“Lo que es ilegal offline también debería serlo online”. Con esta contundencia se expresaba el comisario de Mercado Interior Thierry Breton a principios de este año, cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de Declaración sobre los derechos y principios digitales que pretende ser una guía para la transformación digital en la que el conjunto de la Unión se ha embarcado esta década. Europa quiere ser (y está siendo) pionera en la regulación del sector online por diferentes frentes y quiere que cualquiera de estas regulaciones tenga en cuenta los derechos y principios fundamentales que abandera en el resto de ámbitos. Dicho de otra manera: la Unión quiere garantizar la protección de los derechos fundamentales también en el ámbito digital y que este sector respete también los principios europeos. El principal objetivo, dicho en pocas palabras, es que las personas están en el centro de esta transformación. La Comisión Europea espera que esta declaración qualificada de solemne sea firmada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el verano de este 2022.

El acceso a internet tiene que ser seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables

Solo este año, la Unión Europea tiene previsto adoptar leyes digitales de gran calado, como la Directiva de Servicios Digitales o la Directiva de Mercados Digitales, que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. La aprobación de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico -principalmente dominado por grandes empresas americanas- se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

El pasado marzo la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la Directiva de Mercados Digitales y también este año está previsto aprobar la Directiva de Servicios Digitales, dos leyes que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. El impulso de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico principalmente dominado por grandes empresas americanas– se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de
lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger
la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

Las personas en el centro

De aquí que la Comisión Europea, y de hecho también el Parlamento Europeo, así como los líderes y organizaciones de la sociedad civil, consideren necesario establecer cuáles son los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. El difunto presidente de la Eurocámara, David María Sassoli, por ejemplo, ya había promovido en 2018 la idea que el acceso a internet fuera reconocido como un nuevo derecho humano. Pero, ¿cuáles son los derechos que recoge Bruselas? La declaración que propuso la Comisión Europea se articula en seis capítulos: las personas en el centro de la transformación digital; la solidaridad e inclusión; la libertad de elección; la participación en el espacio público digital; la seguridad, la protección y el empoderamiento; y la sostenibilidad.

Cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación deben respetarse también en internet

Dentro de estos capítulos, Bruselas propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar “proteger los derechos de las personas” y “sustentar la democracia”. Pero también garantizar que los europeos tengan acceso asequible y rápido a la Red. Este acceso, a su vez, debe ser seguro; seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables. La privacidad de los datos o la transparencia de los algoritmos y el derecho a tener servicios públicos digitales, como una identidad digital accesible y fiable, también están contemplados en esta declaración.

Según datos de la misma Comisión, cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que sus derechos, como la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación, deben respetarse también en la Red. Además, en 2019 la mitad de los usuarios de internet de la UE aseguró que limitaba sus actividades en línea debido a sus preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El derecho a la desconexión

Un ejemplo tangible de lo que implica esta declaración es, por ejemplo, el llamado derecho a la desconexión, que debe garantizar que los trabajadores puedan desconectar de su trabajo en línea al concluir su jornada laboral. El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2021 una resolución pidiendo a la Comisión que regule este derecho. Países como Bélgica ya lo contemplan en sus renovadas legislaciones laborales y, por lo tanto, ya se está teniendo como un derecho laboral más después de una pandemia que disparó el teletrabajo. En otros casos, sus efectos prácticos todavía están por ver o simplemente no se ha traducido todavía en legislación. El control o el libre acceso de los datos y que las Administraciones Públicas sean accesibles también en el ámbito digital son otros ejemplos contemplados en este texto. Pero hay otros muchos aspectos que deben verse incluidos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o, por ejemplo, los derechos del consumidor a tener más información sobre sus productos digitales, su huella medioambiental o su posibilidad de reparación.

Bruselas quiere garantizar que todas las actividades que son consideradas ilegales en el mundo offline también lo son en la red

No es gratuito que la transformación digital sea uno de los vectores regentes de cualquiera de las políticas que llegan a las capitales marcadas desde Bruselas. Y es que este es un pilar fundamental de la hoja de ruta que la Comisión liderada por Ursula Von der Leyen, cosa que se ha traducido no solo en la agenda legislativa del ejecutivo bruselense, sino también, por ejemplo, en los criterios fijados para la obtención de los fondos de recuperación articulados como respuesta a la pandemia del coronavirus. El 40% de las inversiones y proyectos previstos por cada gobierno europeo deben consagrarse a la transformación digital. Todo este dinero, proyectos y nuevas formas de negocio o de generar actividad económica implican una intensificación de la vida online de la ciudadanía europea que, a ojos de Bruselas, no tiene por qué perder ningún tipo de protección fundamental respeto a la vida que mantiene offline.