La presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2023 va a estar marcada por la inestabilidad económica. Aunque las previsiones de crecimiento de la economía europea son más positivas, se mantienen las incertidumbres derivadas de la invasión de Ucrania, las tensiones comerciales, el impacto del aumento de los tipos de interés y el incremento de los precios de las materias primas.

En este contexto, adquiere especial importancia la definición de un nuevo escenario económico que garantice la estabilidad financiera en Europa y la financiación de las inversiones públicas. Esto exige actualizar el marco de gobernanza económica, que regula los valores fiscales de referencia de los Estados miembros, supervisa su cumplimiento y corrige las tendencias económicas problemáticas.

EN 2024 LA COMISIÓN EUROPEA PONDRÁ FIN A MÁS DE TRES AÑOS EN LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS HAN PODIDO DESVIARSE DE LOS LÍMITES FISCALES

El objetivo es imponer una fiscalidad que permita a cada país mantener unas cuentas públicas saneadas y reducir los altos niveles de endeudamiento de forma gradual. Al mismo tiempo, deberán contemplar inversiones que faciliten el desarrollo económico, la creación de empleo y la competitividad, sin olvidar otras metas comunes como la transición ecológica y la transformación digital.

Ya en febrero de 2020 la Comisión Europea inició un debate para lograr un consenso sobre esta reforma, pero se interrumpió al empezar la pandemia. Una vez retomado el tema, se definieron las propuestas para establecer una gobernanza económica más transparente, que asegure la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento mediante inversiones sensatas. Se trata de la reforma más completa desde el período que siguió a la crisis económica y financiera.

Pilares. El elemento central de la propuesta de la Comisión son los planes nacionales de política fiscal y estructural a medio plazo. Los Estados miembros formularán planes con sus objetivos presupuestarios, las medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y las reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años. De este modo, se reforzará la responsabilidad de cada Estado, al darle más margen de maniobra para marcar sus propias medidas de ajuste fiscal y sus compromisos de inversión.

Al mismo tiempo, se quiere avanzar hacia un marco de supervisión que dé preferencia a la sostenibilidad de la deuda. Las sendas de ajuste fiscal se formularán en objetivos de gasto plurianuales como único indicador para la supervisión fiscal, simplificando así las normas en materia fiscal. La Comisión Europea elaborará trayectorias técnicas que ayudarán a los Estados miembros a fijar sus objetivos de gasto plurianuales.

Se seguirán aplicando las salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda, manteniéndose los valores de referencia actuales del 3% del PIB para el déficit y del 60% del PIB para la deuda. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al vencimiento del plan nacional. Cuando el déficit se mantenga por encima del 3% deberá hacerse un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual. Además, los Estados miembros que se acojan a un período de ajuste fiscal ampliado deberán velar por que el esfuerzo fiscal no se aplace a los últimos años del programa.

Todo ello irá acompañado de una estricta vigilancia por parte de la Comisión Europea para cerciorarse de que cada país cumple los compromisos adquiridos.

EL NUEVO MARCO DE GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UE ES LA REFORMA MÁS COMPLETA DESDE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 2008

Excepciones. La nueva regulación mantendrá la cláusula de escape, que se aplica en situaciones de crisis o de recesión económica grave permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales. De hecho, actualmente lleva activa más de tres años, a raíz de la pandemia y posteriormente por la invasión rusa de Ucrania. Esto ha permitido adoptar medidas de emergencia para atenuar las consecuencias de estas crisis.

EL OBJETIVO ES IMPONER UNA FISCALIDAD QUE PERMITA A CADA PAÍS MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS

Sin embargo, la Comisión Europea ha anunciado su desactivación a partir de 2024, por lo que en la primavera de este mismo año ya podrá ejecutarse el procedimiento de déficit excesivo tomando como referencia los datos que los países hayan registrado en 2023. Esto significa que los Estados miembros deben trabajar para corregir cuanto antes sus posibles desequilibrios.
Es importante entrar en 2024 con un acuerdo sobre la revisión de las normas fiscales de la UE y otros elementos del marco de gobernanza económica. Este es uno de los principales retos de la presidencia española, que ha subrayado su intención de cerrar el asunto.

La Comisión Europea ha señalado que para la economía de la UE es apremiante conseguir un pacto en estos momentos. El Consejo ha pedido que el trabajo legislativo concluya en 2023.

Aparte de la reforma de las reglas fiscales, España ha anunciado que en su semestre de presidencia atenderá de manera preferente el nuevo marco de recursos propios de la UE, para devolver la deuda financiada por el programa Next Generation; la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2021-2027; y la financiación de la reconstrucción y el apoyo a Ucrania en el medio y largo plazo.

Este debate se celebró en pleno proceso de tramitación de un paquete de medidas para reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra ambos delitos y con la decisión pendiente de designar la ciudad europea que albergará la futura sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para la que se postula Madrid.

España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra ambas lacras, con altas calificaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, Madrid es hoy uno de los centros financieros más importantes de Europa, junto con Londres, París y Frankfurt.

Colaboración pública y privada.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, inauguró el encuentro; mientras que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lo clausuró. La vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el secretario del Consejo General del Notariado (CGN), Manuel Tarrío, también acudieron a esta cita.

Calviño señaló que «la colaboración pública y privada es esencial para evitar una lacra de este tipo. Europol estima que el 1% del PIB tiene que ver con operaciones sospechosas de blanqueo. En el contexto de la presidencia europea de España, aprobamos la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), de carácter transfronterizo. Es un paso muy importante y España apoya completamente este nuevo organismo. Se hará todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales”.

El primer panel de debate, Perspectivas de futuro sobre la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa, contó con la participación de Nicolas Véron, investigador senior de Bruegel and Peterson Institute for International Economics (moderador); François-Louis Michaud, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE); Eva María Poptcheva, relatora sobre blanqueo de capitales y lavado de activos del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de unidad de la Dirección General de Estabilidad y Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la UE; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

NADIA CALVIÑO: «EN LA PRESIDENCIA EUROPEA DE ESPAÑA APROBAREMOS LA CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (AMLA)»

Michaud destacó que «el impulso de los últimos años en la prevención del blanqueo llevado a cabo por los supervisores bancarios e institucionales, debe quedar reflejado en una autoridad potente, como AMLA». Delgado coincidió en que dicha autoridad «tendría un impacto enorme en el crecimiento del PIB y la confianza del sistema». Poptcheva hizo hincapié en la necesidad de «luchar contra el dinero sucio, incrementando la seguridad de los criptoactivos, o implementando sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por ejemplo». Fullin destacó «la influencia de España en el impulso de normas antiblanqueo en Latinoamérica, una Región donde no hay directivas como las comunitarias». Por último, Pruna señaló «el importante papel de notarios, abogados y agentes inmobiliarios en la prevención del lavado».

El marco preventivo español: fortalezas y desafíos fue el tema de la segunda mesa redonda. Moderada por Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tuvo como ponentes a Pedro Comín, director del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias); Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del CGN; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial.

El modelo notarial español.

Pedro Galindo subrayó «la potencia de Madrid como sede, al contar con una plena colaboración pública y privada en la lucha contra los delitos económicos. Algo que suele ser desconocido, debido a la necesaria discreción de los asuntos tratados». El responsable del OCP notarial puso de manifiesto el reconocimiento de organizaciones como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el GAFI al modelo desarrollado por el CGN: «Conocer, con una información consistente y prácticamente inmediata, quién está detrás de una sociedad mercantil demuestra la robustez del sistema».

MADRID ES HOY UNO DE LOS CENTROS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, JUNTO CON LONDRES, PARÍS Y FRANKFURT

El director del OCP apuntó cuatro retos principales de la colaboración de estos profesionales en la prevención del blanqueo: «Relaciones internacionales: en Europa, 22 países cuentan con modelo notarial, a los que se suman otros 77 en el mundo; podemos afirmar que el OCP ha sido un referente a seguir en multitud de estas jurisdicciones, desde Japón a Alemania. Reto normativo: la regulación precisa de un ajuste fino; entidades como notarios y registradores tienen unas especificidades que deben ser reguladas, como es el caso de la diligencia debida. Los criptoactivos: en las notarías estamos viendo el uso de monedas virtuales, lo que supone un riesgo, a pesar de contar con el nuevo reglamento MICA sobre estos mercados. Y, por último, la necesidad de estrechar el intercambio de información transnacional, algo que ya hemos hecho con otras Unidades de Inteligencia Financiera».

«Pero como se dice coloquialmente: ‘El malo siempre va por delante’. La evolución de las nuevas tecnologías plantea un auténtico reto y todos los actores tenemos un desafío, como en el caso de los análisis de riesgos. Hay que ser positivos. Europa ha dado un paso adelante con una potente normativa; pero debe haber estabilidad en la regulación. Los continuos cambios generan dificultades en una aplicación eficaz», concluyó Galindo.

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA: «ES MUY IMPORTANTE CORTAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y ESPAÑA HA DEMOSTRADO SER UN MODELO A SEGUIR»

Por lo que se refiere a los otros ponentes del panel, Comín señaló la coordinación existente en España, a nivel humano e institucional, «lo que genera colaboración y homogeneidad en las unidades adscritas». Asimismo, el responsable del Sepblac alertó sobre el reciente uso de la inteligencia artificial en las operaciones sospechosas que reciben en su entidad. Kindelán defendió la candidatura de la autoridad: «Nuestro marco legal y supervisores son fundamentales para estar a la vanguardia». Adán apuntó que «el sistema español de colaboración permite dotar de las mejores herramientas a la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». Por último, Pérez Pérez compartió con los asistentes sistemas utilizados por los terroristas como «el pitufeo o la red Hawala», además de un incremento exponencial de activos virtuales». Por todo ello, «la Policía Judicial nos tenemos que adaptar constantemente a las nuevas tecnologías».

El eterno dilema sobre la gestión de la inmigración y el asilo en Europa parece más próximo al acuerdo en el seno de la Unión Europea, a pesar de su inherente complejidad, mediante la posible finalización en los próximos meses de un proceso basado en el consenso. Para ello, los 27 Estados miembros están siendo conminados por las instituciones comunitarias para que este mismo año, tras los avances logrados en la reunión de ministros de Justicia e Interior celebrada los pasados 8 y 9 de junio, se pueda lograr el denominado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La legislación propuesta en la materia sustituirá a la anterior, aunque el llamado Reglamento de Dublín, que data de 2013 y establece que el solicitante de asilo sólo puede presentar su solicitud en el primer Estado miembro al que llega, permanecerá vigente, pero con cambios importantes en función de los lazos familiares o educativos que mantenga con un país en concreto. Este complicado proceso de aprobación se produciría, previsiblemente y tras los deseos expresados por el Presidente del Gobierno a finales de junio en la cumbre de Bruselas, en el marco de la presidencia española de turno europea, que lo ha fijado como uno de sus objetivos principales de actuación.

Sudoku de intereses.

El sistema se sustentaría en una serie de pilares indispensables para lograr su necesaria estabilidad futura y, por ende, duración. Entre ellos, destaca la obtención de un marco jurídico sólido, que aporte claridad en los requisitos y confianza mutua entre los distintos países; la apuesta preferente por la migración legal, de cara a atraer talento y cubrir las necesidades del mercado laboral intracomunitario; una estrategia común para tejer acuerdos de asociación y mutuo beneficio con los países emisores; la dotación de un presupuesto integral que cubra las políticas internas y externas y, finalmente, lo más importante, el compromiso firme de todos los gobiernos implicados.

EL ETERNO DILEMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO EN EUROPA PARECE MÁS PRÓXIMO AL ACUERDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tras la petición formal desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para darle un nuevo impulso a esta iniciativa, los siguientes pasos serían la aprobación del nuevo mecanismo de solidaridad, incluyendo los procedimientos de control y fronterizo, para continuar con la aprobación del paquete legislativo. Si la Comisión Europea y la actual presidencia española de turno sacan adelante la propuesta, aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

El problema para alcanzar un acuerdo satisfactorio para una amalgama de 27 países con sus propias realidades e intereses reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes y de solicitantes de asilo. Y todo ello en un contexto en el que varios de esos Estados simplemente se niegan a participar en planes que impliquen la reubicación en su territorio de extranjeros extracomunitarios.

Esta aparente cuadratura del círculo se lograría con la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad efectiva. Para lograrlo, se prevé una terna de medidas para superar el sudoku del reparto equitativo de migrantes y de ciudadanos que solicitan acogida y asilo cada año en Europa.

Tres en uno.

La citada estructura permitiría ofrecer a los países un triple nivel de implicación de cara a aliviar a un Estado miembro en situación puntual de crisis, al estar sometido a una inusitada presión migratoria en determinadas épocas del año, como en verano o primavera, o por causas como el estallido de un conflicto bélico (Siria, Ucrania…).

Por un lado, los países podrían optar por aceptar un determinado número de solicitantes de asilo reubicados; pagar para sufragar el retorno de los solicitantes rechazados a sus países de origen o, en última instancia, financiar medidas operativas como centros de acogida o medios de transporte que ayuden a mantener la logística del sistema.

Este mecanismo de solidaridad se nutriría presupuestariamente en función del PIB y población de cada país, además de tener en cuenta el flujo de llegadas a territorio comunitario, y sería vinculante una vez alcanzados los correspondientes acuerdos jurídicos al respecto.

LA PIEDRA DE CLAVE PARA LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO MIGRATORIO PANEUROPEO SERÍA EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE UNOS Y OTROS

El término ‘vinculante’ se antoja clave a la hora de afrontar, con garantías, la distribución equitativa de los inmigrantes entre el conjunto de países de la Unión Europea. Conscientes de la tentación que supondría la solidaridad a la carta, los responsables de las negociaciones tendrán que lidiar con la sensibilidad de los países que se encuentran en la primera línea del perímetro de la frontera exterior de la Unión, a lo que se añade el enfoque de otros, como Dinamarca y Austria, que apuestan directamente por la imposición de medidas restrictivas a los flujos migratorios.

La piedra de clave para levantar el nuevo edificio migratorio paneuropeo sería, por tanto, el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, los países partidarios de una mayor reubicación (Alemania, Francia, Italia y Grecia) temen que otros se beneficien del diseño del nuevo sistema, al preferir pagar antes que acoger, mientras que los opositores al reparto de migrantes y solicitantes de asilo (Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia) consideran que el sistema les obligaría a contribuir financieramente al mantenimiento del mismo, quieran o no.

Acoger o pagar.

La última propuesta de la anterior presidencia sueca recalcaba este concepto de solidaridad a la carta, baja la tesitura de ‘acoger o pagar’. Una nueva vuelta de tuerca a un sistema de contribución, obligatoria pero flexible, que ya se ha intentado en otras ocasiones pero que nunca consiguió salir adelante.

Entre los escollos se encuentran países como Polonia y Hungría, que se oponen a todo, al negarse a acoger solicitantes de asilo, a contribuir a la cesta financiera y/o a aportar medios logísticos (uniformes, material de apoyo, helicópteros, drones, etc.), mientras que otros quieren negociar, a la baja, la aportación financiera que les tocaría, sin olvidar el caso de Italia, país central en este asunto que muestra serias dudas al respecto.

Ante este panorama, que no se descarta que pueda conducir al perpetuo bloqueo y acabe dejando la iniciativa en un limbo legal ante la falta de consenso, puede que se produzca el efecto contrario y que, finalmente, desemboque en una especie de efecto no deseado al aumentar el retorno y la repatriación de los ciudadanos no admisibles, tanto a sus países de origen como a terceros que hayan alcanzado acuerdos al respecto con la UE.

El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación, el control de los migrantes en la frontera y el establecimiento de los mecanismos de retorno. Sin embargo, también existe el riesgo cierto de que al final se fomente un enfoque en el que, frente a la acogida, se imponga la visión egocéntrica de la seguridad, lo que contribuiría a favorecer el concepto de Europa como una fortaleza inexpugnable.

“Que veinte años no es nada”. El célebre tango ‘Volver’ de Carlos Gardel ejemplifica perfectamente, entre otros aspectos, la fugacidad del paso del tiempo. Sin embargo, en el caso del mercado único europeo, que cumple este año tres décadas desde su implantación en 1993, este lapso de tiempo ha supuesto una auténtica revolución en la mentalidad de los ciudadanos y en la forma de vivir y hacer negocios en una gran parte del denominado Viejo Continente.

EL MERCADO ÚNICO POSIBILITA QUE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS PUEDAN MOVERSE LIBREMENTE POR EL TERRITORIO COMUNITARIO

La eliminación de obstáculos y barreras marca, sin duda, un antes y un después en la medida en que posibilita que bienes, servicios, capitales y personas puedan moverse libremente por el territorio comunitario. Un espacio común integrado en la actualidad por 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que aglutina a alrededor de 450 millones de ciudadanos con un destacado poder adquisitivo, gracias a un PIB global superior a los 14 billones de euros, al que hay que añadir el acceso parcial del que disfrutan los países que integran el denominado Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La unión hace la fuerza.

Gracias a la libertad de movimientos derivada de la puesta en marcha del mercado único, la Unión Europea se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los mayores bloques comerciales del mundo, junto a los Estados Unidos y a la potencia ascendente que encarna China en el nuevo orden mundial.

EL ESPACIO COMÚN EUROPEO ESTÁ INTEGRADO POR 27 ESTADOS QUE AGLUTINAN A ALREDEDOR DE 450 MILLONES DE CIUDADANOS CON UN DESTACADO PODER ADQUISITIVO

Un reflejo de lo anterior es el imparable aumento del intercambio comercial intracomunitario experimentado en los últimos años hasta superar en 2021 los 3,4 billones de euros, alrededor de un 60% del comercio total conjunto de la UE, frente a una exportación de bienes y servicios entre los diferentes países que lo integran que apenas representaba 671.000 millones de euros en el año de su puesta en marcha.

Los derechos recogidos en el Acta Única Europea de 1986, primero, y en el Tratado de la Unión Europea de 1992, después, representaban la culminación de los históricos anhelos para dotar al conjunto de Estados miembros de un mercado interior que pretendía ser un auténtico espacio libre de barreras, capaz de impulsar el crecimiento económico gracias a la libertad de circulación de capitales, bienes, personas y servicios.

A pesar de que en algunas áreas no existe aún un auténtico mercado único, debido a la existencia de lagunas legislativas u obstáculos administrativos, lo cierto es que el edificio común de libertades intracomunitario funciona y está integrado por lo que tradicionalmente se conoce como las ‘cuatro libertades fundamentales’, conformadas por la libertad de movimiento de mercancías, trabajadores, capitales y, la que fue más complicada de obtener, servicios, debido a la complejidad que conlleva la armonización normativa de cara a su aplicación efectiva en distintos países y, por ende, idiosincrasias.

Asimismo, la consecución de estos pilares se apoya en una serie de políticas comunes previas, como son las relativas a los transportes, la competencia, la agricultura y la pesca y el comercio.

Un entramado normativo que posibilita que no existan aranceles, aduanas o cargas tributarias que graven a las empresas que comercian en la UE. Y todo ello bajo idénticas reglas de juego en forma de normas medioambientales y de seguridad.

Mirando hacia el futuro.

A pesar de la veteranía de esta iniciativa ideada para dotar de la necesaria cohesión y homogeneidad interna a los heterogéneos mercados de los países que conforman y que han ido integrando a lo largo de los años la Unión Europa hasta alcanzar la cifra de 27, el mercado único sigue muy vivo y es objeto de permanente mejora y modernización.

En esta línea de constante actualización, el Parlamento Europeo aprobó en 2022 la Ley de Mercados y Servicios Digitales a fin de crear un entorno más transparente y confiable en relación con los requisitos comunes exigidos en toda la UE a las plataformas que integran este sector de actividad.

EL FUTURO DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO NO ESTÁ EXENTO DE AMENAZAS DEBIDO A LAS DINÁMICAS INTERNAS DERIVADAS DE LA PREFERENCIA POR LOS INTERESES NACIONALES

Asimismo, se han establecido recientemente otras iniciativas bajo este paraguas común para, en este caso, atajar las dificultades que afrontan los usuarios cuando deben reparar sus productos electrónicos y/o disminuir los residuos derivados de su eliminación una vez obsoletos.

Las normas comunes en las que se basa el gran bazar que supone el mercado único pasan por construir una panoplia de requisitos que afectan al desenvolvimiento de la sociedad, el consumo y el medioambiente, entre otras cuestiones. Pero en los que prime la exigencia como la piedra angular en la que pivota la confiabilidad del sistema y, por tanto, su transparencia a la hora de fijar exigentes estándares que puedan llegar a convertirse en referencia de criterio a escala mundial, con la consiguiente ventaja competitiva añadida para las empresas europeas.

Sin embargo, la consecución del mercado único no ha sido precisamente un camino de rosas. Su futuro no está exento de amenazas debido a las dinámicas internas derivadas de la preferencia por los intereses nacionales, expresados por los gobiernos de los distintos países que tratan de sacar ventaja imponiendo sus visiones particulares al marco general de actuación. Asimismo, no hay que olvidar que para cuidar su adecuado funcionamiento es necesario impulsar constantemente la confianza en el mismo, motivando la convicción en las ventajas que derivan de su existencia en términos de progreso social y creación de puestos de trabajo.

En conclusión, el mercado único ha sido y continúa siendo un claro detonante que ha ayudado a convertir a la UE en una potencia económica con voz propia en el tablero internacional, lo que, a la postre, le otorga un mayor peso para negociar ventajosos acuerdos comerciales con el resto del mundo y a ejercer una supremacía efectiva en términos de puesta en marcha de estándares de calidad para los diferentes productos y servicios.

A la vanguardia en la lucha contra delitos financieros

A las evidentes ventajas que supondría ubicar la sede de la AMLA en Madrid habría que sumar, además, un hecho diferencial que suma puntos a favor de la candidatura española: la larga tradición de nuestro país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ello, sin dejar de lado otros aspectos como la legislación avanzada en la materia; la existencia de una potente UIF (el SEPBLAC) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo; o la existencia de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pioneros a nivel internacional.
En este sentido, España fue el primer país que creó, atendiendo a la posibilidad brindada por los instrumentos internacionales, en el año 2005, un Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), concretamente del sector notarial. Este organismo, integrado por especialistas en prevención del blanqueo de capitales, asume ciertas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nombre de los notarios.

Su existencia y el compromiso de los notarios en la materia posibilitan el acceso a las autoridades competentes y sujetos obligados a la primera base de datos centralizada existente en el país con información sobre titulares reales (BDTR) de las personas jurídicas.

Tanto el OCP como la BDTR han sido reconocidos por GAFI como herramientas fundamentales en las altas calificaciones obtenidas por España en la evaluación realizada a su sistema de lucha contra estos delitos.