En la cultura occidental, y parte de la oriental, casi todo el mundo recuerda la historia de la Torre de Babel como el principio de la existencia de distintas lenguas. Es un relato bíblico, del libro del Génesis, pero no es el único. Diferentes culturas y tradiciones, desde América hasta África o Polinesia, encuentran «explicaciones», todas de origen divino, a por qué los seres humanos han podido generar idiomas tan distintos, aun entre pueblos cercanos. El argumento coincidente en todas esas tradiciones es un idioma común, un desencadenante de la furia divina y una «condena» a no entenderse entre vecinos.

Monogénesis o poligénesis.

El origen de las lenguas habladas en el mundo ha ocupado a muchos estudiosos del lenguaje, los arqueo-lingüistas, desde hace tiempo, llegando a establecerse dos teorías: la monogénesis (un solo origen para todas las lenguas) y la poligénesis (varios grupos de sapiens sin contacto, creando independientemente su propia forma de comunicarse). Eso sí, y dadas las evidencias científicas que sitúan el origen de los distintos grupos de habitantes de la Tierra en África, los idiomas también procederían de ahí y las corrientes migratorias habrían expandido una sola lengua o varias, según las dos diferentes teorías, modificadas y subdivididas luego a lo largo de los siglos.

TENEMOS 7.151 LENGUAS VIVAS CONOCIDAS, PERO SOLO 23 DE ELLAS SUPERAN LOS 50 MILLONES DE HABLANTES

En este sentido, es muy curioso el estudio publicado en la revista Science (Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa, abril de 2011) por el profesor Quentin Atkinson, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, que basó su investigación en los fonemas de quinientos cuatro idiomas actuales. Su análisis concluye que cuanto más alejado de África esté un territorio, menos fonemas tienen sus lenguas. Por poner números, algunas lenguas africanas tienen más de un centenar de fonemas, mientras que las hawaianas, que se sitúan en la otra punta de la ruta migratoria, solo tienen trece. Por Europa hemos ‘perdido’ más o menos la mitad: el idioma inglés, por ejemplo, tiene cuarenta y tres fonemas. La teoría de Atkinson, que apoya el origen africano de todo idioma, se basa en lo que en biología se llama «efecto fundador», que se produce cuando un grupo de población pequeño se separa de otro más grande: el nuevo grupo, por tamaño, pierde diversidad genética. Y probablemente también fonemas en la lengua de uso cotidiano que va transmitiendo.

La realidad hoy.

Aunque parezca difícil de creer, es complicado establecer con exactitud el número de lenguas vivas. Esto incluye idiomas y dialectos, que hay actualmente en el mundo. Las distintas fuentes están de acuerdo en que podríamos hablar de más de siete mil. Las diferencias numéricas tienen que ver con qué consideran unos y otros analistas que es «lengua viva» distinta a otras de su familia lingüística. Para darse una idea, podemos decir que en España hay dieciocho lenguas vivas. Al castellano o español, debemos añadir las cooficiales en sus territorios: catalán, euskera, gallego, valenciano y aranés (cooficial en Cataluña); y las que se consideran dialectos: aragonés o fabla, leonés, bable o asturiano, montañés o cántabru, andaluz, canario, extremeño o castúo, fala (norte de Cáceres), murciano o panocha, rifeño (Ceuta y Melilla) y romaní, con su derivada caló. Si quien hace el recuento, por poner un ejemplo, engloba en un genérico asturleonés el bable, el cántabru, el leonés y hasta el castúo; el caló se incluye en el romaní y el rifeño en el andaluz, las dieciocho lenguas pasarían a ser trece.

Teniendo en cuenta estas observaciones podemos tomar como referencia a Ethnologue: una publicación de origen religioso que lleva desde los años cincuenta del pasado siglo traduciendo La Biblia a los distintos idiomas del mundo, y que ahora se ha convertido, como ellos mismos dicen, en «el principal recurso en el que confían tanto los académicos como las compañías de Fortune 500». El último dato que ofrece Ethnologue es que tenemos 7.151 lenguas vivas conocidas (vigésimo quinta edición, año 2022). De ellas, tan solo 23, y aquí ya unimos datos de otras organizaciones como Naciones Unidas o Unesco, tienen al menos 50 millones de hablantes nativos; y más de la mitad de los habitantes del planeta habla una de estas lenguas.

Qué dicen los números.

La lengua que más hablantes nativos tiene es el chino, con 1.197 millones de personas, donde predomina el mandarín, pero que incluye variantes como el cantonés, el min nan o el jinyu, por no citar más que a los más extendidos. El español, con 399 millones para los que esta es su lengua materna, y el inglés, con 335 millones, siguen, aunque a distancia, al chino. Rematan la lista de los seis primeros el hindi, 260 millones; el árabe, 242 millones; y el portugués, 203 millones. Los tres idiomas europeos citados son muestra de que los grandes movimientos colonizadores, fundamentalmente hacia América, fueron los responsables de la expansión de las lenguas, cosa corroborada también por los números: solo 59,8 millones de hablantes nativos ingleses están en Reino Unido e Irlanda, 34,8 millones en España y 10 millones en Portugal.

EL ESPAÑOL, CON 399 MILLONES DE HABLANTES NATIVOS, Y EL INGLÉS, CON 335 MILLONES, SON SEGUNDO Y TERCERO DESPUÉS DEL CHINO

También los números nos ofrecen una curiosidad: la cantidad de lenguas vivas de cada país. La clasificación la encabeza Papúa Nueva Guinea, donde sus nueve millones de habitantes disponen de 840 lenguas vivas para entenderse, aunque la principal lengua oficial es el inglés (recordemos que su jefe de Estado es el rey de Inglaterra). El segundo puesto es para Indonesia, con 715 lenguas vivas, aunque en este caso parece un poco más lógico porque sus algo más de 270 millones de habitantes se distribuyen por 17.508 islas. El tercer lugar es para Nigeria, donde sus 225 millones de habitantes también tienen el inglés como lengua oficial, con otras cuatro cooficiales, que registra 527 lenguas vivas.

Lenguas francas.

Hay idiomas en los que podemos entendernos la mayor cantidad posible de los 7.700 millones de habitantes que actualmente poblamos la Tierra (datos ONU). La necesidad de su implantación se basa en aspectos como la economía, el comercio y el Derecho internacionales, las relaciones políticas y diplomáticas… Si miramos las estadísticas, 1.500 millones son hablantes nativos del inglés o han aprendido este idioma para entenderse con otros angloparlantes de distintas partes del mundo. Es la lengua franca de nuestra época, como en su tiempo lo fue el latín o intentó serlo, posteriormente, el esperanto. La política de colonización británica tiene mucho que ver con la difusión del inglés, pero también la influencia, sobre todo económica y política, de Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte de hablantes nativos del inglés (225 millones).

Si continuamos sumando el número de hablantes nativos y el de los que han aprendido una lengua distinta a la propia materna, el siguiente idioma europeo más utilizado en el mundo es el español, con 549 millones de hablantes, y en el medio quedan el chino mandarín, 1.119 millones, y el hindi, 602 millones. Un cálculo de los porcentajes reafirma la condición de lengua franca actual del inglés: mientras que los no nativos que han aprendido este idioma son un 74,3% del total, los de los otros idiomas suponen un 17,8%, el chino, un 42,9%, el hindi, y un 13,5% el español. Y no perdamos de vista a la India: aunque sus gentes sigan luchando por la igualdad de clases y por erradicar la pobreza, muchas de sus poblaciones se han convertido en un referente mundial en tecnología, innovación y comercio. Vueltos a los porcentajes de hablantes no nativos, y aunque el inglés sea lengua oficial en el país asiático, junto con el hindi, la cifra de este último, en comparación con chino y español, es todo un síntoma.

El Parlamento Europeo (PE) aprobó el 5 de julio de 2022, por amplia mayoría, la Ley de Mercados Digitales (DMA, de Digital Markets Act) y la Ley de Servicios Digitales (DSA, de Digital Services Act), que ya habían sido consensuadas entre el propio PE y el Consejo Europeo. Según la nota de prensa emitida por el organismo comunitario, «ambas leyes tienen por objeto abordar los efectos sociales y económicos del sector tecnológico. A tal fin, establecen normas claras que regulan, de acuerdo con los derechos y valores de la UE, el funcionamiento y la prestación de servicios por parte de estas empresas en la Unión».

Qué hace el ‘sheriff’. Cabe decir que los Estados miembros de la Unión dan un paso tan gigantesco como histórico para lograr la regulación legal del mercado digital. «Reglas sin precedentes», dicen desde el PE, para que las empresas tecnológicas rindan cuentas. No olviden esto último, en lo que incidiremos un poco más adelante, porque esos controles son el principal objetivo de ambas normas. La DSA, si vemos las normativas por separado, «establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o los mercados electrónicos, para hacer frente a fenómenos que pueden suponer una amenaza para la sociedad, como la difusión de contenidos ilegales y la desinformación en línea. Los nuevos requisitos son proporcionales al tamaño de las plataformas digitales y a los riesgos que representan para la ciudadanía», dice el PE.

SON UNAS «REGLAS SIN PRECEDENTES», DICEN DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO, PARA QUE LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS RINDAN CUENTAS

La DMA «establece obligaciones para las grandes plataformas en línea que ejercen como guardianes de acceso (es decir, aquellas plataformas cuya posición dominante aboca a prácticamente todos los usuarios a utilizarlas) en el mercado digital para velar por un entorno empresarial más justo y una mayor oferta de servicios para los consumidores». Aunque lo habrán percibido entre líneas, hablar de «guardianes de acceso» es citar implícitamente a las llamadas GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft (aunque sería mejor llamarlas GAMAM desde que Facebook es Metaverso). Y no: la denominación no es un invento del redactor de la ley, porque a estas grandes compañías las llaman, en argot del sector, «los guardianes» (gatekeepers) online.

Servicios y Mercados. La DSA, pues, está más basada en las redes sociales y el comercio electrónico (e-commerce) y busca frenar la desinformación y los bulos o fake news, además del uso publicitario de datos confidenciales o de menores. La transparencia y las explicaciones sobre el uso de sus algoritmos son los objetivos en el caso de las redes sociales; y el rigor respecto a la trazabilidad y la seguridad de los productos ofertados, si hablamos del comercio electrónico. También destaca, decíamos, la prohibición de diversos tipos de publicidad selectiva, como son los anuncios basados en datos confidenciales y aquellos dirigidos a menores de edad. En el capítulo multas se prevé hasta el 6% de su facturación anual para quien incumpla las nuevas obligaciones impuestas.

Para la DMA lo importante es evitar el control de los «guardianes» sobre los datos de los ciudadanos de la UE. Simplificando, se buscará evitar monopolios y se diseñarán normas de acceso a las plataformas de dichos guardianes. En otras palabras, sus servicios de comunicación tendrán que ser interoperables, pero es que, además, los usuarios corporativos (empresas) podrán tener acceso a la información de las grandes plataformas para poder publicitar sus productos y servicios en estas, aunque sean competencia. Afecta a las GAFAM y alguna más, como YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram o Twitter, porque la DMA se aplica a las plataformas que superen los 45 millones de usuarios, entre otros requisitos, lo que las situará bajo el control directo de la Comisión Europea. Las sanciones aquí pueden llegar al 20% de la facturación para los reincidentes.

Reacciones. Al cierre de este número de Escritura Pública apenas había reacciones de las grandes plataformas. Únicamente Apple y Google. La primera, que ya estaba abiertamente en contra de la DMA, ha hecho público su desacuerdo indicando que la norma va a crear vulnerabilidades en la privacidad y la seguridad de sus usuarios, aunque lo que más les duele es que creen que no van a poder cobrar por determinados derechos de propiedad intelectual. Con esta última idea están en Google, aunque ellos lo expresan diciendo que van a salir perdiendo los consumidores europeos porque no van a poder disponer de sus innovaciones y, por tanto, se reducirá su oferta de servicios.

LA LEY DE SERVICIOS DIGITALES BUSCA FRENAR LA DESINFORMACIÓN Y LOS BULOS O FAKE NEWS, ADEMÁS DEL USO PUBLICITARIO DE DATOS CONFIDENCIALES O DE MENORES

En el lado opuesto tenemos organizaciones como la GSMA (Global System for Mobile Communications, organizadores –ente otras actividades– del MWC Barcelona), que se auto define como «una organización global que unifica el ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación fundamental para entornos empresariales positivos y cambios sociales»; y la ETNO (European Telecommunications Network Operators’ Association), que de sí misma dice que es «la voz de los operadores de redes de telecomunicaciones de Europa desde 1992 y se ha convertido en el principal grupo político para los operadores europeos de redes de comunicaciones electrónicas». Ambas se han posicionado sin fisuras a favor de la frase estrella del PE: «lo que es ilegal offline debería ser ilegal online». Para que conste, son organizaciones nacidas en Europa y paneuropeas en sí mismas, aunque con intereses en todo el mundo; sobre todo GSMA.

Y ahora, ¿qué? Los textos se tienen que publicar en el Diario Oficial de la UE, lo cual sucederá cuando el Consejo los apruebe oficialmente (unos días después de la aprobación por el PE para DMA y en septiembre de 2022 para la DSA). Su entrada en vigor será veinte días después de su publicación; y serán directamente aplicables a los seis meses para la DMA y a los quince meses o en enero de 2024 (la fecha más tardía) para la DSA. Esto se aplica a toda la Unión Europea sin necesidad de que los Estados miembros las transpongan.

Procede finalizar con una declaración del alemán Andreas Schwab, ponente de la DMA: «Ya no vale lo de la “supervivencia del más fuerte”. El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores compañías y no sólo a las más grandes. Por eso debemos centrarnos en la aplicación de la legislación. Hace falta una vigilancia adecuada para asegurar que el diálogo regulatorio funciona. Sólo una vez que tengamos un diálogo entre iguales lograremos que la UE sea respetada; se lo debemos a nuestros ciudadanos y empresas».

Seguramente conviene empezar por recordar que Reporteros sin Fronteras, (RSF), organización no gubernamental nacida en Francia en 1985, es reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo de Europa. Desde hace veinte años, viene publicando un informe anual en el que analiza cómo se ejerce el periodismo en 180 países. Su evaluación se basa en lo que su propio panel de expertos define como libertad de prensa, principio con el que seguramente es fácil estar de acuerdo: «La libertad de prensa es la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones, en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental».

Los parámetros analizados.

La mejor manera de ver rápido y claro una situación es poner notas. En el caso del antes mencionado informe anual, y muy escuetamente, se lleva a cabo una valoración, de 0 a 100 puntos, mediante preguntas en cinco contextos diferentes: el político, el económico, el socio cultural, el marco legal y la seguridad. El fin del primero es valorar cómo se apoya a periodistas y medios cuando exigen claridad y transparencia a los políticos, pensando solo en el interés público, y cómo se acepta la diferencia de criterios profesionales según ideología o independencia políticas. En el aspecto económico se tienen en cuenta desde las trabas que ponen los gobiernos o la corrupción de los periodistas por parte de distintos actores, hasta las presiones hacia los editores y sus consecuencias respecto a los periodistas.

REPORTEROS SIN FRONTERAS SEÑALA QUE EXISTE UN CAOS INFORMATIVO CREADO POR UN ESPACIO DIGITAL GLOBALIZADO Y SIN REGULAR, QUE FAVORECE LAS INFORMACIONES FALSAS

El contexto sociocultural se mueve en dos líneas: las presiones sociales hacia los periodistas (machismo, racismo, xenofobia…) y las presiones culturales, concretadas en sugerir a los profesionales de la información que no «destapen» determinadas cosas para no perjudicar al conjunto del territorio o de la sociedad. El marco legal se refiere a la libertad de poder trabajar sin censura o sanción, la posibilidad normativa de proteger las fuentes o el grado de impunidad de quienes agreden a los periodistas. En lo tocante a la seguridad, por último, se analiza la existencia o no de daños físicos, sicológicos o emocionales a los periodistas y el perjuicio profesional, como pérdida de empleo, cuando el informador se sale de los límites impuestos por determinados poderes.

Caos informativo.

La expresión no es nuestra, sino fruto de la contundencia con que se expresan los redactores del informe de RSF: el informe «pone de manifiesto, en su edición de 2022, los efectos desastrosos del caos informativo, creado por un espacio digital globalizado y sin regular, que favorece las informaciones falsas y la propaganda». También hacen referencia a una doble polarización «amplificada por el caos informativo: la polarización mediática, que crea fracturas dentro de los países, y la polarización de los Estados, a escala internacional». En el fondo, las frases son la reseña de situaciones que hemos visto o percibido últimamente, desde el asalto al capitolio de EE. UU. hasta la invasión en Ucrania por parte de tropas rusas, sin olvidar todo lo que viene concurriendo en torno a la pandemia del COVID-19.

Según esas puntuaciones antes citadas, en esta «nueva era de la polarización» –así lo califican en RSF– los diez países donde el estado de la libertad de prensa se considera mejor son Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituania y Liechtenstein, cuyas puntuaciones oscilan entre los 92.65 y los 84.03 puntos sobre 100. A la cola, los cinco con menor puntuación son Birmania, Turkmenistán, Irán, Eritrea y Corea del Norte, que solo obtuvieron entre 25.03 y 13.92 puntos sobre 100. España quedó en el puesto 32 con 76.71 puntos.

Por contextos.

Si lo vemos según el contexto político, Noruega, Dinamarca y Suecia también encabezan la clasificación, con Eritrea a la cola. Respecto al contexto económico, los mismos tres de cabeza, aunque intercambian puestos Suecia y Dinamarca, siendo el último país de la clasificación Corea del Norte. Cambia un poco el panorama en el contexto sociocultural, donde el primer lugar lo ocupa Jamaica, seguido de Noruega y Portugal; también aquí Corea del Note ocupa el último puesto. Si miramos la situación del marco legal, Noruega, de nuevo, Argentina y Suecia están arriba y Cuba abajo del todo. En el ámbito de la seguridad, por último, primeros puestos para Liechtenstein, Irlanda y Costa Rica y el último para Birmania, país del que RSF dice que «el golpe de Estado de febrero de 2021 ha hecho retroceder brutalmente diez años la situación de los periodistas».

DE 2013 A 2022, LOS PAÍSES CON BUENA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA HAN PASADO DE 26 A 8 Y LOS QUE TIENEN SITUACIÓN DIFÍCIL O MUY GRAVE, DE 58 A 70

Hay un contexto, no definido así en el informe, que es el histórico, donde podemos ver con mayor perspectiva el panorama internacional comparando los análisis de 2013 a 2022. En el primero de los años, los países con buena situación de la libertad de prensa, de los 180 estudiados, eran veintiséis. En 2022, solo ocho. En el lado contrario, los países con situación difícil o muy grave eran cincuenta y ocho en 2013. En 2022, setenta. Y no: Europa no se libra de esta situación de retroceso, aunque cope los primeros puestos de la clasificación. El informe cita específicamente a países de la zona Europa-Asia Central como Eslovenia, Polonia, Hungría, Albania, Grecia, Rusia, Bielorrusia o Turquía, donde «se han endurecido las medidas liberticidas» contra el periodismo.

EUROPA NO SE LIBRA DE ESTA SITUACIÓN DE RETROCESO, AUNQUE COPE LOS PRIMEROS PUESTOS DE LA CLASIFICACIÓN

En democracia.

Solo por curiosidad, hemos comparado los resultados del informe de RSF con el Índice de Democracia Global elaborado por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. Es verdad que este índice analiza 167 países (frente a los 180 del informe de RSF), con lo que la comparación no puede ser estricta; pero en su última edición (2021) solo veintiuno han sido calificados como democracias plenas. Y ahí se incluyen todos los países escandinavos, Irlanda o Costa Rica, que, oh coincidencia, son los que encabezan la clasificación hecha por los reporteros. Es un caso más de efecto y causa; es una llamada de atención a la sociedad compleja en la que estamos inmersos.

World Inequality Lab, un centro de investigación internacional económica y social creado en l’École d’économie de París, ha hecho público su informe anual sobre la desigualdad en el mundo (World Inequality Report 2022) en el que decenas de investigadores de setenta países han plasmado la siguiente foto fija de 2021: el 10% de la población con mayor riqueza posee el 75% de toda la que hay en el mundo, mientras que el 50% con menos recursos solo dispone del 2%. Y la tendencia, durante la pandemia, ha sido ir incrementando esas diferencias.

Los conflictos bélicos destruyen recursos, paralizan la producción y el empleo

Pandemia.

«La crisis del COVID –explicó Lucas Chancel, autor principal del informe– ha exacerbado las desigualdades entre los muy ricos y el resto de la población. Sin embargo, en los países ricos, la intervención del gobierno evitó un aumento masivo de la pobreza; este no fue el caso en los países pobres. Esto demuestra la importancia de los estados sociales en la lucha contra la pobreza».

En cifras, y mirando las diferencias entre los datos de 2019 y los de 2021, el 50% de la población mundial menos favorecida no ha incrementado ni disminuido su porcentaje de riqueza, tan solo es de un 2%, mientras que el del 10% de los más ricos ha crecido en cuatro décimas (75,1% a 75,5%); pero la diferencia es más evidente si solo miramos al 1% de los más pudientes, que han incrementado su riqueza del 37,1% del total mundial al 37,8%. Estos porcentajes debemos mirarlos juntamente con los de ingresos: quienes más tienen no los han incrementado, pero para los más infortunados han caído una décima porcentual.

Desigualdad desigual.

No es nuevo para nadie que existen zonas geográficas en las que las diferencias económicas son, de puro grandes, abismales. Dice el informe de World Inequality Lab que «la desigualdad varía significativamente entre la región más igualitaria (Europa) y los más desiguales (países MENA, acrónimo inglés que se refiere al Oriente Medio y el Norte de África)». En Europa, la participación en los ingresos del 10% (de las personas más ricas) está en torno al 36%, mientras que en los países MENA es del 58%. Ya se habrá percatado el lector que el estudio diferencia entre riqueza, donde es mayor la desigualdad, e ingresos.

Si vamos más allá de los números globales, observamos también distintos patrones. Por ejemplo, los niveles de ingreso promedio nacional no son proporcionales con el grado de igualdad. Hay países de ingresos elevados que son muy desiguales, como los EE.UU., mientras que, en otros, como Suecia, se da mayor proporcionalidad. Algo parecido sucede entre los países de ingresos bajos y medianos, donde encontramos casos como Brasil e India, con una enorme desigualdad; China, que se sitúa en un término medio, aunque peligrosamente tendente al alto; o Malasia y Uruguay, donde los grados de desigualdad se pueden calificar de moderados.

Dificultades de recuperación.

En el informe Global Economic Prospects 2022, del Banco Mundial, se incluyen secciones analíticas en las que se plantean tres obstáculos que pueden impedir una recuperación duradera en las economías en desarrollo. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la desigualdad. Se pone de manifiesto que la pandemia ha supuesto un incremento en la desigualdad de ingresos a nivel mundial, dando al traste, en gran medida, con la disminución conseguida en las dos décadas anteriores.

La crisis del covid ha exacerbado las desigualdades entre los muy ricos y el resto de la población

«También ha intensificado la desigualdad –dice el informe– en muchas otras esferas de la actividad humana: en la disponibilidad de vacunas, en el crecimiento económico, en el acceso a la educación y la atención de la salud, y en la escala de la pérdida de empleo y de ingresos, que ha sido mayor entre las mujeres y los trabajadores poco cualificados e informales. Esta tendencia puede dejar cicatrices duraderas: por ejemplo, las pérdidas de capital humano causadas por las interrupciones en la educación pueden transmitirse de una generación a otra».

Soluciones.

Dicen los economistas que «el papel lo aguanta todo», pero no es menos verdad que sin poner sobre la mesa posibles soluciones, los problemas de desigualdad (cualquier problema de ámbito económico y mundial, en realidad) serán difíciles de atajar. Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que firman el prólogo del World Inequality Report 2022, dicen que «Este informe deja claro una vez más que se necesitan cambios políticos profundos para que las cosas vuelvan a su lugar. Las soluciones políticas existen normalmente y, cuándo no, a menudo sabemos cómo encontrarlas. Nuestra propia investigación, y la de los investigadores de la red que ayudamos a crear, se ha centrado en cómo hacer bien la ‘fontanería’, para que la política pueda hacer su trabajo».

Son necesarias reformas que puedan incrementar la inversión y promover el capital humano y revertir la desigualdad de ingresos y de género

Por su parte, Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, dijo que «A la luz de la desaceleración prevista en el crecimiento de la producción y la inversión, el escaso espacio normativo y los riesgos considerables que opacan las perspectivas, las economías emergentes y en desarrollo deberán calibrar cuidadosamente sus políticas fiscales y monetarias. También es necesario que emprendan reformas para borrar las cicatrices de la pandemia. Estas reformas deben diseñarse de modo tal que puedan incrementar la inversión y promover el capital humano, revertir la desigualdad de ingresos y de género, y hacer frente a los desafíos del cambio climático».

Conflicto bélico.

Estábamos enfrascados en estos análisis y pensando en soluciones, cuando un país decidió invadir militarmente el territorio anejo y ajeno, y provocar una importante debacle económica en todo el mundo. No les abrumamos con detalles, ni los humanos ni los económicos, que los tienen ampliamente explicados y al día en todos los medios informativos. Pero eso nos ha hecho preguntarnos si esto va a incrementar la desigualdad en el mundo, si se restringirá a Europa o si será solo un problema para invasores e invadidos.

Duele hablar de ello mientras mueren personas, niños… mientras se destruyen hospitales y escuelas, pero ya nos pasó antes, nos sigue pasando, en otros conflictos bélicos. Así que déjennos echar mano de la historia europea, sin ir más allá, para encontrar un dato. Los conflictos bélicos, por definición, destruyen recursos, paralizan la producción y el empleo, además de causar disminución poblacional. Cero crecimiento, incluso negativo, y menor riqueza, por tanto; pero para todos. En Francia, por ejemplo, la desigualdad disminuyó durante ambas guerras mundiales y en el lapso entre ellas (datos del World Inequality Lab, que lleva estudiando la desigualdad en el país galo desde principios del siglo XIX). Ya saben: vivimos en un mundo en el que hay más grises que blancos y negros, aunque el mal de muchos no consuele, esta vez, a nadie.

Legislar sobre la convivencia del hombre con los animales no es algo nuevo. Ya el Derecho Romano incluía a estos últimos en su normativa, aunque los considerase «cosas». La realidad histórica es que ese régimen jurídico de los animales lleva más de dos mil años presente en el continente europeo y, por ende, en muchos países de todo el mundo.

Si nos quedamos en la Unión Europea, tenemos el Tratado de Ámsterdam de 1997, donde se encuentra el germen del artículo 13 del Tratado de Lisboa, firmado en 2007, que dio lugar Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En él se reconoce la sensibilidad animal y exige a los Estados miembros que «tengan plenamente en cuenta los requisitos de bienestar de los animales» cuando apliquen las políticas de la UE relativas a agricultura, pesca, transporte, investigación y desarrollo tecnológico.

LA UE EXIGE A LOS ESTADOS MIEMBROS QUE «TENGAN PLENAMENTE EN CUENTA LOS REQUISITOS DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES»

Pero esto de reconocer que los animales no son meros objetos, parece no ser suficiente. Austria, pionera en quitar a los animales la consideración de «cosas» (1988), lo cita explícitamente en su Código Civil: «Los animales no son cosas; están protegidos por leyes especiales». A parecidas soluciones llegaron Alemania y Suiza. Algo similar sucedió en Canadá, concretamente en la Asamblea Nacional de Quebec, cuando legislaron para reconocer que «los animales no son cosas, sino seres sintientes con necesidades biológicas», y en Nueva Zelanda.

La Declaración de Cambridge.

Un prestigioso grupo internacional de científicos especializados en neurociencia cognitiva, neurofarmacología, neurofisiología y neurociencia computacional, se reunieron en la Universidad de Cambridge (julio de 2012) para evaluar, a la luz de los conocimientos actuales, los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y los comportamientos que tienen que ver con ella; y, aquí viene lo significativo, en humanos y no humanos.

Cuando se refieren a la consciencia, dejan lugar a pocas dudas: «Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos». Es quizás por eso que las normativas de Francia (2015), Portugal (2017) y la recientemente aprobada en España (2021) «prefieren –como se indica en el preámbulo de nuestra Ley– una descripción “positiva” de la esencia de estos seres que los diferencia, por un lado, de las personas y, por otro, de las cosas y otras formas de vida, típicamente de las plantas». En esto consiste, básicamente, lo que hemos dado en llamar «descosificación».

Índice de protección animal.

Para tener una idea de conjunto y por países de en qué situación se encuentran internacionalmente las leyes de protección a los animales y de traslación a la realidad de los distintos países de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (UNESCO, 1978, y ONU, posteriormente), conviene echar un vistazo al Índice de Protección Animal (API, por sus siglas en inglés de Animal Protection Index) que ofrece la organización internacional World Animal Protection, antes conocida como World Society for the Protection of Animals (WSPA). La segunda edición de este índice es la de 2020 (publicada en diciembre de ese año; la primera fue en 2014) y revisa la situación de cómo la legislación protege a los animales en 50 países de todos los continentes.

EL GRUPO DE ANIMALES QUE MAYOR ATENCIÓN RECIBEN, EN CUANTO A LA PRESENCIA EN LA LEGISLACIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL, SON LOS DEDICADOS A LA INVESTIGACIÓN

El análisis del API se basa en cuatro pilares: reconocimiento de la sensibilidad animal y prohibición del sufrimiento animal, presencia de la legislación sobre bienestar animal, establecimiento de órganos gubernamentales de apoyo y apoyo a las normas internacionales de bienestar animal (la antes citada Declaración Universal y las normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal). Los resultados se ofrecen online, abiertos a todos los usuarios, y se pueden ver en conjunto, país por país, según cada uno de los pilares e, incluso, comparando países. En el mapa global se observa que Irán y Azerbaiyán son los últimos de la clasificación general, mientras que Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Suiza y Reino Unido son los que se encuentran a la cabeza. Todos de Europa, como puede apreciarse.

Sensibilidad animal.

Siendo importantes todos los pilares citados, los dos primeros están íntimamente ligados con el reconocimiento de #AnimalesNOsonCosas y su traslado a la correspondiente legislación. El reconocimiento de la sensibilidad animal está más arraigado en Colombia, seguido de Perú y Chile, en América; y de Austria, Francia, Países Bajos y Suecia, en Europa, zona en la que el país peor clasificado es Bielorrusia. Si hablamos de leyes contra el sufrimiento animal, Suiza, Dinamarca y Suecia son los más activos. En este capítulo es en el que se denota más actividad, ya que se unen al grupo de los «B» –segunda posición– países como Canadá, Rusia, India o Pakistán y Kenia, Nigeria y Malasia, por no dejar ninguna zona por mencionar.

EL ÍNDICE DE PROTECCIÓN ANIMAL MIDE LA TRASLACIÓN A LA REALIDAD DE LOS DISTINTOS PAÍSES DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

La citada Kenia, pasando ya al pilar del traslado de los principios a la legislación, es el país más activo en la protección legal de animales salvajes, seguido de Brasil. El grupo de animales que mayor atención reciben, en cuanto a la presencia en la legislación del bienestar animal, son los dedicados a la investigación, con Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suiza, Países Bajos, Suecia y Dinamarca como primeros valedores. El grupo de los dedicados a la agricultura solo se ve reconocido legalmente en Austria y Suecia. El parámetro en que mejor clasificada sale España es respecto al grupo de los animales en cautiverio, junto con Reino Unido, Suiza, Austria, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia. Si señalamos a los animales de compañía, están más protegidos por la legislación en Reino Unido, Polonia, Austria, Suiza, Suecia, Malasia y México. En el último de los grupos, los animales de tiro y recreo –suponemos que se refiere básicamente a caballos–, solo Malasia y Suiza se salvan de la quema, pero con valores mucho más bajos que en las otras medidas.

Objetivos 14 y 15.

Naciones Unidas, en su Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, incluyó la necesidad de conservar de manera sostenible los océanos y el uso de los ecosistemas terrestres. Hablan de protección de fauna y flora, claro, promoviendo las adecuaciones legislativas que ayuden a esa sostenibilidad. En mayo de 2022, va a tener lugar en Lyon (Francia) la 19ª Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres a la que asistirán, si nos guiamos por anteriores ediciones, más de 3 000 especialistas. Será un termómetro para conocer cómo estamos haciendo las cosas respecto a la legislación para la protección de esos seres vivos que están a nuestro lado…