NOTICIAS DEL NOTARIADO // Sesiones y jornadas
Digitalización de la Justicia
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, asistieron el 11 de marzo a la jornada organizada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y AMETIC sobre la «Ley de Eficiencia de la Digitalización de la Justicia».
La sesión fue inaugurada por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y el presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela, y reunió a representantes de los organismos de Justicia, la Administración Pública y el sector tecnológico para analizar el marco legal y la estrategia de implantación de la Ley, los hitos conseguidos y las experiencias de aplicación. La clausura corrió a cargo del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo.
César Sanz, vicesecretario del Consejo General del Notariado (CGN), intervino el pasado 26 de marzo en los desayunos ‘Claves de Vivienda’ del medio digital Crónica Legal. En la sesión, titulada Aportaciones notariales a los problemas de la vivienda, Sanz puso en valor los datos del Portal Estadístico del Notariado, que contiene información real, completa y actualizada, completa sobre el mercado de la vivienda.
El vicesecretario del CGN se refirió también a la formalización de los contratos de alquiler en escritura pública: «Sería muy positivo que el arrendamiento de viviendas se realizara ante notario. Aportaría asesoramiento y seguridad jurídica a las partes, además de contar con datos reales del mercado del alquiler en nuestro Portal Estadístico y permitir mayor control del fraude fiscal».
Asimismo, destacó la importancia de la intervención notarial en la fase precontractual de los préstamos hipotecarios. «La Ley de Crédito Inmobiliario ha sido de gran utilidad. Aporta transparencia al proceso y garantiza el derecho del consumidor a elegir libremente el notario que desee. Permite crear un vínculo entre el notario y el consumidor previo a la firma de la escritura, lo que posibilita al ciudadano aclarar todas sus dudas», concluyó.
Claves normativas de las viviendas turísticas
La sede del Colegio Notarial de Madrid acogió en marzo la presentación de la obra Viviendas turísticas en España. Claves normativas y jurisprudenciales para entender su regulación, del doctor en Derecho, Javier Valentín. En palabras de su autor, se trata de «un estudio exhaustivo y sistemático del régimen jurídico de las viviendas turísticas en España, que analiza su evolución normativa, el marco europeo, estatal y autonómico, así como la jurisprudencia y el derecho comparado».
Valentín plantea la creación de un régimen específico en el Código Civil para este tipo de arrendamientos turísticos, «que proporcionaría seguridad jurídica a propietarios y arrendadores». Asimismo, se muestra crítico con el Real Decreto 1312/2024, que regula en España el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos, y que en su opinión introduce un doble registro innecesario, invade competencias autonómicas y contradice el Derecho de la UE:
«La Comisión Europea ya ha alertado a España que este doble registro va en contra de la normativa europea. Incluso el Consejo de Estado emitió un dictamen fulminante en contra de este Real Decreto, por cuanto consideraba que se vulneraban distintas disposiciones de la Constitución Española y se imponía un nuevo y duplicado registro que está expresamente prohibido por el Reglamento Europeo», apuntó.
Por su parte, Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, advirtió del riesgo de convertir a la vivienda turística en chivo expiatorio de problemas estructurales más amplios, «como las dificultades de acceso, la escasez en construcción de viviendas de promoción pública o la planificación urbanística en ocasiones insuficiente. Las soluciones jurídicas, si quieren ser eficaces, deben basarse en diagnósticos rigurosos y no en percepciones simplificadas».
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, asistió a la sesión, que fue presidida por el vicedecano del colegio madrileño, Eduardo Hijas, y que contó también con las intervenciones de Rafael Fernández Valverde, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Juan Ramón Fernández Torres, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid.
¿En qué consiste el proyecto de «agente de igualdad» promovido por su Ministerio? 
La seguridad jurídica es clave para una eficaz protección de los derechos fundamentales y exige que las leyes sean claras. A menudo unos derechos pueden entrar en colisión con otros y los tenemos que sopesar. Pero no olvidemos que, en materia de lucha para erradicar la violencia de género, el Estado tiene una obligación de «diligencia debida» para proteger la vida y la integridad física y moral de las mujeres. No podemos obviar que la gestión de datos sensibles es un tema complejo donde pueden entrar en colisión distintos derechos. Tenemos que cumplir con nuestra obligación de diligencia debida en violencia de género, pero también tenemos que garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal. Por ello, en violencia de género se comparte información relativa a los casos, pero existen limitaciones al acceso a información personal, estableciéndose por ejemplo en el sistema VioGén diferentes perfiles de acceso dependiendo de la función de cada profesional, y por eso no podemos publicar desde el Ministerio de Igualdad los datos personales que puedan identificar tanto a la víctima como al agresor. En definitiva, tenemos que trabajar este equilibrio necesario entre protección del derecho a la vida y la integridad y de los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, sin vulnerar garantías fundamentales.
