La discapacidad, tras las últimas reformas legales

Para analizar el impacto de la nueva normativa en el colectivo, la agencia de noticias Servimedia y la Fundación Aequitas organizaron el diálogo Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones, que congregó virtualmente a más de cien personas. Moderado por el director general de Servimedia José Manuel González Huesa, el foro contó con la participación de María José Segarra, fiscal para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores; Mª Paz García Rubio, catedrática de Derecho Civil; Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE; y el notario Federico Cabello de Alba, director de Asuntos Sociales de la Fundación Aequitas.

Cabello de Alba hizo hincapié en que, una vez aprobada la ley «la dificultad más importante será el cambio de mentalidad. No ha sido casual que una reforma con cambios normativos de este alcance haya tardado tanto tiempo. Debemos hacer mucha pedagogía y trabajar por la aplicación correcta de la norma en el sistema: ahora, la persona con discapacidad es dueña de sus propias decisiones».

Preferencia a la vía notarial. La función notarial también se verá modificada en el día a día con la entrada en vigor de esta vasta reforma: «Nosotros asistimos a todas las personas que acuden a la notaría para ayudarles a comprender el alcance de formar un determinado negocio jurídico. Esta situación debemos extenderla a las personas con discapacidad, adecuando nuestra actuación a sus necesidades. Nos adaptaremos para que los miembros de este colectivo puedan ejercer sus derechos, y en ningún caso sustituyéndolos. Mediante la actuación notarial se hará efectiva su autonomía de la voluntad, como sucede con cualquier persona, aunque con diferentes apoyos».

«La principal novedad de la nueva legislación -prosiguió el representante de Aequitas- es que se da preferencia a la vía notarial gracias a nuestro contacto directo con las personas. El régimen de apoyos que puede ofrecer el notario es tan extenso que resiste cualquier sistematización; la persona acudirá a nosotros para establecer unos apoyos que delimitará con libertad. En escritura pública se determina el régimen de toma de decisiones, que podrá ser revocado y elevado a la autoridad judicial si es inadecuado». 

María José Segarra destacó que una reforma de este calado, que ha afectado a ocho normativas, precisa «difusión, docencia y empatía. Tanto el fiscal, como los operadores jurídicos y la Administración, deben realizar una labor de difusión y de apoyo a las familias, que viene reconocida en la ley. Esta docencia permitirá una mayor implicación en el crecimiento e igualdad de las personas con discapacidad, impidiendo figuras como la patria potestad prorrogada».

Rafael de Lorenzo expresó que la reforma «es un elemento de avance y de progreso del sector de la discapacidad. La ley es un éxito de la sociedad civil, estructurada en torno al CERMI, que ha trabajado en común buscando lo mejor para un colectivo de cuatro millones de personas y sus familias». El representante de la ONCE también quiso destacar «el esfuerzo de los diputados y senadores para enfrentarse a un proyecto de gran complejidad, que ha modificado 249 artículos de diferentes leyes como el Código Civil o la Ley de Jurisdicción Voluntaria, todo ello en apenas unos meses. Ahora lo que necesitamos es que se pase de los derechos a los hechos y que la ley se aplique correctamente por todos los operadores jurídicos». En este sentido, señaló el reciente acuerdo alcanzado entre el CERMI y el Consejo General del Notariado «que servirá de orientación a los notarios para que den respuesta a determinados asuntos prácticos”.

Mª Paz García Rubio, que desde la Comisión General de Codificación participó en el desarrollo del texto de la ley, demandó que algunas normas deben aún adaptarse, «como las relacionadas con el consentimiento informado en el ámbito de la salud o las de investigación médica. Asimismo, hay que tener en cuenta que vivimos en un estado plurilegislativo en materia civil, por lo que se precisa que algunas comunidades se adapten a la Convención de la ONU en la que se basa la nueva norma».