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Fue el remedio para evitar la afluencia de público en las oficinas de la Administración en la pandemia, hace cinco años. Pero para muchos hoy es una barrera a la atención pública. Hay Administraciones que han dado marcha atrás, pero, en otras, hay hasta un mercado negro. Pase y lea, no es necesaria cita previa.
¿Se acuerda? Llegó la pandemia, allá por marzo de 2020 y para evitar contagios se impuso la cita previa obligatoria. La pandemia desapareció, pero sus inercias no, y en algunos departamentos de la Administración la imposición continúa. Con casos como el que me tocó vivir, y eso que me considero bregado en temas de digitales. Tras varios intentos, en diferentes días y horas, consigo cita previa en la Administración. Debía resolver la convalidación del título de bachillerato de mi hijo en Irlanda. Resuelta la primera gestión había que cumplimentar otra: reconocer la firma digital del menor. Era en la misma mesa. El funcionario me paró: “Esto es otro proceso. Tiene que pedir cita previa”. Asi que le lancé esta sugerencia: “Ya que estamos aquí y todo se debe hacer aquí, ¿no podemos hacerlo todo a la vez? Si no se puede, podría usted fijar ya una cita. A mí me resultó muy difícil”. “No-me respondió- tiene que solicitarla usted desde casa y luego volver”.
Era absurdo: estar presente en un sitio, salir para pedir cita previa otro día y, en el caso de conseguirla, regresar al mismo sitio. No discutí. Experiencias parecidas las puede leer en el recuadro de redes sociales. También las que ha constatado el Consejo General de Gestores Administrativos (CGGA). Desde su presidencia, Santiago Ollero, nos señala que “hay personas que han perdido empleos por no poder obtener un simple certificado, que han tenido que viajar cientos de kilómetros porque su provincia llevaba meses sin citas; extranjeros que ven expirar plazos legales porque no existe manera humana de obtener una cita a tiempo; madres que no pueden cobrar prestaciones…”
Ineficacia del sistema
Puedes cambiar de bar, abogado o pareja, pero no de “ventanilla” para resolver asuntos con el Estado. En un estudio de 2023 la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) intentó 1.800 veces conseguir citas para seis trámites comunes en 25 ciudades españolas y en diferentes organismos públicos. En una de cada tres peticiones o no quedaban horas disponibles o había que esperar más de dos semanas para conseguirla o la cita era en otra localidad.
LA PANDEMIA DESAPARECIÓ, PERO SUS INERCIAS NO, Y EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN LA IMPOSICIÓN CONTINÚA
El estudio más reciente sobre cita previa ha sido el del CGGA. Entre julio de 2024 y junio de 2025. Santiago Ollero nos señala que “el resultado es incontestable: más del 80% de los trámites analizados tuvo periodos sin ninguna cita disponible. No eran picos concretos, sino una situación estructural y sostenida a lo largo del año”. Uno piensa que cuánto más complicada sea la Administración mejor para los gestores porque el ciudadano, abrumado recurre a ellos. Así que, ¿cómo pueden ser los propios gestores administrativos los más beligerantes contra la cita previa obligatoria? Ollero zanja ese mito: “Ese argumento se oye con frecuencia, pero es profundamente falso. A los gestores administrativos no nos beneficia una Administración que funciona mal, igual que a un médico no le beneficia que se colapse un hospital. La mala Administración crea frustración, tensiones sociales, pérdida de derechos y, sobre todo, clientes enfadados que no entienden por qué un trámite básico se convierte en un pequeño calvario”. Por eso el CGGA ha impulsado una campaña Por el derecho a la atención presencial efectiva en la Administración pública. Como señala Ollero “aportamos confianza y seguridad jurídica; esa confianza se resquebraja cuando la propia Administración impone filtros de acceso que la Ley no contempla. El ciudadano no se merece una ventanilla que nunca abre. Eliminar la cita previa obligatoria es reconstruir un servicio público esencial”.
SANTIAGO OLLERO: “HAY PERSONAS QUE HAN PERDIDO EMPLEOS POR NO PODER OBTENER UN SIMPLE CERTIFICADO”
Cita previa “obligatoria”
El mundo jurídico coincide por unanimidad en que la cita previa obligatoria carece de habilitación legal. Se impuso por la ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID y solo en el ámbito de la Administración de Justicia. Fue una autorización temporal y limitada. Pero como señala el artículo 4.2 del Código Civil: “Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. Sin embargo, la cita previa se copió en otras Administraciones y se ha mantenido por inercia. También tiene su parte de imagen. Ver colas de gente esperando da una impresión de Administración atrasada y lenta. Con la cita previa obligatoria dejan de verse porque se traslada esos usuarios a sus casas, telemáticamente. Aquí, favorecido en parte por el mal funcionamiento y por la brecha digital, surgió un mercado negro de ventas de citas. Las últimas detenciones por esta práctica fueron en noviembre de 2025. Los delincuentes usan programas informáticos para bloquear muchas citas y luego venderlas por 50 o 90 euros. Este delito se evitaría con la cita presencial, “nadie se puede multiplicar físicamente” o como señalan los sindicatos de funcionarios, si hubiera un doble sistema de identificación con un mensaje al teléfono móvil.
En páginas de anuncios web nos encontramos con mensajes como este: “¿Estás cansado y no consigues la cita? Te la proporciono por muy poco. Seguridad, eficacia, seriedad. Contacta por wasap y te explico”. Cobran entre los 40 y 100 euros, según la prisa que se tenga. Donde hay más colapso es en el SEPE, porque la solicitud de la prestación de desempleo hay que presentarla dentro de los 15 días hábiles tras del despido para no perder ningún día de subsidio.
VER COLAS DE GENTE ESPERANDO DA UNA IMPRESIÓN DE ADMINISTRACIÓN ATRASADA Y LENTA
Un fin que no llega
En 2023, el Gobierno anunció en el Congreso el fin de la cita previa obligatoria, pero continuó. Repitió el anuncio en enero de 2024, pero ese propósito se olvidó. Lo último que nos encontramos sobre el tema es en el boletín oficial de las Cortes Generales del 25 de octubre de 2025. Es una proposición no de ley de la oposición. Es decir, se propone al Gobierno que actúe para acabar con la cita previa obligatoria. Sin embargo, continúa en diferentes Administraciones incluidas autonómicas y locales. Las excepciones son dos: Canarias, que la eliminó como sistema de atención en 2023, y Cataluña, que en noviembre aprobó la Ley 9/2025 sobre procedimiento de Administraciones públicas. Su artículo 4 dice: “La cita previa no puede ser obligatoria en ningún caso y solo puede establecerse para mejorar los servicios de atención presencial”.
Falta de respaldo jurídico
Son casi unánimes los estudios publicados sobre la falta de respaldo jurídico de la cita previa obligatoria. El único discordante es el de 2023 del Consejo para la Defensa del Contribuyente, elaborado por la propia Administración.
- Destacamos este de José Miguel Beltrán publicado en la Revista de Derecho Público: Teoría y Método.
- Informe del Consejo General de Gestores.
- Los informes de los distintos defensores del pueblo de las comunidades autónomas también condenan la cita previa obligatoria.
La cita previa en… imagen
Hay infinidad de tutoriales en internet sobre cómo solicitar “cita previa”. También puede evadirse con películas sobre la burocracia como El proceso (1962), dirigida por Orson Welles, basado en la novela de Franz Kafka. Si desea quitarle dramatismo, no se pierda las siguientes propuestas:
Episodio de “Poquita fe”: En la segunda temporada de la serie emitida por Movistar + hay un graciosísimo episodio dedicado a la cita previa. También puede verlo en este enlace:
También le recomendamos varios cortometrajes. Uno de los más premiados fue 036.
A QUIÉN SEGUIR
En las redes sociales nos encontramos infinidad de casos de personas que se quejan de la cita previa, si bien muchos están muy polarizados políticamente. El más neutro e insistente con el tema es el abogado y profesor de Derecho Administrativo Diego Gómez (@diegogomabogado). Ganador del premio Hay Derecho en 2023 por su lucha contra la obligatoriedad de la cita previa. Mediante la etiqueta (hashtag) #NoALaCitaPreviaObligatoria también vemos mensajes como el de un abogado sevillano: “Para gestionar el certificado digital exigen cita previa. Para sacar cita previa necesitas certificado digital. ¿Cómo sacas cita previa sin certificado si te exigen certificado para la cita previa?”