La reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones son, sin duda, dos de las cuestiones más peliagudas a las que desde hace décadas se enfrenta la sociedad española.

La tasa de desempleo entre los más jóvenes, cercana al 40% entre los menores de 25 años (el doble que la media de la eurozona), está teniendo graves efectos en la economía. La caída en picado de la tasa de natalidad y la dilación en la emancipación son sólo algunos de ellos, además del consabido deterioro de su capacidad de consumo. Además, esta situación estructural dejará secuelas a la larga relacionadas con la demora en la toma de decisiones de los proyectos de vida de toda una generación de españoles. Si a esto se une la imparable tendencia, coronavirus aparte, al alargamiento de la esperanza de vida de los ciudadanos, el resultado es un cóctel que, más pronto que tarde, explotará con evidentes consecuencias en la salud, entre otros, del sistema público de pensiones.

La posibilidad de repensar el futuro del mercado laboral es, por tanto, una necesidad más que evidente en España. La dualidad del actual sistema, con trabajadores indefinidos blindados en función de su antigüedad y empleados temporales expuestos a la constante precariedad derivada de los vaivenes de la cuenta de resultados, reclama la toma de medidas.

Un país, dos sistemas. En su último Informe Anual, relativo al ejercicio 2020, el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’, propuesta que ya incluyó en la reforma laboral planteada por el gobierno socialista en 2010. La diferencia es que, en esta ocasión, el Banco de España ha ido un paso más allá al cuantificar su implantación en alrededor de 9.000 millones de euros. Cantidad que sería financiada en su mayoría con cargo al esperado maná de los fondos europeos de reconstrucción.

La entidad plantea una suerte de sistema mixto con el establecimiento de un fondo de capitalización individual por empleado nutrido por los propios empresarios. A cambio, se rebajaría a alrededor de la mitad el coste por despido improcedente.

Una carga considerada actualmente elevada en el caso de los trabajadores indefinidos que cuentan con la suficiente antigüedad acumulada y que, a la postre, limita la movilidad laboral ante el temor a perder ese escudo protector que les blinda de las sucesivas crisis económicas.

El Banco de España ha puesto el dedo en la llaga a la hora de poner de relieve algunas de las principales deficiencias de nuestro mercado de trabajo, donde el grueso de los ajustes durante las recesiones recae una y otra vez sobre los colectivos de trabajadores más vulnerables. De hecho, las medidas de política fiscal adoptadas ante una crisis suelen provocar un mayor o menor deterioro de las cuentas públicas, que en el caso de España ya partían de una situación de elevada vulnerabilidad antes, incluso, de la llegada de la pandemia.

Ante este complicado panorama, la introducción de cuentas de ahorro de capitalización individual para afrontar las indemnizaciones por despido en España, es decir la adopción del modelo inspirado en la denominada ‘mochila austríaca’ podría ser una solución, aunque tiene, sin duda, sus luces y sus sombras. Prueba de ello es la falta de consenso para proceder a su implantación en los sucesivos intentos de puesta en marcha, que no han pasado del mero grado teórico y que ya fueron tumbados en el pasado, a pesar de las recomendaciones emitidas también desde la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

No sin mi “mochila”. La medida, como ocurrió en 2003 tras su implantación en el país que le da nombre, introduce flexibilidad y reduce la dualidad entre empleados fijos y eventuales, al tiempo que amplía la capacidad del trabajador para cambiar de empleo sin perder sus derechos laborales adquiridos.

La “mochila” acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, al depositar la empresa un porcentaje del salario del empleado, un 1,53% bruto en el caso austríaco, en un fondo de capitalización a su nombre. Ese dinero sirve de “colchón” para, en caso de despido, indemnizar al trabajador, al tiempo que puede ser transferido a otra empresa en caso de que éste decida cambiar de compañía.

Además, en el supuesto de no llegar a utilizarse el fondo a lo largo de la vida laboral, la “mochila” sirve de complemento para la jubilación, lo que no deja de ser una plausible solución ante la problemática que se avecina en torno al futuro sostenimiento del sistema público de pensiones.

La duda que planea sobre técnicos y expertos es si es aplicable o no el modelo austríaco en España. Para ello analizan cuestiones relacionadas con aspectos como la adecuada administración de esos fondos; la cuantía del salario bruto a destinar a la mochila; el posible fraude en el sistema o; incluso, si seguirá habiendo algún tipo de indemnización por despido una vez implantado.

Lo que parece indudable es que este sistema favorecería a los trabajadores con sueldos más altos. Sin embargo, y a pesar de su elevado coste inicial de implantación, también resultaría una oportunidad histórica gracias a la inminente llegada de los fondos europeos, ya que permitiría la implantación de una cultura del ahorro de cara al retiro, desincentivaría la economía sumergida, fomentaría la movilidad laboral y, por ende, recudiría los ocasionales períodos de desempleo, entre otros aspectos.

Las nuevas generaciones pueden aferrarse en sus legítimos reclamos a la célebre proclama de mayo del 68 francés, que preconizaba en feliz aforismo ‘la imaginación al poder’. En cualquier caso, lo que a todas luces parece inaplazable, y nunca antes había sido tan acuciante, es la necesidad de afrontar un verdadero cambio de mentalidad para abordar estos desafíos.