La finalidad de la Inspección Técnica de Vehículos no es otra que la de garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras ante las escalofriantes cifras de víctimas que se cobran cada año. El servicio de ITV persigue reducir al mínimo el porcentaje de siniestros que pueda deberse al fallo mecánico del vehículo, por reducido que pueda ser. Dicha finalidad tiene un claro interés público, por lo que se configuró como un servicio reglado, cuya ejecución material puede efectuarse bien por las Administraciones directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, bien por empresas privadas.

Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las comunidades autónomas o la Administración competente, será requisito imprescindible para las empresas que quieran acceder a la actividad de inspección de vehículos obtener habilitación administrativa. El procedimiento para dicha habilitación debe garantizar que la empresa titular cumple los requisitos técnicos exigidos en la normativa para realizar los servicios de inspección, así como que no debe incurrir en incompatibilidades para el desempeño de su actividad, tratando de evitar el conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio.

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, permitió avanzar en un modelo liberalizado de prestación del servicio que tuvo sus efectos en las entidades o empresas que pueden prestarlo, pero no respecto de los requisitos y procedimientos técnicos que deben seguirse en la inspección, que se encuentran debidamente regulados y que deben ser aplicados sea cual sea el modelo de explotación.

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la Administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde las tarifas son libres. También existen comunidades donde conviven estaciones públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración, con otras privadas que funcionan en régimen de concesión o autorización. Esta situación provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta el año pasado, cuando la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre.

Mallorca cambió su modelo en 2020, gestionándose directamente por el Consell Insular a través de una empresa (General de Servicios, S.A.).

Existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV —a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal—, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria para turismos con motor de gasolina y de hasta un 125,7% en vehículos diésel.

La Comunidad de Madrid es la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV, tanto para inspecciones de vehículos diésel como gasolina, habiendo optado por un servicio plenamente liberalizado en modelo de gestión y en precios, que no se encuentran regulados por la Administración autonómica y son fijados por las propias empresas privadas habilitadas para el desarrollo de la actividad.

Murcia, la otra comunidad que, tras el cierre de la única estación que explotaba directamente la Administración, solo cuenta con estaciones privadas, también ha experimentado una subida de los precios en el último año.

De este estudio anual que FACUA elabora se desprende que las tarifas más económicas se han venido correspondiendo con estaciones explotadas directamente por las Administraciones o estaciones que se sitúan en comunidades que han optado por regular y controlar los precios.

En este sentido, la modalidad de gestión y prestación del servicio incide en el precio y, a su vez, en la accesibilidad al servicio para los consumidores, sobre todo para aquellos con economías más precarias.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, reconoce que existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente el consumidor tiene posibilidad real de elección en un servicio netamente territorial y, si esta circunstancia, unida a la disparidad de precios existentes, no supone un trato desigual no justificado a los consumidores en el acceso a un servicio obligatorio y de interés general.