensiones graves. Esto es, descarté los patrones organizativos caudillistas y los demasiado desarrollados y elegí uno de los más primitivos, quizá el más igualitario que existe, donde no hay líderes y las disputas, a falta de un poder público que las zanje, se resuelven mediante mecanismos de arbitraje tradicionales.

En aquella sociedad ideal, en función de las capacidades de cada cual, habría agricultores, ganaderos, pescadores, leñadores, herreros, mineros, ceramistas, tejedores, carpinteros, albañiles, etc. Como sistema de pago escogí el trueque. Tampoco es que hubiese más alternativas. Además, era el que mejor se adecuaba al entramado social que monté, cuyo objetivo final no era otro que el autoabastecimiento. En resumen, estaba construyendo una economía cerrada, es decir, una auténtica autarquía.

Y, claro, de sistemas autárquicos sabemos mucho en España -Corea del Norte nos pilla un poco lejos-. Y lo que sabemos de ellos es que son una utopía porque es imposible que una comunidad sea capaz de producir todos los bienes y desarrollar los servicios que requieren sus integrantes. Por otro lado, ¿qué pasaría con la sobreproducción de patatas y leche? ¿O con las herraduras sobrantes una vez calzadas todas las caballerías? ¿Y con el stock de productos textiles?

El caso es que llegué a la conclusión de que, en el mundo actual, las autarquías no son el mítico reino de Shambala y limitan la capacidad y los deseos de progresar, como ocurría en la URSS y los países de la órbita soviética. Así que, para salir del atolladero, inventé media docena de villorrios cerca de donde se asentó la tribu original y asigné a cada uno de ellos recursos diferentes (agua, luz solar, fauna, flora, minerales) para que pudieran especializarse en lo que podían realizar mejor e intercambiarlo con los otros.

Lo que estaba haciendo, sin saberlo, era aplicar la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, en las que se basa el libre comercio. Sin entrar en precisiones, esta teoría preconiza que los países deben centrarse en producir aquello que hacen mejor que los demás y con menor coste, de manera que, en ausencia de aranceles, se puedan importar bienes que saldrían más baratos que produciéndolos, lo que supuestamente crea un círculo virtuoso que aumenta el bienestar de los países.

Bajo esta premisa nació en 1993, treinta y seis años después de los Tratados de Roma, el Mercado Único Europeo. Desde entonces han ido desapareciendo las trabas arancelarias y las barreras nacionales para el movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. Hoy las empresas de la UE tienen acceso a 450 millones de potenciales clientes y los ciudadanos podemos vivir, trabajar, comprar o estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión, cuyo PIB, conviene resaltarlo, casi se ha triplicado en este tiempo.

El mercado único ha impulsado la economía de la UE, pero también ha contribuido a su estabilidad y estimulado su integración, ya que los mecanismos de los que se ha dotado han sido sustanciales para capear las graves crisis de los últimos años. Cada una de ellas ha sido una vuelta de tuerca en su evolución. Es probable, por otro lado, que sin el mercado único no fuese la potencia económica mundial en la que se ha convertido, sino una insignificante área de libre comercio.

Pero el Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo, que se está produciendo de manera subrepticia tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Con la aprobación de los sucesivos Marcos Temporales para apoyar las economías nacionales, la UE es más transigente con las ayudas de Estado, lo que da ventajas a los países con mayor margen fiscal para ayudar a sus empresas, aunque no sean competitivas, lo que, a la postre, distorsiona gravemente el mercado.

Hay otros escollos para completarlo, como la existencia de paraísos fiscales dentro de la UE. Hablo de Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre. Las ventajas fiscales que ofrecen propician que las multinacionales instalen allí sus sedes, con independencia del lugar donde obtienen sus beneficios. Así -es un suponer-, un español puede adquirir un libro publicado en España a través de una plataforma que factura desde su emplazamiento en Luxemburgo, donde, asombrosamente, declara pérdidas.

Hay quien dice que el Mercado Único es el principal activo de la Unión Europea. Yo quiero pensar que puede ser el pretexto perfecto para avanzar en una integración en la que, en palabras de la socióloga Saskia Sassen, predomine una lógica distributiva e inclusiva que sirva para recuperar a los “expulsados” del orden económico y social. En todo caso, sus beneficios son evidentes y está claro que ha sido muy útil para que la UE no acabe reducida a la irrelevancia.

A cuestas con la inflación

ALDEA GLOBAL

A CUESTAS CON LA INFLACIÓN

La inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Desde hace algunos años, sobre todo después de que un virus de origen chino se hiciera con el control sanitario del mundo y un megalómano de origen ruso decidiese invadir un país vecino, una de las palabras más repetidas en medios informativos, conversaciones políticas y hasta en charlas de bar es «inflación». Y bueno, sí: es un problema. Por eso los bancos centrales buscan atajarlo controlando los tipos de interés y los gobiernos mirando con lupa sus cuentas. Algo que no afecta a todos por igual y, mucho menos, a países de distintas áreas geográficas, que en algunos casos la padecen muy en positivo y en otros muy en negativo.
MELCHOR DEL VALLE

Aunque no tengamos ni idea de economía, todos hemos experimentado que cuando nos dicen que sube la inflación, en la realidad cotidiana compramos menos cosas con la misma cantidad de dinero. Tiene que ver con el índice de precios al consumo, IPC, claro; pero no son lo mismo. El IPC recoge la variación de precios en una muestra representativa de bienes y servicios; la inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Nuestros temores.

Una encuesta realizada por IPSOS en enero y febrero de 2023, en la que participaron 19.500 personas de 29 países, concluyó que la mayor preocupación de los entrevistados, un 43% de ellos, es, precisamente, la inflación. Once puntos porcentuales por debajo, 32%, están la pobreza y la desigualdad social; y relegan al crimen y la violencia (27%), al desempleo (27%) y a la corrupción financiera y política (25%) al tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. Los acontecimientos y los varapalos al bolsillo de los consumidores en 2022 son, con toda probabilidad, los generadores de tal temor.

 


LOS COSTES ENERGÉTICOS SON LOS MAYORES CONTRIBUYENTES AL CRECIMIENTO DE ESA TEMIDA INFLACIÓN


 

Si miramos a nuestras economías personales, las facturas mes a mes nos dicen alto y claro que los costes energéticos son los mayores contribuyentes al crecimiento de esa temida inflación, en nuestras casas y en todo el mundo. Tensiones geopolíticas, por un lado, y reducciones en la producción, por otro, han hecho que se desbaratasen las previsiones de todos los agentes económicos internacionales. Unos cálculos en los que entran en juego aspectos como los tipos de interés que imponen los bancos centrales o la evolución de la economía, pero que tienen poco recorrido en cuanto hay un acontecimiento fuera de lo habitual.

Los más y los menos.

Como en casi todo, la inflación afecta de distinta manera a los diferentes países y las causas de esas diferencias, a mayores de las variaciones en el coste de productos y servicios, tienen su origen en decisiones políticas, no siempre de tipo bélico. La devaluación de la moneda o el intento de compensar una caída del producto interior bruto, PIB, mediante un incremento de impuestos son ejemplos de medidas políticas que pueden provocar inflación. Por eso, a la hora de comparar los datos de los diferentes países, es conveniente tener en cuenta sus diferentes realidades sociales y políticas, además de las económicas.

 


LUXEMBURGO (4,3%), ESPAÑA (6%) Y GRECIA (6,1%) ESTÁN A LA CABEZA DE LOS QUE MÁS HAN CONSEGUIDO CONTENER LA INFLACIÓN EN LA UE


 

Por otro lado, la gran mayoría de los Estados, por medio de sus sistemas oficiales de estadística, actualizan mensualmente (lo más habitual) sus datos, pero no todos, con lo que las comparaciones deben tener en cuenta la fecha en que se han tomado las cifras. En nuestro caso, hemos utilizado los porcentajes que ha obtenido la API Trading Economics, que solo recoge datos de fuentes oficiales, en los meses de enero y febrero de 2023, aunque en algún caso solo están disponibles los de diciembre de 2022. Según aquéllos, los países con mayor inflación son Líbano (190%), Venezuela (156%) y Argentina (102%). En el antepenúltimo puesto estaría Siria, pero sus últimos datos disponibles son de agosto de 2020 (139%) y no sería adecuada la comparación. En el otro lado de la tabla están Macao (0,77%), Baréin (0,8%) y China (1%).

Otros datos.

Un aspecto que puede resultar interesante, y revelador de cómo van intentando controlar las respectivas instituciones sus cifras de inflación, es conocer la variación entre el porcentaje inmediatamente anterior y el más actual. Así mirado, los que más han conseguido rebajar su índice son Zimbabue (-137,7%; de 230% a 92,3%), Sudán (-20,3%; de 86,6% a 63,3%) y Afganistán (-3,9%; de 9,1% a 5,2%). Donde se ha experimentado mayor incremento es en el Líbano (66%; de 124% a 190%), Sudán del Sur (16,9%; de 14,4% a 31,3%) y Egipto (6,1%; de 25,8% a 31,9%).

Entre las causas más importantes de los incrementos están las subidas de los alimentos, la vivienda o el transporte (Sudán del Sur, Egipto) o la devaluación de la moneda (el Líbano, Egipto). Las bajadas se deben a la intervención de los bancos centrales (Zimbabue) o a cierta estabilidad política intermitente (Sudán, Afganistán). En el periodo en que hemos tomado estos datos no se ha dado ninguna inflación negativa, pero sí en algunos momentos de los últimos años, como es el caso de Sudán del Sur, que en octubre de 2022 llegó a registrar un -12,73%. Este índice está relacionado con una importante caída de la economía a causa de la inestabilidad y la inseguridad.

Más de cerca.

Si miramos a nuestro entorno, la Unión Europea registra en febrero de 2023 una inflación media del 9,9%, 0,1 puntos menos que en el mes anterior. Luxemburgo (4,3%), España (6%) y Grecia (6,1%) están a la cabeza de los que más han conseguido contener la inflación; Hungría (25,4%), Letonia (20,3%) y Lituania (18,7%) son los que registran los índices más altos. Un poco más lejos, en el entorno europeo, tenemos a Liechtenstein y Suiza con índices envidiables (3,4%), aunque habrá que seguir muy de cerca la situación de los helvéticos tras la caída de uno de sus bancos comerciales de referencia. En el otro extremo, Turquía (55,18%) y Moldavia (25,9%). En el caso turco, que llegó a estar en un 85,51% en octubre de 2022, la contención de los precios parece haber sido la fórmula para los resultados y el optimismo, ya que quieren llegar cerca del 22% a final de 2023.

A mediados de marzo de 2023, la OCDE hacía públicas sus Perspectivas Económicas Provisionales con algún dato positivo: «Se prevé que la inflación general disminuya gradualmente durante 2023 en la mayoría de los países del G20: del 8,1% en 2022 al 5,9% en 2023 y al 4,5% en 2024. La razón de estas variaciones es una política monetaria más estricta, la disminución de los precios de la energía después de un invierno suave en Europa y la disminución de los precios mundiales de los alimentos. Sin embargo, la inflación subyacente sigue siendo persistente, sostenida por los fuertes aumentos de los precios de los servicios y las presiones de costes de los ajustes en los mercados laborales». Cabe recordar que la inflación subyacente no tiene en cuenta los productos frescos y ni la energía. El informe rebaja la tasa de inflación que prevé para España en 2023, del 4,8% al 4,2%, por debajo de la media de la Eurozona (6,2%).

«The economy, stupid!».

La frase, seguramente lo recuerdan, la utilizó Bill Clinton en 1992 durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia, frente a George Bush padre. La idea era oponer «las cosas de comer» de los votantes a los «grandes logros» como el fin de la Guerra Fría o la del Golfo Pérsico. Eran tiempos, por cierto, en los que la inflación de EE.UU. estaba en torno al 1,5%; en febrero de 2023 está al 6%.

Estamos acostumbrados a ver y escuchar información sobre, por ejemplo, cómo los bancos centrales suben los tipos de interés como método para contener la inflación; pero si los ciudadanos estamos pagando un préstamo hipotecario a interés variable o necesitamos un préstamo al consumo, por ejemplo, el remedio macroeconómico va a perjudicar a nuestra microeconomía personal. Y esto sucede mientras los factores que contribuyen al incremento de los precios, a subir la inflación, por tanto, también nos afectan al bolsillo: pagamos más por los alimentos, la energía, la vivienda… Entonces luchamos por ganar más, recuperamos capacidad de consumo y esto hace que siga subiendo la inflación. Es un vertiginoso círculo vicioso que no todo el mundo es capaz de parar. Nos queda buscar a los que sí lo son; y a los demás, cabe recordarles que se dediquen a lo suyo, porque «es la economía…».

El peso de las distintas partidas

Una forma de comprender cómo nos afecta a cada uno el índice de inflación que publican los organismos estatales de estadística, el INE, en el caso de España, es saber el peso que las diferentes partidas tienen en el cálculo de los precios al consumo.

En España, las categorías más importantes son alimentos y bebidas no alcohólicas (23% del peso total); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%); restaurantes y hoteles (13%); y transporte (13%). El índice también incluye ocio y cultura (6%), bienes y servicios varios (6%), ropa y calzado (6%), mobiliario y equipamiento y mantenimiento domésticos (6%), salud (4%), comunicaciones (4%), bebidas alcohólicas y tabaco (3%) y educación (2%).

El coste de la energía

Aunque el peso de la partida de energía sea menos importante que la cesta de la compra en el cálculo de la inflación, cuando petróleo y gas, básicamente, disparan sus precios, su influencia va más allá del puro cálculo porcentual, porque impacta en la producción y distribución de productos de primera necesidad, en el transporte y en multitud de servicios. Es la razón por la que los costes energéticos están siempre en el «ojo del huracán».

En la Cumbre de DAVOS de 2022, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, dijo que «el mundo se encuentra en medio de su primera crisis energética verdaderamente global. La respuesta no es combustibles fósiles adicionales, sino poner esfuerzos en la transición energética». En ese momento el índice de precios de la energía (petróleo, gas, carbón y propano) era de 306,67 y llegaría a 376,41 en agosto; quizás de ahí la preocupación de Birol. Dicho índice había escalado a esas cifras desde los 55,89 de marzo de 2020. En enero de 2023, el índice bajó un poco, hasta 223,27.

Para saber más

A Fragile Recovery.
OECD Economic Outlook, Interim Report March 2023.

Perspectivas de la Economía mundial. Actualización.
Fondo Monetario Internacional, enero de 2023.

Inflation Rate.
Trading Economics (actualización mensual).

«El clasista impuesto de los pobres», por Juan José Morodo

ALDEA GLOBAL

JUAN JOSÉ MORODO,

periodista

“En España, hay quienes ven la solución en un "pacto de rentas" antes de que todo se descontrole, una medida excepcional impulsada por el Gobierno"

El clasista impuesto de los pobres

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo y refleja la disminución del poder adquisitivo de una unidad monetaria. Su medida más frecuente es el Índice de Precios de Consumo (IPC), que corresponde al porcentaje de la variación general de estos en el tiempo. Es el problema económico más grave que sufren la economía española y casi todas las economías del mundo.

Según el último Eurobarómetro, la inflación es hoy la mayor preocupación de los ciudadanos europeos y, particularmente, de los españoles, a los que inquieta aún más que el mismísimo desempleo. Reduce la capacidad de compra de quien no puede aumentar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios; se ensaña más cuanto menos pudiente es la renta del hogar y tiene, por tanto, carácter clasista, de ahí que muchos economistas la hayan bautizado como el «impuesto de los pobres», pero también afecta negativamente a la rentabilidad del ahorro y a la inversión.

En general, la inflación se genera cuando la demanda supera con creces a la oferta y provoca empobrecimiento, porque al deteriorarse el principal instrumento de intercambio, la moneda, empeora el funcionamiento de todo el sistema económico. Cuando proviene del exterior, como la que produce un shock energético en países fuertemente dependientes como España, el país en su conjunto se empobrece. Cuando se centra en productos y servicios de primera necesidad, como los alimentos o la energía, es especialmente dañina con los ciudadanos de renta más baja, a los que además anula la mínima capacidad de ahorro.

Los guardianes de la estabilidad de los precios y por tanto de que la inflación no se dispare son los bancos centrales. En el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) tiene fijado un objetivo de inflación del 2% a medio plazo, incompatible a todas luces con los ingentes estímulos que todas las autoridades monetarias han inyectado en la economía internacional para combatir el impacto, primero, de la pandemia de Covid, y, después de la guerra en Ucrania.

Así como los bancos centrales están entre la espada y la pared (suben los tipos para contener la inflación con riesgo de pasarse y perjudicar al crecimiento), la caída en la capacidad adquisitiva exacerba la demanda de subidas salariales, justificada en muchos casos. Pero, si los sueldos escalan de forma igual de vertiginosa que los precios, existe el peligro de entrar en una espiral destructiva: un aumento pronunciado de los sueldos para contrarrestar la inflación puede producir un aumento en los costes de producción, lo que llevaría a un nuevo aumento de los precios y vuelta a la casilla de salida.

En España hay quienes ven la solución en un «pacto de rentas» antes de que todo se descontrole; una medida excepcional impulsada por el Gobierno para repartir el impacto de la inflación entre los agentes económicos (patronal y sindicatos, pero también los hogares). Su objetivo es evitar que se desencadene la citada retroalimentación del aumento de precios y de costes. Tal espiral de precios y salarios tendería a enquistar la inflación como una losa para la recuperación económica, por lo que, una vez comprobado que la inflación no es un fenómeno pasajero como autoridades y supervisores llegaron a creer, debería transmitirse la idea de que todos los perceptores de rentas de un tipo u otro deben compartir equitativamente su pesado coste.

El pacto de rentas entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios supondría, en teoría, que los primeros aceptarían moderar las subidas de los salarios más de lo que cabría exigir por la inflación, teniendo en cuenta los márgenes empresariales, mientras que las empresas se comprometen a subidas ligeras de los sueldos, mantener el empleo y una senda moderada de incremento de los precios que no compense por completo el encarecimiento del coste del trabajo y de la producción.

La cláusula de revisión salarial vinculada al IPC en los convenios colectivos planteada por los sindicatos y la exigencia por los empresarios de que pensionistas y funcionarios entren en el reparto de costes son puntos de desencuentro que alejan tal solución solidaria.

Mientras, los ciudadanos contemplan con preocupación los precios marcados en los anaqueles de los establecimientos a la hora de hacer sus compras a la vez que el Banco de España calcula que el precio de los alimentos, la partida que más pesa en la ponderación del IPC (casi una cuarta parte), no ha alcanzado su cota más alta y estima que, a pesar de medidas gubernamentales como la reducción el IVA en ciertos productos, la inflación de estos «no ha hecho pico» y superará el 12% en 2023 (16,6% en febrero), cuatro puntos más que su anterior estimación de diciembre de 2022, con productos tan básicos como las legumbres y las hortalizas o las frutas a la cabeza de las subidas.

Y aún peor. La inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene persistente por encima del índice general, en cotas no vistas en casi cuatro décadas y como un peligroso monstruo todavía más difícil de combatir.

Soluciones extraordinarias aparte, y más allá de analgésicos coyunturales, sólo un examen eficaz de la cadena de formación de precios, muy especialmente en el grupo de los alimentos, pero también en la vivienda (alquileres) y en aquellas relacionadas con el turismo (hoteles, cafés y restaurantes) hará posible que la lucha contra el dolor de cabeza de la inflación dé el fruto deseado.

Tormenta perfecta en el consumo

ENTRE MAGNITUDES

TORMENTA PERFECTA EN EL CONSUMO

La inflación no da tregua en España. El alza generalizada del coste de bienes y servicios experimentada en los últimos meses se está cebando, fundamentalmente, con los alimentos. La subida de la cesta básica de la compra está tensionando los recursos de las familias, especialmente las más desfavorecidas, lo que ha supuesto un freno al consumo, a pesar de la bajada del IVA decretada por el Gobierno.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como el principal culpable de esta situación.

FERNANDO GEIJO,

La inflación corroe el poder adquisitivo de salarios y ahorros. A pesar de que su espiral alcista se ha moderado con los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al registrase una caída de 2,7 puntos hasta situarse en el 3,3%, la subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos) sólo cayo una décima, hasta el 7,5% en tasa interanual. Este giro, más allá de la intensidad de la bajada, no supone una sorpresa y tiene algo de espejismo, ya que el IPC subyacente continúa elevado, y no implica que los precios bajen, sino que suban menos, y, además, no alcanza para cumplir el objetivo del 2% de inflación ‘saludable’ fijado por el Banco Central Europeo.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como la principal culpable de esta situación, que repuntó en febrero nada menos que un 16,7% en relación con el mismo mes de 2022, mientras que en enero el repunte ascendió al 15,5%. Sin embargo, los analistas también señalan que se ha producido una elevación de los márgenes de las empresas al aprovechar para subir precios y proteger así sus beneficios, lo que estaría espoleando esta crecida inflacionista en la eurozona.

 


EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD FUE UN 33% MÁS BARATO GRACIAS, EN PARTE, AL TRASVASE DE CONSUMIDORES A LA TARIFA DEL MERCADO LIBRE


 

Subida sin control.

La comparativa de forma mensual, frente a la interanual, resulta ahora más pertinente que nunca, dado que el INE cambió en enero pasado su método de contabilización de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al incluir desde ahora la evolución del coste de la electricidad en el mercado libre y, a su vez, proceder a variar la ponderación de bienes y servicios frente al total de gastos que realizamos.

Al hilo de lo anterior, se puede observar que la aceleración de precios en tasa mensual aumentó en un 0,9%, el mayor en un mes de febrero desde nada menos que 1978, siendo el sector turístico el líder en subidas (un 13% los paquetes turísticos nacionales y un 9,8% de hoteles y alojamientos), sin pasar por alto la electricidad (un 12,6%) los alimentos para bebés (11,4%) y las legumbres y hortalizas frescas (11,2%). Y todo ello, en el lapso de un solo mes.

De todas las partidas analizadas para calcular el IPC, que incluye la valoración del coste de la conocida como canasta básica de alimentos, gracias a la encuesta permanente realizada para conocer los gastos que realizan los hogares y comprobar así los que se adquieren de forma asidua y la variación en los mismos, los alimentos son los que centran la mayor atención.

Por consiguiente, la imparable evolución al alza del importe de los alimentos, que reflejan con terquedad las estadísticas, puede considerarse como alarmante, según los entendidos en la materia. Esto es debido, entre otros aspectos, a la rigidez de su demanda, constante y ajena a los vaivenes de las modas o tendencias, al ser considerados como bienes de primera necesidad cuyo precio no se corrige por las leyes de la oferta y la demanda. Asimismo, la bajada del IVA decretada por el Gobierno no ha tenido, al menos de momento, los efectos deseados en términos de ahorro para el bolsillo de las familias. Por último, cabe destacar que los efectos de la inflación en los alimentos afectan a todas las clases sociales, pero es indiscutible que son los hogares con rentas más bajas los que, ante esta situación, deben dedicar una mayor parte del su ya de por si exiguo presupuesto a esta partida.

Para elaborar sus análisis, el INE realiza un seguimiento de alrededor de dos centenares de los bienes y servicios que consumimos de manera recurrente, donde los alimentos son uno de los principales registros, por los motivos antes indicados.

A pesar de la mencionada rebaja del IVA aplicada en enero, el coste de la comida ha seguido subiendo con fuerza y de manera generalizada en el segundo mes de año en curso. De hecho, a algunos de ellos se les ha aplicado un IVA cero y, sin embargo, se han encarecido un 11,2%, en el caso de hortalizas y legumbres frescas; un 5,4% para las frutas frescas; un 2,7% los cereales; la leche entera subió un 1,8% y la desnatada una décima menos; el pan un 0,8%; los huevos un 0,7% y el queso un 0,5%. Por su parte, otros productos básicos como la pasta y el aceite de oliva, cuyo IVA bajó a la mitad, del 10% al 5%, aumentaron un 2,7% y un 0,5%, respectivamente.

Causas exógenas.

En su valoración de la situación, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital argumentan que la subida del precio de los alimentos, similar a la producida en Francia e inferior a la contabilizada en Alemania, se circunscribe, sobre todo, a la partida de frescos, en concreto hortalizas, legumbres y frutas.

Asimismo, consideran que se trataría de un alza puntual derivada de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas tanto en España como en otros países de nuestro entorno comunitario, lo que ha provocado escasez en las cosechas y el consiguiente aumento de precios debido a la mayor demanda internacional.

 


AZÚCAR, MANTEQUILLA, ACEITE, LECHE Y HUEVOS, SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON


 

En el otro platillo de la balanza, el transporte combinado de pasajeros se convirtió en el bálsamo que alivió el tsunami alimentario. La rebaja, aprobada por el Gobierno, del precio del abono de transporte público supuso una caída del mismo de nada menos que el 48,1% con respecto a febrero de 2022, mientras que el coste de la electricidad fue un 33% más barato gracias, en parte, al trasvase de consumidores a la tarifa del mercado libre. Mientras, gasolina (-3%) y telefonía móvil (-4,8%) también pusieron su granito de arena y ayudaron a aliviar la situación.
Ante este panorama, los consumidores tratan de exprimir cada euro de gasto y sacarle el máximo rendimiento apostando por la marca blanca o del distribuidor, que en España ya suponen el 46% del peso en la cesta de la compra, siendo el segundo país de Europa en este aspecto tras Suiza (52%) y por delante de Países Bajos (45%), Reino Unido (43%) y Alemania (40%). Otra estrategia de ajuste del gasto sería el aumento de la frecuencia de compra, que ha subido un 6% en España, en línea con lo que sucede en el resto del continente: un 10,8% en Portugal, 6,5% en Reino Unido y un 4,7% en Francia, lo que evidencia la necesidad de comprar sólo lo necesario en cada momento y esperar a la llegada de nuevas ofertas y descuentos o, en el mejor de los casos, al ansiado alivio inflacionista.

El ejemplo francés

El Gobierno galo alcanzó recientemente un acuerdo con los principales grupos de distribución que operan en el país vecino, cuyas principales claves son:

  • La bajada de precios se realiza vía reducción de márgenes de las propias cadenas de distribución.
  • Existencia de un compromiso para no repercutir las rebajas en los márgenes de agricultores, transportistas o fabricantes.
  • Apuesta por la transparencia, mediante la publicación recurrente de los márgenes de agricultores, productores y empresarios.
  • Vigilancia de los puntos acordados por medio de los servicios antifraude franceses.
  • Libertad de elección por las cadenas de supermercados de los productos seleccionados para formar parte de esta iniciativa, que eligen en cada caso cuáles forman parte al no existir una lista común de productos ni un mínimo de ellos para ser elegibles.
  • Todos los productos seleccionados llevarán una etiqueta común con la bandera francesa y la denominación: ‘trimestre anti-inflación’.

El increíble producto menguante

Un informe publicado en febrero por Facua-Consumidores en Acción señala que de un total de 507 productos analizados en 12 de ellos se observó, entre enero de 2022 y 2023, la práctica conocida como ‘reduflación’. Esta consiste en que el fabricante reduce el peso o el tamaño del envase al tiempo que mantiene o, en algunos casos, incluso aumenta el precio del mismo, lo que conlleva, en ocasiones, aumentos por encima de los dos dígitos porcentuales.

Ojo al dato

«La inflación mata a la gente», por Casimiro García-Abadillo

ENTRE MAGNITUDES

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato"

La inflación mata a la gente

Allá por el año 1990 el cantante dominicano Kaki Vargas lanzó una canción que se convirtió en un fulgurante éxito en el mercado latino: La inflación. Su estribillo era pegadizo: La inflación es general, la inflación mata a la gente… En ese año, el IPC en España estaba en el 6,8%. Treinta y tres años más tarde, en febrero de este año, la inflación ha sido del 6%, pero la que más sufre el ciudadano medio, la de los alimentos, se ha disparado hasta el 16,6%. Kaki Vargas alucinaría con este dato. Aunque no es necesario que vuelva a escribir otra canción.

Los datos macroeconómicos no le dicen nada a la mayoría de las personas. Pregunten ustedes en la calle a cualquiera con el que se crucen qué es eso del PIB y verán. Otra cosa es el IPC, el temido Índice de Precios al Consumo, la inflación. Eso lo sabe todo el mundo, porque casi todo el mundo va al mercado casi a diario y allí se puede comprobar fácilmente si la vida ha subido y cuánto.

El Gobierno ha rebajado el IVA de algunos productos (leche, aceite, etc., aunque no lo ha hecho con la carne y al pescado) y el resultado ha sido más bien escaso, por no decir nulo. Les pondré tres ejemplos: entre febrero de 2022 y febrero de 2023, los huevos han subido un 98,2%; las naranjas, un 204,7%, y las cebollas, un 368,1%. Sí, no es un error: ¡¡¡un 368,1%!!! Otro motivo por el que las cebollas nos hacen llorar.

Así que no es extraño que las ventas en los supermercados sigan cayendo sin solución de continuidad, aunque la facturación de los distribuidores crezca por efecto de la inflación. Se vende menos, pero a precios mucho más altos.

Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato.

Pero como la inflación es algo tan sensible, la demagogia acude a ella recurrentemente cuando los argumentos políticos se agotan. Me refiero a la campaña de algunos líderes de Podemos (entre ellos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra) atacando a cadenas como Mercadona con el argumento ramplón de que sus dueños (Juan Roig) se “están forrando” con la subida de los alimentos.

Bastaría con haberse fijado en los márgenes de esta cadena (como también en los de su competencia) para darse cuenta de que los distribuidores no han repercutido al público en su totalidad la subida de los precios en origen. Sí, los supermercados han facturado más, pero con menor margen.

Lo peor que tiene la inflación no es sólo que la sufren más quienes menos tienen, sino que actúa de forma contagiosa, casi como un virus. Lógicamente, para compensarla, los sindicatos demandan mayores subidas salariales; después esos mayores salarios se transmiten a los precios y así se entra en una espiral muy difícil de frenar, como en España sabemos muy bien. Las subidas de precios hacen, además, menos competitivos los productos y, consecuentemente, esa pérdida de competitividad termina por afectar al crecimiento (el dichoso PIB).

Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está tan preocupado por volver a la senda del 2% como objetivo de la subida de precios. Si los países no hacen un esfuerzo por enfriar sus economías, a medio pazo se puede producir un descarrilamiento general: no olvidemos que la inflación produce los mismos efectos que una ilusión óptica. Una subida salarial del 5% puede parecer buena, pero si la inflación está por encima del 6% eso significa que se ha perdido más de un punto de poder adquisitivo.

Así que Cristine Lagarde (la elegante presidenta del BCE) seguirá echando jarros de agua fría a la economía en forma de subida de tipos de interés.

“O sea, que además de subirnos los precios, también nos subirán las hipotecas…” Podría quejarse usted con cierta razón. Pues me temo que sí.

Las guerras generan catástrofes (y no sólo humanitarias) y tenemos una guerra en Europa que dura ya más de un año. La invasión de Ucrania por Rusia disparó los precios de la energía, que influyen mucho en el coste de los alimentos. Mientras las tensiones en el sector energético continúen, la batalla contra la inflación sólo tendrá como herramienta fundamental la subida de tipos.

Nos esperan, por tanto, meses difíciles, no de apocalipsis (esperemos que el sector financiero no nos dé otro susto), pero sí de contracción del gasto.

El Gobierno se equivoca al dibujar un panorama un tanto idílico, en el que el papá Estado siempre viene en ayuda de los más necesitados. Incluso con el mayor gasto público de la historia y con la aportación extraordinaria de los fondos Next Generation, el crecimiento de la economía (en previsión del Banco de España) será este año del 1,6%. En 2022 la economía española creció un 5,5%, casi cinco puntos más que lo esperado para este año.

Pero, a diferencia de otras épocas, ese frenazo de la economía no va a ir acompañado de un desplome de los precios. La inflación media de este año será del 3,7% (según el Banco de España), pero con el precio de los alimentos muy por encima de esa cifra.

La inflación seguirá siendo un problema en 2023. Será también general, porque en la Zona Euro se situó en febrero en el 8,5%, y, por desgracia, seguirá, como decía Kaki Vargas matando a la gente… Aunque sea lentamente.

En busca del coche perfecto

CONSUMO

EN BUSCA DEL COCHE PERFECTO

Los coches de combustión comienzan a escasear, lo que se traduce en un aumento de precios hasta en los vehículos de segunda mano.
Comprar un coche es hoy una decisión difícil. Los cambios que afectan al sector de la automoción y su futuro provocan numerosas dudas en los consumidores en el momento de decidirse por una opción u otra. Cuando la compra es obligada, los expertos recomiendan reflexionar sobre el uso que se va a dar al vehículo, las necesidades personales y también el presupuesto disponible.
MARIÁN LEZAÚN

Hasta hace poco cambiar de coche era una cuestión más o menos sencilla: el precio y los gustos personales eran los ejes de esta decisión. El cliente apenas debía elegir el modelo que mejor se ajustaba a sus gustos y necesidades y ver qué tipo de combustible era más rentable, según el estilo de conducción y el uso del vehículo. Sin embargo, comprar un coche hoy es un tema complicado que requiere, además, tiempo, para analizar todas las opciones disponibles, y también una mayor cantidad de dinero. No es que los coches sean hoy más caros que hace unos años, sino que los cambios en la industria han provocado algunas distorsiones en los precios de los automóviles que los consumidores deben asumir. La guerra de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas, debido a la coyuntura económica, mantienen al sector en vilo y eso hace que la oferta haya descendido. Además, los grandes fabricantes se encuentran en plena adaptación de sus plantas a los nuevos vehículos y la transición no está resultando fácil. La industria de la automoción depende, en gran parte, de China, donde se encuentran sus proveedores y esta situación está lastrando el desarrollo de los fabricantes en Europa.

Aumento de precios.

Así, los coches de combustión comienzan a escasear (problemas con el abastecimiento de piezas durante su fabricación, materiales más caros, etc.) lo que se traduce en un aumento de precios hasta en los vehículos de segunda mano. Mientras, los nuevos motores (eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, con hidrógeno) siguen siendo caros para los consumidores medios como reflejan las ventas. De hecho, aunque los datos del Gobierno y de la patronal del sector, Anfac, vaticinaban unas ventas superiores a los 122.000 coches eléctricos para el cierre de 2022, la realidad ha arrojado ventas por debajo de las 80.000 unidades, la mitad de ellos híbridos enchufables. Lejos quedan así las necesidades del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que estiman un total de cinco millones de vehículos eléctricos (de todo tipo, no solo turismos) circulando en España para el año 2030.

 


LOS NUEVOS MOTORES (ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS, HÍBRIDOS ENCHUFABLES O CON HIDRÓGENO) SIGUEN SIENDO CAROS PARA LOS CONSUMIDORES MEDIOS


 

Entonces, ¿cuál es el origen de esta ralentización? Los consumidores reconocen que, en muchos casos, el principal hándicap es el precio, aunque en el mercado pueden encontrarse modelos desde los 10.000 euros. Sin embargo, esos coches eléctricos más asumibles no cumplen con las prestaciones y las necesidades a las que estaban acostumbrados los conductores españoles y el resto sigue resultando caro para la gran mayoría: los modelos con buenas prestaciones superan los 40.000 euros. Ni siquiera las ayudas oficiales animan a la compra porque, según fuentes del sector, son insuficientes y no se ajustan a la realidad de los clientes. No obstante, fabricantes y vendedores apuestan por este modelo que, poco a poco, gana adeptos, pese a la desventaja que representa su precio. “Una cosa es el precio de adquisición del vehículo y otra el coste del uso por kilómetro. Es cierto que el precio de un coche eléctrico es superior al de uno con motor de combustión, pero recargar un vehículo eléctrico sigue siendo muy competitivo respecto a un modelo de combustión”, aclara Jaime Barea, director corporativo de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam).

Además, los consumidores se muestran cautelosos debido a los cambios legislativos que afectan al sector y las expectativas futuras sobre la movilidad, especialmente en las grandes ciudades. Puede que, en un corto periodo de tiempo, el acceso en coche al centro de las ciudades esté reservado para unos pocos o que veamos vehículos sin conductor o nuevos modelos de transporte antes de lo que imaginamos. Pero habrá que esperar y ver cómo el sector evoluciona realmente. El momento clave será el año 2035, anunciado por Europa como el fin de la fabricación de los coches con motores de combustión.

 


HASTA HACE POCO CAMBIAR DE COCHE ERA UNA CUESTIÓN MÁS O MENOS SENCILLA: EL PRECIO Y LOS GUSTOS PERSONALES ERAN LOS EJES DE ESTA DECISIÓN


 

Puntos de recarga.

Tampoco ayuda la falta de puntos de recarga. A cierre de 2022, en España había 16.565 puntos de recarga públicos para coches eléctricos, según el barómetro de electromovilidad de Anfac. De estos, el 81,5% son de baja potencia, lo que significa que tienen tiempos de carga de entre tres y 19 horas. Solo había a cierre del año pasado, 412 puntos que permitían recargar el vehículo en menos de media hora. “Es cierto que queda mucho trabajo por hacer en lo que se refiere a la recarga vinculada, pero si contamos con que hay unos 24 millones de turismos en España y de estos, un 30 por ciento sí dispone de parking en propiedad, estamos hablando de que se pueden alcanzar más de 7 millones de puntos de recarga vinculada cuando el objetivo del Gobierno es que para 2030 haya 5 millones de vehículos eléctricos de toda tipología en circulación”, explica Barea.

Desde Gavam apuntan que hay margen suficiente para que se sumen a la movilidad eléctrica aquellos usuarios que dispongan de capacidad de recarga vinculada. “Además, el despliegue de infraestructura de recarga pública debe desarrollarse con mayor velocidad, eliminando todas las barreras aún existentes y la incertidumbre que el cliente pueda tener”, añade Barea.

Por eso, ante las dudas los expertos recomiendan más que nunca pedir asesoramiento. “Con el mercado actual hay que dejarse asesorar por un vendedor profesional. En función del presupuesto, le recomendará la solución de movilidad que mejor se adapte a lo que necesita. Además, si el comprador se decanta finalmente por un vehículo usado, tendrá certeza de que es una operación fiable, con contrato, garantía e historial de mantenimiento certificado”, explica Barea. En internet existen, no obstante, cientos de páginas en las que buscar y comparar las mejores opciones disponibles en cada momento.

Ventajas o desventajas del coche eléctrico

La apuesta oficial por el coche eléctrico mantiene al mercado dividido, especialmente a los conductores que se han visto en la obligación de cambiar de vehículo. La primera ventaja del coche eléctrico es, efectivamente, su reducido impacto medioambiental. A diferencia de los vehículos de combustión interna, el coche eléctrico no emite ningún gas de efecto invernadero mientras circula, aunque tiene otro impacto que hay que considerar. Los nuevos componentes necesarios para el vehículo eléctrico y conectado, como las baterías y los microchips necesitan materias primas minerales no empleadas en automóviles convencionales. Se trata de grandes cantidades de litio, cuya extracción no siempre es muy respetuosa con el medioambiente. Asimismo, el reciclaje de las baterías, cuya vida útil es de unos 10 años, implica también un problema medioambiental de gran envergadura.

Modelos para todos los gustos

En el mercado del automóvil conviven actualmente diferentes modelos de turismos, según la alimentación del motor. En un primer grupo se encuentran los vehículos de combustión térmica (gasolina o diesel) que, según las previsiones, desaparecerán en menos de treinta años. En un segundo grupo se encuentran los motores más avanzados que corresponden a los coches eléctricos y los híbridos (combinan la combustión y la electricidad). Dentro de estos últimos los hay enchufables (requieren carga externa) y otros que se recargan solos. Para hacerse con uno de estos modelos, los compradores cuentan con importantes ventajas ya que, además de la ayuda del Gobierno, recogida en el Plan Moves III, los coches eléctricos ofrecen otras ventajas en función de la Comunidad en la que circulen: exenciones de pago en zonas de aparcamiento reguladas, puntos de recarga gratis, etc. En el mercado existen también los vehículos alimentados por hidrógeno, mucho más sostenibles que los eléctricos, pero cuyo desarrollo es menor. Por último, los compradores pueden optar por el mercado de segunda mano, que se encuentra más activo que nunca y que responde de manera rápida a las necesidades de los clientes.

Por si las dudas

Ministerio de Industria: En su página web se pueden consultar todas las ayudas disponibles para la compra de vehículos eléctricos, así como la normativa sobre el sector de la automoción.

Anfac: La patronal del sector del automóvil publica datos oficiales sobre ventas en España, así como tendencias y cambios en el mercado.

Faconauto: La federación de asociaciones de concesionarios publica estadísticas de ventas, noticias del sector y, también los últimos avances en movilidad sostenible.

Ganvam: La organización de distribución y reparación de vehículos en España recoge en su página toda la información relativa al comercio del sector. Incluye estadísticas, perspectivas y tendencias.

«Movilidad sostenible y vehículos eléctricos», por Olga Ruiz Legido

CONSUMO

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta de Facua

"El futuro de la movilidad no puede descansar en la sustitución sin más del vehículo de combustión por el eléctrico"

Movilidad sostenible y vehículos eléctricos

¿Es el vehículo eléctrico la solución para conseguir una movilidad más sostenible?
Para responder esta pregunta desde una óptica consumista y comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible, es preciso contextualizar esta opción de movilidad y analizar las implicaciones que tiene, hoy por hoy, el coche eléctrico.

El transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2 en la Unión Europea (UE) que, mayoritariamente, provienen del transporte por carretera, según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA): coches, furgonetas, camiones y autobuses producen más del 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Reducir los efectos adversos del transporte es uno de los principales objetivos políticos de la UE. Según determina la EEA, las líneas fundamentales de actuación consisten en desplazar el transporte hacia modalidades menos contaminantes y más eficientes; hacer uso de tecnologías avanzadas de transporte; implementar combustibles e infraestructuras más sostenibles, y garantizar que los precios del transporte reflejen plenamente los efectos adversos en el medio ambiente y en la salud. La descarbonización del transporte centra una de las líneas estratégicas de las políticas europeas.

Entre los objetivos de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático de la UE se sitúa el de alcanzar la neutralidad climática. Para ello, el reto fijado es una disminución del 90% de las emisiones de gases invernadero generadas por el transporte para 2050, respecto de los niveles de 1990.

Así lo estableció la Comisión Europea en el Pacto Verde Europeo en diciembre de 2019, donde recogió el compromiso de una Europa climáticamente neutra para 2050, compromiso político que devino en obligación legal tras aprobarse la Ley Europea del Clima en 2021.

Para la consecución de los objetivos de sostenibilidad y neutralidad climática aprobados por la Comisión y el Parlamento Europeo, el desarrollo de modelos de transportes sostenibles es crucial, pero, además, debe ir de la mano de otros atributos que permitan garantizar la movilidad como un derecho de todos y todas. En este sentido, la movilidad debe ser sostenible pero también segura, asequible y accesible para el conjunto de la población.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible expresamente reconoce el derecho de todas las personas a tener acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.

En España, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, recoge esos objetivos y la implantación de formas de desplazamientos alternativas y más sostenibles, entre las cuales hace una apuesta por el vehículo eléctrico, pero también prioriza la necesaria reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no motorizados de transporte (pie y bicicleta), desarrollando aquellos que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente.

En este contexto político y legislativo se está desarrollando una intensa campaña de promoción del coche eléctrico. Se habla de objetivos a medio y largo plazo de sustitución del parque de coches de combustión por coches eléctricos. Sin embargo, debemos preguntarnos si en el vehículo eléctrico está la solución para una movilidad sostenible y si esta estrategia de gobiernos e industria ayuda realmente a un cambio de modelo que atienda las necesidades de todos y también del planeta.

El vehículo eléctrico se presenta como la alternativa más limpia, pero es preciso tener en consideración determinados condicionantes que se dan en la actualidad: no solo deben ser tenidas en cuenta las emisiones de CO2 que produce un coche durante su uso; también las que se causan durante su producción y en la gestión de sus desechos tras su vida útil. La producción y eliminación de un coche eléctrico tiene un impacto medioambiental significativo y mayor que un vehículo de combustión. Las baterías y motores suponen, hoy por hoy, un importante problema medioambiental al necesitar recursos escasos y materiales contaminantes en su fabricación.

El origen de la energía eléctrica necesaria para su utilización también es un factor determinante en la reducción de las emisiones de CO2, debiendo ir vinculado a un crecimiento exponencial de su origen renovable. El coche eléctrico es más limpio a medida que la proporción de electricidad proveniente de fuentes renovables aumente y se avance en baterías más sostenibles.

Las poco desarrolladas infraestructuras de recargas en España y el precio de venta y mantenimiento del vehículo eléctrico también representan claras desventajas que impiden que pueda ser una alternativa accesible y asequible para la mayoría de la población y marca claras diferencias sociales.

De otra parte, debe tenerse en consideración el impacto del vehículo privado en las ciudades (ya sea combustión o eléctrico) y los problemas que genera en cuanto a desplazamientos y ocupación del espacio público y cómo condiciona el propio modelo urbanístico.

El futuro de la movilidad no puede descansar en la sustitución sin más del vehículo de combustión por el eléctrico. Un cambio hacia una movilidad sostenible no representa solo un cambio de tecnología; ha de tener en consideración la necesidad de decrecimiento. Necesitamos también menos coches.

El coche eléctrico es una pieza en la movilidad sostenible pero no debe ser la única, ni ha de ser el objetivo central de la misma. Es preciso revertir el patrón de crecimiento continuo de vehículos privados e impulsar fórmulas colectivas y otras alternativas para los desplazamientos.