La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su informe Producción normativa en 2023, que analiza desde 2015 la evolución del complejo marco legislativo español, llama la atención sobre el exceso de producción normativa y sus efectos negativos para la estabilidad empresarial.

LA CEOE HA ALERTADO SOBRE EL EXCESO DE PRODUCCIÓN NORMATIVA Y SUS EFECTOS NEGATIVOS PARA LA ESTABILIDAD EMPRESARIAL

En 2023 «se aprobaron 683 normas estatales en nuestro país, es decir, dos cada día, a pesar de que durante cinco meses el Gobierno estuvo en funciones, con las consiguientes limitaciones que esto implica», señalan. El hecho de que en 2023 se celebraran elecciones en julio y no se formara gobierno hasta noviembre, «ha supuesto un factor clave en el descenso de la producción normativa (casi un 20% menos que en 2022), pero también en la multiplicación de normas en los meses hábiles», aseguran. En este sentido, el informe publicado destaca que «si en 2022 se promulgaron un promedio de 70 normas mensuales, en 2023 este número se elevó hasta las 113 normas por mes hábil».

Los empresarios llaman la atención sobre el «peso de los reales decretos sobre el total de normas con rango de ley», que aumentaron un 32% en 2023, cinco puntos más que un año antes, lo que sugiere la persistencia en la justificación de ‘urgente necesidad’ a la hora de legislar».

EN 2023 SE APROBARON 683 NORMAS ESTATALES; DOS CADA DÍA, A PESAR DE QUE DURANTE CINCO MESES EL GOBIERNO ESTUVO EN FUNCIONES

Marco jurídico estable

Aparte de las leyes estatales, España cuenta con la legislación autonómica a través de sus 17 gobiernos y parlamentos regionales. En 2023 hubo 291 normas aprobadas por las comunidades, un 14% menos que en 2022, según el informe de la CEOE. En el conjunto del país, la producción normativa ascendió a 945, «casi tres novedades normativas (nuevas leyes y modificación de las existentes) al día». En definitiva, 2023 fue uno de los años más prolíficos. Por comunidades autónomas, Cataluña se sitúa a la cabeza y en 2023 casi triplicó la media anual de páginas publicadas por el conjunto de las comunidades. Le siguen Andalucía, Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Para la CEOE el hecho de que las comunidades sean responsables del 80% de las páginas publicadas en los boletines oficiales «afecta negativamente a la unidad del mercado y a la seguridad jurídica». La organización empresarial insiste en la importancia de «establecer un marco jurídico estable y confiable como pilar para el desarrollo económico y el bienestar social».

Cada año, desde 2016, el Consejo de Ministros da luz verde al Plan Anual Normativo, «una hoja de ruta» que analiza la actividad normativa de la Administración General del Estado en relación con las previsiones del año anterior, y donde se reflejan los resultados de la aplicación de las leyes aprobadas en años precedentes. Entre los objetivos destaca la planificación y la posterior evaluación del grado de ejecución para extraer conclusiones de cara a mejorar esta actividad. «Es una garantía para los ciudadanos y para todos los operadores jurídicos y económicos puesto que ofrece una panorámica de la actuación de los poderes públicos que les permite anticiparse a la aprobación de normas, participar en su elaboración y planificar su propia actividad».

Regular los imprevistos

La acción normativa en 2023 se vio afectada, según el Ejecutivo, por diversas acciones ajenas al propio Gobierno, como la invasión rusa en Ucrania, que obligó a hacer frente a sus consecuencias económicas y sociales como el aumento de los precios del gas, los carburantes y los alimentos. «La necesidad de implementar estas medidas a través de diferentes instrumentos normativos influyó en la actividad de 2022, pero también, dada la persistencia de los efectos derivados de la guerra, en la de 2023, y en la propia previsión normativa».

LA ACCIÓN NORMATIVA EN 2023 SE VIO AFECTADA, SEGÚN EL EJECUTIVO, POR DIVERSAS ACCIONES AJENAS AL PROPIO GOBIERNO, COMO LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

Asimismo, el Gobierno justifica el aumento de normas en las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria mundial de 2020, con una «ambiciosa agenda de reformas comprendidas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021, previo informe favorable de la Comisión Europea». Dicho plan recogía 212 medidas, de las que 102 eran para el periodo 2021-2023, y en el mismo se contemplaban «reformas normativas que exigían ser implementadas de forma inmediata, lo cual también afectó a la ejecución de la planificación normativa inicialmente prevista».

Pese a las dificultades, la acción normativa del Gobierno durante el año 2023 «ha continuado dirigiéndose hacia el cumplimiento de los compromisos adquiridos con anterioridad a la pandemia; la incorporación y ejecución del Derecho de la Unión Europea; las intervenciones regulatorias exigidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y otras catástrofes; así como a la aplicación de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su ejecución», señalan.