El fraude transfronterizo del IVA implica para la UE unas pérdidas de 50.000 millones de euros anuales, a los que hay que sumar los cientos de millones de fondos que no llegan a su destino año tras año. Solo en 2019, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó 485 millones de euros que los países europeos podrían recuperar para sus presupuestos.

La recién estrenada Fiscalía Europea (en inglés, European Public Prosecutor’s Office – EPPO) supone un paso decisivo en la lucha contra este tipo de delitos económicos porque podrá tomar medidas contra los responsables. Los organismos existentes hasta ahora, como la OLAF, Eurojust (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) y Europol (Oficina Europea de Policía) carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir los casos de fraude.

Concretamente, la OLAF solo puede notificar los resultados de sus investigaciones administrativas a las autoridades nacionales competentes y estas deciden si inician diligencias penales. En la actualidad, solo el 50% de las recomendaciones judiciales remitidas por esta entidad a las fiscalías nacionales da lugar a una acusación. Además, el bajo número de casos enjuiciados va acompañado de una escasa recuperación de los importes defraudados porque los estafadores se aprovechan de la falta de coordinación de los esfuerzos policiales en el ámbito de la UE.

A esto se suma que, hasta la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y perseguir estos delitos, únicamente dentro del territorio nacional. Esto hacía casi imposible realizar avances significativos porque los delitos contra el presupuesto de la UE suelen afectar a varios países y jurisdicciones nacionales diferentes.

Un cambio necesario. Todo esto ha cambiado con la puesta en funcionamiento el pasado 1 de junio de la Fiscalía Europea, un organismo supranacional e independiente de la UE, que actuará como fiscalía única en los 22 Estados miembros participantes y combinará los esfuerzos europeos y nacionales. Entre otras ventajas, podrá actuar rápidamente en diferentes países, sin depender de los dilatados procedimientos de cooperación judicial.

Se encargará de las investigaciones y actuaciones penales en delitos económicos cometidos en la UE después de noviembre de 2017. A la vez, prestará especial atención a la correcta utilización de los 750.000 millones de Next Generation EU, el fondo para ayudar a reconstruir la UE tras la pandemia porque, como ha advertido la fiscal general europea, Laura Kövesi, existe un alto riesgo de delitos ligados a este fondo.

Se calcula que llegará a investigar hasta 3.000 delitos al año. Además, tanto las autoridades de cada país como los propios ciudadanos pueden denunciar presuntos casos de fraude en la propia web de la Fiscalía Europea.

Cómo actuará. La Fiscalía Europea tiene su sede central en Luxemburgo, donde están la fiscal general europea y un fiscal europeo por cada país participante. Asimismo, cuenta con fiscales europeos delegados en los Estados miembros.

Los fiscales adscritos realizarán sus investigaciones en los Estados miembros participantes de manera coordinada, intercambiando información con rapidez y aunando esfuerzos para asegurar el embargo inmediato de activos y, en caso necesario, solicitar la detención de los sospechosos. Para llevar a cabo su trabajo, la fiscalía se nutrirá de las capacidades de los Estados miembros y de las aportaciones de la OLAF, Eurojust y Europol.

Incorporación. La puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea exige una serie de cambios normativos que el Gobierno de España ha recogido en el Proyecto de Ley de la Fiscalía Europea, cuyo objeto es ajustar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Aunque el Reglamento es una norma de aplicación directa, es necesario adaptar el ordenamiento jurídico de los Estados partícipes, sobre todo en aquellos casos, como el español, donde la investigación es dirigida por un juez de instrucción. En este sentido, el proyecto de ley establece un procedimiento especial para que los fiscales europeos delegados investiguen aquellos delitos cuyo conocimiento les corresponde en virtud de la norma europea.

También destaca la creación de la figura del juez de garantías que, como órgano ajeno a la dirección del procedimiento, autorizará la adopción de medidas de investigación que limiten los derechos fundamentales; medidas cautelares urgentes; o el novedoso incidente de aseguramiento de las fuentes de prueba, que, por ejemplo, permitirá tomar declaración a un testigo o perito cuando existan motivos para temer que, por razón de ausencia justificada o inevitable -peligro de muerte o imposibilidad física- no podrá comparecer en el juicio oral.

El hecho de que la Fiscalía Europea se haya creado por el procedimiento de cooperación reforzada (cuando un mínimo de 9 Estados miembros acuerda establecer una colaboración más estrecha en un ámbito determinado) constata la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos nacionales para acabar con el fraude dentro de la Unión Europea. Son ya 22 países los que forman parte de esta iniciativa. Los Estados miembros no participantes podrán adherirse más adelante si lo desean.