ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos"

La demagogia y el salario mínimo

Las teorías sobre los salarios han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Se atribuye al abogado y político de tendencia socialista Ferdinand Lassalle (Breslau, Prusia, 1825; Carouge, Suiza, 1864) la teoría de la “ley de hierro de los salarios”. El resumen de su tesis es que los salarios tienden a igualarse con el nivel mínimo de subsistencia de los trabajadores. Cuando los salarios suben por encima de ese nivel mínimo, los trabajadores tienen más hijos y, como consecuencia, aumenta la competencia por el empleo y los salarios vuelven automáticamente a bajar hasta ese nivel en el que el obrero tenía para comer -mal- y poco más. El empresario era un explotador que sólo perseguía la plusvalía.

La realidad ahora es muy distinta. Pongamos un ejemplo. Una de las regiones donde se cobran salarios más altos es el País Vasco y, sin embargo, es una de las autonomías españolas con un índice más bajo de natalidad. En lugar de tener más hijos, a pesar de que la remuneración está bastante por encima del nivel de subsistencia, los vascos tienen menos hijos. La realidad ha hecho añicos la teoría de Lassalle. Ya no funciona, si es que alguna vez funcionó.

Los salarios tienen que ver con la productividad de la economía y, muy especialmente, con la educación. Las economías más productivas y las que tienen un nivel educativo más alto son las que retribuyen mejor a sus trabajadores.

La izquierda, sobre todo en España, está empeñada en la pelea nominal por la subida del salario mínimo (SMI), como si esa fuera la solución para sacar a los trabajadores de la pobreza. Josu Jon Imaz (CEO de Repsol) dijo hace unas semanas en el acto de entrega del premio al Empresario del Año de la revista Actualidad Económica: “Yo no quiero un país en el que el debate sea el del SMI o el de la ayuda social… Quiero un país en el que los jóvenes puedan aspirar a salarios muy superiores, un país con seguridad jurídica, regulatoria, social y fiscal”. Tiene razón.

El salario mínimo en España es, más que nada, una batalla política. Que, además, ha derivado en una batalla fiscal interna dentro del propio Gobierno. Están los que proponen que no tribute (Yolanda Díaz) y los que defienden que debe pagar IRPF (María Jesús Montero).

Los sindicatos han abanderado la batalla por la subida del SMI como si fuera una conquista social sin precedentes. Pero la tabla rasa siempre suele ir en contra de los más débiles. Pagar 1.184 euros en catorce pagas a un trabajador para una gran empresa con beneficios no le supone ningún esfuerzo. Es más, la inmensa mayoría de sus trabajadores suele estar por encima de ese baremo. Sin embargo, esos 1.184 euros (16.576 euros al año) para un pequeño negocio en una zona rural pueden ser la diferencia entre contratar o no contratar a un empleado. Desligar los salarios de la productividad, de la capacidad de una empresa para generar beneficios, es un error de libro. Dentro de un tiempo veremos el efecto de esta subida en los datos de empleo en las zonas más pobres y despobladas.

Leo el reportaje que acompaña a este comentario y me sorprende un dato: el segundo país con salario mínimo más alto del mundo -por detrás de Suiza- es Mauricio. ¡Mauricio! Un pequeño país situado en el índico que logró su independencia de Reino Unido en 1968 y cuya principal fuente de riqueza cuando era colonia británica era la caña de azúcar.

Pues bien, si la información es correcta, el salario mínimo de Mauricio está por encima de los 3.000 euros. Lo de Suiza lo entiendo. Pero ¿Mauricio?

Miro la información a través de Google. Y me sorprenden varias cosas. Es un país pequeño (1,2 millones de habitantes) en el que el 50% de su PIB se origina en el sector financiero. El tratamiento fiscal ventajoso ha atraído a más de 22.000 empresas extranjeras a Mauricio. En parte, le ha copiado el modelo a Suiza, pero en un entorno de playas paradisíacas. El impuesto máximo de sociedades es del 17%, mientras que el tipo máximo sobre la renta es del 25%. ¡Quién lo pillara! Pero lo que más me ha sorprendido es que Mauricio dedica el 13% de su PIB a gasto en educación.

Claro que no podemos trasplantar el modelo de Mauricio a España. Pero sí sacar algunas lecciones de lo que ha hecho este pequeño país. Bajar impuestos ha hecho que una economía esencialmente agrícola se haya convertido en una economía de servicios. El PIB per cápita ha subido desde la independencia hasta los 22.000 dólares al año y el presupuesto permite destinar una gran cantidad de dinero a educación.
Muchos jóvenes con un elevado nivel de estudios en España tienen que emigrar a otros países en busca de mejores salarios y oportunidades de promoción profesional. Eso sí que es un drama. Pero, mientras que esa sangría de talento se produce, los sindicatos y el gobierno celebran la gran conquista de haber situado el SMI por encima de los 1.100 euros.

La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos. No hay bienestar sin riqueza y la riqueza sólo se crea con empresas competitivas y empleados motivados y bien pagados. Lo contrario es engañar a la gente. Por eso, el debate sobre los salarios suele estar viciado de demagogia.