El proceso de envejecimiento en España se intensificará significativamente hasta 2050, cuando se convertirá en uno de los países más envejecidos del mundo. España combina lo mejor y lo peor de todos los países. Lo mejor en el sentido de que tenemos una de las mayores expectativas de vida al nacer y a partir de los sesenta y cinco años y lo peor en el sentido de que tenemos una de las menores tasas de fecundidad del mundo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida seguirá aumentando, proyectándose que en 2050 alcance aproximadamente los ochenta y cuatro años para los hombres y ochenta y nueve años para las mujeres. Paralelamente, la tasa de fecundidad se mantendrá baja, con una proyección de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. La entrada de inmigrantes será crucial para mitigar parcialmente los efectos del envejecimiento, con una proyección acumulada de aproximadamente diez millones de inmigrantes netos hasta 2050, aunque no lo suficiente para revertir la tendencia. Como resultado la tasa de dependencia de las personas mayores, que mide la proporción de personas de sesenta y cinco años o más en comparación con las personas en edad de trabajar, prácticamente se doblará, situándose en torno al 57% en 2050. Este aumento de la tasa de dependencia incrementará la presión sobre los sistemas de pensiones y servicios sociales, planteando desafíos significativos para la sostenibilidad económica y social del país.

En este sentido, en el ámbito académico, existe un amplio consenso sobre la necesidad de adaptar nuestro sistema de pensiones a esta ‘nueva longevidad’. Cuando hablamos del aumento del gasto en pensiones en las próximas décadas, en mi opinión hay una parte de ese aumento que está perfectamente justificada. En concreto, si el número de jubilados se va a incrementar hasta superar los quince millones, parece lógico que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB también aumente. Pero, hay otra parte, que desde mi punto de vista no está justificada, y me refiero al aumento del gasto porque nos negamos a adaptar las pensiones al aumento de la esperanza de vida a partir de los sesenta y cinco años. Es decir, si tenemos un sistema de pensiones diseñado para una esperanza de vida determinada, parece lógico que, si esta aumenta significativamente, el sistema se reforme.

La reforma de 2021, por un lado, garantizó la suficiencia de las pensiones al introducir por ley su automática actualización con el coste de la vida (o IPC), pero ha puesto en riesgo la sostenibilidad. La estrategia de no adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad y usar como única vía para la sostenibilidad la subida de cotizaciones me parece un error por dos motivos. En primer lugar, constituye un cheque en blanco para mantener la generosidad del sistema de pensiones a cualquier precio y ante cualquier aumento en la longevidad, y amenaza con dejarnos sin margen fiscal para muchos otros programas del Estado del bienestar, como la sanidad, la dependencia, que también favorecen a los mayores, pero también educación, vivienda, etc. En segundo lugar, olvida que un sistema de pensiones de reparto se mantiene en el tiempo por un pacto o contrato entre generaciones. Es decir, los que estamos pagando las pensiones de los actuales jubilados mediante nuestras cotizaciones, lo estamos haciendo porque confiamos en que las futuras generaciones de trabajadores hagan lo mismo por nosotros cuando nos jubilemos. Pero si aumenta la longevidad y nos oponemos a reformar el sistema de pensiones, estaremos imponiendo una excesiva carga fiscal a las futuras generaciones. Pero no solo aumenta la carga fiscal, sino que también hay un coste de oportunidad de ese aumento del gasto en pensiones que podría utilizarse para invertir en otras políticas, muchas de ellas más justas intergeneracionalmente, como por ejemplo en vivienda social en alquiler para jóvenes, en educación, en ayuda a la familia para mejorar la tasa de fecundidad o en la lucha contra la pobreza. Por todo ello se está debilitando la justicia intergeneracional.

Muy probablemente en 2025 se va a abrir una ventana de oportunidad para reformar las pensiones. En ese año, se evalúa la última reforma. Todos los indicios apuntan que se va a activar la cláusula de salvaguardia que nos exigió imponer Bruselas como condición para poder seguir percibiendo los fondos europeos. La activación de esta cláusula nos obligará a tomar medidas para reducir el déficit. En principio estas medidas pueden ser de reducción del gasto o de aumento de cotizaciones. Pero si no hay consenso se deberá producir un aumento automático de cotizaciones con el consiguiente efecto sobre la justicia intergeneracional que hemos comentado antes. Ese será el momento idóneo para buscar un consenso entre los dos grandes partidos para adaptar el sistema de pensiones a la nueva longevidad. Entre las medidas que se podrían consensuar se me ocurren tres. Por un lado, considerar toda la vida laboral para calcular la pensión. Esta es la tradición española, que pasó de dos años a ocho años con el presidente González, de ocho a quince con el presidente Aznar, de quince a veinticinco con el presidente Zapatero y que en la última reforma se amplió de veinticinco a veintinueve, pero pudiendo descartar los dos años peores. En segundo lugar, tal como se comprometieron los interlocutores sociales en la reforma de 2011, introducir cambios automáticos en los parámetros del sistema a medida que aumenta la esperanza de vida a partir de los sesenta y siete años. En tercer lugar, permitir la plena compatibilización entre la percepción de una pensión y el trabajo remunerado, con un contrato especial para trabajadores jubilados que no tendría costes de despido. Se trataría de potenciar al máximo la jubilación parcial o flexible. Que no solo será buena para el sistema de pensiones sino también para el propio trabajador y su salud y atractivo para las empresas.

Todas estas medidas ayudarían a contener el crecimiento del gasto en pensiones debido a aumentos en la longevidad, y permitirían liberar recursos fiscales para invertir en el bienestar de los jóvenes y recuperar la tan necesaria justicia intergeneracional.