ÁMBITO EUROPEO
Una ley en defensa de la libertad de expresión
La entrada en vigor en diciembre de 2019 de la Directiva para reforzar la protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión Europea (UE)[1] supone un hito sin precedentes en la defensa de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en Europa.
¿Por qué?
Desde el punto de vista jurídico, en el momento de su adopción, solo diez Estados miembros de la UE garantizaban la plena protección de los denunciantes de irregularidades. En los demás países, la protección concedida era parcial y se aplicaba únicamente a determinados sectores o categorías de trabajadores. La Directiva supone, por tanto, una mejora significativa en el nivel de protección de los denunciantes y acerca a los Estados miembros hacia un marco legal avanzado, elevando el listón en todos los gobiernos de la UE.
Desde el punto de vista de los valores y derechos fundamentales -que son la base sobre la que se sustenta el proyecto de la UE- la protección de los denunciantes es esencial para preservar el Estado de Derecho y la democracia en Europa.
Recientes escándalos como los provocados por las revelaciones del Dieselgate, LuxLeaks, los papeles de Panamá o Cambridge Analytica, ponen de manifiesto que los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos. Así pues, si les protegemos mejor, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público, tales como el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto sobre sociedades o daños a la salud y el medio ambiente.
Los denunciantes de irregularidades pueden ayudar a detectar, investigar y sancionar los abusos de la legislación de la UE. También tienen una importante función a la hora de facilitar que los periodistas y la prensa desempeñen su papel fundamental en las democracias europeas. Por ello, necesitan la protección adecuada contra la intimidación o las represalias. Los ciudadanos que revelen actividades ilegales no deben ser castigados por su actuación.
Habiendo tenido la suerte y el privilegio de estar implicado en la supervisión de la elaboración de la propuesta legislativa durante mi periodo en la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, puedo confirmar el colosal reto legal que supuso poner sobre la mesa una ley europea de carácter horizontal que garantizara una protección prácticamente integral para el denunciante en un amplio número de sectores: contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo… y así hasta diez grandes rúbricas en las que se subsumen la casi totalidad de casuísticas a las que un potencial denunciante puede llegar a enfrentarse en caso de detectar una infracción legal.
«Los denunciantes de irregularidades desempeñan un importante papel a la hora de sacar a la luz actos ilegales que dañan el bienestar de la sociedad»
Para ello, la Comisión se basó en numerosas disposiciones diferentes del Tratado de la Unión Europea, garantizando que no se crearan lagunas legales, y asegurando el respeto de las competencias nacionales. Todas las áreas cubiertas por la Directiva están relacionadas con una infracción o abuso de la legislación de la UE. Del mismo modo, y con la misma vocación de protección integral, la Directiva tiene un amplio alcance en términos de quién puede ser denunciante: aquellos que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.
El éxito de esta Directiva dependerá, en última instancia, de su correcta transposición en los Estados miembros a su legislación nacional (prevista en diciembre de 2021). La Comisión Europea alienta a los Estados miembros a superar estas normas mínimas y a establecer normativas exhaustivas basadas en los mismos principios en materia de protección de los denunciantes de irregularidades.
A pesar del gran paso al frente que supone la Directiva en la protección de los denunciantes, la situación de los periodistas en algunos países sigue siendo motivo de gran preocupación. En los últimos años asistimos con horror al asesinato de Daphne Galizia en Malta y Jàn Kuciak en Eslovaquia, periodistas que destaparon delitos de corrupción en sus respectivos países. Unos hechos que sin duda calaron hondo en Europa, donde las amenazas y la intimidación no tienen cabida, y facilitaron la rápida adopción de la Directiva a pesar de su gran complejidad técnica.
La Comisión Europea está realizando un mapeo de las posibles situaciones de abuso de litigio contra periodistas para determinar el mejor camino a seguir. El Plan de Acción para la Democracia Europea, que se adoptará a finales de este año, también incluirá sugerencias sobre cómo abordar las llamadas ‘SLAPP’ (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Las SLAPP son demandas entabladas con la intención de silenciar o intimidar actos de participación pública, como informar sobre cuestiones de interés público o el activismo, no con la intención de ganar u obtener justicia. Las SLAPP son una amenaza no solo para nuestro derecho a la libertad de expresión, sino también para nuestras democracias. Los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil deben utilizar su experiencia y tiempo para ser los guardianes de nuestras democracias, no para luchar contra litigios abusivos. El apoyo de los Estados miembros será crucial en este esfuerzo, porque a nivel europeo las competencias para actuar en este área son limitadas.
Para concluir, me gustaría insistir en el hecho de que la democracia, los derechos fundamentales y la defensa del estado de derecho son y seguirán siendo prioritarios para la Comisión Europea. El recién publicado informe anual sobre el estado de derecho en la Unión Europea realiza un análisis exhaustivo de la situación de todos los Estados miembros, incluyendo cuestiones relevantes para el tema que nos ocupa como la libertad de expresión y la libertad de los medios. Un documento que sirve de guía a la Comisión en sus actuaciones en éste ámbito y una herramienta clave para todos los interesados en asuntos de justicia en Europa.
[1]DIRECTIVA (UE) 2019/1937 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
A law in defence of freedom of expression
The entry into force in December 2019 of the Directive to strengthen whistleblower protection across the European Union (EU)[1] marks an unprecedented milestone in the defence of freedom of expression and the media in Europe.
Why?
From a legal standpoint, at the time of its adoption only 10 EU Member States ensured that whistleblowers were fully protected. In the remaining countries, the protection granted was partial and only applied to specific sectors or categories of workers. The Directive therefore represents a significant improvement in the level of protection and brings the Member States closer to an advanced legal framework, raising the bar across all EU governments.
From the point of view of fundamental values and rights —the cornerstone of the EU project— whistleblower protection is essential to preserving the rule of law and democracy in Europe.
Recent scandals such as Dieselgate, LuxLeaks, the Panama Papers and the Cambridge Analytica revelations show that whistleblowers can play an important role in uncovering unlawful activities that damage the welfare of European society and citizens. So by better protecting them we can better detect and prevent harm to the public interest such as fraud, corruption, corporate tax avoidance and damage to health and the environment.
Whistleblowers can help to detect, investigate and sanction abuses of EU law. They also play an important role in enabling journalists and the press to play their fundamental role in European democracies. That is why they need proper protection against intimidation and retaliation. Citizens who uncover illegal activities should not be punished as a consequence of their action.
Having had the fortune and privilege of being involved in supervising the drafting of the legislative proposal during my time at the European Commission’s Directorate-General for Justice, I can confirm the colossal legal challenge involved with tabling a European-wide law that would guarantee nigh-on comprehensive protection for blowing the whistle across a wide number of sectors: public procurement; financial services, products and markets; money laundering and terrorist financing, etc. All up, 10 large areas covering almost all the cases potential whistleblowers could face if they detect a legal breach.
To do so, the Commission drew on many different provisions of the Treaty on European Union, ensuring no legal loopholes were created and guaranteeing respect for national competences. All the areas covered by the Directive relate to a breach or abuse of EU law. Similarly, and with the same vocation of wholesale protection, the Directive has a broad scope in terms of who can be a whistleblower: people who work in the private or public sector and who have obtained information on breaches in a work context.
The Directive’s success will ultimately depend on Member States correctly transposing it into their national laws (expected in December 2021). The European Commission encourages Member States to punch above these minimum standards and establish comprehensive regulations based on the same principles for the protection of whistleblowers.
«Whistleblowers play an important role in uncovering unlawful activities that harm the welfare of society»
Despite the big step forward the Directive entails in protecting whistleblowers, the situation of journalists in some countries remains a matter of great concern. In recent years we have witnessed with horror the murders of Daphne Caruana Galizia in Malta and Ján Kuciak in Slovakia, journalists who uncovered corruption offences in their respective countries. Their deaths evidently struck a deep chord in Europe, where there is no place for threats or intimidation, and powered the swift adoption of the Directive despite its great technical complexity.
The European Commission is mapping potential cases of vexatious litigation against journalists to determine the best way forward. The European Democracy Action Plan, to be adopted later this year, will also include suggestions on how to tackle Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). SLAPPs are filed with the intention of silencing or intimidating acts of public participation, such as reporting on matters of public interest or activism, not with the intention of winning or obtaining justice. They are a threat not only to our right to freedom of expression but also our democracies. Journalists and civil society organisations should leverage their expertise and time to be the guardians of our democracies, not to fight vexatious litigation. Member States’ support will be crucial to this effort since powers to act in this area are limited at the European level.
In conclusion, I would like to emphasise the fact that democracy, fundamental rights and the defence of the rule of law are and will remain a priority for the European Commission. The recently published annual report on the rule of law in the European Union features a comprehensive analysis of the situation of all Member States, including issues relevant to the matter at hand such as freedom of expression and freedom of the media. The document can guide the Commission in its actions in this area and is a key tool for all parties involved in justice matters in Europe.
[1]DIRECTIVE (EU) 2019/1937 of the EUROPEAN PARLIAMENT and of the COUNCIL of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law.
