A la Comisión Europea le preocupa el envejecimiento de la población en la UE, que cada año es más acusado. Nacen menos niños mientras aumenta la esperanza de vida, que en el último medio siglo ha ganado otros diez años. El problema es grave, dicen los agoreros, porque una sociedad donde muere más gente de la que nace y se incrementa el número de ancianos está abocada a sufrir contratiempos socioeconómicos de envergadura. Si no se adoptan medidas -pronostican-, la población activa disminuirá paulatinamente al tiempo que los Estados se verán obligados a desviar más recursos a pensiones públicas y a la atención a los mayores.

Ciertamente, urge una solución para evitar, o al menos mitigar, las consecuencias del “suicidio demográfico”. Pero creo que, en esto como en todo, más apremiante que aplicar medidas aparentemente obvias para revertir la situación es determinar la naturaleza del asunto; esto es, hacer un diagnóstico objetivo de la situación y analizar sin prejuicios ni orejeras ideológicas por qué se ha producido. Si no, es bastante probable que sobre la base de impresiones falsas se planteen remedios tan evidentes como engañosos. Pienso, en concreto, en el fomento de la natalidad, para muchos la panacea contra este mal.

Un error común es considerar el aumento de la esperanza de vida como un fracaso cuando, parafraseando a la politóloga Margarita León, es “la historia de un éxito”. En efecto, vivimos cada vez más, pero lo hacemos de manera más saludable y activa que nuestros antepasados. Según la Comisión, en el próximo medio siglo los mayores de 65 años serán el 30% de la población y se duplicará el número de octogenarios. Ahora bien, es evidente que la condición física de quienes llegan a la edad de jubilación y de los ancianos no es la misma que la de sus padres y que la de sus hijos será aún mejor y, por lo tanto, requerirán menos atenciones.

Otra equivocación habitual es considerar aciago el descenso de la natalidad sin reparar en sus causas, como son la dificultad de los jóvenes para independizarse (inestabilidad laboral, alquileres prohibitivos) y, sobre todo, la emancipación de las mujeres, que según han ido ganando derechos y logrando ser autosuficientes tienen otros objetivos vitales además de procrear. Tener hijos es una opción, no una obligación, y son muchas las mujeres que eligen no tenerlos, ya sea porque no sienten la necesidad o, aunque lo deseen, porque la maternidad, lamentablemente, limitaría su promoción laboral.

Con este panorama en mente, la Comisión Europea presentó a principios de año un libro verde sobre el envejecimiento con la pretensión de abrir un debate al que hiciesen aportaciones los Estados miembros, incluidas las administraciones regionales y locales, organizaciones interesadas y ciudadanos particulares. Es un procedimiento al que, en aras de la “participación”, recurre el Ejecutivo comunitario cuando no sabe qué hay que hacer, como ocurrió en 2018 con la consulta sobre el cambio de hora (el 84% de los participantes se mostró partidario de acabar con el cambio dos veces al año, y en ello seguimos).

Más allá de saber que me queda por delante menos tiempo del que he dejado atrás, a mí, sinceramente, me preocupa poco cumplir años. Al menos, de momento. He llegado a la jubilación en plenitud de facultades y mi salud habría sido la envidia de mis progenitores cuando tenían veinte años menos que yo ahora. Lo que me intranquiliza, y supongo que también a la Comisión, es que a medio plazo el Estado no tenga recursos suficientes para garantizarme una pensión que me permita vivir con cierta decencia. Y evitarlo exige revertir la alarmante disminución de la población en edad laboral para no sobrecargar con cotizaciones más elevadas a las generaciones más jóvenes.

Es obvio que no hay una única solución y que las que se apliquen no tendrán un efecto inmediato. Lo primero es reducir la precariedad para que los jóvenes se independicen antes y favorecer, al mismo tiempo, la entrada de más personas en el mercado laboral. La escasez de trabajadores se puede resolver, si bien sólo en parte, promoviendo políticas de igualdad para que las mujeres concilien mejor el trabajo y la vida privada, mejorando el acceso de las personas con discapacidad (sólo del 34% de las que viven en España son activas), retrasando la edad de jubilación o acortando los ciclos educativos para adelantar la incorporación al mercado. Pero, como digo, son soluciones parciales porque el declive demográfico es de tal magnitud que no se remediará en, al menos, dos o tres generaciones.

Así que, a falta de otras recetas que yo no soy capaz siquiera a vislumbrar, la Unión Europea está abocada a medio plazo a recurrir a la inmigración para compensar la escasez de mano de obra nativa. En España, de hecho, el incremento de la población activa en los últimos años se ha debido esencialmente a ciudadanos extranjeros, que también han contribuido a aumentar la tasa de actividad femenina. El reto es integrarlos bien y de forma ordenada en el mercado laboral. Y aunque no son la solución a largo plazo para el problema de las pensiones, nos dan un margen de maniobra suficiente para estudiar fórmulas que garanticen la estabilidad del sistema. Cuanto antes lo entendamos, mucho mejor.