«Turismo somos todos», por Santiago Aguilar

EL ESCAPARATE

SANTIAGO AGUILAR

presidente de la Asociación Española de Profesionales de Turismo

@saguilarmdea

 

Turismo somos todos

EL AÑ0 2020 nos ha sorprendido con una crisis cuyo origen y alcance me atrevería a decir que nadie era capaz de prever hace no más de un año. Somos víctimas de una pandemia que está provocando millones de infectados y cientos de miles de muertos en todo el mundo, y las cifras no paran de crecer. La mayoría de los países está tomando medidas de contención ante el avance del virus que, salvo en contadas excepciones, se están mostrando como poco eficientes o incluso muchas veces totalmente inútiles. El desconocimiento que tenemos sobre el virus que ha originado el Covid-19 es tan grande que muchas de esas medidas resultan divergentes de unos territorios a otros, en muchas ocasiones si dar tiempo a comprobar su eficacia antes de modificarlas o incluso abolirlas. Y esto a los ciudadanos nos resulta desconcertante, cuando no preocupante. Una de las medidas que sí se está tomando a nivel global en busca de frenar la expansión del virus es la restricción en la movilidad. En unos casos se trata confinamientos domiciliarios, en otros de cierres perimetrales, en algunos de restricciones en origen y destino, pero en cualquier caso todos parecen coincidir, lo que a mi juicio es bastante lógico, en que limitando los desplazamientos de la población es más que probable que dificultemos la expansión del virus. Todos somos conscientes de los efectos negativos que dicha prevención tiene sobre las relaciones sociales y económicas de ámbito mundial, y muy especialmente sobre el turismo, actividad para la que por definición es condición sine qua non el desplazamiento fuera del domicilio habitual, según recoge la propia Organización Mundial del Turismo, que lo define como “un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico”. Seguridad y renta. Además de la máxima facilidad para los desplazamientos, el turismo necesita también de la coexistencia de dos requisitos también fundamentales para que se produzca, como son la seguridad y la disponibilidad de renta. Por seguridad entiendo no sólo la seguridad física, saber que nada amenaza tu salud o tu integridad física de manera señalada, lo que en el caso de la pandemia que nos atenaza resulta evidente. Seguridad también es la falta de incertidumbre por el futuro, la confianza en las condiciones y en las medidas que se estén aplicando en el destino, o incluso en tu propio país, el hecho de saber no sólo a dónde vas, sino que a la vuelta vas a encontrar las cosas como las dejaste. Y mucho me temo que la actual deriva de medidas descoordinadas y en muchas ocasiones contradictorias que están llevando nuestras autoridades a todos los niveles no contribuye precisamente a esa necesaria seguridad.
«El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos know-how a todo el mundo»
Y en cuanto a la renta disponible, con un elevado porcentaje de población sometido a ERTE, cuando con la amenaza de un ERE o incluso ya en el desempleo, con infinidad de autónomos abocados al cese de actividad, o como poco a su drástica disminución, con cientos o miles de negocios abocados al cierre temporal o definitivo, no parece que nos encontramos en la mejor coyuntura posible para animarnos a disponer de nuestros ahorros para viajar. A nadie puede sorprender, pues, que la llegada de turistas extranjeros a España se haya desplomado este año, con descensos inimaginables hasta ahora. Hemos sufrido el que ha sido el peor primer semestre de la historia reciente, con descensos que en junio llegan a cifrarse en un 97% menos de llegadas. El verano ha sido catastrófico, con descensos en torno al 75% en julio y agosto y de nuevo de cerca del 90% en septiembre, con la llegada de la temida segunda oleada del coronavirus y el consiguiente endurecimiento de las medidas restrictivas. Es verdad que hemos experimentado un cierto alivio gracias al desarrollo de la demanda interna, pero ni de lejos ha sido suficiente para compensar las enormes pérdidas que deja la ausencia de turismo internacional. Se ha debatido mucho últimamente sobre la excesiva dependencia del turismo en España, así como sobre la eficiencia de nuestro sector y su aportación a nuestra economía global. En el mes de mayo nos topamos con unas a mi juicio desafortunadísimas declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, calificando el turismo como un sector estacional, precario y de escaso valor añadido. Todo el sector fue un clamor exigiendo una rectificación, pero no se obtuvo ni siquiera una matización sobre esas declaraciones. Más recientemente, el propio Vicepresidente Segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, ha argumentado que la fortaleza del turismo en España nos hace débiles ante crisis como la actual, calificando de excesiva la dependencia que nuestra economía tiene del mismo. Es cierto que otros sectores de la economía tienen mucho margen para crecer, y que sería deseable una mejor distribución de la aportación al PIB de actividades como la industria o la agricultura. Pero el crecimiento de estos sectores no se consigue de ninguna manera poniendo trabas al turismo, nuestra principal fuente de ingresos de divisas y la actividad que ha puesto a España en el mapa y ha contribuido de manera indiscutible a la salida de nuestro país del ostracismo al que estábamos sometidos hasta la década de los 60 del siglo XX. Y hacer declaraciones restando importancia a la innegable aportación de este sector al desarrollo socioeconómico de nuestro país es ponerle trabas. El turismo español es líder en innovación, formación, eficiencia, investigación y desarrollo. Exportamos knowhow a todo el mundo, y nuestras empresas están presentes en los cinco continentes. Nuestros profesionales son reconocidos por su alto nivel de formación y muchos estudiantes de otras nacionalidades vienen a formarse con nosotros. Y, sin embargo, dentro de nuestras fronteras el turismo parece ser considerado una actividad de segundo orden. Esto, por desgracia, no es nuevo. La reivindicación del reconocimiento de la formación y la profesión turística ha sido el principal caballo de batalla desde la fundación en 1967 de la Asociación Española de Profesionales del Turismo, creada por un grupo de recién titulados, que apostó de manera clara por la calidad tanto del servicio como de los estudios, en aras a transformar el sector turístico español en el líder que es hoy, a pesar del escaso reconocimiento que se nos sigue dando dentro de nuestras fronteras. Como ejemplo, no es hasta los años 90 del siglo XX que los estudios de turismo llegan a la universidad. El turismo representa para España una importantísima fuente de ingresos que supone cerca del 15% del PIB nacional, y que sumando la aportación indirecta llega cerca del 30%. El turismo es una actividad totalmente transversal, que involucra a todos los estratos de la sociedad y de la economía. Es un motor fundamental para que la sociedad avance, para que las diferentes industrias que de una manera u otra están involucradas en el sector no se detengan, y para que el enorme potencial que tiene el turismo en generar empleo continúe. Y aún hay más, el turismo proporciona cultura y beneficios sociales a la comunidad; igualmente se consigue, en la mayoría de los casos, una mayor y mejor gestión del respeto medioambiental, y facilita a los pueblos el acceso a una distribución más equitativa de los ingresos, uniformando la distribución de los ingresos en la sociedad.
««Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer
el gran valor que el turismo supone para un país como España»
Podríamos enumerar aquí las muchas bondades del turismo, y la lista sería interminable, pero uno de los aspectos de los que menos se percata la sociedad, y que me gustaría destacar, es su ya mencionada transversalidad. El turismo, repito, está presente en todos los estratos de la sociedad y a todos los niveles. En definitiva, turismo somos todos. Turismo es el profesional que está detrás de la recepción de un establecimiento de alojamiento turístico o del mostrador de una agencia de viajes; turismo es el guía que muestra el patrimonio de su ciudad a los visitantes y consigue que además de disfrutar de su tiempo obtengan formación de la más alta calidad; turismo es la azafata que nos recibe y nos atiende en nuestro medio de transporte, procurando hacer nuestro desplazamiento lo más placentero posible; turismo es el director de hotel que dedica jornadas interminables a, con su equipo, tener su establecimiento en perfecto estado de mantenimiento y limpieza; turismo es el centro educativo y sus profesionales que se dedican a dar a los profesionales una formación específica para el sector; turismo también es el camarero que sirve el plato de la gastronomía local al turista, el propietario de ese restaurante, la tienda de recuerdos… Pero turismo es también el dueño de un pequeño comercio generalista o de una boutique internacional que ofrece sus productos al turista; turismo es también el taxista que da servicio al visitante; turismo es el agricultor, el ganadero o el pescador que ofrece sus productos a los establecimientos turísticos, y los transportistas que los llevan del punto de producción al de consumo; turismo son los cines y teatros que sirven de atractivo para que los turistas elijan un destino u otro, el fabricante de coches que vende la flota a las compañías de alquiler de vehículos… Y así podríamos enumerar una interminable lista de sectores de la sociedad que, de una manera u otra, están vinculados al turismo y que generan ingresos económicos y riqueza. Las instituciones, medios de comunicación, empresas y sociedad en general deben reconocer el gran valor que el turismo supone para un país como España por lo que es necesario que, en la situación actual, el Gobierno marque una hoja de ruta centrada en medidas concretas de protección y recuperación a la industria turística española. Nosotros desde AEPT seguiremos alzando nuestra voz, como venimos haciendo durante nuestros más de 50 años de historia. Y para conseguir que esta voz suene más alta y llegue a oídos de todos, estamos en proceso de crear el Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid, como paso previo a la futura creación del Consejo General de Colegios de Profesionales del Turismo, en la confianza de que se convierta en la herramienta definitiva para la consolidación de la calidad y la fiabilidad de la actividad turística en España. Un Colegio, y futuro Consejo, que nos permitirán un mejor acceso a las universidades y la confección de planes de estudios, a las administraciones y la elaboración de estrategias de promoción y gestión de destinos, o la elaboración de un código deontológico que tutele las buenas prácticas dentro del sector turístico. Desde el convencimiento de que el buen funcionamiento del turismo en España sólo puede ser bueno para el país, estoy seguro de que será útil para todos.

«Digitalización: el riesgo de quedarse atrás», por David Cano Martínez

EL ESCAPARATE

David Cano Martínez.
 
DAVID CANO MARTÍNEZ

socio de Analistas Financieros Internacionales

@david_cano_m

 

Digitalización: el riesgo de quedarse atrás

La situación económica de cualquier país es el resultado de muchas variables y circunstancias. Algunas son “no buscadas”, como la posición geográfica o los recursos naturales; otras son fortuitas. Pero la fortaleza o debilidad de una economía también dependen, y de forma muy relevante, de las decisiones tomadas por parte de las autoridades. Por acción o por omisión.

En el siglo XIX los responsables chinos rechazaron la innovación tecnológica del momento: el ferrocarril. El grave error provocó un retraso en el desarrollo económico de las siguientes décadas. Conscientes de aquello, los mandatarios de los últimos 40 años han priorizado el liderazgo del país en la “Cuarta Revolución Industrial”, la vinculada al big data, al internet de las cosas (IoT), a la inteligencia artificial (IA), al blockchain, al 5G, a la computación cuántica, a la ciberseguridad o a la nanotecnología. China es ya, en varios de estos frentes, el líder mundial, habiendo superado a EEUU[1]. Y, desde luego, a Europa, que ha decidido defender a sus ciudadanos de uno de los efectos negativos de esta ola disruptiva: la pérdida de privacidad[2]. Mientras aquí pensamos en los daños colaterales, nos vamos quedando atrás en esta nueva “guerra fría”, ahora tecnológica, entre EEUU y China[3]. Y la brecha económica se amplía.

Y en este entorno surge el coronavirus que, en muchos campos (entre ellos el que nos ocupa), no supone tanto un punto de inflexión como una aceleración de las tendencias previas. Pero sirve (o debe servir) para algunos como un “despertador” a la nueva realidad. Riiiiiiinnnnng. La inteligencia artificial es útil para evitar (o minimizar) los contagios y, con ello, reducir los confinamientos y, en consecuencia, sortear el impacto negativo sobre la economía. Piensan que regulando (y, en este caso, evitando el desarrollo de la IA) están protegiendo al ciudadano ¡y resulta que es todo lo contrario: le están infligiendo un daño sanitario y económico! Riiiiiiinnnnng. La digitalización puede ser una de las palancas más eficaces de crecimiento económico en los próximos años. Puede ser uno de los caminos más rápidos para salir de la crisis económica. Puede ser la mejor alternativa para esa reformulación de la economía española tan en boca de todos ahora que “nuestro modelo” es vulnerable. Despertemos. Parece que esta vez sí lo vamos a hacer. Y con el apoyo de la Unión Europea (una nueva lección de las ventajas de estar dentro de un grupo más grande[4]).

                                                               «Existe un claro consenso en que el impacto económico del confinamiento se ha amortiguado por el desarrollo tecnológico»

Porque el pasado 21 de julio los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el Next Generation UE, un conjunto de medidas extraordinarias que, con un monto de 750.000 millones de EUR (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos), tiene como objetivo la “reconstrucción después de la pandemia de COVID-19”[5] y que ayudará en las transiciones ecológica y digital. “Ecológica y digital”. He aquí los dos ejes que deben vertebrar cualquier plan de crecimiento. Respecto al primero, en esto sí, Europa ha tomado la delantera en una necesaria concienciación sobre la sostenibilidad del planeta tierra. Otra de las lecciones del COVID19 es que hay que hacer más caso a los científicos. Venían advirtiendo de los riesgos de una zoonosis como la que, parece, se ha producido y que ha provocado un confinamiento y una crisis económica que serán coyunturales. Pero, ¿qué pasaría si por el cambio climático una región queda inundada por el mar de forma definitiva? ¿O si se transforma en un desierto? ¿O si pierde la fertilidad de sus tierras y bosques? El daño no sería temporal, sino estructural. Sirva el drama que estamos viviendo como advertencia de lo que puede pasar y la motivación para priorizar que la reactivación económica tenga una orientación sostenible.

Y el otro eje del plan de recuperación, que es el que aquí nos ocupa, debe ser la digitalización. Pero, ¿qué entendemos por digitalización? Este concepto ha evolucionado, de tal forma que creemos necesario detallarlo. Porque digitalización ya no es “usar internet”. Esa podría ser la acepción de hace una década. Ahora se entiende por digitalización una nueva manera de hacer las cosas, es decir, una disrupción. Ya no consiste en una evolución (una innovación) más o menos lineal, sino en un cambio (un salto exponencial) que implica una transformación radical del modelo productivo o de negocio. Pongo un ejemplo: Uber o Cabify son una innovación. Un coche conducido de forma autónoma que te recoja y te lleve al aeropuerto es una disrupción.

Los dos programas dentro del Next Generation EU que están vinculados al desarrollo tecnológico son Horizonte Europa y Fondo InvestEU. Con un presupuesto conjunto de 10.600 millones de euros están inscritos en Mercado único, innovación y economía digital (cuyo monto total es de 132.800 millones de euros).

Horizonte Europa es el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para 2021-2027 (es la prolongación del programa Horizonte 2020). En consecuencia, es la iniciativa principal de la UE para el fomento de la investigación y la innovación desde la fase conceptual hasta la introducción en el mercado y sirve de complemento a la financiación nacional y regional.

InvestEU, propuesto por la Comisión Europea en junio de 2018, busca agrupar la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y garantías bajo una misma estructura. En la actualidad, existen 14 instrumentos diferentes que contribuyen a apoyar la inversión de la UE, de los cuales, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal. La CE propone aprovechar el éxito del modelo del FEIE y las economías de escala mediante la fusión de todos los instrumentos. Al atraer las inversiones públicas y privadas, la CE espera que el fondo InvestEU movilice más de 650 000 millones de euros en inversiones adicionales en toda la UE entre 2021 y 2027.

En sendos programas se remarca la idoneidad de la colaboración entre la iniciativa pública y privada. La crisis de la COVID-19 también ha servido para avivar el debate en torno al papel que deben jugar el Estado y las empresas privadas. Los dos planteamientos más extremos cuentan con defensores y detractores en el espectro de la ideología política. Y a los dos esta crisis les ha aportado argumentos para defender su posición, pero también para ser criticados. ¿Acaso no significa esto que debemos quedarnos con lo constructivo, es decir, que los dos modelos son posibles y que lo importante es que convivan? Pocas dudas para defender el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los trabajadores de la sanidad pública (por ejemplo). El caos al que habríamos asistido en caso de que años atrás se hubieran impuesto las posiciones más liberales habría sido dramático. Al mismo tiempo, existe un claro consenso en que el impacto económico del confinamiento se ha amortiguado por el desarrollo tecnológico. Y el impulso de éste ha estado vinculado, con mucha diferencia, a la empresa privada. Por la extensión de este artículo no puedo profundizar más en este aspecto, pero creo que el lector se hace una idea de lo que quiero transmitir: el tejido empresarial con capital propiedad de agentes diferentes al Estado es imprescindible, más en aquellos sectores más dinámicos; el sector público también es imprescindible, claro. La colaboración es el mejor camino. En todos los frentes, también en la financiación. Y ojalá se dinamicen alternativas de inversión y financiación como son los mercados de capitales, los fondos de capital riesgo o figuras como los business angels, por ejemplo.

                                    «Mientras aquí pensamos en los daños colaterales, nos vamos quedando atrás en esta nueva “guerra fría”, ahora tecnológica»

Una última reflexión sobre la digitalización y, por extensión, sobre todos los avances tecnológicos que suponen una disrupción: ¿qué impacto tiene sobre la desigualdad? Los dos vértices son: “desigualdad de uso” y “desigualdad de renta”. En el primer caso, existen ejemplos muy claros. Por ejemplo, la digitalización del sistema financiero. Imaginemos la desaparición total de oficinas físicas bancarias y del dinero en efectivo (en línea con lo comentado antes, serían ejemplos de disrupción, no tanto de innovación). Sendos escenarios derivan en la obligatoriedad del uso de dispositivos electrónicos para, por ejemplo, consultar el saldo de la cuenta corriente, realizar un pago e, incluso, solicitar una hipoteca[6]. ¿Tienen el 100% de los ciudadanos acceso a estos dispositivos? ¿Saben utilizarlos? Si la respuesta es no, bien sea por una cuestión de renta o de localización de su residencia, por ejemplo, se produce una desigualdad. ¿Qué sucedería si se implantara la formación 100% a distancia en los colegios e institutos?

La otra desigualdad, la de “renta”, tiene que ver con las diferencias en la retribución del factor trabajo. Es obvio que a medida que se digitaliza la economía se requieren otros atributos en la mano de obra. Los más clásicos (y más abundantes) ya no se necesitan y su retribución cae. A cambio, se incrementa el precio de las capacidades que ahora se requieren. Atención, porque no sólo nos referimos a los tecnológicos, que también, sino a los más humanos, a los más propios de las relaciones personales. Cuanta más inteligencia artificial, más inteligencia emocional[7].

Consideramos que, al igual que sucede con la sostenibilidad, en el debate sobre el avance tecnológico se debe incorporar el ingrediente desigualdad. Pero con un enfoque diferente. No creo que se deba limitar el desarrollo por sus implicaciones negativas, sino articular mecanismos de compensación. La digitalización está provocando un aumento de la desigualdad, pero renunciar a ella generaría una mayor, en especial frente a los países que han apostado por ella y la están implantando. No sólo EEUU sino, como hemos señalado, China, que no quiere repetir el error de hace 150 años que supuso un lastre durante tres generaciones.

[1] Para un análisis en profundidad del liderazgo de China en ámbitos como, por ejemplo, 5G, ver Sendagorta, F. “Estrategias de poder”. Deusto.

[2] Ver Llaneza, P. “Datanomics”. Deusto. Y una reseña de Cano, D. en https://elalcazardelasideas.blogspot.com/2019/07/big-good-data.html

[3] Ver Moreno, L. y Pedreño, A. “Europa frente a EEUU y China. Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial”. Y una reseña de Cano, D. en http://www.afi-inversiones.es/b70.html

[4] Por caer fuera del ámbito de este artículo no voy a entrar en los beneficios para la economía española de su pertenencia al euro, pero estoy seguro de que para el lector son obvios, a tenor de evolución reciente de variables clave como la prima por riesgo de la deuda pública.

[5] Literal, lo que es la confirmación del drama económico que hemos sufrido, con una caída del PIB de entre el 5% y el 20%.

[6] Que un ahorrador de Francia pueda prestar dinero a una empresa en Alemania, sin ningún intermediario financiero, gracias al blockchain y a la capacidad de conocimiento mutuo de las partes (credit scoring) derivada del big data y de la inteligencia artificial es otro ejemplo de disrupción. Es obvio el impacto en el modelo de negocio de un banco tradicional; e incluso de una Fintech.

[7] http://www.empresaglobal.es/EGAFI/contenido/1946069/1601149/cuanta-mas-ia-mas-ie.html?bol=1816694-202003011155

El diálogo público-privado, clave para la recuperación económica

EN PLENO DEBATE

El diálogo público-privado, clave para la recuperación económica

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 ha derivado en una crisis económica generalizada que, en el caso de España, está teniendo efectos particularmente graves con un incremento del desempleo, el cierre de empresas y negocios familiares, la caída en picado del PIB y un aumento del déficit público, entre otros indicadores económicos.

MARTA RUIZ-CASTILLO CALLEJA

[email protected]

LA DESESCALADA apenas ha permitido a la economía recuperar el aliento y, tras los meses de verano, el país se enfrenta a nuevas incertidumbres ante una segunda ola de la pandemia que ya ha obligado a adoptar medidas restrictivas de movilidad y confinamientos parciales. La previsión de organismos nacionales e internacionales no apuntan a una rápida recuperación, por lo que resulta urgente la adopción de medidas dirigidas a la recuperación económica y social del país. En este sentido, se han puesto en marcha varias líneas de actuación, tanto dentro de España como en la Unión Europea que, en ambos casos, requieren del diálogo y el consenso entre el sector público y el privado.

Para ayudar a paliar la crisis, el Consejo Europeo alcanzó el 21 de julio, tras cinco días de intensas negociaciones en Bruselas, un acuerdo calificado de «histórico» sobre una dotación presupuestaria de más de 1,82 billones de euros. En él se incluye, según el documento, un marco financiero plurianual (más de 1,07 billones de euros), y un instrumento, denominado Next Generation, con 750.000 millones de euros de deuda común para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por el coronavirus, de los cuales los Estados miembros recibirán 390.000 millones de euros en forma de subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos. «Es un buen acuerdo y, sobre todo, es el acuerdo que Europa necesitaba en estos momentos», dijo el presidente del Consejo, Charles Michel, durante la presentación de las conclusiones.

España recibirá cerca de 140.000 millones de euros durante los próximos seis años. De esta cantidad, 72.700 millones serán ayudas directas y el resto -algo más de 67.000 millones- en préstamos.

Consenso necesario. El reto al que se enfrenta el país es gigantesco y requiere de un esfuerzo general que trasciende el debate político para sacar adelante las reformas necesarias y avanzar en la recuperación económica y social. Desde todos los ámbitos llegan las apelaciones al consenso. «En la recuperación y creación de empleo es necesario que todos los sectores se alíen», subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó en el Congreso de los Diputados los resultados de la Comisión Europea. El Partido Popular va más allá al proponer la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica, según informó su presidente, Pablo Casado, tras reunirse con Sánchez en La Moncloa el 2 de septiembre.

Al día siguiente, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, fue clara al afirmar que «el diagnóstico de la situación es compartido, como también las recetas para hacerle frente. Es más lo que une a la sociedad española que lo que la separa. Es el momento de la unidad, de arrimar el hombro».

La CEOE, mediante su presidente, Antonio Garamendi, ha reiterado públicamente que «sin la confianza de las empresas no es posible la recuperación económica»; una opinión que comparten representantes de las grandes empresas y de la banca, tal y como expresaron en el citado pleno de la Cámara de Comercio de España los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; de Indra, Fernando Abril-Martorell; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; del BBVA, Carlos Torres Vila; la presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, y la del Banco Santander, Ana Botín. Esta última vino a resumir la opinión de los presentes al afirmar que la reconstrucción «debe basarse en cuatro aspectos: que los proyectos tengan un efecto multiplicador; que estén apoyados sobre el liderazgo empresarial; la capilaridad de las ayudas y la gobernanza, para que haya responsabilidad”. El presidente de la Cámara, José Luis Bonet, destacó la disposición de las empresas a colaborar con los poderes públicos en la salida de la crisis y el papel fundamental que debe desempeñar la Cámara de España y la red de cámaras para que las ayudas europeas lleguen al conjunto del tejido productivo. “Hemos de hacer frente a la situación con decisión, coraje, determinación y visión de futuro, sin dejar a nadie atrás, velando por las personas, por supuesto, pero también por las empresas, que son la pieza clave para la recuperación, la creación de empleo y el crecimiento de la economía”.

En los últimos meses hemos visto cómo se ha reactivado el diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos en torno a la Mesa de Diálogo Social con acuerdos significativos, todos ellos relacionados con la búsqueda de soluciones a la crisis económica provocada por el coronavirus. «El consenso político es imprescindible. Pero no sólo. Este momento requiere de una visión global, de un Contrato o Pacto Social. Es imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales y patronales que han demostrado sobradamente durante esta crisis su templanza, sentido común y altura de miras frente a la superficialidad de otros», escribía en su blog el pasado 1 de agosto el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

Ejemplos de que el diálogo no sólo es necesario sino también posible son los acuerdos alcanzados en torno a cuestiones como una primera ampliación de los ERTES tras el fin del estado de alarma; el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo firmado el 1 de julio en el Palacio de la Moncloa con una decena de líneas de actuación, y la ley que regula el teletrabajo.

Plan de acción. Los objetivos de la recuperación que defiende Europa y que, en palabras del presidente de la Comisión, Charles Michel, se resumen en «convergencia, resiliencia y transformación» exigen para reparar el daño causado por el Covid-19 «reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades».

En esa dirección va el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, en el que empresas, sindicatos y Gobierno se comprometieron a «desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, y la modernización del marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, y la actualización de las políticas activas de empleo, de acuerdo con las indicaciones de la UE». Respecto a las reformas que España necesita, el documento incluye también la propuesta de un Pacto por la Industria «que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva».

Medidas y propuestas -las de la UE y el citado Acuerdo- que también se recogen en las Conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas en un Pleno extraordinario celebrado el 29 de julio. En ellas se ponen de manifiesto «algunas debilidades estructurales importantes de la economía española que es necesario corregir», como «la escasa dotación de capital privado y público, un reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes que, juntas, representaban el 93,5% del total de empresas al término del año 2019»; un factor que hace «menos competitivo al tejido empresarial». Es necesario corregir, añade el texto, el «bajo crecimiento de la productividad», los «bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal», una «débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total», una «escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada», un «reducido peso de la industria en la economía», y una «tasa de desempleo muy elevada».

Para resolver estas debilidades, se propone «un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reoriente la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía». En este sentido, hay una apuesta clara por la participación de las administraciones públicas, empresariales y sindicales: «Se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la crisis, como el  turismo, los canales HORECA (distribución de alimentos de hoteles, restaurantes y cafeterías), el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la producción local sanitaria estratégica».

Además, a medio plazo, «es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía», así como lograr un Pacto de Estado por la industria, apoyo a las pymes y a los autónomos.

Otros enfoques mismo tema

-Cinco Días: España se enfrenta a una economía destrozada. Las previsiones de los datos económicos, bajada del PIB, aumento del desempleo, del déficit y de la deuda pública no auguran nada bueno a corto y medio plazo.

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-Libre Mercado: Una crisis larga: el 62% de los empresarios cree que la recuperación no llegará hasta 2022 o 2023. El diario recoge los resultados del informe de CEOE y la consultora KPMG La empresa española ante la Covid-19, un sondeo que pulsa la opinión de miles de empresarios y directivos.

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-ElEconomista.es: El fracaso en la gestión de la pandemia anticipa un ‘otoño negro’ para la economía española. Varios expertos analizan la situación provocada por la pandemia a partir de las preocupantes previsiones a la baja de los indicadores económicos para la economía española.

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-Real Instituto Elcano: Las cifras de la recuperación. Enrique Feás, técnico comercial y economista del Estado, analiza el Plan de Recuperación de la CE y recomienda un esfuerzo de sistematización y resumen para entender adecuadamente la importancia y novedad de este avance en el proceso de integración europea.

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-Ethic: Tres razones para utilizar el Green Deal en la reconstrucción económica de Europa. Con la pandemia, los objetivos climáticos europeos han pasado a un primer plano en la estrategia de crecimiento económico, y un tercio del presupuesto del Plan de Recuperación irá destinado a la transición ecológica.

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Propuestas de las grandes empresas

En la Cumbre Empresas Españolas: Liderando el Futuro, celebrada en junio, los participantes acordaron unas conclusiones a modo de propuestas para salir de la crisis que, según el documento publicado por la CEOE y presentado por Garamendi y el presidente de Inditex, Pablo Isla, se resumen en diez puntos. En ellos se indica, por ejemplo, que «la confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental para generar credibilidad y atraer y retener inversiones», al tiempo que se apela al «consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis». Además, defiende «un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios de la economía española»; una «colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos», así como «conservar el tejido productivo a través de medidas que están funcionando, como los ERTES o las líneas de avales públicos». Otros aspectos clave son «la reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado; la innovación y digitalización del tejido productivo», sobre todo de las pymes y de la administración pública; «la «estabilidad presupuestaria», y la «igualdad de oportunidades y crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación», dado que «la prioridad son las personas y el empleo y no dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales, y una apuesta por revitalizar el contrato social».

Si hay un sector particularmente castigado por la crisis, es el formado por pymes y autónomos

La posición de pymes y autónomos

Si hay un sector particularmente castigado por la crisis es el formado por pymes y autónomos. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), a través de su presidente, Gerardo Cuerva, destacaba a finales de julio el papel desempeñado por las pymes en los primeros meses de pandemia, «que han hecho posible que, a pesar de todo, la vida pudiera mantenerse con cierta normalidad». Después de recordar la importancia que tiene el tejido empresarial, constituido en su mayoría por estas empresas (99,8%), subrayaba que «nada podrá construirse sin las pequeñas y medianas empresas».

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) defiende un plan de emergencia, y con vistas a un otoño e invierno «muy duros», «que prorrogue las ayudas existentes hasta el próximo 1 de abril de 2021, y que facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo», expone su presidente, Lorenzo Amor, a través de la página oficial de ATA. “Si la primera oleada de la pandemia se saldó con un millón de empleos menos, de los cuales 135.000 estaban bajo el paraguas de los autónomos, esta segunda oleada, sin duda, llevará a muchos autónomos al cierre y, a los que son empleadores, a tener que reducir plantilla». Por eso, ATA solicita, entre otras medidas, la prórroga de los ERTES hasta el 1 de abril de 2021; la prórroga del Cese de Actividad Ordinario “especial” hasta el 1 de abril de 2021; extender las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021 y prolongar el periodo de carencia hasta 24 meses; reducción temporal de IVA al 50% del tipo en hostelería, turismo, cultura, peluquería y gimnasios, o deducción fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020.

Hay que reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo

¿Para cuándo el dinero de la UE?

La CE ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que alcancen lo antes posible un acuerdo sobre la propuesta legislativa para que el fondo esté operativo a partir del 1 de enero de 2021. La fecha límite de presentación de los Planes de Inversiones y Reformas elaborados por los Estados en función de sus intereses nacionales, pero sobre la base de los criterios acordados previamente entre los 27 en el marco del denominado Semestre Europeo, es el 30 de abril de 2021. No obstante, la Comisión anima a los Estados miembros a que presenten sus planes a partir del 15 de octubre de 2020 y les recomienda «entablar lo antes posible un amplio diálogo político que integre a todas las partes interesadas pertinentes en la preparación de sus planes de recuperación y resiliencia». «El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será el principal instrumento» para conseguir salir de la crisis, dijo Paolo Gentiloni, comisario de Economía, el 17 de septiembre durante la presentación de las próximas etapas del citado mecanismo, dotado con 672.500 millones de euros en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021. El objetivo final es que «la financiación pueda empezar a fluir lo antes posible en apoyo de la recuperación».

Las reformas estructurales que España está obligada a realizar y presentar para recibir los fondos pasan por cambios en el modelo productivo, potenciar el crecimiento y la creación de empleo y, como condición indispensable, una «contribución efectiva a la transición ecológica y digital», según el apartado A19 de las Conclusiones de la Comisión Europea.