Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 48% de la población española piensa que la Justicia funciona mal o muy mal, y un 61% considera que le faltan sobre todo jueces, medios informáticos y personal auxiliar. Sin embargo, los datos no confirman estas tres carencias.

EN CONTRA DE LO QUE PERCIBE LA OPINIÓN PÚBLICA, LA JUSTICIA ESPAÑOLA NO CARECE DE MEDIOS, PERO SUS INDICADORES DE EFICIENCIA NO MEJORAN COMO CABRÍA ESPERAR

En primer lugar, en los últimos 20 años el número de jueces en España ha pasado de 3.748 a 5.593, casi un 50% más. En cuanto a los medios informáticos, el último informe elaborado por la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) revela que España lidera, junto a Estonia y Austria, el ranking de equipamiento en tecnologías de la información en el sistema judicial. Por último, con respecto al personal auxiliar, el número de personas que trabajan en la Administración de Justicia española que no son jueces es casi el doble que en la Unión Europea (105,7 por cada 100.000 habitantes en España frente al 55,7 de media europea).

Por tanto, en contra de lo que percibe la opinión pública, la Justicia española no carece de medios. Sin embargo, sus indicadores de eficiencia no mejoran como cabría esperar. La denominada “tasa de congestión” (resultado de dividir la suma de los asuntos pendientes al comienzo del año más los ingresados entre los resueltos a lo largo del año) ha ido en aumento desde 2015. En líneas generales, también ha crecido el tiempo medio que los asuntos están en los juzgados con respecto a hace cincos años, con la única excepción de los juzgados de lo Mercantil que, aun así, tienen plazos muy superiores al resto.

Descongestión necesaria

Esta situación hace imprescindible abordar una serie de cambios estructurales que den lugar a un sistema judicial eficaz, que además inspire confianza a la ciudadanía. El proyecto de Ley de eficiencia procesal del servicio público de Justicia es una de las iniciativas que esperan conseguirlo. Esta norma es uno de los pilares legislativos del Plan Justicia 2030, el proyecto del Gobierno “para pasar de un modelo propio del siglo XIX a un modelo moderno y transformador del siglo XXI”, en palabras de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

EN LÍNEAS GENERALES, EL TIEMPO MEDIO QUE LOS ASUNTOS ESTÁN EN LOS JUZGADOS HA AUMENTADO DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

El objetivo es agilizar la Justicia como servicio público mediante tres herramientas básicas: la inserción de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), la reforma de las leyes procesales y la introducción de medidas de transformación digital.
Los MASC permitirán negociar acuerdos entre las partes sin recurrir a los tribunales para reducir la sobrecarga de estos. Se aplicarán en los asuntos civiles y mercantiles, quedando excluidos los procesos penales; las materias concursal y laboral; y las cuestiones en las que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público.

La nueva normativa exigirá además haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda de tipo civil o mercantil. Este requisito de procedibilidad se podrá cumplir mediante la negociación directa entre las partes, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.

Se podrá acudir con abogado a cualquiera de los medios adecuados de solución de controversias, aunque sólo será obligatorio cuando se formule una oferta vinculante por un importe superior a los 2.000 euros.

PARA DESCONGESTIONAR LOS JUZGADOS, LA NUEVA NORMATIVA EXIGIRÁ HABER INTENTADO UNA SOLUCIÓN CONSENSUADA ANTES DE INTERPONER UNA DEMANDA DE TIPO CIVIL O MERCANTIL

Reformas legislativas

El proyecto de ley contempla también la modificación de las leyes procesales -Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- con el fin de mejorar la celeridad de los procedimientos en el orden penal, contencioso-administrativo, civil y social.

Así, la reforma de la LEC introduce de forma generalizada el uso de las nuevas tecnologías, reforzando las garantías de su aplicación. También se establecen medidas para adaptar el proceso a las necesidades actuales de conciliación de la vida familiar y personal, como la declaración de inhábiles a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. Del mismo modo, se podrán interrumpir los plazos o suspender los procedimientos por causas de fuerza mayor que afecten a los profesionales de la procura o abogacía, como el nacimiento y cuidado de un menor, enfermedad grave y accidente, el fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral.

Además, los cambios previstos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa añaden mejoras técnicas que regulen falta de jurisdicción y competencias, con el fin de evitar dilaciones innecesarias. También se establece el deber de los funcionarios de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos o electrónicos; y se agiliza el procedimiento abreviado.

Finalmente, habrá medidas encaminadas a evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento de los ciudadanos y profesionales a las oficinas judiciales. Para ello, se regularán los sistemas de autentificación e identificación y se generalizará la celebración de vistas y otro tipo de declaraciones a través de videoconferencias.