DEBATE PARLAMENTARIO

La Fiscalía supranacional europea

El 1 de junio empezó su actividad la Fiscalía Europea, que perseguirá los delitos que afectan a los intereses económicos de la Unión Europea (UE). Su principal misión será proteger los presupuestos europeos de todo tipo de fraude, máxime ahora que se movilizarán más de 750.000 millones de euros para superar la crisis provocada por la pandemia. En España este organismo quedará integrado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la nueva Ley de Fiscalía Europea que se debate en el Parlamento.

ELVIRA ARROYO
 

El fraude transfronterizo del IVA implica para la UE unas pérdidas de 50.000 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los cientos de millones de fondos que no llegan a su destino año tras año. Solo en 2019, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó 485 millones de euros que los países europeos podrían recuperar para sus presupuestos.

La recién estrenada Fiscalía Europea (en inglés, European Public Prosecutor’s Office – EPPO) supone un paso decisivo en la lucha contra este tipo de delitos económicos porque podrá tomar medidas contra los responsables. Los organismos existentes hasta ahora, como la OLAF, Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y Europol (Oficina Europea de Policía) carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude.

Concretamente, la OLAF solo puede notificar los resultados de sus investigaciones administrativas a las autoridades nacionales competentes y estas deciden si inician diligencias penales. En la actualidad, solo el 50% de las recomendaciones judiciales remitidas por esta entidad a las fiscalías nacionales da lugar a una acusación. Además, el bajo número de casos enjuiciados va acompañado de una escasa recuperación de los importes defraudados porque los estafadores se aprovechan de la falta de coordinación de los esfuerzos policiales en el ámbito de la UE.

A esto se suma que, hasta la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y perseguir estos delitos, únicamente dentro del territorio nacional. Esto hacía casi imposible realizar avances significativos porque los delitos contra el presupuesto de la UE suelen afectar a varios países y jurisdicciones nacionales diferentes.

Un cambio necesario. Todo esto ha cambiado con la puesta en funcionamiento el pasado 1 de junio de la Fiscalía Europea, un organismo supranacional e independiente de la UE, que actuará como fiscalía única en los 22 Estados miembros participantes y combinará los esfuerzos europeos y nacionales. Entre otras ventajas, podrá actuar rápidamente en diferentes países, sin depender de los dilatados procedimientos de cooperación judicial.

Se encargará de las investigaciones y actuaciones penales en delitos económicos cometidos en la UE después de noviembre de 2017. A la vez, prestará especial atención a la correcta utilización de los 750.000 millones de Next Generation EU, el fondo para ayudar a reconstruir la UE tras la pandemia porque, como ha advertido la fiscal general europea, Laura Kövesi, existe un alto riesgo de delitos ligados a este fondo.

Se calcula que llegará a investigar hasta 3.000 delitos al año. Además, tanto las autoridades de cada país como los propios ciudadanos pueden denunciar presuntos casos de fraude en la propia web de la Fiscalía Europea.

Cómo actuará. La Fiscalía Europea tiene su sede central en Luxemburgo, donde están la fiscal general europea y un fiscal europeo por cada país participante. Asimismo, cuenta con fiscales europeos delegados en los Estados miembros.

Los fiscales adscritos realizarán sus investigaciones en los Estados miembros participantes de manera coordinada, intercambiando información con rapidez y aunando esfuerzos para asegurar el embargo inmediato de activos y, en caso necesario, solicitar la detención de los sospechosos. Para llevar a cabo su trabajo, la fiscalía se nutrirá de las capacidades de los Estados miembros y de las aportaciones de la OLAF, Eurojust y Europol.

Incorporación. La puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea exige una serie de cambios normativos que el Gobierno de España ha recogido en el Proyecto de Ley de la Fiscalía Europea, cuyo objeto es ajustar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Aunque el Reglamento es una norma de aplicación directa, es necesario adaptar el ordenamiento jurídico de los Estados partícipes, sobre todo en aquellos casos, como el español, donde la investigación es dirigida por un juez de instrucción. En este sentido, el proyecto de ley establece un procedimiento especial para que los fiscales europeos delegados investiguen aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

También destaca la creación de la figura del juez de garantías que, como órgano ajeno a la dirección del procedimiento, autorizará la adopción de medidas de investigación que limiten los derechos fundamentales; medidas cautelares urgentes; o el novedoso incidente de aseguramiento de las fuentes de prueba, que, por ejemplo, permitirá tomar declaración a un testigo o perito cuando existan motivos para temer que, por razón de ausencia justificada o inevitable -peligro de muerte o imposibilidad física- no podrá comparecer en el juicio oral.

El hecho de que la Fiscalía Europea se haya creado por el procedimiento de cooperación reforzada (cuando un mínimo de 9 Estados miembros acuerda establecer una colaboración más estrecha en un ámbito determinado) constata la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos nacionales para acabar con el fraude dentro de la Unión Europea. Son ya 22 países los que forman parte de esta iniciativa. Los Estados miembros no participantes podrán adherirse más adelante si lo desean.

Delitos que investiga la Fiscalía Europea
  • Fraudes relacionados con el IVA si afectan a dos o más Estados miembros y tienen un valor de al menos 10 millones de euros.
  • Blanqueo de capitales derivado de fraudes al presupuesto de la UE.
  • Corrupción activa y pasiva o malversación que afecte a los intereses financieros de la UE.
  • Participación en una organización delictiva si su actividad se centra en cometer delitos contra el presupuesto de la UE.

Si un funcionario acepta un soborno en relación con un proyecto financiado por la UE y lo oculta comprando una casa, la Fiscalía Europea puede investigar tanto la corrupción pasiva como el posterior blanqueo de capitales.
Colaboración notarial
Concepción Sabadell y José Ángel Martínez Sanchiz

Desde enero de 2006, los notarios españoles colaboran en la prevención y lucha de delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la evasión fiscal. Por ello, y con el objetivo de abrir vías de colaboración, a finales de mayo la representante de España en la Fiscalía de la Unión Europea, Concepción Sabadell, visitó la sede del Consejo General del Notariado, donde mantuvo una reunión con su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz y con Pedro Galindo y Mariano García Fresno, director y jefe de la Unidad de Análisis y Prevención del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, respectivamente.

Cada año se pierden 50.000 millones de euros en la UE como consecuencia del fraude transfronterizo del IVA

Para saber más

Preguntas frecuentes sobre la Fiscalía Europea. Comisión Europea.

Denunciar un delito ante la Fiscalía Europea. Formulario para presentar denuncias a través de la web.

Seguir la actualidad de la Fiscalía Europea en Twitter.@EUProsecutor

Los grupos parlamentarios opinan*

Francisco Aranda

Diputado y portavoz socialista de Justicia

 

 

[email protected]
@arandapaco

“Un paso colectivo en la lucha contra la corrupción”

El pasado 1 de junio se puso en funcionamiento la European Public Prosecutor’s Office, EPPO. Esta Fiscalía Europea y su red de fiscales delegados nacionales (9 en España) nace con facultades para investigar y perseguir en territorio europeo aquellas infracciones que atenten y perjudiquen el presupuesto europeo.

Dado que en España aún conservamos la figura del juez de instrucción como único responsable de la investigación, la implantación de la Fiscalía Europea requiere aquí la articulación de un nuevo procedimiento capaz de dar respuesta a todas aquellas cuestiones que la incorporación del fiscal europeo investigador plantea y que hoy no encuentran respuesta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.

El fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales o el fraude transfronterizo del IVA son materias a perseguir mediante este mecanismo que el 3 de junio avaló con una amplia mayoría la Comisión de Justicia del Congreso, sin el concurso de PP ni Vox. Es este un paso que damos a nivel colectivo en la lucha contra la corrupción y en pos de los mecanismos de cooperación reforzada.


Jaume Asens

Portavoz de Justicia del Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común

@Jaumeasens

“Lo consideramos la antesala para la lucha contra los paraísos fiscales”

El Proyecto de Ley de aplicación del Reglamento por el que se establece una cooperación para la creación de una Fiscalía Europea, es un primer paso para implementar un sistema de garantía e investigación contra el fraude a nivel europeo. Lo consideramos como la antesala para la lucha contra los paraísos fiscales y para la persecución del fraude, también el cometido por los grandes poderes privados. Ha sido fruto de un esfuerzo colectivo en la fase de ponencia, donde se ha llegado a acuerdos importantes con la mayoría de grupos parlamentarios.

Se reconoce la legitimación para que ejerciten la acción penal a entidades y asociaciones que, para nosotros, era un punto importante para la defensa de los intereses generales. Asimismo, anticipa reformas que se abordarán también en la modificación pendiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Luis Santamaría

Portavoz de Justicia del Grupo Popular

 

@LuisStamaria

“La instrucción de los procedimientos penales por el Ministerio Fiscal debe ser objeto de un debate sereno”

Es difícil explicar en unas pocas palabras por qué el Grupo Popular, a pesar de nuestro carácter profundamente europeísta, ha decidido posicionarse en contra de este Proyecto de Ley. Es difícil porque en su día impulsamos el Reglamento (UE) 2017/1939 y porque la idea de una fiscalía europea independiente encargada de defender los intereses financieros de la Unión, nos gusta. En ningún caso nuestro voto negativo ha pretendido ser un no a la Fiscalía Europea. Lo que pretendemos es que la instrucción de los procedimientos penales por parte del Ministerio Fiscal, modelo por el que apuesta la norma en la línea anunciada por la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sea objeto de un debate jurídico y político sereno que no se ha producido en espera de la nueva regulación de nuestro proceso penal.

Pensamos que tampoco podemos abrir este período de reflexión que proponemos sin que haya un nuevo texto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que consideramos imprescindible. Por eso hemos preferido ser prudentes. Pensamos que nuestro actual sistema de instrucción podría haber servido para proteger los intereses de la Unión como así permite el reglamento, en tanto se abra el debate que proponemos.

*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.