-Acaba de regresar del encuentro de la COMJIB y la CMJPLOP en Tenerife, donde ministros de Justicia de dieciséis países suscribieron la Declaración de las Islas Canarias. ¿Qué supondrá para la comunidad iberoamericana y de habla portuguesa esta iniciativa?

El II Encuentro de la COMJIB y la COMJPLOP en Tenerife ha permitido consolidar un espacio de diálogo político-institucional al más alto nivel entre Ministerios de Justicia en lengua española y lengua portuguesa. Esto nos permitirá profundizar los vínculos entre nuestras políticas públicas y nuestras herramientas de cooperación jurídica internacional en países con muchas similitudes culturales, históricas, lingüísticas y también jurídicas.

“LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL AHORA SE PUEDEN TRAMITAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA IBER@, DISEÑADA POR EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL NOTARIADO”

-En la clausura de dicho encuentro alertó sobre «la gran amenaza que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos». ¿Cuáles son las principales líneas de actuación puestas en marcha desde la COMJIB?

En la COMJIB somos depositarios de diversos tratados internacionales suscritos por los Estados en aras de generar mayores respuestas contra la criminalidad organizada. Uno de ellos es el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, más conocido como Tratado de Medellín, que entró en vigor hace más de dos años. También contamos con otros tratados que regulan los equipos conjuntos de investigación en la región iberoamericana, que permiten constituir equipos de policías, fiscales y/o jueces para investigar delitos trasnacionales de cierta complejidad.

-La COMJIB y el Notariado español mantienen una estrecha colaboración -vehiculada, por ejemplo, con el desarrollo de las plataformas telemáticas como Iber@ e Iberfides-. ¿Cuál es su utilidad?

A través del Tratado de Medellín se está logrando que las solicitudes de cooperación jurídica internacional que antes se realizaban por valija diplomática o correo electrónico ahora se puedan tramitar ágilmente y con elevados niveles de seguridad a través de la Plataforma Iber@, diseñada y custodiada por el Centro Tecnológico del Notariado. Iberfides por su parte, es también una herramienta muy valiosa, con objetivos similares pero adaptada al ámbito notarial, la cual ha despertado mucho interés en los países iberoamericanos.

-Ha cumplido recientemente cinco años al frente de la secretaría general de la COMJIB. ¿Qué balance realiza de este período?

Una de mis prioridades como secretario general ha sido potenciar la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) que este año cumple su vigésimo aniversario. En la actualidad contamos con más de 300 puntos de contacto activos en la Plataforma Iber@; hemos vuelto a realizar encuentros presenciales de puntos de contacto; la página web de IberRed cuenta con información y noticias actualizadas; estamos realizando seminarios virtuales sobre temáticas de interés como protección de datos o cibercriminalidad; hemos logrado dar de alta a puntos de contacto de Eurojust en la Plataforma Iber@, y acabamos de ingresar como observadores a GlobE Network que es una red especializada anticorrupción de Naciones Unidas. He tratado de impulsar muchas iniciativas en estos cinco años, pero si tuviera que elegir la más importante, me quedaría con la reactivación efectiva de IberRed.

-Junto al idioma común, el derecho romano aglutina a los países de la comunidad iberoamericana. ¿Qué aporta mantener un régimen jurídico similar?

Los países iberoamericanos tenemos una tradición jurídica de derecho continental o civil law. Eso significa que tenemos muchas similitudes desde el punto de vista legislativo, pero también en cuanto a las prácticas jurídicas. Esta situación aporta numerosas ventajas ya que los problemas de los sistemas de justicia son bastante similares y eso permite también identificar estrategias conjuntas para abordarlos. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado abundantemente en estos cinco años ha sido el problema de hacinamiento de los sistemas penitenciarios en América Latina. Hemos generado acuerdos políticos y técnicos en la COMJIB para promover respuestas más humanizadoras en los sistemas penales, promoviendo la alternatividad y la proporcionalidad de las penas. Ha sido posible alcanzar dichos acuerdos ya que tenemos diagnósticos bastante similares entre los países miembros.

-¿Cómo son las relaciones de la COMJIB con otras instituciones plurinacionales, como las comunitarias Eurojust o su homóloga JAI?

IberRed y Eurojust firmaron un memorándum de entendimiento en el año 2009 y en el año 2020 logramos firmar un Acuerdo de Ampliación de dicho memorándum para que estas dos redes puedan interactuar en la Plataforma Iber@. Esto requirió un importante trabajo de los equipos técnicos, debido a las dificultades que genera la política europea en materia de protección de datos. Afortunadamente, se han podido culminar los trabajos y ya contamos con usuarios de Eurojust designados, los cuales pueden acceder a la plataforma y realizar consultas informales con los países iberoamericanos. También participan de nuestros encuentros presenciales de puntos de contacto, lo que ha sido muy gratificante.

-Como ministro de Justicia formó parte del gabinete de Juan Manuel Santos, cuyas negociaciones permitieron poner fin a cincuenta años de guerra civil y le hicieron acreedor del Nobel de la Paz. ¿Qué aportó el Derecho en esa etapa en Colombia?

En el caso colombiano, una de las tareas que me encomendó el presidente Santos fue la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin lugar a dudas se trató de un enorme desafío, ya que supuso levantar de cero una nueva jurisdicción, con todo lo que ello significa: designación de jueces y operadores jurídicos, habilitación de edificios, legislar los procedimientos judiciales que se emplearían. Creo que la experiencia colombiana fue un buen ejemplo de cómo desde el derecho y la institucionalidad se pueden ofrecer respuestas adecuadas para hacerse cargo de escenarios de post conflicto.

“IBERFIDES ES UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA, ADAPTADA AL ÁMBITO NOTARIAL, QUE HA DESPERTADO MUCHO INTERÉS EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS”

-Ha presentado en Madrid un libro que define como transcendental para la paz. Se titula Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial. ¿Por qué lo considera tan importante?

Este estudio ha permitido reunir a importantes académicos y referentes para generar una reflexión colectiva sobre los avances de la Justicia Transicional en América Latina. La mayoría de las experiencias de Justicia Transicional tienen un denominador común: representan los esfuerzos de los sistemas democráticos por hacerse cargo de los nocivos efectos causados por la violencia en conflictos armados internos o periodos dictatoriales. Creemos que con esta reflexión podemos trazar una hoja de ruta con las lecciones extraídas, sobre todo porque en la actualidad hay numerosos conflictos internos en países en los que todavía no se atisba una solución. Esperamos que esta obra, que ha podido realizarse gracias al apoyo del Consejo General del Notariado, contribuya a ello.

-Su institución acaba de mantener un encuentro en Tenerife con sus homólogos de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB). ¿Cuál es el grado de cooperación entre ambas instituciones?

La relación entre estas dos organizaciones es aún muy reciente. Cabe destacar que este es el segundo encuentro, habiéndose celebrado el primero en 2021 también en Tenerife. Consideramos que es el inicio de un proceso que, con la voluntad y el compromiso de los Ministros de Justicia de la CPLP y de los países iberoamericanos y las bases de cooperación lanzadas y traducidas en las Declaraciones de Tenerife 2021 y Canarias 2024, ayudará a fortalecer la cooperación, la colaboración así como los lazos entre la comunidad de países de habla portuguesa y la comunidad iberoamericana y así poder trabajar juntos desarrollando actividades en pro de una justicia que trasciende las fronteras estatales.

“LA CMJPLOP HA CONTRIBUIDO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA”

-Constituida en 1992 e integrada por países de cuatro continentes, CMJPLOP cuenta con más de treinta años de existencia. ¿Qué ha aportado este organismo a la comunidad jurídica lusófona?

A lo largo de estos 30 años se ha hecho mucho en el seno de la comunidad jurídica lusófona, aportando uniformidad en las relaciones multilaterales y la asistencia entre los Estados que forman parte de la CMJPLOP. Los Ministros de Justicia de la CPLP han venido trabajando para construir un espacio más armónico y uniforme. De manera transversal, han adoptado mecanismos y herramientas para fortalecer la capacidad de las instituciones en las áreas de derecho y justicia, en el ámbito de la investigación, y en la prevención y lucha contra el delito, a partir de una visión e interés común orientado a fortalecer la justicia para las poblaciones de esa comunidad.

Así, se aprobaron varios convenios, destacando el Traslado de Personas Condenadas entre los Estados miembros de la CPLP; el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la CPLP; y el Convenio sobre Extradición entre los Estados miembros de la CPLP.

Con el objetivo de reunir a los principales actores del sistema judicial y crear espacios de cooperación especializados, se crearon la Red Internacional de Cooperación Judicial y Judiciaria de los Países de Habla Portuguesa; la Conferencia de Procuradores Generales de la República,y la Conferencia de Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de la CPLP; así como grupos de trabajo y comisiones de apoyo a las reformas legislativas. También se instauró el asesoramiento técnico y jurídico a entidades del ámbito de la Justicia (organización judicial, sistema penitenciario y de reinserción social, registros y notaría, investigación criminal y medicina forense); y la formación de magistrados y otros operadores judiciales. La CMJPLOP ha contribuido a la convergencia de los ideales y principios democráticos, a la protección de los derechos humanos, a la consolidación de la paz, a la protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos y a la lucha contra la delincuencia nacional y transfronteriza.

-En su discurso en Canarias manifestó que una de las líneas de actuación previstas para el bienio de presidencia santotomense de la Conferencia sería «el fortalecimiento del sistema notarial». ¿Cuáles serán los pasos a seguir para alcanzar este objetivo?

De hecho, al asumir la presidencia de la XXVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa, Santo Tomé y Príncipe consideró prioritario el fortalecimiento del sistema notarial, teniendo en cuenta el papel ineludible que desempeñan los servicios registrales y notariales en la vida de los ciudadanos en un contexto de movilidad dentro del espacio de la CPLP. El objetivo principal es involucrar a los ministros de Justicia de la CPLP en el proceso de armonización de la legislación notarial; la mejora de los servicios mediante la capacitación; el intercambio de experiencias, y la implementación de mecanismos que garanticen la emisión y circulación de documentos, así como la realización de actos notariales y el registro de documentos esenciales en la vida de los ciudadanos e indispensables para la validez de los actos y hechos que surgen de la relación privada y comercial, de forma rápida y segura.

En este contexto, la visión conjunta converge en la creación de plataformas y mecanismos para la circulación de documentos digitales; la posibilidad de formar contratos virtuales, y la garantía de autenticidad de estos datos. Con el propósito de monitorear e implementar, se creó una comisión, y se definió el plan de acción y una hoja de ruta que guió la implementación de las medidas para lograr este objetivo.

-Como Ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, el pasado año visitó Madrid para conocer de primera mano las herramientas de lucha contra la delincuencia económica desarrolladas por el Consejo General del Notariado. ¿Considera viable implementar un modelo similar entre los miembros de CMJPLOP?

Se trató de una visita realizada en calidad de ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe en el marco de la cooperación bilateral con el Consejo General del Notariado (CGN). En este contexto, consideramos factible la aplicación de este instrumento para fortalecer la capacidad de las instituciones de Santo Tomé para prevenir y combatir los delitos económicos. Santo Tomé y Príncipe ha desarrollado, en los últimos años, una cooperación muy interesante y fructífera con el CGN en el ámbito del desarrollo de capacitaciones, la formaciónel apoyo institucional y se ha adherido al proyecto Iberfides.

En cuanto a la implementación de los instrumentos para combatir la delincuencia económica desarrollados por el Consejo General del Notariado a nivel de los países de la CPLP, este tema aún no ha sido programado y discutido, sin embargo puede formar parte de la agenda de la próxima reunión conjunta CMJPLOP y COMJIB.

“SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE CONSIDERÓ PRIORITARIO EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NOTARIAL”

-Su país se ha adherido al Tratado de Medellín -nacido para fomentar la cooperación jurídica internacional-, convirtiéndose en el primer país africano en sumarse al acuerdo. ¿Qué aportará esta iniciativa a su sistema de justicia?

En el marco de la cooperación, el Consejo General del Notariado ha manifestado su voluntad de colaborar con el Ministerio de Justicia de Santo Tomé y Príncipe en el proceso de adhesión a este importante instrumento jurídico para reforzar la cooperación jurídica y judicial internacional, en particular el intercambio de información de forma más rápida y segura por medios informáticos. El país se encuentra trabajando en una futura adhesión al Tratado de Medellín en los términos que se definirán bilateralmente con la COMJIB.

Después de tres años al frente de la Agencia , ¿qué valoración hace de este periodo dirigiendo la AECID?

Con mi pasado de cooperante, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. La AECID cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos de los que he aprendido muchísimo y sigo haciéndolo cada día. Ese compromiso nos ha permitido llegar hasta aquí y superar etapas difíciles, de abandono político y presupuestario.

Por un lado, ha sido un periodo difícil, marcado por las crisis superpuestas a las que hemos tenido que responder desde la agencia humanitaria y de cooperación de España canalizando la solidaridad de la ciudadanía española. Las crisis más inmediatas pueden visualizarse en tres momentos: la evacuación de Afganistán en verano de 2021 (que incluyó a muchos antiguos colaboradores de la AECID); la guerra de agresión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022, y el conflicto en Oriente Medio y la grave situación humanitaria en Gaza desde octubre del año pasado. Podría citar más, como los terremotos de Turquía, Siria y Marruecos, pero esas tres grandes emergencias nos han puesto definitivamente a prueba.

Tampoco podemos olvidar las crisis más estructurales, las de largo plazo. En este tiempo hemos estado trabajando por revertir las consecuencias de la triple crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19 en todo el mundo, que ha revertido una dinámica de décadas de reducción de la pobreza en todo el mundo. Hemos trabajado para combatir la situación de inseguridad alimentaria generada en lugares como el Sahel y el Cuerno de África. Y estamos profundizando en el compromiso verde de nuestra cooperación, apoyando a nuestros países socios en sus esfuerzos de adaptación y mitigación en el marco de una transición ecológica justa.

“LA AECID CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS Y COMPROMETIDOS”

¿Cómo visualiza el futuro?

Son años de cambio y de reforma para la agencia y para el conjunto de nuestro sistema de cooperación. Así, el presupuesto de la AECID experimentó el crecimiento más importante en cerca de una década, superando los 700 millones de euros tras un incremento de más de un 70% en la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Quiero destacar la participación de la AECID en la redacción de la nueva Ley Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que se aprobó en febrero de 2023.

En las próximas semanas esperamos aprobar también el nuevo Estatuto de la AECID, que actualizará la estructura y recursos humanos de la agencia para que podamos ser capaces de gestionar el doble de presupuesto que ahora y retener y atraer el talento que necesitamos. Y en los siguientes meses, tendremos el nuevo Estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), que impulsará nuestra cooperación financiera con nuevos instrumentos, más transparencia y flexibilidad para financiar el desarrollo sostenible; y otro más para facilitar la gestión de nuestras subvenciones.

Quiero destacar la ampliación de nuestra actuación en ámbitos como el nuevo Programa Democracia para América Latina y Caribe en una apuesta por apoyar a nuestros países socios en la región.

España ha estrenado recientemente un nuevo marco jurídico para la cooperación, la Ley 1/2023. ¿En qué se diferencia de regulaciones anteriores?

Estamos hablando de una ley vanguardista que nos permitirá cooperar más (y ahí está el mandato legal del 0,7 y los incrementos presupuestarios que el gobierno ha venido impulsando en los últimos años) pero también mejor, con instrumentos más eficaces y un modelo basado más en la alianza y menos en la ayuda tradicional, cada vez más en entredicho en un mundo de mayor competencia geopolítica. Y no solo porque hemos multiplicado la cantidad de presupuesto que canalizados, sino también por haber sentado las bases de su reforma. De hecho, en 2022 nuestro consejo rector aprobó una hora de ruta con casi 150 acciones bajo el lema Cooperamos. Cambiamos, que ha puesto las bases hacia una agencia más estratégica, con mayores capacidades y con mayor impacto.

La ley fortalece a la AECID como piedra angular del sistema de cooperación, mandatando aprobar un nuevo estatuto que reforzará sus capacidades de manera estructural: el desarrollo de los y las profesionales que forman parte y al talento que queremos atraer y en particular el fortalecimiento en relación con la generación de alianzas y la coordinación operativa de un sistema plural y diverso.

Además, con el Estatuto de las Personas Cooperantes aseguramos la consolidación de una carrera profesional digna y atractiva que atraiga y retenga talento al sector, así como la capacitación, especialización y promoción de nuestros más de 2.700 cooperantes en todo el mundo y mejora la transparencia financiera y su eficacia además de reducir cargas burocráticas.

El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Solidaridad Global y la Conferencia Sectorial, permitirán articular mejor la cooperación descentralizada y la Comisión Interministerial permitirá la implicación de toda la estructura administrativa del Estado.

España dedica un 0,3% a la Ayuda al Desarrollo, lejos del 0,5% de compromiso para la legislatura y del 0,7% que fija la Agenda 2030. ¿Cree posible un mayor esfuerzo presupuestario?

No solo es posible: es un mandato legal aprobado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados excepto uno. El artículo 1 de la ley lo mandata. Y, por tanto, vamos a cumplirlo. Nuestras previsiones son alcanzar el 0,5% en 2027 y estar listos para un último esfuerzo y alcanzar dicho 0,7% en 2030. Y por lo tanto, va a ser difícil pero vamos a trabajar por cumplir los objetivos marcados.

“QUEREMOS QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEAN REALES ALLÁ DONDEI TRABAJAMOS”

Quisiera recordar que la AOD española estaba en el 0,19% de la RNB en 2017 y en 2022, que son los últimos datos oficiales contabilizados alcanzaba el 0,30%. Hemos prácticamente doblado en dos años el presupuesto de la AECID hasta los 708 millones de euros en 2023, un nivel que no veíamos desde hace más de una década.

¿Cuál es el rol de las ONGD en la gestión de las ayudas al desarrollo? ¿Deben profundizar en su profesionalización?

Las ONGD son contrapartes clave para la AECID, como socios y colaboradores necesarios para trabajar con nuestros países socios. Además, son portavoces de la sociedad civil, no solo de la española, sino también de las sociedades en las que trabajamos.

Partiendo del reconocimiento del alto nivel de profesionalidad con el que cuentan, humildemente creo que deberían seguir diversificando sus fuentes de financiación, para no depender exclusivamente de subvenciones públicas y aumentar así su campo de acción. Creo que deben ampliar su cooperación financiera y profundizar alianzas tanto entre ellas como con otro tipo de actores de la cooperación.

También animaría a seguir en su diálogo con la sociedad civil de nuestros países socios para ampliar el espacio de la participación social, la democracia y los derechos humanos.

¿Qué región es prioritaria para España en la cooperación?

La ley prioriza el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana (en particular a los países de África Occidental y el Sahel y los países de habla española y portuguesa), así como con los países de América Latina y el Caribe, incluido en el marco iberoamericano.

España es el primer donante del CAD de la OCDE en hacer cooperación para el desarrollo sostenible con países “graduados” en línea con un enfoque más basado en la alianza que en la “ayuda”.

La acción humanitaria española tiene el mandato de seguir dando apoyo a las crisis crónicas en América Latina y el Caribe, el Sahel, los campamentos de población refugiada saharaui, la crisis regional siria y Palestina, Ucrania y Afganistán, atendiendo al mismo tiempo aquellas emergencias que surjan en atención a los llamamientos humanitarios que se produzcan, por ejemplo, en respuesta a desastres naturales, priorizando los países y contextos donde podamos aportar mayor valor añadido, además de atender a emergencias puntuales haya dónde se produzcan.

Usted define a la Cooperación Española como “feminista”. ¿Podría desarrollar este concepto?

Esto significa, ni más ni menos, que queremos que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes sean reales allá donde trabajamos. El firme compromiso feminista de nuestra cooperación se traduce en un incremento constante de nuestros proyectos en materia del ODS5: un 173% desde 2018. El año pasado, el 55% del presupuesto de la agencia se relacionaba con programas marcados como “de género”. Es decir, además de identificar la igualdad de género como sector prioritario, también se establece como transversal el enfoque feminista y de género en el resto de las acciones que realizamos, desde proyectos de agua, salud o culturales hasta nuestra acción humanitaria.

Finalmente, me gustaría destacar uno de nuestros compromisos más sólidos: el que tenemos para prevenir, detectar, tratar e, incluso, erradicar el cáncer cervicouterino, al que dedicamos importantes recursos.

“EL PAPEL DEL NOTARIADO ES IMPORTANTE EN EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA”

¿Cómo cree que debiera ser la participación de las empresas y el capital privado español en la cooperación?

Nuestra nueva ley ya prevé el mayor papel de las empresas y el capital privado en la cooperación. De hecho, su artículo 39 nos mandata fomentar los partenariados y las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación española y el sector privado empresarial, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países socios de la cooperación y la difusión de buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad.

En el marco de la reforma en la que estamos inmersos, reforzar las alianzas de la AECID va a ser fundamental para avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, y el sector privado va a ser clave en ello.

“HEMOS ESTADO TRABAJANDO POR REVERTIR LAS CONSECUENCIAS DE LA TRIPLE CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN TODO EL MUNDO”

Los notarios prestan seguridad jurídica preventiva a ciudadanos y empresas en más de 90 países del mundo. ¿Qué pueden aportar a las políticas de cooperación sobre el terreno?

Sin duda ninguna, el Notariado puede ser un actor fundamental en contribuir al cumplimiento del ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”, tanto con capacitación técnica como con innovación.

Y en ese sentido, su papel es importante en la meta 16.3. de promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos, así como fortalecer los sistemas de gestión del sector público y apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción.

De hecho, la AECID colabora con el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas en varios proyectos. ¿Con qué fines?

Nuestra colaboración recoge ocho actividades encaminadas hacia la potenciación de la gestión de los empleados públicos a través de su formación en las materias respectivas, la puesta en común de las novedades más relevantes y la implementación de las competencias digitales.

Otro de nuestros fines es fortalecer las capacidades de los servicios notariales de los países iberoamericanos en su vinculación con los sistemas de gestión del sector público y el desarrollo de competencias digitales. Resulta patente la necesidad de modernización y fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones, encaminadas al logro de la plena igualdad, reforzando la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se contribuye al diseño de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Es precisa la formación de los empleados públicos y en especial de aquellos a cargo de la seguridad jurídica preventiva que juegan, precisamente por su papel preventivo, un rol esencial en tal tarea y ello estamos trabajando en colaboración.