Investigar en España sigue siendo un complicado reto para una comunidad científica que, en momentos de crisis, es la primera en quedar relegada a un segundo plano. La pandemia ha reabierto el debate sobre la urgente necesidad de invertir en investigación. La Unión Europea pide a los socios comunitarios que aumenten el gasto del Producto Interior Bruto en I+D+i hasta alcanzar el 3%, de forma que la investigación sea sostenible y asegure el porvenir de los 27.

España está lejos de alcanzar esa cifra, aunque parece haber un cambio de los legisladores respecto a la necesidad de dedicar más dinero del presupuesto general a investigación. “Existe un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de la Unión Europea sobre el valor de la ciencia como fuente de bienestar para el porvenir, también en tiempos de crisis», admitió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Duque, durante la presentación del Pacto por la Ciencia y la Innovación en el Parlamento a primeros de marzo. Un documento suscrito por 72 organizaciones representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los trabajadores que incluye compromisos concretos respecto a los recursos materiales y humanos necesarios para impulsar de forma continuada y sostenible la inversión pública en I+D+i.

Los objetivos del pacto contemplan mejorar la financiación de la investigación de calidad; reforzar la inversión de las políticas públicas de transferencia de conocimiento e innovación empresarial; y mejorar la regulación en I+D y los incentivos para los investigadores que participen en actividades de emprendimiento.

En el ámbito de los recursos humanos, apuesta por consolidar la carrera científica en el sector público mediante la Ley de Ciencia, cuyo borrador ha sido criticado por la Confederación Española de Sociedades Científicas por considerar que «va en contra de la excelencia científica». En respuesta al ministro Duque, quien aseguró que la ley va a «luchar contra la precariedad en la ciencia», la confederación lamenta en un informe hecho público a mediados de abril que la propuesta «no sólo no mitigará la precariedad, sino que será imposible atraer y retener talento» y «dificultará aún más la estabilidad de los investigadores».

Más financiación. La comunidad científica hace años que pide a los legisladores más dinero para investigación, y la actual coyuntura sanitaria parece el momento adecuado para introducir reformas en el modelo productivo, dando prioridad al sector. Una amplia mayoría de ciudadanos cree también que se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración pública y las empresas privadas, según los resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en 2020 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, publicados el 2 de junio. El 85% de la los encuestados cree que el Gobierno central debe liderar la inversión con planes concretos. El 80% cree que los gobiernos autonómicos tienen que dedicar más dinero al campo de la investigación, y el 71% cree que deberían hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, aprobado por los 27 para superar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria causada por la pandemia, va a permitir a España contar con un «presupuesto récord» para ciencia, tecnología e innovación en 2021 que supone un 60% más que en 2020. En él se establece la necesidad de reformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación para mejorar la eficacia, coordinación y gobernanza del mismo; potenciar la carrera científica; favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y a la sociedad; reforzar la colaboración y la coordinación entre el ámbito público y privado; y aumentar la inversión en I+D+i en sectores estratégicos.

Para ello, se parte de una situación en la que el gasto en investigación y desarrollo en España fue de 15.572 millones de euros en 2019, un aumento del 4,2% respecto al año anterior. Dicho gasto representó el 1,25% del PIB, frente al 1,24% de 2018, según los últimos datos del INE. Pese a ese incremento, España es uno de los países de la UE que menos invierte en investigación y para que se sitúe a la altura de los que más gastan, el Gobierno propone un incremento continuado de la financiación pública hasta alcanzar el 3% en 2030.

Horizonte Europa. La UE ha aprobado un nuevo programa marco para el período 2021-2027, un «instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i» de los 27 y alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la UE en I+I. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros, «contará con el mayor presupuesto hasta la fecha y generará importantes beneficios económicos, sociales y científicos». Se estima que creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y consolidará el liderazgo de Europa en I+I. «El programa está diseñado con una mentalidad de inversión y contará con una planificación que ayudará a la UE a realizar la transición hacia un futuro próspero y sostenible», aseguran las autoridades europeas.

Financiará proyectos de investigación en la frontera del conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores; apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador con actividades de movilidad internacionales; invertirá en mejorar y optimizar el acceso transnacional a las infraestructuras de investigación de nivel mundial. Financiará la investigación, reforzará las capacidades tecnológicas industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos globales: salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, etc. Apoyará la creación de asociaciones europeas entre los 27 y la industria para trabajar conjuntamente en I+I, y el Centro Común de Investigación asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en su toma de decisiones, aportándoles evidencias científicas y soporte técnico.

El programa busca hacer de Europa «una potencia pionera en la innovación de creación de mercado y en el crecimiento de pymes innovadoras», fomentando la integración de la investigación, la educación superior y el emprendimiento mediante las comunidades de conocimiento e innovación. «Se trata de ayudar a los países miembros en sus esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación», y especialmente, a aquellos Estados que, como España, tienen un menor rendimiento en I+I.