Una puerta de entrada a la sede electrónica notarial

EDITORIAL

Una puerta de entrada a la

sede electrónica notarial

Podríamos decir que con el Portal Notarial del Ciudadano los notarios han dado el salto a internet, pero no sería cierto porque llevan más de 20 años operando en la Red, aunque siempre en espacios privados y seguros.

Para el Notariado, la puesta en marcha de este Portal supone abrir su sede electrónica a ciudadanos y empresas, ampliando a toda la sociedad la conexión que existe desde 2002 entre las más de 2.800 notarías y numerosos organismos públicos.

Gracias a este Portal, particulares y empresas pueden elegir al notario que quieran para realizar diversas gestiones y servicios, con la misma seguridad y garantías que en las notarías, pero con la agilidad propia de las operaciones digitales.

También pueden saber qué notarios custodian los originales de sus escrituras y pedirles que les “suban” las copias electrónicas, de forma que siempre las tengan a mano.

De igual manera, pueden designar al notario que prefieran que formalice su préstamo hipotecario y que se encargue de supervisar la documentación que les ha entregado la entidad financiera, o iniciar con él la preparación de un testamento, o pedirle que realice en su nombre los trámites necesarios para constituir una sociedad. Incluso pueden llegar a recibir asesoramiento del notario por videoconferencia y dentro de la sede notarial, siempre que sea necesario.  

Una ayuda a los más vulnerables. El Portal Notarial del Ciudadano se abrió a la sociedad hace un año, en un momento de vital importancia para las personas vulnerables. De hecho, se realizó un gran esfuerzo por acelerar su puesta en marcha para ayudar en la tramitación, por ejemplo, de las moratorias hipotecarias que muchas personas tuvieron que solicitar a causa de la pandemia provocada por el coronavirus. Hasta la fecha tiene registrados a más de 93.000 usuarios.

Su existencia amplía y facilita el asesoramiento del notario, lo que cobra especial relieve con las personas más vulnerables, al permitir a los notarios ofrecerles mantener videoconferencias previas al otorgamiento de cualquier documento notarial, ahorrándoles desplazamientos.

En realidad, el Portal Notarial del Ciudadano supone abrir a la sociedad el potencial tecnológico del que disponen los notarios desde hace 20 años.

De hecho, la existencia de la sede electrónica notarial permitió, sólo en 2020, el envío de 8 millones de copias electrónicas de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones a los registros y al catastro, y cientos de miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos, que supusieron un volumen de firmas notariales superior a los 20 millones.

Ampliable a más servicios. “Estos servicios online son solo el principio de todos los que podremos ir añadiendo al Portal, a expensas de que se aborden las reformas legislativas necesarias para ello” ha explicado el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz. “El Portal es una apuesta decidida de los notarios por ofrecer nuevas facilidades y prestaciones digitales a ciudadanos y empresas, con la seguridad y garantías propias de nuestra función”, ha asegurado.

En 2001 la Ley estableció la integración del notario en la prestación de servicios digitales, pero lo hizo con cautelas que hoy podrían superarse. En virtud de esta normativa, aún vigente, los notarios pueden prestar servicios digitales a las Administraciones Públicas y expedir copias autorizadas -a las que se reconocen todos los efectos legales de la escritura pública- para ese sector. Pero para los ciudadanos solamente se permite emitir copias electrónicas simples, que tiene unos efectos jurídicos limitados. Esto, que era lógico desde el punto de vista de la ley del año 2001, no lo es 20 años después.

Y en cuanto a otras cuestiones, como por ejemplo el otorgamiento del documento público notarial, en estos momentos tiene que seguir siendo siempre presencial. Sin embargo, en determinados casos este proceso podría ser electrónico, ya que los notarios pueden garantizar su seguridad gracias al uso de la firma electrónica cualificada y de la videoconferencia en la sede electrónica notarial.

Esta tecnología, pionera entre los notariados de la UE, está plenamente desarrollada y probada y podría aplicarse de forma inmediata a la transposición a la legislación española de la directiva europea que permite la constitución de sociedades íntegramente por vía online.

Con proyección futura. El Notariado tendrá que seguir avanzando tanto en su digitalización como en darlo a conocer, porque siendo una realidad el ciudadano aún le percibe conectado con el papel.

Cuando uno piensa en el notario el estereotipo es un señor mayor con una pluma en la mano. Sin embargo, los notarios son digitales desde el año 2002, y ese gran desarrollo tecnológico está a disposición de la sociedad, sin coste para el erario público.

Esta realidad ampliamente conocida por la Administración Pública, no lo es por los ciudadanos, que son la razón de ser de la función pública notarial. Es a ellos y a las empresas a los que los notarios prestan sus servicios; son los que les requieren y los que realmente dan sentido a su día a día.

El Portal Notarial del Ciudadano abre una puerta a la digitalización de muchos de los servicios notariales y pone sobre la mesa el debate. Es sorprendente como en Iberoamérica, por ejemplo en Argentina o Colombia, la copia autorizada del documento notarial puede entregarse a los ciudadanos, indistintamente, en papel o digital, y en España no. Tampoco tiene mucho sentido que para determinadas tareas, o para determinadas actividades, sea obligatorio el desplazamiento físico de las personas a las notarías.

Avanzar en este terreno será el siguiente reto, para, a medio plazo, extender esta tecnología en el ámbito de la Unión Europea y de Iberoamérica; algo que está liderando el Notariado español.

Mayor transparencia y seguridad jurídica de los préstamos hipotecarios

EDITORIAL

Mayor transparencia

y seguridad jurídica

de los préstamos hipotecarios

Tras dos años de andadura de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) el Notariado hace un balance positivo de su aplicación, al haber aumentado la transparencia y la seguridad jurídica de los préstamos hipotecarios.

La sensación generalizada de los notarios es que los futuros prestatarios salen satisfechos de las reuniones a solas con ellos, tras recibir toda la información y explicaciones necesarias para comprender una operación de gran complejidad, como es el préstamo hipotecario”.

Protección del consumidor
Esta ley entró en vigor el 16 de junio de 2019 con el objetivo, entre otros, de reforzar la protección del consumidor y la seguridad jurídica de la fase precontractual del préstamo hipotecario.

En ella se garantiza el derecho del consumidor a elegir el notario que prefiera y a reunirse con él a solas para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello.

Según la experiencia notarial, en estos dos años la nueva normativa ha facilitado la elección del notario por los clientes de las entidades financieras; un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que tienen que transcurrir como mínimo 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

La experiencia muestra que estos encuentros a solas con el notario se producen, de media, entre 7 y 3 días antes de la autorización y firma del préstamo.

El notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario. En primer lugar, interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública de préstamo hipotecario. El segundo momento en el que interviene es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario.

En la primera fase, de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al consumidor toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la que debe ser en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad financiera a fin de que el consumidor le confirme que efectivamente la recibió.

Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Con la actuación en la fase precontractual del préstamo, los notarios contribuyen a su transparencia en beneficio de ambas partes y garantizando su seguridad jurídica.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario.

Actas de transparencia
Entre junio de 2019 y abril de 2021 los notarios han autorizado 677.596 actas de transparencia, frente a los 606.498 préstamos hipotecarios, incluidas novaciones, subrogaciones y ampliaciones de hipoteca.

En estas actas, que son gratuitas, los notarios verifican que la entidad financiera ha entregado al consumidor toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la que debe ser en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual; de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes; y de que el consumidor haya superado un test de comprensión.


Tras dos años de andadura de la Ley reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario (LCCI) el Notariado hace un balance positivo de su aplicación


El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Que el número de actas de transparencia haya sido mayor que el número de préstamos hipotecarios puede deberse a varias razones. Puede haber ocurrido que el notario autorice un acta positiva pero finalmente no llegue a formalizarse el préstamo hipotecario; o que la oferta vinculante de la entidad bancaria (FEIN) haya caducado, al posponerse la formalización de la operación (por enfermedad, viaje inesperado, accidente, problemas con la documentación de la parte vendedora, negociaciones de última hora entre las partes vendedora y compradora, etc.). También puede haber ocurrido que el acta notarial fuera negativa, lo que podría deberse, por ejemplo, a que el consumidor considerase que la oferta no reflejaba exactamente lo negociado con la entidad y acudiera a la misma para aclarar estas diferencias, con lo que habrá habido una nueva oferta de préstamo y por tanto se habrá autorizado una nueva acta que sí podrá ser positiva.

Principales consultas
Algunas de las consultas más comunes que los consumidores suelen hacer a los notarios son, por ejemplo, si hay comisión en caso de realizar reembolsos anticipados, o qué ocurre con los seguros contratados en caso de amortización anticipada total del préstamo. También les preguntan si es obligatorio contratar seguros u otros productos para obtener el préstamo o qué consecuencias se producen en caso de retraso o incumplimiento. Los notarios les recuerdan que si no quieren seguir teniendo el seguro contratado tienen derecho a obtener la devolución de la parte proporcional de prima que ya hubieran pagado. También y en relación con el pago de las cuotas, que les puede llegar sin previo aviso un requerimiento de la entidad financiera con una comisión por reclamación de cuotas impagadas (no aplicable por el mero hecho del impago, pero sí para compensar gastos en los que incurre la entidad para gestionar el cobro de la cantidad retrasada).

Habrá que esperar a que pase algo más de tiempo para que los datos y la experiencia confirmen las mejoras que esta ley ha introducido en el mercado hipotecario. Lo que sin duda puede afirmarse tras dos años de su aplicación es que las personas que contratan una hipoteca reciben hoy una información más completa y transparente, que les permite comparar escenarios y prever situaciones futuras. En el proceso cuentan, además, con más tiempo de reflexión y con la ayuda de los notarios, que ejercen una importante labor de control y asesoría, propia de su función como garantes de la legalidad y de la seguridad jurídica preventiva.

Bienvenida Ms. Von der Leyen

ENTRE MAGNITUDES

Bienvenida, Ms. Von der Leyen

La Unión estuvo, por fin, a la altura de las circunstancias de Europa. El programa de recuperación conocido como Next Generation EU (NGEU) es una potente bazuca dotada de un calibre financiero por un importe total de 750.000 millones de euros, repartidos entre los 390.000 millones para ayudas no reembolsables y los restantes 360.000 millones disponibles para préstamos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

FERNANDO GEIJO

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ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.

Ojo al dato

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidencia del Gobierno, Gobierno de España. Madrid, octubre de 2020.

Plan de Recuperación para Europa. Next Generation EU. Comisión Europea.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Comisión Europea.

Instrumento REACT-EU para la reconversión verde y digital de la economía. Comisión Europea.

Las claves de la transformación son la economía sostenible y la digitalización empresarial
Los ‘peros’ de Bruselas

Previamente al lanzamiento de una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano para obtener los fondos comunitarios, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene que obtener el visto bueno europeo, para lo que debe cumplir con una serie de exigencias, como son:

  • Potenciar la cohesión territorial, económica y social.
  • Atenuar el impacto de la crisis tanto en el ámbito financiero como en el plano humano.
  • Dejar una huella recurrente y constatable en la economía y sociedad del país.
  • Favorecer, de forma tangible y eficaz, los vectores relacionados con la creación de puestos de trabajo, el fomento del potencial crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía y la sociedad a la actual crisis.
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Un plan para diez políticas
EL PLAN NACIONAL de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende hacer palanca en la economía y la sociedad españolas mediante su implementación a través de diez políticas tractoras:
  • La Agenda urbana y rural, a la que se dedicará el 16% de los recursos, con el objetivo de luchar contra la despoblación en el ámbito rural y el desarrollo de la agricultura.
  • Los planes de Conservación y Restauración de Ecosistemas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, a los que se destinará el 12% del presupuesto.
  • La Transformación energética, con el 9% de los fondos, de cara a posicionar a España como líder de la renovación energética.
  • El 5% de los recursos irá a parar a la reforma de la Administración Pública, mediante el impulso a la Modernización del Sistema de Justicia.
  • El 17% de los fondos se reserva para el apoyo a la digitalización de las empresas.
  • El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud contarán, por su parte, con una partida específica del 17% del presupuesto.
  • La séptima política contará con el 18% de los recursos financieros con el objetivo de apuntalar el sistema educativo y el ecosistema del conocimiento.
  • La Nueva economía de los ciudadanos y las políticas activas de empleo ocupan la octava posición, lo que implica reservar el 6% de los recursos al refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia.
  • El 1,1% de los fondos servirá para sufragar el Desarrollo de la cultura y del deporte.
  • Finalmente, se abordará la Modernización del sistema fiscal con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno

«Cada vez más jóvenes acuden al notario», por Ubaldo Nieto Carol

EN SOCIEDAD

 
UBALDO NIETO CAROL

notario, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Católica de Valencia

@UbaldoNietoCaro

Cada vez más jóvenes acuden al notario

 

HASTA NO HACE mucho tiempo, el primer contacto de los jóvenes con el notario solía ser en el otorgamiento de capitulaciones previas al matrimonio y, tras cierto tiempo, la compraventa de la vivienda, casi siempre acompañada de un préstamo hipotecario. Hoy, como es sabido, las capitulaciones pueden ir seguidas de la escritura de celebración de matrimonio, por lo que un acto de gran trascendencia para la vida de cualquier persona pasa también por la intervención notarial. Y como alternativa al matrimonio, está la constitución de una unión de hecho que para su inscripción en un registro administrativo exige escritura pública.

Luego, si las cosas salen mal, vienen las separaciones o divorcios de mutuo acuerdo, también autorizados por notario siempre que no haya menores no emancipados ni hijos con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores; o las disoluciones de las uniones de hecho. Y al igual que comparecieron para la compraventa, lo hacen para la extinción del proindiviso.

Pero las circunstancias sociales hacen que ese primer contacto se vaya produciendo a una menor edad. Vamos a obviar la presencia de los hijos en el otorgamiento del testamento por sus padres, cada vez más frecuente, especialmente en aquellos supuestos de conflicto familiar como es el caso del testamento del separado o divorciado en el que se excluye de la administración de la herencia del testador al otro progenitor del menor. Y lo hace con el propio menor presente.

En la adolescencia, hay otras comparecencias ante notario que si bien no son frecuentes tampoco empiezan a ser tan excepcionales. La primera, junto con sus padres, para aceptar la emancipación a los 16 años, lo que le permite regirse como un mayor de edad aunque con alguna restricción. También para consentir que sus padres vendan bienes inmuebles del menor cuando es mayor de 16 años (así no hay que recabar autorización judicial). Otra es el testamento del propio menor con al menos 14 años por tener un cierto patrimonio, generalmente adquirido por herencia, y especialmente en situaciones de crisis familiar (separación o divorcio de los padres o abandono del hogar por alguno de ellos). Y tampoco hay que olvidar en estos testamentos lo que podríamos llamar “activos digitales”, mucho más comunes entre los adolescentes y jóvenes que entre los adultos (archivos en la nube con todo tipo de información, fotografías, colecciones de música y listas de reproducción, cuentas en redes sociales y de correo electrónico). De ahí la importancia de designar a este respecto un “albacea digital” para ocuparse de esta “huella digital” (eliminar, convertir, descargar y administrar cuentas y perfiles).

Con la mayoría de edad y al comenzar los estudios universitarios (o posteriormente los de máster) son cada vez más frecuentes los préstamos bancarios para financiarlos (es bueno que los hijos sepan lo que cuestan las cosas). Y si los estudios se realizan fuera de su domicilio habitual y se requiere arrendar una vivienda, no es infrecuente que vengan a firmar un contrato de contragarantía por el aval bancario prestado al arrendador; en uno y otro caso, como es lógico, los contratos incluyen el afianzamiento de sus padres. Y cuando salen de España para estudiar en otro país vienen a la notaría para el otorgamiento de un poder general a favor de sus padres.

Fruto de la cada vez más pronta incorporación de los jóvenes a la vida empresarial, es muy frecuente la presencia de jóvenes en la constitución de sociedades mercantiles (habitualmente sociedades limitadas). Luego, iniciado este camino, cuando la empresa crece, ya llega el resto de operaciones societarias como es el cambio de domicilio o la ampliación del objeto social, las ampliaciones de capital, el cese y nombramiento de administradores y la financiación bancaria a través de préstamos, aperturas de crédito, líneas de descuento…

En fin, esta mayor presencia de jóvenes en las notarías coincide con su “maduración personal” y su más pronta incorporación a la vida social y económica.

No dejar ni una empresa atrás

ENTRE MAGNITUDES

No dejar ni una empresa atrás

A fin de evitar que colapsara el crédito a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, el Gobierno lanzó en su día un ambicioso plan de ayudas por un importe de 100.000 millones de euros para que bancos y compañías pudiesen disponer de financiación en forma de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la llegada de la segunda ola del Covid-19 ha trastocado las optimistas previsiones de duración de la crisis y, por ende, ha alejado el escenario de recuperación de rebote rápido en forma de V, por lo que se antoja necesario adaptar las ayudas al nuevo horizonte de creciente incertidumbre. para tratar de salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Ante este panorama, el Gobierno ha sido sensible al clamor empresarial y ha tomado la decisión de flexibilizar el plazo de devolución de estos préstamos.

FERNANDO GEIJO

[email protected]
@fergeijo
Facebook:  Fernando Geijo

LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye la relación de medidas de ayuda a disposición de las empresas, incluyendo la financiación del ICO.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, dotada con hasta 100.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Inversión Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, dotada con hasta 40.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Arrendamiento Covid-19, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dotada con hasta 1.200 millones de euros.

Guía para la solicitud de líneas de avales y préstamos ICO, publicada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Extender plazos de amortización e incluir quitas de deuda, entre las medidas propuestas de flexibilización
Cuando menos, es más
LA respuesta fiscal a la pandemia en las cinco mayores economías europeas refleja que España ha sido el país que menos líneas de avales garantizados ha puesto a disposición de su tejido productivo, 200.000 millones de euros, frente a los 750.000 millones de euros destinados en Alemania, y los entre 400.000 y 300.000 millones de euros que aportaron en Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, tras analizar el grado de ejecución de estos, España lidera el ranking al lograr comprometer un 46% de las ayudas, frente a un 5% de Alemania, pasando por un 36% en Francia, un 18% en Reino Unido y un 17% en Italia. Entre los motivos apuntados desde el FMI, capacidades burocráticas y restricciones aparte, estaría la propia demanda realizada por las empresas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espada de Damocles hostelera

CIENTOS de profesionales de la hostelería se manifestaron en septiembre pasado en Madrid para exigir medidas de apoyo bajo el lema #salvemoslahostelería, para lo que el sector, que emplea a 1,7 millones de personas y supone el 6,2% del PIB español, demanda:

  • La flexibilización de los créditos ICO.
  • La ampliación de los ERTEs.
  • Actuaciones efectivas de apoyo al empleo.
  • La aplicación de una rebaja temporal del IVA.
  • La aprobación de una renta variable para el alquiler de locales comerciales.

Fuentes: Confederación Empresarial de Hostelería de España y Asociación Empresarial de Marcas de Restauración.