«Otro Derecho es posible y plausible», por Luis Cayo Pérez

EL ESCAPARATE

LUIS CAYO PÉREZ

Presidente del CERMI

Otro Derecho es posible y plausible

www,cermi.es

@luiscayoperez

Las personas con discapacidad -esa parte de la diversidad humana y social, cuyo funcionamiento corporal, mental, cognitivo, conductual y comunicacional, se aparta del considerado canónico en una sociedad dada, y que por ese carácter diferencial es vista y tratada de modo desigual, operando su nota distintiva, como factor de castigo- no hemos tenido una relación pacífica con el Derecho. Antes bien, esta ha sido y sigue siendo, problemática. El Derecho, entendido como la proyección y expresión regulatorias de una comunidad política, respecto de las personas con discapacidad, ha sido casi siempre restrictivo. Desde el no reconocer, al impedir o el restringir, o al sustituir, esas han sido la tónica histórica.

Pero el Derecho puede y debe adquirir una nueva forma de relacionarse con la realidad de la discapacidad. Un modo apreciativo y respetuoso, que acompañe y promueva, que sirva de resorte para el acceso y el ejercicio pleno de todos los derechos, de alguien cuya posición en la sociedad ha sido la de apartamiento, segregación y exclusión, sistémica y estructural. Otro Derecho es posible -y plausible- para las personas con discapacidad. Y este cambio hondamente cualitativo, disruptivo en el sentido más sugeridor de la palabra, se está operando, lo estamos acariciando, en el Derecho positivo español, y en concreto en esa porción amplia del llamado Derecho privado o por mejor nombre, Derecho de las Personas.

Se trata de la reforma histórica que incorpora el Proyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que agota sus últimos trámites parlamentarios en la Cámara Alta de nuestro Parlamento, para en apenas unas semanas estar ya aprobado y entrar en vigor.

Un Proyecto de Ley hacia el que el movimiento social español de la discapacidad, al que representa el CERMI, ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad.

Si hubiera que abogar por esta ambiciosa reforma legal, las razones en su favor nos saturarían. Pero enunciamos las de mayor peso:

La primera y principal es que la discapacidad no define ni agota a la persona; no puede por tanto ser un estado civil demediado, una ciudadanía jurídica de segunda, como venía ocurriendo hasta ahora. El sistema jurídico de sustitución, vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias, es netamente contrario al enfoque de derechos humanos.
Migrar de un sistema de sustitución, que anula o limita a la persona, a uno de provisión de apoyos a la toma de decisiones, cuando estos sean precisos, que la promueve y potencia, viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos (artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD- de Naciones Unidas de 2006. Y España, como Estado parte, ha acumulado un notable retraso.
La plenitud de derechos por parte de las personas con discapacidad pasa ineludiblemente por el completo reconocimiento, sin mermas, de su capacidad jurídica.
Restricciones hirientes, felizmente superadas en los últimos años, como la del derecho de sufragio o la de la esterilización, por ejemplo, estaban conectadas con una incapacitación previa. Albergaba un efecto expansivo perverso.
El gobierno de sí mismas y por sí mismas también se predica de las personas con discapacidad.

Fuera de las razones de fondo, también la acompañan los motivos de forma. Este proyecto de ley es, además, ejemplo de buena gobernanza normativa. Su redacción fue encargada por el Gobierno al órgano más idóneo, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, Secciones de Derecho Civil y Procesal. Ha recibido el impulso político de tres titulares del Ministerio de Justicia y de sus equipos de signo político distinto; se sitúa pues más allá de visión partidista, tantas veces angosta. En su concienzuda elaboración fueron consultados, mediante un diálogo estrecho, todos los grupos de interés, cuyo parecer y sugerencias pudieron ser expuestos y considerados. Desde luego, el sector social de la discapacidad representado por el CERMI, se ha sentido parte activa y cooperativa de este proceso.

Sucesivamente, ha contado con el respaldo de los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado) y de los operadores jurídicos (profesiones legales colegiadas). Es notoria, y así lo reconocemos y agradecemos, la valiosa contribución del Notariado español a esta reforma, lo que avala su acierto general. El dictamen del Consejo de Estado fue particularmente favorable. También la academia y el mundo del análisis jurídico la han juzgado de modo positivo. El Comité de Derechos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas, órgano encargado de la vigilancia de la CDPD por parte de los Estados, dirigió en mayo de 2019 a esta reforma palabras apreciativas y alentadoras. Todo apunta, también, a que gozará de consenso político extenso, que el Parlamento la aprobará con gran respaldo, lo que es casi anómalo en un momento de nuestra vida pública de disenso y fractura.

No restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso, pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos, preferencias y decisiones; igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales.

Esta reforma legal -meditada, dialogada, madura y madurada, certera, co-creada-, con vocación de permanencia y utilidad social sostenidas, representa una mejora, un logro para el país. Con esta ley, se ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad la vida jurídica, la vida en comunidad se hace más respirable.

Entrevista a Pilar Llop, presidenta del Senado

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

presidenta del Senado

“El Senado no es que sea útil: es imprescindible”

Pilar Llop Cuenca preside el Senado en uno de sus momentos más difíciles, marcado por la pandemia del coronavirus, la atomización política y la irrupción de los extremismos. Aun así, en los primeros meses de su mandato tuvo tiempo de sacar adelante un plan de igualdad, un código ético y una oficina de conflictos de intereses. Jueza de formación y política por vocación de servicio, Llop nos descubre en esta entrevista algunas de las cuestiones que explican la razón de ser del Senado que, no lo olvidemos, representa a los territorios españoles.

ANA TOGORES GUISASOLA

[email protected]

@AnaTogores

Ana Togores

Señora. presidenta: lleva al frente del Senado casi un año y medio, en un momento muy complejo… ¿Qué destacaría de estos meses?
Lo primero, que el Senado es una institución que ha sabido continuar con su función constitucional. La democracia no puede parar. Y nosotros no hemos parado. Pero eso sí, hemos tenido que ser muy creativos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Así, una resolución de presidencia nos permitió ampliar la votación por correo; también que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces pudieran celebrarse a través de videoconferencia. Y, por primera vez en historia del parlamentarismo, celebramos un pleno telemático. Yo creo que en una situación de gran emergencia sanitaria, social y económica, como la que estamos todavía atravesando, el Senado siempre supo estar a la altura. También tengo que decir que todos los grupos parlamentarios colaboraron para aplicar todas estas medidas. Se llegó a importantes acuerdos. ¿Qué hemos aprendido?
No solo que la implantación de los medios tecnológicos ha venido para quedarse, sino que la unidad ha sido y es fundamental. Una lección que tenemos que sacar para un futuro es que, en determinadas situaciones y en unos momentos tan complicados como estos, nos movemos más por la emoción que por la razón. Los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gobernar y gestionar la emoción, pero no gobernar y gestionar desde la emoción. A esa unidad me refiero al hablar del Senado y de los grupos parlamentarios. Otra cosa es el debate político. Ahí es verdad que ha habido momentos en los que hemos visto como no todos los grupos parlamentarios han sabido estar a la altura y esa es la lección que debemos aprender de esta pandemia. Siempre he apelado a que en los debates políticos la oposición sea una oposición de Estado, no una oposición contra el Estado; que sea una oposición constructiva. ¿Le ha permitido esta situación poner en marcha las iniciativas que sin duda se marcó al iniciar el mandato?
Yo creo que cuando alguien llega a un cargo, en el primer año es cuando tiene que poner en marcha todo su proyecto político. Y eso es lo que yo hice nada más llegar. Por ejemplo, por primera vez en la historia del parlamentarismo, impulsé la aprobación de un Plan de Igualdad de Cortes Generales. Un plan para eliminar las brechas de género. Se pierde talento femenino, mujeres que tienen méritos y capacidades suficientes para ocupar cargos de alta responsabilidad por las exigencias familiares, porque se tienen que dedicar al cuidado de sus hijos o de sus familiares mayores o enfermos. Eso queremos evitarlo aquí en el Senado. También queremos que esta Cámara y el Parlamento sean sensibles al género y libres de acoso. Por eso del Plan de Igualdad tiene, como uno de sus ejes principales, la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral. Otra iniciativa fue la aprobación del Código Ético, algo muy importante en materia de lucha y prevención de la corrupción en el ámbito político. Permitirá analizar si existen conflictos de intereses de una manera mucho más pormenorizada que como se hacía con las meras declaraciones de bienes y de actividades. Es un compromiso que adquiere cada uno de los parlamentarios. Se ha creado una oficina de conflictos de intereses, que está ubicada en el Congreso de los Diputados, donde se pueden realizar consultas e incluso puede poner de manifiesto a las mesas la existencia de un posible conflicto de interés o de un incumplimiento de las medidas del código ético.

¿Cuál es la utilidad del Senado? Hay quien se la cuestiona.
El Senado no es que sea útil: es imprescindible en un Estado compuesto, donde los debates y las sensibilidades territoriales tienen que trascender a nivel nacional. Además, los senadores somos, o bien elegidos directamente en listas abiertas en los territorios, o bien designados por los parlamentos autonómicos. La Cámara de Representación Territorial representa a los territorios. Es una cámara de control al Gobierno central a través de las preguntas e interpelaciones que hacemos en los plenos, y de las comparecencias que se hacen por los ministros u otros miembros del Gobierno en las comisiones. Pero también somos una cámara legislativa, de segunda lectura. Aquí se pueden presentar iniciativas legislativas que luego pasan al Congreso de los Diputados. Somos de “segunda lectura” porque hacemos una labor de enmiendas y vetos a esas leyes que vienen del Congreso. Los parlamentos autonómicos participan directamente en esa elaboración de las leyes nacionales mediante sus senadores y senadoras. Y eso es un tesoro y es muy desconocido. El Senado, además, es la sede natural y neutral para que tenga lugar otro instrumento ejecutivo no parlamentario, que son las conferencias de presidencias. Aquí vienen el presidente del Gobierno y las presidencias de las comunidades autónomas para adoptar grandes acuerdos, grandes consensos que tienen que afectar necesariamente a todas las comunidades autónomas, sobre competencias autonómicas, sanidad, servicios sociales, justicia, educación… Es una sede neutral porque aquí no representamos a ninguna fuerza política, sino a todas las que han obtenido representación parlamentaria. En materia legislativa, ¿qué función tiene la cámara que preside?
Hay una cosa muy importante en una democracia y es el sistema bicameral. Yo le doy un valor fundamental porque permite que nuestra cámara, que el Senado, sirva de contrapeso al propio poder legislativo. En el Senado ponemos vetos y hacemos enmiendas a las leyes que vienen del Congreso. Y no todas las fuerzas políticas están igualmente representadas en una cámara que en otra. Eso también tiene un valor muy importante. Además, en esta legislatura hemos aprobado definitivamente en el Senado varias leyes, como los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante que tiene que hacer un gobierno, porque es la que muestra su modelo de política. También hemos aprobado definitivamente la Ley de Educación. ¿Qué llevó a una jueza a meterse en política?
La vocación de servicio público, porque el servicio público ha vertebrado toda mi vida y mi profesión. Siento que tengo que devolver todo aquello que recibí cuando tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, gracias a aquellas leyes que hicieron que mucha gente pudiéramos acceder a esa educación. ¿Y qué hacemos para recuperar la confianza de la gente en las instituciones?
Dignificar las instituciones, preservarlas y protegerlas y no permitir ataques hacia ellas. Ahora que estamos en este momento de populismo político, que vivimos en una política de trampantojo, trump-pantojo, haciendo un juego de palabras, es importante comunicar y acercarse a la calle. Hay que transmitir también que los que nos dedicamos a la política estamos por un tiempo. Esto no puede ser una profesión, tiene que ser una vocación y un oficio, porque hace falta oficio para saber desenvolverse en el mundo de la política. Es un mundo complicado, pero también muy bonito. Yo he pasado de interpretar y aplicar la Ley a elaborar esa Ley. Y eso sí, hay que proteger mucho las instituciones. Yo soy una persona muy formal a la hora de trabajar y a la hora de dirigir los debates. No permito, por ejemplo, discursos de odio, de ninguna manera. No permito faltas de respeto, alusiones. Y hay que dar explicaciones a la ciudadanía, hay que rendir cuentas explicando qué es lo que hacemos en materia de transparencia, por ejemplo. Por eso hemos aprobado un código ético que es un hito en el mundo de la política española. ¿Estamos en la senda correcta para proteger social y jurídicamente a las mujeres?
Si. España lo ha tenido muy claro desde el principio. Primero ratificamos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas del año 79, y después fuimos partícipes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en1995, en la que 189 países proclamaron la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el año 2004, España aprobó por unanimidad la Ley Orgánia de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde desarrollaba una arquitectura institucional y de recursos públicos de ayuda y protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Y luego está la Ley de Igualdad del año 2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el año 2014 ratificamos el Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia sobre las mujeres. Y por fin, en el año 2017, todos los grupos parlamentarios aprobaron un pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Tenemos un sistema jurídico robusto y seguro?
Sí. La seguridad jurídica al final es lo que garantiza el desarrollo. Sin seguridad jurídica no hay inversión y los juzgados no pueden ser vistos como un obstáculo, sino que el sistema judicial tiene que ser visto como un motor de ese desarrollo. El que haya un filtro previo, esa prevención para no tener que llegar a los juzgados y no sobrecargarlos, evita que los ciudadanos pasen ese desgaste. Esa función que realizan los notarios en materia de prevención es de un valor incalculable. Otra cosa muy importante que se ha hecho también por los notarios es la prevención del blanqueo de capitales. Todas las herramientas que han desarrollado en esta materia son de un valor importantísimo. Los notarios tienen una vertebración territorial extraordinaria y a veces el blanqueo de capitales no se produce en grandes concentraciones urbanas, también se puede producir en otros lugares más despoblados. Y ahí esa función que se realiza, incluso desde esas pequeñas notarías de pueblo, es muy importante. En el Senado estamos muy preocupados con la España despoblada y tenemos una comisión que habla de despoblación, de reto demográfico. Me parece muy importante la labor que se hace de presencia del Notariado en esos territorios, porque los ciudadanos cuando tienen una notaría en su pequeña localidad se sienten mucho más seguros, les da tranquilidad, les da prestigio, atrae a la población. Tenemos mucho que aprender de los instrumentos que permiten que los distintos territorios dialoguen tecnológicamente. Porque en el sistema judicial cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de gestión procesal y a veces no se comunican entre ellos porque no son compatibles. Es muy necesario que tengamos un pacto tecnológico a nivel judicial y creo que podemos aprender de los notarios. -El Notariado tiene desde hace 20 años una fundación, Aequitas, con la que contribuye a la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. ¿Conoce su labor?
No sólo la conozco, sino que además he participado en algún evento al que me han llamado. He sido secretaria del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, porque también he sido durante varios años letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, y las cuestiones de discapacidad siempre me han aportado muchísimo en toda la labor que he hecho profesionalmente en la política o en la justicia. Que los notarios tengan esa dimensión social, esa responsabilidad social, esa generosidad como un cuerpo público, a mí me parece que hay que ponerlo en valor.

“Debemomos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Su hulla en internet es larga, con noticias y entrevistas tras su elección como presidenta del Senado, y anteriormente como especialista en violencia de género, diputada de la Asamblea de Madrid o delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Su red social favorita es Twitter (@pilar_llop), donde tiene casi 5.500 seguidores.

Desde el el control de la pandemia

Finanzas sostenibles para un planeta único

ENTRE MAGNITUDES

Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

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@fergeijo

Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
Abolir la mano de obra infantil.
Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
Fomentar la responsabilidad ambiental.
Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global Compact. Finance Initiative UNEP.

Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

Medidas para superar la crisis en Iberoamérica

EN SOCIEDAD

Medidas para superar la crisis en Iberoamérica

El apoyo financiero mediante la concesión de microcréditos, la implantación de políticas con perspectiva de género y la digitalización son medidas necesarias para superar la crisis económica y social provocada por la covid-19 en Iberoamérica. Es la gran conclusión extraída de las IV Jornadas sobre la Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica, celebradas en la sede del Consejo General del Notariado, durante la semana del 19 de abril, bajo el título Emprendimiento y microcréditos. El rol de la mujer, los jóvenes, el emprendimiento y las microfinanzas en el desarrollo sostenible.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

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@fatimadorca

DURANTE LA INAUGURACIÓN de las jornadas sobre la Región, el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, señaló el valor de estos diálogos y “la importancia de hablar sobre emprendimiento y obtención de crédito, ambos conectados con la actuación notarial, pues sin seguridad jurídica no es posible emprender”. Coincidió el secretario general de Comjib, Enrique Gil Botero, que explicó que “el crédito debe llegar a las pequeñas y medianas empresas como incentivo para construir un tejido empresarial y una clase media más fortalecida”. Para cerrar el acto inaugural, la presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL), Cristina Noemí Armella, hizo alusión a la importancia de reflexionar sobre otro de los grandes temas de las jornadas “las mujeres y los jóvenes, pues son motores fundamentales de la economía”.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), “actualmente Iberoamérica enfrenta la peor crisis en 100 años con impactos en lo social y en la producción que perdurarán en el medio plazo”. “Se han perdido más de 2,7 millones de microempresas que son el tejido productivo de la Región y se estima que va a aumentar la informalidad laboral del 54% al 64%”, explicó la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia.

Jóvenes, mujeres y emprendimiento. Durante las jornadas se compartieron “propuestas para que los jóvenes y las mujeres puedan emprender y acceder a un empleo digno”, como avanzó al inicio el notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida, Jorge Prades.

En cuanto a la actividad de los jóvenes tras la crisis, el director del área de emprendimiento de la Secretaría General Iberoamericana, Esteban Campero, opinó que “los cambios sociales pueden traer proyectos en nuevas áreas”. En la misma línea, el director de la Red de Viveros de Empresas, Francisco Blanco, añadió: “tenemos que incidir en el sistema educativo; en la pandemia nos hemos dado cuenta que el coste de la formación se ha reducido gracias a la digitalización”.

Con respecto al impacto de la pandemia en la situación de la mujer, la vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Barrio del Olmo, aseguró que a nivel mundial “la obtención de crédito por parte de ellas es inferior”.

Las consecuencias laborales para este colectivo son: “Puestos de trabajo más precarios, mayor inestabilidad, vulneración de derechos y falta de acceso a determinadas prestaciones de protección social”, aseguró la secretaria general de Cáritas España, Natalia Peiro.

Para combatir esta situación, es importante “apoyar el emprendimiento femenino”, explicó la directora general de Sushita, Natalia Apolinario. Y, entre las acciones para potenciarlo, la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, Ana Bujaldón, propuso “facilitar líneas de crédito, promover la digitalización y la internacionalización de las empresas lideradas por mujeres y su participación en puestos de liderazgo”.

En la segunda parte de las jornadas, se trató la importancia de la financiación en Iberoamérica. El director adjunto del gabinete de la ministra de Educación de España, Federico Buyolo, aseguró que “las microfinanzas favorecen el desarrollo económico local y sostenible”. “Permiten salir a determinadas poblaciones y a familias de la pobreza”, añadió el gerente General del Fonprode, de Aecid, Carlos Jiménez Aguirre. Para apoyar esta teoría, la directora de Comunicación e Impacto social de Microbank, Elena Martín, puso datos sobre la mesa: “este año, mediante los microcréditos, hemos conseguido crear más de 8.773 puestos de trabajo; el año pasado, más de 20.000”.

Con respecto a las consecuencias de la crisis, la directora de Medición e Impacto de la Fundación BBVA, Stephanie García Van Gool, aseguró que “en 2020 ha aumentado la pobreza, bajado el PIB y aumentado el desempleo”. Por su parte, la directora global de Banca Responsable del Grupo Santander, Lara Mesa, incidió en que “los microcréditos que concedemos a nuestros clientes tienen un gran impacto en su economía y empoderamiento”.

Para finalizar las jornadas, se compartieron experiencias de emprendimiento en una mesa moderada por el presidente de la Academia Notarial Americana, Mario Romero. El primer ponente, el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos de UINL, David Figueroa, explicó cómo apoyan los notarios la labor empresarial en la Región, “informamos sobre qué tipo de empresas se pueden establecer en otros países latinoamericanos y qué pasos se deben seguir”.

En la mesa de diálogo, emprendedores explicaron su experiencia: el fundador y presidente de Global Exchange, Isidoro Alanis; el fundador de Global Alumni, Pablo Rivas; y el cofundador y presidente del Instituto Avanzado de Emprendimiento, Juan Claudio Abelló, que coincidieron en que “la legislación debe adaptarse a una nueva forma de trabajo, más digital, que se ha fomentado tras la pandemia”.

De izquierda a derecha: Ramón Casilda, coordinador de las jornadas; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN; Rafael Garranzo, director general para Iberoamérica y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Alfonso Cavallé, delegado para América del CGN y director de las jornadas.

Clase magistral

EL CIERRE del acto contó con la participación del director general para Iberoamérica y el Caribe, del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Rafael Garranzo, que explicó que “uno de los principales objetivos de Iberoamérica pasa por evolucionar hacia la economía verde y la digitalización”. También señaló que “Iberoamérica ve a España como su primer socio para atraer la atención de Europa”.

José Ángel Martínez Sanchiz:
“El emprendimiento está muy conectado con la actuación notarial: sin seguridad jurídica no es posible emprender”

Federico Buyolo:
“Las microfinanzas favorecen el desarrollo económico local y sostenible”

Cristina Noemí Armella:
“Debemos reflexionar sobre el rol de las mujeres y los jóvenes, pues son motores fundamentales de la economía”.

Ana Bujaldón:
“Se deben facilitar líneas de crédito y promover la digitalización de las empresas lideradas por mujeres”.

Enrique Gil Botero:
“El crédito debe llegar a las pequeñas y medianas empresas como incentivo para construir una clase media más fortalecida”.

David Figueroa:
“Los notarios hemos estado al lado de los ciudadanos en los momentos más difíciles de la pandemia”.

Trabajo informal

DURANTE los distintos diálogos hubo un aspecto que diversos panelistas señalaron como uno de los grandes problemas que afectan a los ciudadanos en Iberoamérica: el aumento del trabajo informal. En este sentido, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Gina Magnolia, explicó que “la única forma de acceder a los servicios de seguridad social es a través del trabajo asegurado”.

Datos en la web de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

En profundidad

SEGÚN el informe de la ONU titulado la Situación y las perspectivas de la economía mundial en 2021, publicado en enero de este año, tanto América Latina como el Caribe tendrán que hacer frente a una recuperación económica frágil a causa de las consecuencias de la crisis de la covid-19. El estudio señala que el impacto socioeconómico causado por la pandemia seguirá patente durante muchos años, salvo que se lleven a cabo inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática. El informe al completo en la página web de la ONU.

La clausura

EL PRESIDENTE del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, y el presidente de la comisión de Asuntos Americanos de UINL, David Figueroa, clausuraron las jornadas, expresando su gratitud a los asistentes, y destacaron la labor notarial durante la pandemia, tan importante, en la que los notarios estuvieron al lado de los ciudadanos en los momentos más difíciles.

Bienvenido Mister Biden

EN PLENO DEBATE

Bienvenido míster Biden

La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero de 2021 ha supuesto un cambio sustancial en las relaciones internacionales de Estados Unidos y, en particular, con la Unión Europea (UE), a la que el presidente anterior, Donald Trump, se empeñó en dar la espalda. Una actitud, la de Trump, que tuvo importantes repercusiones en la política geoestratégica y económica del gigante americano. Uno de los principales efectos de esta forma de hacer política derivó en una «guerra comercial» que Trump inició con China y continuó con la UE mediante la imposición de aranceles a productos europeos.

MARTA RUIZ-CASTILLO

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@MartaRuizCas

La UE ha recibido con esperanza el cambio de gobierno en la Casa Blanca. “Tenemos una oportunidad para reavivar la relación transatlántica, que ha sufrido mucho en los últimos cuatro años. En este tiempo el mundo se ha hecho más complejo, más inestable y menos predecible. Más que nunca, hace falta que los europeos tomemos las riendas para defender nuestros intereses y promover nuestros valores. Junto a Estados Unidos, debemos erigirnos como un pilar del orden internacional basado en reglas, trabajando por la paz, la seguridad, la prosperidad, la libertad, los derechos humanos y la igualdad de género”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en el pleno del Parlamento Europeo celebrado en enero tras la toma de posesión de Biden.

¿El fin de las tensiones? Por parte de EE.UU., el propio Biden ha dejado clara su intención de retomar las relaciones y contar con la UE como su «principal aliado». Así lo indicó el 25 de marzo durante la cumbre virtual organizada por el Consejo Europeo en la que participó junto con los jefes de Estado o de gobierno de los 27. «A Estados Unidos le interesa una Unión Europea fuerte», dijo. También pidió trabajar de forma conjunta para «combatir la Covid-19, frenar la crisis climática y garantizar que las democracias, en lugar de las autocracias, establezcan las reglas del camino».

El encargado de escenificar este cambio en las relaciones fue el secretario de Estado, Antony Blinken, con su visita a Bruselas días después de la cumbre de Biden con los líderes europeos. «Estados Unidos está volviendo a comprometerse con nuestros aliados y revitalizándolos para afrontar los retos de nuestro tiempo”, dijo a su llegada a la Comisión Europea. “Por eso he venido a Bruselas”, puntualizó.

Antes de esta cumbre, el 5 de marzo, Biden mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea en la que subrayó su apoyo a la UE y su compromiso de reparar y revitalizar la asociación entre Estados Unidos y los 27.

En el ámbito de las relaciones comerciales, los dos dirigentes acordaron suspender durante cuatro meses los aranceles establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el sector aeronáutico. Ambos se comprometieron a trabajar conjuntamente para resolver «estas disputas de larga duración en la OMC». Cuatro meses en los que EEUU y la UE esperan avanzar para acabar con la denominada «guerra arancelaria».

Esta suspensión temporal supone un importante impulso para los exportadores de la UE, ya que, como explica la Comisión, «Estados Unidos había recibido la autorización para aumentar los aranceles sobre 7.500 millones de dólares de exportaciones de la Unión». Al mismo tiempo, este acuerdo significa que la UE «suspende los aranceles sobre 4.000 millones de dólares, aproximadamente, de exportaciones estadounidenses».

En opinión de Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario de Comercio, la suspensión «contribuirá a restablecer la confianza y la seguridad, lo que nos dará margen para llegar a una solución negociada global y duradera. Una relación comercial positiva entre la Unión y Estados Unidos es importante, no solo para ambas partes, sino también para el comercio mundial en general».

Gran noticia para España. España es uno de los que más ha celebrado el acuerdo entre EEUU y la UE ya que es uno de los principales países exportadores y su industria agroalimentaria se ha visto penalizada de forma desproporcionada. Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se trata de «un gran paso para llegar cuanto antes a una solución definitiva en el seno de la OMC y lograr levantar definitivamente unos aranceles que están lastrando a la industria aeronáutica y agroalimentaria española, y poder retomar las exportaciones al mercado estadounidense, clave para nuestras empresas». También el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se felicitó por el acuerdo nada más hacerse público. «Es una gran noticia para el conjunto del sector agroalimentario que se ha visto injustamente afectado por estos aranceles que nada tienen que ver con el sector. Sobre todo en un contexto como el actual, en el que la recuperación del mercado estadounidense será fundamental para algunos productos agroalimentarios como el vino o el aceite de oliva». A su juicio, la decisión supone «la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo, que favorece intercambios equilibrados, que se traduce en más empleo y más riqueza, sobre todo en el medio rural, donde se asientan la mayor parte de las empresas agroalimentarias».

En el Encuentro Empresarial España-EEUU organizado por ICEX de forma virtual entre el 22 y el 26 de marzo, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y la CEOE, también se incidió en la importancia de este nuevo horizonte. «España y Estados Unidos comparten una sólida relación comercial e inversora. Hay más de 650 empresas españolas operando en Estados Unidos que generan más de 110.000 empleos», dijo la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien expresó su confianza en que los «productos españoles afectados comiencen a recuperarse».

España necesita recuperarse de las pérdidas de alrededor de 900 millones de euros ocasionadas por los aranceles. Los sectores más perjudicados han sido el vino, las aceitunas, el aceite de oliva y los lácteos, aunque también se han reducido de forma notable las exportaciones de embutidos, zumos, licores, moluscos y frutas.

El origen de la guerra arancelaria

La imposición de aranceles por parte de la Administración Trump a productos de la UE y la respuesta en el mismo sentido por parte de la UE a productos de EEUU tiene su origen en la disputa que estalló en 2004 en el marco de la llamada «guerra aeronáutica», con el fabricante europeo Airbus y el estadounidense Boeing como protagonistas.

EEEUU denunció ayudas estatales de Alemania, Francia, Reino Unido y España, miembros del consorcio de Airbus, y de la Comunidad Europea, que afectaban al comercio del sector aeronáutico, y que supuestamente eran incompatibles con las obligaciones marcadas por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1994). EEUU alegó que esas ayudas provocaban efectos adversos para sus intereses comerciales.

El Grupo Especial creado para evaluar la situación no tomó una decisión hasta 2010 cuando admitió una de las alegaciones de EEUU respecto al incumplimiento de las reglas de la OMC en materia de subvenciones y pidió a la UE que retirara las ayudas prohibidas. También concluyó que las actuaciones de los países europeos «no habían causado daño a la rama de producción nacional de Estados Unidos». Durante años, EEUU y la UE se entrecruzaron apelaciones ante un nuevo Grupo Especial creado en 2012.

En 2018, el Órgano de Apelación determinó que la UE no había cumplido plenamente las anteriores resoluciones de la OMC en relación con las subvenciones concedidas a Airbus. Al año siguiente, dicho órgano declaró que EEUU tampoco había tomado las medidas adecuadas para cumplir las normas de la OMC en relación con las subvenciones concedidas a Boeing. Meses después, la OMC permitió a EEUU aplicar medidas sobre las exportaciones europeas por un valor de hasta 7.500 millones de dólares como compensación, y Washington impuso aranceles del 25% a las exportaciones de la UE. La OMC autorizó en 2020 a la UE a adoptar medidas similares por 4.000 millones de dólares a las exportaciones estadounidenses.

EEUU y la UE acordaron suspender durante cuatro meses los aranceles establecidos por la Organización Mundial del Comercio

OTROS ENFOQUES

–El Diario Rural: El reportaje destaca la reacción de España ante el anuncio hecho por EEUU y la UE de suspender los aranceles y los efectos que tendrá en el campo español.

–El País: Analiza la decisión de EEUU y la UE de dejar sin efecto durante cuatro meses los aranceles impuestos por el conflicto Airbus-Boeing y, en consecuencia, una carga de 10.300 millones sobre las exportaciones de ambos bloques.

–El Español: La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca supone un cambio de rumbo en muchas de las políticas de EEUU, tanto dentro como fuera del país.

Retos comunes

Además de restablecer las relaciones comerciales con la UE, Joe Biden ha expresado su deseo de que EEUU vuelva a ocupar un lugar destacado en el mundo. Washington y la UE coinciden en la necesidad de trabajar juntos para hacer frente a la Covid-19 garantizando la financiación del desarrollo y distribución de vacunas, tests y tratamientos. Además, están dispuestos a liderar acciones para combatir la crisis climática mediante la cooperación para desarrollar tecnologías ecológicas y diseñar un marco regulador mundial de las finanzas sostenibles.

Los dos bloques comparten un interés fundamental en defender la democracia y los derechos humanos, y la UE quiere seguir colaborando con EEUU para intensificar la cooperación en los foros internacionales. La llegada de Biden, según la UE, se presenta como una ocasión para alcanzar un enfoque común ante los principales retos mundiales.

«Europa-Estados Unidos: ¿vuelve el noviazgo?», por Inocencio F. Arias

Nº 128

marzo 2021

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BLOG DE ESCRITURA PÚBLICA

INOCENCIO F. ARIAS,

diplomático

Europa-Estados Unidos: ¿vuelve el noviazgo?

EL REENCUENTRO AMISTOSO ha llegado con el cambio climático. Biden ya había abierto plaza con aplausos europeos cuando anunció que volvía a la Organización Mundial de la Salud y al Convenio de protección del medio ambiente. Ya avanzado abril dio otro paso: convocó una cumbre surrealista, por ser virtual, con otros cuarenta presidentes sobre los peligros medioambientales que acechan a nuestro planeta. Iniciativa que hubiera aborrecido Trump aunque Antonio Guterres, Secretario General de la ONU ha hablado del tema en términos apocalípticos: “estamos al borde del abismo; corremos hacia la catástrofe”.

En la cumbre, Estados Unidos ha prometido bajar a la mitad del nivel existente en 2005 sus emisiones de gases nocivos. Europa ha ido aún más lejos, mientras que Rusia y China han adquirido un compromiso más vago, más modesto. Todos los países deberán retratarse más detalladamente en una reunión mundial de la ONU en Escocia, en noviembre. Cínicamente, uno, ya entrado en años, podría concluir que un buen porcentaje de esas promesas no será cumplido. El propio Biden debe conocer que los encontronazos en su Congreso para aprobar su revolución energética no serán una batalla de flores, pero el gesto ha sido apreciado. El líder del mundo occidental no se inhibe en algo que preocupa a sus aliados; a unos muy seriamente, a otros más verbalmente. Tiene gestos valientes: ha denunciado en un acto conmemorativo el “genocidio armenio”, aunque le cree algún problema con Turquía.

Biden, como muestra una poblada encuesta de Gallup, ha heredado una imagen de los Estados Unidos muy deteriorada incluso entre sus aliados. Poco antes de tomar posesión, el índice de desaprobación en Alemania era del 89% (¡Más descontentos que en Irán!), el de España del 79%, en Italia del 78, en Francia del 74 y en Portugal del 68.

Biden comienza a volver las aguas a su cauce. El tema es si volverán del todo. En la élite política americana hay un leve despego hacia Europa –la idea de que somos unos gorrones en gasto de defensa dependiendo del papá Washington se extiende– y una preocupación por los quebraderos de cabeza que pueden venir de otro océano, del Pacífico.

La recuperación del noviazgo, aunque los arrumacos acaben siendo menos intensos que en el periodo de la guerra fría –ya el idolatrado Obama lo había dado a entender– aflora asimismo en la polémica con Irán. Trump, irritado con los esporádicos equívocos de los ayatollas en el tema nuclear y muy jaleado por Israel; Arabia Saudita y otros países árabes temerosos de Irán, se retiró del acuerdo de las grandes potencias con Teherán encaminado a que los ayatollas no persistan en acceder a la bomba nuclear. Biden quiere sentarse de nuevo a negociar después de que los dirigentes iraníes manifestaran lo que nos perturba: que reanudaban su enriquecimiento nuclear. El tema es tan serio que esta primavera Israel ha vuelto a atacar el complejo más importante de Irán hackeando e inutilizando parcialmente sus mecanismos. El objetivo judío es continuar atrasando la capacidad letal del gobierno iraní.

Es difícil que los iraníes renuncien del todo a construir la bomba. Israel, enemigo al que querrían echar al mar, la posee; otro tanto ocurre con Pakistán, la India, etc. Los iraníes, como los turcos, tienen vocación de potencia-gallito en la zona y son conscientes de que Corea del Norte, con el arma, ha conseguido ser respetada. Con todo, Occidente, la ONU y hasta Rusia creen que el mundo es bastante peligroso como para dejar crecer el club de los atómicos. Por eso siguen con el palo, las sanciones, y la zanahoria con Irán. Lo menos malo es que con concesiones y amenazas tarde bastante tiempo en dotarse de la bomba.

Hay otros terrenos en los que se busca una aproximación, no siempre completa, entre los dos lados del Atlántico. El trato de Rusia presenta obvias dificultades. La guerra fría está emergiendo de nuevo. Moscú se zampó Crimea; plantea graves dificultades a la integridad y estabilidad de Ucrania; interviene en campañas electorales europeas interesadamente y, con ánimo de desprestigiar la democracia –recordemos que intentó machacar la candidatura de Hillary Clinton, correligionaria de Biden–, se inmiscuyó nocivamente con sus eficaces hackers en la situación de Cataluña y pisotea los derechos de un disidente Navalny después de intentar asesinarlo. Un catálogo de acciones, tosco y antidemocrático. Ahora bien, en Europa la indignación existe, pero no todos quieren rascarse el bolsillo. Rusia tiene el gas que alimenta a varios países, Alemania, Hungría, Bulgaria… Varios de nuestros gobiernos, entonces, contemporizan, aunque dependamos militarmente de los yanquis.

El poderoso caballero “Don dinero” entra asimismo en juego con China. Tanto el Departamento de defensa de Estados Unidos como la OTAN han manifestado que China es el gran adversario estratégico de occidente en este siglo. Es obvio, se piensa, aunque al mismo tiempo se rumia que China es el mayor mercado del mundo; que sus cuantiosas inversiones son apetecibles; sus préstamos también. Resultado: se la critica pero se está deseando no conocer que va a sojuzgar a los hongkoneses, que tiene a un millón de la población islámica uigur en campos de concentración y que considera el llamado mar de China como propio.

Muchos gobiernos europeos ven los dos problemas, el chino y el ruso, y suspiran por no verlos.

Bienvenido sea Biden que en 95 días, según la beatífica versión de nuestra ministra de Exteriores, no ha tenido tiempo de hablar por teléfono con Pedro Sánchez (¿en 95 días y siendo un país aliado y no enano?, hombre…). Esperemos que nos quite definitivamente las tarifas sobre aceites, vinos, etc. y seamos conscientes de quién es nuestro aliado, el tío Sam, y quiénes nos crean problemas.

aranceles Economía estados unidos

«El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma», por Noé de la Rubia González

EL ESCAPARATE

NOÉ DE LA RUBIA GONZÁLEZ

inspector de Policía Nacional, Oficial de Enlace en Interpol

El OCP del Notariado: información fiable en tiempo y forma

Cuando me propusieron escribir un artículo sobre el Órgano Centralizado de Prevención del Notariado, acepté sin dudarlo. Principalmente porque en estos tiempos en los que reina el desánimo, es más necesario que nunca realzar todo aquello que nos convierte en un referente internacional pero también, porque se presentaba una ocasión inmejorable para mostrarles mi gratitud por el servicio que he recibido en mis investigaciones durante los últimos diez años al frente de un grupo de investigación de la Comisaría General de Policía Judicial. Aunque esto último pueda restar credibilidad a mi testimonio, sería injusto por mi parte negarles cualquiera de los elogios que a mi juicio merecen, como también lo sería reprimir mi entusiasmo en este ejercicio.

Como se podrá imaginar, la lucha contra el crimen organizado nunca ha sido tarea fácil. Los investigadores deben lidiar contra un sinfín de obstáculos desde el inicio de la investigación hasta su finalización. Y en muchas ocasiones, incluso después.

Cuando nos enfrentamos a grandes y sofisticadas organizaciones criminales, el éxito de la investigación depende en gran medida de la capacidad que tengan las FCS (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) de obtener información fiable en tiempo y forma. Si cualquiera de estas tres condiciones se incumple, el desarrollo de la investigación puede verse seriamente comprometido, pudiendo decidir postergar el uso de esa fuente de información o incluso, prescindir de ella si no resultara rentable según esos criterios.

En este sentido, la legislación al respecto no nos ayuda demasiado. Se limita fundamentalmente a requerir a los sujetos obligados una información determinada, sin concretar otras cuestiones, aparentemente baladíes, como el formato en el que ésta se facilita, pero que se convierten en esenciales cuando el número de entidades investigadas es considerable, como así ocurre en la mayoría de las ocasiones.

Soy plenamente consciente del extraordinario e imprevisto (en su día) esfuerzo realizado por todos ellos en los últimos años para mantenerse dentro de los estándares mínimos de cumplimiento. Incluso, puedo intuir acaloradas discusiones en los consejos de administración, entre aquellos que abogan por asumir con plena responsabilidad su cuota de participación en esta lucha contra el crimen organizado e ir más allá, y aquellos que anteponen otras prioridades. Lo que está fuera de toda duda, es que en unos ha prevalecido una posición y en otros, lamentablemente, la opuesta.

A este respecto, el compromiso asumido por el Consejo General del Notariado trasciende con creces el legalmente exigible. Desde sus orígenes, ha demostrado una absoluta determinación por combatir el blanqueo de capitales. Plenamente conscientes de la trascendente función que desempeñan y del enorme potencial que podían desarrollar en favor de esa lucha, apostaron firmemente y con muy buen criterio, en la asunción de un compromiso permanente que se ha traducido en la elaboración de múltiples instrucciones y circulares de obligado cumplimiento entre los profesionales del gremio, así como en la creación de bases de datos perfectamente adaptadas a las particulares necesidades de los poderes públicos, que les han mantenido siempre por delante de las constantes revisiones/actualizaciones legislativas en la materia.

“El compromiso del Notariado trasciende con creces
el legalmente exigible. Ha demostrado una absoluta determinación
por combatir el blanqueo de capitales.”

Sin entrar en el valor intrínseco de la información recopilada por el Cuerpo de Notarios en nuestro país (solo equiparable a otras igualmente valiosas como la bancaria o la tributaria), me gustaría poner el acento en otras cuestiones, que hacen que sea una de las primeras y más importantes consultas en todas nuestras investigaciones. Me estoy refiriendo a la de su buque insignia, el Índice Único Informatizado Notarial, definido muy modestamente por el propio Consejo como “una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país”. En realidad, se trata de una herramienta considerablemente más potente y muy bien valorada por los investigadores, por las razones siguientes:

Es accesible directamente y sin necesidad de autorización judicial por todos los usuarios previamente autorizados y registrados.
La respuesta es prácticamente inmediata y estrictamente confidencial.
La información facilitada es muy completa y está perfectamente clasificada en formato electrónico con opciones de búsquedas avanzadas.
Está disponible para los principales profesionales en la lucha contra el blanqueo tales como: el Sepblac; las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes, y otros sujetos obligados (entidades financieras, bancos, cajas de ahorros, auditores o entidades de seguros), así como la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea.
Permite la opción de descarga, pero se mantiene colgada indefinidamente en el sistema por si fuera necesario.

No obstante, la labor del OCP y sus miembros va mucho más allá de la gestión de este valioso instrumento, por cuanto se ha erigido en un fiel garante del cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas a los notarios en el desarrollo de su función, además de un responsable e imparcial interlocutor que siempre ha permanecido atento y dispuesto a escuchar y resolver las necesidades operativas de las FCS. Solo desde esta cercanía y confianza mutua, se han podido diseñar soluciones eficaces.

Por último, desde mi privilegiada posición en la organización policial internacional por excelencia, observo con orgullo, cómo el modelo español es un auténtico referente a nivel mundial que muchos países han querido imitar pero que únicamente Perú se ha acercado a replicar. En este proceso por conseguirlo, están países como Costa Rica y Brasil, y más alejados Alemania e Italia, aunque todavía con resultados inferiores a los nuestros.

Entrevista a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

CON SELLO PERSONAL

Nadia Calviño

vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año”

Nadia Calviño goza de un merecido respeto tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Desde su cargo actual tiene una responsabilidad máxima: impulsar la recuperación económica española. En esta entrevista le preguntamos sobre su modelo económico y cuáles son los planes inmediatos de su vicepresidencia.

ALFREDO GARCÍA REYES

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Alfredo García Reyes

alfredogreyes

Durante 12 años formó parte de la Comisión Europea como alta funcionaria de ese organismo. ¿Por qué aceptó una cartera ministerial en nuestro país?

Cuando el Presidente del Gobierno me propuso sumarme a su gabinete y me explicó el proyecto, dominaron dos sentimientos: responsabilidad e ilusión. Ser ministro de economía no es un trabajo fácil –incluso en ausencia de la pandemia– y volver a España suponía una enorme responsabilidad, un cambio de rumbo y un compromiso con implicaciones importantes en lo personal. Al tiempo, como tantos ciudadanos, sufría por el deterioro de la imagen de España y una actitud de cierta resignación, como si los problemas que arrastramos fueran inevitables y no tuvieran solución. Sentí la necesidad de contribuir a romper esta dinámica, participando en un Gobierno que trajese una nueva ilusión, profesionalidad y energía positiva, para devolver España al sitio que le corresponde en el ámbito europeo.

Yo creo que tenemos un gran país, con muchas fortalezas y posibilidades, y desde el primer momento hemos desplegado con mucho trabajo y determinación una agenda de política económica y social coherente para un progreso más sostenible, más inclusivo y más justo. En estos dos años y medio largos, he podido comprobar que hay un gran consenso social en esta línea.

Hablando de la pandemia. ¿Cuándo considera que España podría iniciar la recuperación económica?

Nuestro país inició la senda de recuperación ya en el tercer trimestre del año pasado. Tras un segundo trimestre muy complicado, con una intensa caída del PIB inédita en nuestra historia reciente, las empresas, los trabajadores y la sociedad, en general, demostraron una gran flexibilidad y fortaleza. La fuerte reactivación que tuvo lugar durante el tercer trimestre, que llegó al 16,4% a pesar de no tener turismo internacional y de que ya había restricciones por la segunda ola en algunos territorios importantes como Cataluña o Aragón, es la mejor prueba de esa capacidad. Esa senda positiva se mantuvo también en el cuarto trimestre.

Esto es mérito de la sociedad, por su capacidad de resiliencia, y también por el enorme esfuerzo colectivo que estamos realizando para desplegar una red de seguridad para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares.

Gracias a estas medidas, el impacto de la crisis en el empleo ha sido mucho menor que en crisis anteriores, pese a que la caída de la actividad ha sido mayor. Porque sin medidas como el apoyo público a los ERTEs, la prestación extraordinaria para autónomos, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de apoyo directo a las economías empresariales y familiares no se habría podido preservar esta base de tejido productivo que sustenta nuestra recuperación. Lo mismo sucede con la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que han garantizado la liquidez a las empresas en momentos muy complicados. Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año, sobre todo a partir del segundo semestre. Entre todos hemos de trabajar por conseguir que 2021 sea, definitivamente, el año de la recuperación.

Es buena conocedora de los entresijos de la Unión Europea. ¿Cómo se valora la idiosincrasia económica española y su encaje en la europea?

España es uno de los grandes países, un socio muy valorado y apreciado entre los socios comunitarios y en las propias instituciones europeas. Somos un país fiable, fuerte y muy comprometido con el proyecto de la Unión Europea, y siempre adoptamos posiciones constructivas en todos los debates e iniciativas. La prueba más reciente es nuestro papel en los debates sobre la respuesta a la pandemia y la puesta en marcha del mecanismo SURE o del Plan de Recuperación. Son asuntos que hemos impulsado desde el primer día y en cuyo diseño hemos tenido un papel importante. Aún queda camino por recorrer, pero, sin duda, somos uno de los motores de la Unión Europea en el plano político, económico y social y lo seguiremos siendo en las próximas décadas.

Entre los sectores más afectados por la situación actual están la hostelería-turismo, el comercio y la fabricación de automóviles. ¿Cómo piensan ayudarles?

Nuestras medidas han estado desde el primer momento muy dirigidas a respaldar a las empresas y trabajadores de esos ámbitos, los sectores que más expuestos estaban a las restricciones de movilidad, con ayudas directas como el pago de las nóminas y las cotizaciones de los trabajadores en ERTE, incluso después de su reincorporación al puesto de trabajo, lo cual es un apoyo evidente también a las empresas; así como con la prestación para autónomos o la ampliación de la incapacidad temporal para que dé cobertura a las distintas situaciones derivadas de la Covid. Sólo estas tres medidas suman un apoyo público directo de 40.800 millones de euros.

Pero, además, hemos puesto en marcha planes específicos para impulsar el turismo, la hostelería o el sector del automóvil. Eso sin olvidar las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas.

¿Y de cara al futuro más inmediato?

De cara a las semanas complicadas que aún tenemos por delante, debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas para apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias hasta que recuperemos un crecimiento sólido y sostenido. La prioridad en este momento es esa, sobre todo, pensando en nuestros jóvenes, uno de los colectivos más afectados por esta crisis, quienes deberán afrontar el pago de la deuda que estamos asumiendo ahora para hacer frente al Covid.

¿Cuáles son las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2021?

Son unos presupuestos fundamentales para el país en un momento crucial para nuestro futuro. Por una parte, persiguen fortalecer el Estado del Bienestar, dedicando casi un 60% a inversiones sociales, educación, sanidad, pensiones y la protección de los ciudadanos más vulnerables. Y, por otra parte, son presupuestos de futuro, con inversiones importantes en los ámbitos transformadores, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización o la transición ecológica.

La tercera razón que los hace tan importantes es que son la herramienta básica para que podamos empezar a ejecutar desde ya los nuevos fondos europeos, con 27.000 millones de inversión que serán claves para impulsar la actividad y la creación de empleo ya en 2021 y seguir avanzando en la modernización de la economía española. Todo sin olvidar que hay unas cuentas aprobadas el 1 de enero, algo que no sucedía en España desde 2016.

Su vicepresidencia engloba también la cartera de Transformación Digital. ¿Cuál es su horizonte en este asunto?

La pandemia ha acelerado la transformación digital en todo el mundo. En España ha evidenciado nuestras fortalezas, como las infraestructuras o la digitalización del sector público, pero también algunos puntos de mejora.

Para impulsar el proceso y contar con una hoja de ruta que encauzase la inversión pública y privada, el Gobierno aprobó el pasado verano la agenda España Digital 2025, y hemos publicado seis planes detallados para desplegar los principales ejes: desde el desarrollo de la conectividad y el 5G a la digitalización de las administraciones públicas; desde la capacitación digital de la ciudadanía y la digitalización de las PYMEs a la ciberseguridad o el impulso a tecnologías disruptivas como la economía del dato o la Inteligencia Artificial.

En esta línea, el Plan de Recuperación da un papel preponderante a la digitalización, que recibirá 20.000 millones de euros, un tercio de la financiación europea prevista para los próximos tres años. Y en los actuales presupuestos hemos multiplicado por seis la dotación para esta política. También hemos sacado a audiencia nuestra propuesta de Carta de Derechos Digitales, porque en todo este proceso no podemos perder de vista la necesidad de garantizar una digitalización humanista, que ponga al ciudadano en el centro para no perder derechos ni generar nuevas brechas.

Hablando de avances digitales, el Consejo General del Notariado propuso en abril del año pasado unas reformas para que se pudieran otorgar algunos documentos públicos notariales mediante videoconferencia. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Muy positivamente. Como consecuencia de la actual pandemia, las soluciones no presenciales se han visto muy demandadas y posibilidades que, aunque conocidas, no eran tenidas en consideración, han resultado ser la vía para solucionar problemas que hace poco no existían y no eran objeto de preocupación. Con la entrada en vigor de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, coloquialmente conocida como ‘de servicios electrónicos de confianza’, se ha establecido un marco normativo que sienta las bases para poder desarrollar actuaciones como las referidas, fundamentalmente para garantizar los mismos niveles de seguridad y fiabilidad que se dan en este tipo de procedimientos cuando se realizan presencialmente.

Estas circunstancias, por supuesto aplicadas con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, hacen que se planteen numerosas posibilidades para la prestación de servicios a la ciudadanía más ágiles y mucho más eficaces. Además, aunque hay alguna iniciativa similar, lo cierto es que la experiencia en la implantación de estas acciones situaría a nuestro país en una situación de vanguardia con respecto a otros en esta materia.

La lucha contra lacras como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es también una prioridad. Desde 2005, como sabrá, los notarios disponen de un Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo creado por orden del ministro Solbes. ¿Qué opina de su función?

No es sólo mi opinión. Ya se ha reconocido y recogido en informes internacionales que la labor desarrollada por el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado es un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta labor no se refiere únicamente al aumento de la concienciación y las capacidades del sector notarial nacional, sino que abarca a un ámbito de actuaciones mucho más amplio, facilitando, por ejemplo, que las entidades del sector privado puedan mejorar su nivel de cumplimiento de las obligaciones preventivas que les afectan, o permitiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponer de unas herramientas de enorme utilidad en las investigaciones contra ese tipo de delitos.

“Debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Desde sus páginas en Twitter (@NadiaCalvino) y en Linkedin, suele detallar las actuaciones de su vicepresidencia y de su ministerio. Por otro lado, la página web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno publica su agenda oficial, así como las principales medidas adoptadas por los diferentes departamentos englobados en su ministerio.

Desde el primer momento nos hemos centrado en ayudar a los sectores más expuestos a las restricciones a la movilidad para el control de la pandemia

Herederos de Neptuno

ALDEA GLOBAL

Herederos de Neptuno

Es de común conocimiento que en el mar se pesca, que sobre sus aguas hay plataformas petrolíferas o eólicas, que sirve de vía de comunicación para grandes transportes y es zona de recreo para los cruceros turísticos; que es lugar en el que tender cables para comunicarnos entre continentes, buscar tesoros, explorar profundidades, sobrevolar su superficie, indagar en varias ramas de la ciencia o disfrutar de la paz de un crepúsculo en una tarde tranquila; que, en fin, es el centro sobre el que pivota toda la compleja industria turística de una zona costera. Hay quien ve en todo esto trabajo, investigación, futuro, descanso… Y hay quien ve dinero: cerca de 1,6 billones de euros anuales, para ser más concretos.

MELCHOR DEL VALLE

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Melchor del Valle

Por poner en contexto esto de la explotación oceánica, convendría recordar que existe la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (entró en vigor en 1994), que organiza, de alguna manera, quiénes y cómo podemos explotar el mar para nuestros distintos intereses. Esta normativa, que muchos consideran de las más importantes del siglo XX (aunque países como Israel, Estados Unidos o Venezuela no la hayan firmado), define zonas donde se establecen distintos derechos de, digamos, ‘propiedad’.

Zonas marítimas. Según dicha convención se tienen en cuenta cuatro zonas: el mar territorial, constituido por las 12 millas marinas (22,2 Km) de ancho a partir de la línea costera de cualquier país o estado que esté bañado por el mar; la zona contigua, que son 25 millas (46,3 Km) más contadas desde donde finaliza el mar territorial; la zona económica exclusiva, que añade un máximo de 200 millas (370,4 Km) a la anterior, y, finalmente, alta mar. Donde no hay espacio, por proximidad territorial, para esos límites, los Estados trazan una línea media divisoria. En España tenemos un ejemplo del que se habla con frecuencia: las aguas territoriales de Gibraltar y las nuestras. Imagine el lector, a la vista de este ejemplo, la cantidad de ‘medianas’ que hay por el mundo y la cantidad de discusiones por saber a quién pertenece el mar circundante.

Porque, desde el punto de vista de eso que llamamos ‘propiedad’, el país o estado correspondiente tiene la exclusiva de los derechos de explotación del mar territorial y está sometido a sus leyes. La zona contigua también está sujeta a las leyes del país con cuyo mar territorial delimita, aunque no queden definidos per se los derechos de explotación, que son similares a los de la zona litoral. En la zona económica exclusiva, el país o Estado poseedor tiene soberanía sobre esas 200 millas y toda la capacidad de explotación, incluso puede vender esos derechos. Alta mar, que también conocemos como aguas internacionales, es de todos y todos tenemos derecho de explotación, incluyendo los países no costeros. Una última cosa, en este resumen, para intentar no dejar detalles al margen de los que también hacen caja: sobrevolar aguas que no sean internacionales no es gratis.

Economía oceánica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido la economía oceánica -algunos lo llaman más poéticamente ‘economía azul’- como “la suma de las actividades económicas de las industrias oceánicas, y los activos, bienes y servicios de los ecosistemas marinos”. De aquí salen esos 1,6 billones de euros anuales que decíamos al principio. Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030, lo que ha alertado a quienes se preocupan por el futuro del planeta, porque “ver el océano como un motor para el crecimiento económico futuro puede entrar en conflicto con las dimensiones sociales y ambientales de los objetivos de uso sostenible de los océanos, acordados a lo largo de décadas en compromisos y tratados internacionales”. La frase es del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica realizado por las universidades Duke (EE.UU.) y de Uppsala (Suecia) con el Centro de la Resiliencia de Estocolmo, con datos de 2018 y publicado en la revista Science Advances de enero de 2021.

El estudio es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina, pero lo que más sorprende es quiénes manejan esas cifras astronómicas en torno a los océanos: las 100 principales empresas del sector generan el 60 % de los ingresos ‘azules’ totales; es decir, en torno a un billón de euros. Esas empresas se dedican a la energía petrolera y gasística (las famosas plataformas), el transporte marítimo, la construcción y reparación naval, el equipamiento marítimo y la construcción, la industria pesquera a gran escala, el turismo de cruceros, las actividades portuarias y la eólica marina, aunque esta última solo representa un ‘pico’.

Los ‘jefes’. Ya se imaginan que la industria de todas ellas con mayores ingresos es la del petróleo y gas, que se lleva casi dos terceras partes (65 %) de la ‘tarta’ de los 100 grandes. De hecho, nueve de las diez primeras son de ese segmento, con una líder indiscutible de las 49 reseñadas, que es la saudí Aramco. La no petrolera del top 10 es la danesa A.P. Møller-Mærsk, dedicada al transporte marítimo. Para encontrar una industria que no sea de los tipos anteriormente mencionados tenemos que ir hasta el puesto 19, ocupado por el operador de cruceros británico-estadounidense Carnival Corporation & plc.

A partir del puesto 22 empieza a haber mayor variedad de segmentos, de los citados líneas más arriba, aunque no aparece la industria pesquera hasta el puesto 37, con la japonesa Maruha Nichiro. La única representante de la eólica marina, a la que hacíamos referencia, está en el nada desdeñable puesto 59. Se trata de la también danesa Ørsted, en cuya se web indica que “está clasificada como la mayor empresa de energía sostenible del mundo durante tres años consecutivos”. Un punto a favor entre generar ingresos y proteger el planeta.

Toque de atención. El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, no solo alerta, como antes indicábamos, sobre los riesgos de crecimiento incontrolado de la economía oceánica, sino que da pistas para que entre todos presionemos a los gobiernos, poniendo sobre el tapete que las arcas públicas de los Estados donde hay actividad petrolera y gasística, por ejemplo, reciben el 41 % de los ingresos que genera esta industria. También recuerdan a los medios financieros, dado que más del 60 % de esas cien principales están en Bolsa, que vivimos tiempos en los que los inversores miran con lupa el parámetro conocido internacionalmente como responsabilidad ESG: Environmental, Social y Governance (medioambiental, social y de gobierno corporativo).

Entre tanta cifra, en fin, quizás pase inadvertida una parte del informe en la que se hace referencia a que se han basado en la lista de industrias oceánicas que establece la OCDE, pero que son conscientes de que esta no es exhaustiva “debido a las limitaciones de datos, por ejemplo, al no incluir la pesca de captura a pequeña escala, las industrias emergentes como la biotecnología marina o la minería de fondos marinos, y los servicios ecosistémicos para los que los mercados aún no existen […]. Además, la industria del turismo marítimo y costero tuvo que limitarse a la industria del turismo de cruceros, debido a la falta de datos mundiales sobre la porción de la producción de otras empresas relacionadas con el turismo vinculada al océano”.

Más allá del ‘Top 100’

La industria de la generación eólica marina, que supone unos 31.170 millones de euros, solo tiene una empresa entre las cien primeras de la economía oceánica: la empresa pública danesa Ørsted. Pero en la lista de las compañías que figuran en este grupo está la única española que se cita en el estudio El Océano 100: Iberdrola. Son en total diez empresas las referenciadas, en las que encontramos también alguna conocida en nuestro país como las alemanas E.ON y Siemens.

El estudio El Océano 100, publicado en la revista Science Advances, es un alegato a los riesgos de sobreexplotación y contaminación marina

Por si las dudas

El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica. Virdin, T. Vegh, J.-B. Jouffray, R. Blasiak, S. Mason, H. Österblom, D. Vermeer, H. Wachtmeister y N. Werner. Duke University (Durham, NC, EE. UU.), Stockholm Resilience Centre, Stockholm University (Estocolmo, Suecia), Uppsala University (Uppsala, Suecia). Publicado por Science Advances (enero 2021).

Océanos y Derecho del mar. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Naciones Unidas.de 2020).

The Poseidon Principles. Asociación The Poseidon Principles (2019).

Las proyecciones económicas muestran que este sector ‘azul’ crecerá más rápido que la economía mundial hasta 2030

Geografía de la economía oceánica

Según los datos del estudio El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica, publicado en la revista Science Advances de enero de 2021, 38 países intervienen en la economía ‘azul’. Clasificados por facturación, España figura en el puesto 32. EE. UU., Arabia Saudí y China ocupan las tres primeras posiciones. La última es para Canadá.

Fuente: El Océano 100: Empresas transnacionales en la economía oceánica.
Datos en millones de euros: elaboración propia.

«Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo», por Gerardo Cuerva

EL ESCAPARATE

GERARDO CUERVA

presidente de CEPYME

@CepymeNews

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo

LA CRISIS provocada por la COVID‐19 está impactando de forma muy acusada en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura definirá el futuro de la economía española. Está en juego la competitividad de nuestras empresas. No sólo se debe trabajar en superar esta crisis, sino en cómo superarla.

El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis definirá nuestro país para las próximas décadas. España no se puede permitir que las empresas españolas salgan con una importante pérdida de competitividad respecto de las empresas de nuestros países vecinos.

En estos momentos de crisis e incertidumbre, debemos mirar, y yo diría “mimar”, a nuestras empresas. Tanto a las empresas que intentan resistir esta crisis y que ven que está en riesgo su viabilidad, como a las empresas que tienen un crecimiento consolidado, para que puedan mantenerlo y seguir creciendo en el futuro. Estas empresas son esenciales para la competitividad de nuestra economía y para el progreso económico y social de nuestro país.

Porque, hoy más que nunca, las empresas son la clave de la recuperación.

Por eso, en las actuales circunstancias el objetivo prioritario debe ser salvar el mayor número posible de empresas, reducir al mínimo la destrucción del tejido empresarial, que debe ser la base sobre la que se sustente la larga, difícil e incierta recuperación que los organismos internacionales auguran para nuestro país, el más golpeado por la pandemia en Europa.

Las empresas están resistiendo de una manera ejemplar, pero el daño es considerable y en muchos casos irreparable.

Desde mediados de marzo hasta finales de abril, en los primeros envites de la pandemia, se destruyeron 100.000 empresas, más que en el peor año de la crisis anterior (2009), que registró una caída de 93.000 y más de la mitad de las empresas perdidas en el período 2007‐2012 (177.000).

Según los datos del Barómetro de la Pyme que realizamos desde CEPYME, el 90% de las empresas han reducido sus ingresos y el 40% factura la mitad. Además, el 51% de las pymes ve en riesgo la supervivencia, porcentaje que se eleva hasta el 79% en el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones a la actividad.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como los ERTE o los créditos ICO, que resultaron eficaces en la primera ola de la pandemia, son claramente insuficientes para afrontar esta situación que se prolonga en el tiempo y cuyos efectos sobre la situación económica se agravan a medida que se suceden las restricciones de la actividad para contener la pandemia.

Las empresas necesitan liquidez. No olvidemos que los avales del ICO son créditos que habrá que devolver y que las empresas se han endeudado en estos meses en más de 100.000 millones de euros. La crisis de liquidez puede llevar a una crisis de insolvencia, en la que muchas empresas se queden por el camino y el conjunto de nuestro tejido empresarial quede muy debilitado.

“El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis
definirá nuestro país para las próximas décadas”

Además, las empresas necesitan certidumbre. No podemos negociar la renovación de los ERTE cuando esté a punto de vencer su cumplimiento, mientras que el estado de alarma ya está previsto hasta el mes de mayo.

Se precisan ayudas directas para afrontar esta situación, similares a las que están adoptando otros países de nuestro entorno. Ayudas que permitan a nuestras empresas estar en las mismas condiciones competitivas que nuestras homólogas europeas, cuando esta crisis concluya y se inicie la ansiada recuperación.

Es urgente abordar medidas como el aplazamiento de los impuestos y otras obligaciones, facilitar la renegociación de los alquileres y la reestructuración de la deuda de las empresas. Y acometer planes de estímulo de la actividad económica.

España sólo ha dedicado un 12% de los recursos a apoyar al tejido empresarial, frente al 60% de Alemania, por ejemplo. Y, una vez más, es preciso insistir en que de esta crisis sólo saldremos con las empresas. Sin ellas, no hay progreso ni bienestar social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas, no hay futuro.

En estas condiciones, medidas como el incremento de los impuestos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional van precisamente en la dirección contraria, incrementando los costes de las empresas, muchas de ellas al límite como consecuencia de la falta de actividad y la caída del consumo.

Sin duda, los fondos de recuperación comunitarios son el necesario maná para afrontar la reestructuración y la recuperación de nuestro tejido productivo. Pero para que sus efectos sean reales, es preciso ejecutarlos con eficacia, en proyectos de futuro, que aborden los retos que tiene nuestra economía y nuestras empresas y, sobre todo, que lleguen realmente a las pequeñas y medianas empresas, las que más están sufriendo en estos momentos y la base de nuestro tejido empresarial. No olvidemos que el 99’8% de las empresas españolas son pymes y, sin ellas, la recuperación no será posible.

EL ESCAPARATE

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Nº 128

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Más allá del ‘Top 100’

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