PRIMER PLANO
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
El Catastro y Justicia acuerdan incorporar las representaciones gráficas a las escrituras públicas
A finales de marzo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, y la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda, firmaron una resolución para la incorporación de representaciones gráficas en los documentos notariales. Asimismo, la disposición articula un protocolo que mejorará la coordinación e intercambio de información entre el Catastro y el Consejo General del Notariado.
La nueva resolución aumenta la cantidad y calidad de los intercambios de información entre los notarios y el Catastro, de forma segura y coordinada, y reduce los trámites administrativos a los ciudadanos.
Los objetivos del convenio persiguen: aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario; incrementar la accesibilidad y la transparencia; eliminar barreras de acceso a la información; reducir costes; permitir la implicación de la ciudadanía en la actualización y rectificación de la descripción de sus inmuebles, y simplificar trámites administrativos.
En la resolución se abordan temas no resueltos en el marco legal actual, como la necesidad de incorporar a los documentos notariales un Informe de Validación Gráfica de Alternativas del Catastro, que permite conocer anticipadamente si el levantamiento topográfico realizado por un técnico se puede incorporar o no a la cartografía catastral. Del mismo modo, se incorporan soluciones técnicas a los problemas derivados de las discrepancias geométricas, giros y desplazamientos cartográficos.
La resolución concreta la información gráfica que ha de intercambiarse entre los notarios y el Catastro y aborda temas como la coherencia documental y la representación gráfica; la subsanación de discrepancias; la modificación física de las parcelas; la ocupación en planta de las construcciones, o el intercambio de información relativa a nuevas referencias catastrales.
Herramienta clara. La resolución fue firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y el director general del Catastro, Fernando de Aragón.
Puente señaló que “esta resolución pone en manos de los notarios una herramienta clara, eficaz y reclamada para poder contribuir a la imprescindible y obligatoria coordinación de la cartografía registral con la realidad”.
Por su parte, De Aragón apuntó que este acuerdo aporta «un protocolo de buenas prácticas con el que podremos acometer nuevos e importantes proyectos siempre en beneficio de la sociedad”.
La Dirección General del Catastro
La Dirección General del Catastro es, dentro de la Secretaría de Estado de Hacienda, el órgano directivo que tiene encomendada la formación, mantenimiento y difusión de la información catastral. Este registro administrativo depende del Ministerio de Hacienda y describe los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. La descripción catastral incluye sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encuentran su localización, referencia, superficie, uso, cultivo, representación gráfica y titular. Existen más de 3.500 puntos de información catastral, situados principalmente en municipios y diputaciones distribuidos a lo largo de todo el territorio, en los que pueden obtenerse información, certificados y otros servicios.
El acuerdo dota de mayor seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, simplifica el trámite administrativo y facilita la comunicación de información gráfica
FUNDACIÓN AEQUITAS
Acuerdo para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad
La Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Aequitas y el Consejo General del Notariado (CGN), firmaron en abril un convenio de colaboración que tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de actividades que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad.
El acuerdo fue suscrito por Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Æquitas, y Almudena Castro-Girona, directora de esta última fundación.
CERMI, CGN y las fundaciones ONCE y Æquitas promoverán la defensa de los derechos de este colectivo, eliminando discriminaciones y fomentando el ejercicio de derechos en libertad e igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, se impulsará la creación de un espacio transversal (con la participación de universidades, organizaciones sociales, entidades públicas y empresas privadas) para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, fomentarán la interacción entre los operadores jurídicos y la sociedad civil para contribuir al desarrollo de políticas públicas.
Entre las líneas concretas de actuación cabe destacar las siguientes:
– Accesibilidad Universal. Actuaciones encaminadas a dotar de accesibilidad –tanto física como jurídica– al sistema de justicia español, para garantizar el ejercicio libre e igualitario de los derechos de las personas con discapacidad.
– Fomento del empleo. Desarrollo de programas de formación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector jurídico.
– Encuentros y talleres. Organización de encuentros y talleres de ámbito jurídico para incentivar el estudio de los instrumentos que el Derecho ofrece para potenciar la autonomía personal y el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos.
– Toma de conciencia. Difusión de noticias y actividades conjuntas en relación con la discapacidad y los derechos humanos.
– Formación. Sensibilización de los operadores jurídicos en materia de derechos humanos y discapacidad.
– Empoderamiento. Asesoramiento jurídico a las personas con discapacidad que lo requieran.
– Investigación. Convocatoria de un premio para fomentar las mejores prácticas, experiencias, investigaciones y actividades en materia de discapacidad y derechos humanos.
CERMI
Es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. En total, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, decidieron unirse, a través de las organizaciones en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos.
Fundación ONCE
Constituida por acuerdo del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en 1988, tiene como fines prioritarios la financiación y el desarrollo de programas que impulsen la plena inclusión social de las personas con discapacidad mediante el empleo, la formación y la accesibilidad universal.
Fundación Æquitas
La Fundación Æquitas, constituida en 1999 por el Consejo General del Notariado, trabaja para mejorar la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección, como personas con discapacidad, menores, inmigrantes y personas mayores.