El sistema notarial de colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los notarios, que se desarrolla mediante su Órgano Centralizado de Prevención (OCP), ha cumplido 15 años.

Tras esta década y media podemos asegurar que los notarios son unos aliados imprescindibles del Estado en la lucha contra esta lacra delictiva.

Desde el 1 de enero de 2006 hasta 31 de marzo de 2021, el OCP ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, el SEPBLAC, 7.313 operaciones sospechosas. El 80% de ellas han conducido a prevenir o descubrir delitos.

A través de esas comunicaciones se ha alertado de delitos tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, financiación del terrorismo, corrupción pública, y delito fiscal o estafas, por citar alguno de ellos.

Pieza clave

Las principales operaciones mediante las cuales se ha pretendido lavar dinero o financiar terrorismo han sido la compraventa de inmuebles, la compraventa de acciones y participaciones, el nombramiento de cargos que sirvan como testaferros, la constitución de sociedades, y determinados actos societarios, como ampliaciones de capital y poderes.

La colaboración del OCP ha sido tan estrecha en este período que se han contestado 237.390 requerimientos de información de las autoridades competentes, policiales o judiciales, de modo telemático y en plazos mínimos de tiempo.

El mismo SEPBLAC desde 2008 considera que los notarios son pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esa colaboración no solo se ha fraguado con el SEPBLAC, sino también con otras autoridades competentes en esta materia mediante convenios de colaboración como los alcanzados con Fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de Delitos Financieros, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el Organismo de Recuperación y Gestión de Activos o la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por citar solo una serie de ejemplos, o con instituciones internacionales como INTERPOL, EUROPOL o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Por ello, hoy día, no existe investigación patrimonial vinculada a estos delitos en la que de una u otra forma no colabore el Órgano Centralizado de Prevención de los notarios, demostrando que el Notariado es un aliado esencial en la lucha contra el blanqueo y otros graves delitos.

Fuentes de información

El OCP se creó mediante una Orden de Economía y Hacienda de septiembre de 2005 y comenzó su andadura el 1 de enero de 2006, para canalizar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Está integrado por expertos en esta materia y se nutre de dos fuentes principales: las sospechas que le comunican los propios notarios y la búsqueda de información en el Índice Único Notarial.

Este índice es una base de datos (la segunda del país) donde se almacenan desde el 1 de enero de 2004 los datos estructurados de más de 135 millones de documentos, referidos a más de 41 millones de personas físicas y a más de 3,5 millones de personas jurídicas (desde una sociedad a una fundación, pasando por un partido político, sindicato, etc,); de ahí que cobre máximo sentido el carácter de aliado esencial de los notarios en este ámbito, ya que se dispone de esa información gracias a ellos.

Sobre esta enorme base de datos se ha abordado el trabajo con herramientas del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) de análisis de redes sociales y ‘Big Data’.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla. Esta labor se realiza siempre con respeto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad.

Que los notarios hayan desarrollado esa gran base de datos ha permitido confeccionar dos herramientas esenciales: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas Políticamente Expuestas (BDPPE).

La BDTR se creó en 2012 y en ella consta la titularidad real, esto es, la identificación de las personas que toman verdaderamente las decisiones en una empresa, fundación o asociación, sea del tipo que sea. Esa información no se basa en meras manifestaciones recogidas en documentos privados, sino que procede de documentos públicos, por lo que permite a policías, jueces o fiscales, conocer indubitadamente quién es o era el titular real de una sociedad en una fecha determinada.

En esta base hay datos acreditados de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

Acuerdos de colaboración

Y no solo sirven al OCP o a las autoridades: hasta la fecha se han suscrito 82 convenios para que otros sujetos obligados puedan cumplir sus deberes de identificación del titular real mediante esta base de datos. Por último, desde su creación jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) nos han solicitado más de 3.500.000 informaciones sobre titulares reales.

La otra Base de Datos es la de Personas Políticamente Expuestas, creada en 2018. Es la única base de datos donde constan identificados con nombre, apellidos y DNI, 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación y 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil). Esta información se utiliza diariamente por jueces, fiscales y policía.

Todo este caudal de información no sería posible sin la estrecha colaboración de los notarios, lo que acredita su carácter de elemento central en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De ahí que el sistema preventivo notarial sea valorado de manera muy positiva por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que esté siendo utilizado como modelo por otros países de la Unión Europea y de fuera de ésta.

De hecho, el Consejo de la Unión Europea ha elogiado el modelo de prevención del blanqueo de capitales del Notariado español, señalándolo como un ejemplo a imitar, mientras que el GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real, es gracias a la Base de Datos de Titularidad Real de los notarios.