Entre los artículos de plástico de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas -incluidas sus tapas- y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización deberá reducirse en peso un 50% en 2026 y un 70% en 2030 con respecto a 2022. Para ello, los agentes implicados en este proceso fomentarán el uso de alternativas reutilizables o de otro material no plástico. En cualquier caso, desde el 1 de enero de 2023 quedará prohibida su distribución gratuita, de manera que el consumidor deberá pagar todos los productos de plástico que reciba, y se detallará el importe correspondiente en el ticket de venta.

Además, se prohibirá la entrada en el mercado de pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos y todos los productos de plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm. También se aplicarán medidas a determinados productos de plástico no compostable no incluidos en la normativa comunitaria (artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción) para su reducción y sustitución por otros materiales.

Por otro lado, para gastar menos envases, los establecimientos de hostelería y restauración tendrán que ofrecer siempre a los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada de manera gratuita y complementaria, siempre que el ayuntamiento o la empresa suministradora del agua garantice que es apta para el consumo humano. Por su parte, las administraciones públicas deberán reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias, mediante acciones como el fomento de fuentes de agua potable que garanticen la higiene y la seguridad alimentaria.

Separar más. La recogida separada es una de las claves para incrementar los índices de reutilización y reciclado, con sus consiguientes beneficios ambientales, económicos y sociales. La futura normativa fija calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos, que se sumarán a las ya existentes para el papel, los metales, el plástico y el vidrio.

En concreto, en 2022 los municipios con más de 5.000 habitantes contarán con recogida separada de biorresiduos domésticos, y en 2024 ampliará al resto de municipios.

A partir de 2025 habrá recogida separada generalizada de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Con respecto a las botellas de plástico, se definen dos objetivos temporales: en 2025 se deberán recoger por separado el 77% de las botellas puestas en el mercado; y en 2029 el 90%.

También se regula la eliminación de los residuos, que deberá llevarse a cabo de manera segura. En el caso del depósito en vertedero, se someterán a un tratamiento previo.

Jerarquía de residuos. Tal y como marcan las directrices europeas, se refuerza la jerarquía de residuos o, dicho de otra manera, el orden de prioridad en las opciones de gestión de estos: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización y, como última alternativa, la eliminación.

De acuerdo con dicha jerarquía, la prevención de residuos adquiere un papel esencial, al imponer que su peso disminuya un 13% en 2025 y un 15% en 2030 con relación a 2010.

Tampoco se podrán destruir los excedentes no vendidos de productos no perecederos como textiles, juguetes y aparatos eléctricos, salvo que otra normativa exija hacerlo.

Para dar un giro a la situación actual, también es imprescindible incrementar las tasas de reciclado con el fin de aprovechar recursos en un contexto en el que las materias primas son cada vez más escasas y caras. En este sentido, el proyecto de ley determina que en 2035 el 65% de los residuos municipales deberán prepararse para la reutilización y el reciclado.

Todo lo anterior irá acompañado de medidas fiscales cuya finalidad es reducir los residuos y mejorar la gestión de aquellos cuya generación no se pueda evitar. Básicamente, habrá un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y tendrán carga impositiva los tratamientos situados en las posiciones inferiores de la jerarquía de residuos: depósito en vertedero, incineración y coincineración.

Suelos contaminados. Otro apartado fundamental del texto normativo es la regulación de los suelos contaminados, que mantiene el anterior régimen jurídico en cuanto a las actividades potencialmente contaminantes, al procedimiento de declaración, a los inventarios de suelos contaminados y a la determinación de los sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de los suelos.

Con carácter general, los causantes de la contaminación o los propietarios de los suelos tienen la obligación de acometer tareas de descontaminación. Aparte, existe un régimen voluntario de descontaminación al que pueden acogerse sin que medie una declaración formal de suelo contaminado, debiendo quedar registrada la descontaminación voluntaria en la Comunidad Autónoma correspondiente. Como novedad, se ha incluido el Inventario nacional de descontaminaciones voluntarias, que será alimentado por los registros autonómicos.