En medio de la devastación que dejó la DANA en Valencia, se hace evidente la necesidad urgente de transformar nuestro modo de actuar ante las emergencias. La catástrofe reveló que las estructuras tradicionales, que durante tanto tiempo han ignorado las necesidades de las personas con discapacidad, resultan insuficientes para garantizar la seguridad, la dignidad y la autonomía de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, se impone la creación de un Plan de Emergencias Inclusivo que replantee la forma en que concebimos la protección ciudadana, impulsando un cambio estructural que, basado en la participación activa y el reconocimiento de la diversidad, convierta la tragedia en un motor para la justicia social y la renovación de nuestros espacios.

Historia de María. María, una residente de Valencia con discapacidad visual, relata cómo la falta de alertas accesibles durante la DANA la dejó desorientada y en peligro. «No podía entender las instrucciones de evacuación porque no había alertas auditivas ni mensajes de texto», explica. Su experiencia subraya la urgencia de un plan inclusivo. La historia de María no es un caso aislado; muchas personas con discapacidad han enfrentado barreras similares durante esta emergencia, lo que pone de manifiesto la necesidad de un cambio sistémico.

En este contexto, la DANA de Valencia no solo representa un episodio de desastre natural, sino también una oportunidad para derribar barreras históricas y construir una sociedad más resiliente, solidaria y humana. El CERMI CV, en su rol proactivo en la gestión política, ya ha elaborado un Plan de Emergencias Inclusivo para Personas Con Discapacidad, anticipándose a las necesidades y desafíos que enfrentan estos colectivos durante las crisis. Este plan no solo busca paliar los efectos inmediatos de una emergencia, sino también construir un futuro donde la inclusión sea la norma y no la excepción.

Desde la emergencia se evidencia que las respuestas improvisadas y la falta de planificación inclusiva se traducen en consecuencias nefastas para aquellos que históricamente han sido relegados a un segundo plano. Es imprescindible que tanto las instituciones públicas como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado unan esfuerzos para diseñar y ejecutar estrategias que contemplen cada necesidad particular. La experiencia vivida durante la DANA demuestra que, en ausencia de medidas adaptadas, la evacuación, el acceso a los servicios de emergencia y la comunicación, se convierten en retos insuperables, generando un escenario de caos que exacerba las desigualdades y pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, especialmente de aquellas con discapacidad. Estas personas no deben ser vistas como meros receptores pasivos de asistencia, sino como actores fundamentales en la construcción de soluciones innovadoras y eficaces que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura de prevención y solidaridad.

La planificación inclusiva implica, además, un cambio de paradigma que reconozca la diversidad como fortaleza y que desmantele las estructuras que históricamente han marginado a ciertos colectivos. Es necesario incorporar a las personas con discapacidad en todas las fases de la gestión de emergencias, desde la elaboración de protocolos y la formación de equipos de respuesta hasta la evaluación de las estrategias implementadas. Esto no solo garantiza que las medidas adoptadas respondan a sus necesidades específicas, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones con perspectivas valiosas que solo la experiencia vivida puede aportar. Esta integración permite transformar el miedo y la incertidumbre en resiliencia y capacidad de adaptación ante futuros desafíos.

ES FUNDAMENTAL COMPRENDER QUE LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA DEBE ENTENDERSE COMO UN PROCESO INTEGRAL QUE VA MÁS ALLÁ DE LA REPARACIÓN MATERIAL

Es fundamental que la reconstrucción post-DANA se conciba no solo como la reparación de daños materiales, sino como la oportunidad para rediseñar nuestros entornos de manera integral, apostando por infraestructuras accesibles y sistemas de comunicación adaptados, y promoviendo un modelo de urbanismo que priorice la inclusión y la seguridad de todos. Cada acción emprendida en el proceso de recuperación debe ser analizada desde la perspectiva de su impacto social, teniendo en cuenta que cada intervención puede marcar la diferencia entre la marginalización y la plena inclusión. En ese sentido, es indispensable que las políticas públicas se orienten hacia la construcción de un futuro en el que las emergencias sean gestionadas de forma preventiva y colaborativa; un futuro en el que la participación ciudadana y el diálogo constante se conviertan en los pilares de un sistema que proteja a los más vulnerables y que fomente el desarrollo de comunidades más fuertes y cohesionadas.

El compromiso del CERMI CV y de todos los actores implicados en la gestión de emergencias se revela como una llamada ineludible a la acción. Cada minuto cuenta y cada decisión tomada puede ser determinante para salvar vidas y preservar la dignidad de aquellos que han sido históricamente olvidados. Es necesario que las autoridades, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, asignen los recursos necesarios, implementen normativas claras y fomenten la capacitación especializada de modo que la respuesta ante futuras crisis se base en principios de justicia social, equidad y respeto a los derechos humanos. En este proceso, la inclusión debe convertirse en el eje central que guíe cada intervención, recordándonos que la verdadera fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad para proteger y empoderar a sus miembros más vulnerables.

Impacto de la Inclusión. La inclusión no es solo una cuestión de justicia social; también es un factor crucial para la resiliencia comunitaria. Comunidades que integran a todas las personas, independientemente de sus capacidades, son más fuertes y mejor preparadas para enfrentar desafíos. La diversidad de perspectivas y experiencias enriquece la planificación y ejecución de estrategias de emergencia, asegurando que se consideren todos los posibles escenarios y necesidades. Por ejemplo, la participación de personas con discapacidad en la planificación puede revelar barreras ocultas que, de otro modo, pasarían desapercibidas, como la falta de rampas en refugios o la necesidad de intérpretes de lengua de signos.

Por último, es fundamental comprender que la reconstrucción tras la DANA debe entenderse como un proceso integral que va más allá de la reparación material, abarcando la regeneración del tejido social, la restauración de la confianza en nuestras instituciones y la transformación de la adversidad en oportunidad para innovar y aprender. Esto exige repensar no solo la infraestructura física, sino también nuestras políticas y la forma en que interactuamos como sociedad, de modo que cada acción se convierta en un paso hacia un futuro donde la inclusión y la justicia social sean pilares de todas las intervenciones. En este camino, el compromiso de cada ciudadano es esencial para asegurar que las lecciones del desastre se traduzcan en cambios profundos y duraderos que beneficien a toda la comunidad, recordándonos que el progreso se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables y construir un mañana en el que nadie quede excluido.