«Mercados de valores y criptoactivos europeos», por Carmen Pastor

EN ESTE PAÍS

CARMEN PASTOR SEMPERE,
Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Alicante Conferenciante en la Cátedra ICADE-Fundación Notariado

“La autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos”

Mercados de valores y criptoactivos europeos

En este primer semestre de 2023 el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (conocido como MiCA por sus siglas en inglés) ha sido definitivamente publicado, al igual que el resto de disposiciones que integran el denominado Paquete de Finanzas Digitales con el objetivo de garantizar que la UE adopte la revolución digital y la impulse con empresas europeas innovadoras a la cabeza, poniendo los beneficios de las finanzas digitales a disposición de las personas y las empresas. De este modo, el reciente Itinerario hacia la Década Digital, -con metas y objetivos concretos para 2030- incluye la Identidad Digital Europea (en la propuesta de Reglamento eIDAS2, del que también se espera su aprobación a lo largo de 2023). La Identidad Digital Europea (IDe) permite el reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica de los diferentes países de la UE y da la posibilidad a que los propios ciudadanos europeos se identifiquen y verifiquen su información personal en línea, sin tener que recurrir a proveedores comerciales, independientemente del lugar de la Unión Europea en el que se encuentren. Se asegura, de este modo, que todo ciudadano de la UE y residente en la Unión pueda utilizar un monedero digital personal (Wallet).

La creación de mercados de criptoactivos -sectoriales o no- en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales, deberá coordinarse con la IDe de ciudadanos y de empresas tal y como se propone en eIDAS2, así como los pagos (mayorista/minorista) y la contratación electrónica, -en su reciente regulación DMA y DSA (Digital Market Act y Digital Service Act)-. En otras palabras: deben encontrarse en un mismo sistema de identidad digital (Wallet), de lo contrario, el funcionamiento de los mercados (financieros o no) podría verse alterado y los servicios de pago tradicionales podrían verse desplazados, así como la coherencia y los mecanismos de control, supervisión y prevención del fraude y blanqueo (Reglamento de Transferencia de Fondos de la UE, que incorpora la travel rule criptográfica a Europa (TFR)). Por ello, además de MiCA y TFR, el paquete de Finanzas Digitales también incluye el Reglamento de régimen piloto sobre infraestructuras de mercado, un Reglamento de resiliencia operativa digital y una directiva para aclarar o modificar determinadas normas relacionadas con los servicios financieros de la UE. Como se comprueba, pocas dudas pueden quedar al lector sobre el alcance de la regulación, así como del impacto que puede tener la tecnología en diferentes facetas del mercado que emerge y el papel crucial que puede tener la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) -o en términos generales blockchain– para el futuro desarrollo social y económico para Europa.

Los intercambios descentralizados regulados y el sistema IDe dan la estructura a nuevos mercados de criptoactivos, muy lejanos a la actual y confuso comercio de criptomonedas (Exchanges), de modo que puede hacer efectiva la portabilidad de datos y activos en el Mercado Único Digital (de criptoactivos), en el que “casi todas sus piezas (tokens)” están reguladas y tienen su ámbito, función y mercado. De este modo, el “criptoactivo” no solo es el objeto que se comercia, también es la forma en que se liquidan las operaciones. Y ello, debido a su intrínseca “plasticidad” que le permite ir desde los instrumentos financieros, hasta digitalizar (“tokenizar”) cualquier activo real único y utilizarlo como representación y/o respaldo de activos financieros, derechos de propiedad intelectual, y un largo sin fin de activos ilíquidos (sin mercado).

A grandes rasgos, dentro del paquete de finanzas digitales los tokens fungibles financieros siguen regulados por Mifid II y su sistema de registro DLT en el Reglamento Régimen Piloto. Por ello, la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión “modifica la definición de «instrumento financiero» de dicha directiva a fin de aclarar, sin que subsista ninguna duda jurídica, que tales instrumentos pueden emitirse mediante tecnología de registros distribuidos” (Preámbulo, II. P. 4º).

El espacio que cubre MiCA en este nuevo mercado es el de los medios de pago, en el que no se utilizan cuentas corrientes bancarias, en su lugar Wallets y criptoactivos fungibles de pago (dinero de emisión privada), de dos tipos: el “token referenciado a activos” (ART), que está destinado a mantener un valor estable al referirse al valor de varias monedas que son de curso legal (monedas fiduciarias), una o varias materias primas, o uno o varios criptoactivos, o una combinación de dichos activos; y los “token de dinero electrónico” (ficha de dinero electrónico, EMT) que son un tipo de criptoactivo que pretende ser un medio de intercambio y mantiene un valor estable al referirse al valor de una moneda fiduciaria que es de curso legal. Por último, se ocupa de los utility tokens, destinados a proporcionar acceso digital a un bien o servicio, disponible en DLT, y solo lo acepta el emisor de ese token. Asimismo, MiCA, establece los requisitos de emisión y la reserva de actividad, para los prestadores de servicios de criptografía. Quedaría por decidir si el siguiente paso es la adición de monedas digitales del banco central (euro digital, CBDC, dinero de emisión pública), y si la tecnología pudiera permitir la transferencia instantánea de “efectivo digital” sin necesidad de pasar por ningún mecanismo de compensación.

En definitiva, la autonomía de la voluntad, su límite, reside, a grandes rasgos, en la fungibilidad. Es decir, en los que no se regulan por ser únicos (No fungible Tokens -NFT-) que, a diferencia de las criptomonedas, no se comercializan ni intercambian en equivalencia, característica que, a priori, parecía excluirlos de cualquier operación financiera y destinarlos, funcionalmente al registro de la propiedad de activos únicos, idóneos, por ejemplo, para las obras de arte digitales a las que dan “una singularidad” y, por lo tanto, valor y oportunidad de automatizar completamente los mercados y las regalías de reventa para ventas secundarias. Ciertos mercados ya usan DLT para autenticar artículos de lujo. Ahora bien, la plasticidad de DLT a la que aludíamos, hace que un token emitido como NFT, pese a tener un único identificador, pueda ser fraccionado y dividido como partes alícuotas, lo cual plantea serias dudas sobre la imposibilidad de convertirse en un instrumento financiero, o un fungible con atribución de pago por las partes (dinero mercancía), inclusive, instrumento para el blanqueo y evasión de capitales, por lo que es probable que pronto se proporcionen directrices al respecto por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Entrevista a Fernando de Aragón, director general del Catastro

EN ESTE PAÍS

Fernando de Aragón,

director general del Catastro

Fernando de Aragón Amunarriz es el director general del Catastro desde 2016, aunque toda su carrera profesional está vinculada a esta institución. Arquitecto de formación, ingresó en su plantilla en 1985 y ha sido gerente de los catastros de Ávila, Madrid Capital y Madrid Regional, así como subdirector general de valoración e inspección antes de llegar a la cabeza de la dirección general.
CARLOS CAPA,

“Las nuevas herramientas entre los notarios y el Catastro van aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario”

En 2016 tomó posesión como director general del Catastro, institución a la que lleva toda su vida vinculado. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos seis años de mandato?

Como resumen de mi larga vinculación con el Catastro puedo indicar que he participado, con un gran equipo de profesionales y de colaboradores, en grandes retos que han mejorado y modernizado esta organización, que han conseguido grandes avances para la Hacienda Pública y para la sociedad en su conjunto.

Creo muy destacable la mejora de la información contenida en nuestras bases de datos y su puesta a disposición de la ciudadanía, de manera transparente y accesible, que ha conseguido elevar los niveles de seguridad jurídica. También, los avances en una valoración de inmuebles más justa, acorde a la realidad y más equitativa, estando presente no sólo ya en la financiación de las entidades locales y de la hacienda estatal, sino también en la autonómica. Por todo ello, podemos afirmar que somos un referente internacional en esta materia.

¿Y en relación con los procedimientos catastrales?

Las innovaciones han sido continuas, para adaptar nuestra forma de trabajo a las nuevas demandas y en busca de nuevos colaboradores. Hemos conseguido estar a la altura de una sociedad cada vez más exigente y digital, que nos demanda nuevos canales de comunicación con ella.

Estamos muy presentes en la actividad económica e inmobiliaria del país, pero también hay que resaltar la utilización de la información catastral en la mejora del medio rural y del medioambiente.

Finalmente destacar el reto que ha supuesto desarrollar éstas y otras muchas actuaciones gestionando un capital humano de grandes profesionales que, con pocos medios, han sido capaces de responder y superar las expectativas que en cada momento se les demandaban.

 


EL CATASTRO HA PASADO A CONVERTIRSE EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OFICIAL, UNIVERSAL Y COMPLETO, AL SERVICIO DE TODOS


 

¿Cómo ha evolucionado una figura de tanto recorrido en nuestra arquitectura jurídica como el Catastro?

La evolución se ha producido en muchos frentes: digitalización, valoración, colaboración, seguridad jurídica y territorio rural, entre otros.

El Catastro ha pasado de ser una figura eminentemente fiscal vinculada a la tributación local, a convertirse en un sistema de información territorial oficial, universal y completo, al servicio de todos.

Esta evolución es consecuencia de la exigencia que se requiere a un catastro fiscal completo y actualizado que pueda determinar la capacidad económica de todos para un reparto justo y equitativo de los impuestos inmobiliarios como consagra nuestra constitución.

Ello ha permitido que la información contenida haya crecido en su aportación a la seguridad jurídica, en especial en la identificación, descripción y representación gráfica de los bienes inmuebles. Pero también se ha manifestado la importancia de los datos catastrales en otros muchos ámbitos. Basta citar, a modo de ejemplo, el papel que ha jugado la información catastral en catástrofes naturales, como la erupción de la Isla de la Palma, que ha permitido a las instituciones públicas, entre las que han tenido un papel destacado lo notarios, acreditar la realidad física de los inmuebles enterrada bajo la lava.

¿Es el Catastro un organismo plenamente digitalizado?

En el año 2014 se completó el proyecto de plena digitalización del Catastro. A partir de entonces el papel se queda en la ventanilla, en el sentido de que todo se digitaliza en la entrada y la tramitación de expedientes es íntegramente digital hasta la notificación al ciudadano, que actualmente se puede realizar por comparecencia electrónica o Dirección Electrónica Habilitada Única.

Esto sucede igualmente con la operativa interna y procedimientos de oficio, que también se llevan a cabo de manera íntegramente digital. Y también en las relaciones con nuestros colaboradores o suministradores de información. Muchos procedimientos se originan de manera automatizada, a partir de ficheros electrónicos, con una tramitación y notificación íntegramente electrónicas.

 


LA BASE DE DATOS CATASTRAL ES LA CARTOGRAFÍA CONTINUA, OFICIAL Y CON MAYOR GRADO DE PRECISIÓN


 

La apuesta por la sostenibilidad afecta a todos los ámbitos económicos, sociales y jurídicos. ¿Puede contribuir el Catastro a este objetivo con la clasificación energética de los inmuebles?

Aunque la clasificación energética de los inmuebles es una competencia de las comunidades autónomas, obteniendo estos datos a medida que se van realizando compraventas, o los usuarios obtienen el certificado de forma voluntaria, el Catastro también tiene mucho que aportar.

En la sociedad que vivimos actualmente el dato adquiere más valor cuando se encuentra georreferenciado, por lo tanto, la base de datos catastral, que es la cartografía continua, oficial y con mayor grado de precisión, es elemento esencial para georreferenciar cualquier característica que se encuentre asociada al territorio. En este sentido, las características constructivas de las construcciones, asociadas con su orientación, son una fuente de información muy valiosa que puede vincularse de manera masiva y automatizada a la toma de decisiones sobre eficiencia energética.

Conviene resaltar también el gran avance que se ha producido en nuestro visor de la sede electrónica con la visualización de inmuebles en 3D, que permite la localización exacta de cada inmueble en el espacio. En relación con la clasificación energética, va a permitir volcar esta información a nivel de inmueble, y facilitar a los técnicos competentes su labor de cálculo.

En España conviven grandes espacios rurales y casi deshabitados con grandes urbes de un urbanismo intenso. ¿Cómo afrontan esas realidades?

La realidad urbana y la rural presentan grandes diferencias y el catastro es sensible a ambas.

Desde un punto de vista rural, la importancia de la información catastral excede de su vertiente fiscal y se extiende a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La información catastral es la base indiscutible para la toma de decisiones en el territorio, por ello para coordinar estas actuaciones estamos desarrollando la Unidad del Catastro en el Territorio Rural.

Desde el punto de vista urbano, la vertiente fiscal cobra mayor importancia. En este sentido el catastro colabora de manera especial con los ayuntamientos en su gestión tributaria, asegurando la suficiencia financiera de las entidades locales.

Estas especialidades se coordinan con los aspectos comunes como son el mantenimiento catastral, el parcelario catastral, la colaboración y la seguridad jurídica.

¿Y cómo se hace frente a situaciones en las que falta información urbanística completa?

El Catastro, para el cumplimiento de su misión, debe responder siempre a un reflejo fiel de la realidad física. Por ello los procedimientos para su actualización son múltiples, aunque siempre en colaboración con los respectivos ayuntamientos que son los beneficiarios últimos de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles

Hemos desarrollado herramientas colaborativas para conocer y tener al día todo tipo de alteraciones. El Mapa de Gestión es una herramienta gráfica, y sencilla de manejar, que permite a los ayuntamientos incorporar información sobre las alteraciones producidas en su territorio.

Se ha desarrollado el visor cartográfico, que básicamente es un SIG online, que permite a todos los ciudadanos visualizar de manera sencilla todos los inmuebles.

Existen herramientas muy intuitivas para facilitar las obligaciones a los ciudadanos y diversos asistentes de ayuda que se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Catastro.

Por último, quiero mencionar los diferentes procedimientos establecidos en la normativa catastral, que permiten actualizar de manera masiva y de oficio la clasificación urbanística de un municipio, para adecuarla a lo establecido en los diferentes planes y normas municipales de ordenación. Me refiero a los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, parcial y simplificados.

¿Qué ha supuesto para el Catastro Inmobiliario su reconocimiento como registro administrativo que reconoce no sólo la realidad física y jurídica, sino también la económica?

Es su misión original, como se refleja siempre en los Planes Estratégicos del Catastro y uno de los principales retos a los que hemos dado respuesta en estos últimos años con el Valor de Referencia, objetivo que en sí mismo resume el conocimiento completo y actualizado de la riqueza inmobiliaria.

El valor de referencia se determina a partir de los precios de compraventas comunicados por los fedatarios. Información completa y fehaciente, que es posible gestionar gracias al excelente grado de colaboración existente entre el Catastro y este colectivo. A partir del año 2022, este valor se ha convertido en la base imponible de los impuestos Patrimoniales, gestionados por las CC.AA.

 


LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EXCEDE DE SU VERTIENTE FISCAL Y SE EXTIENDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE


 

¿Cómo valora el papel de los notarios en su función de garantes de la seguridad jurídica preventiva?

El papel del notario es fundamental en el tráfico inmobiliario como catalizador de cualquier operación en este ámbito.

El notario se configura como un actor clave, ya que tiene que informar y preguntar si la realidad física se corresponde con la cartografía catastral, y ante una respuesta negativa, tiene la posibilidad de iniciar procedimientos para asegurar la coherencia entre la realidad física, la descripción de la misma en el título y la cartografía catastral. En este sentido, las nuevas herramientas y comunicaciones que se han establecido entre los notarios y el catastro van a permitir mejorar de forma significativa la cartografía catastral, van a facilitar al notario la transmisión de la información; van a permitir al Catastro unos tiempos de respuesta hasta ahora impensables y, en definitiva, van a permitir al ciudadano agilizar todos los trámites; le va liberar de cargas y como consecuencia, va a aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Por otra parte, los notarios garantizan que todas las partes actuantes en la operación entiendan y conozcan sus consecuencias y responsabilidades, en especial las tributarias. Esta cercanía del notario con los actuantes en la operación resulta fundamental y permite generar información inmobiliaria veraz y exacta desde el origen.

Así, para el Catastro la figura del notario, y la colaboración con el colectivo notarial resultan fundamentales.

Fruto de esta colaboración se producen anualmente más de millón y medio de comunicaciones de alteraciones de dominio de los bienes inmuebles, comunicaciones que suplen la obligación de declarar, por lo que se evitan cargas al ciudadano y se simplifican los trámites administrativos.

Huella Digital

 

  • Wikipedia dispone de una entrada sobre la historia y funciones del Catastro en esta dirección

Cerca de los que están cerca

FUNDACIÓN NOTARIADO

www.fundacionnotariado.org

Cerca de los que están cerca

Seguir reconociendo el trabajo de las asociaciones y de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar el bienestar de las personas mayores ha llevado a la Fundación Æquitas y a la Fundación Notariado a convocar la II Edición de los premios Cerca de los que están cerca.

En esta segunda convocatoria también se contará con la colaboración de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), que representa a casi 6 millones de afiliados. El premio se subdivide en dos categorías: trabajar por y para las personas mayores, y para los mayores con discapacidad. La dotación es de 6.000€ por modalidad. Los colegios notariales de España están organizando torneos de pádel entre sus notarios con objeto de dotar económicamente al galardón.

Etapa de crecimiento.

La filosofía de este certamen es demostrar que la vida no se acaba en la vejez, que sigue siendo una etapa de crecimiento en la que reinventarse, a pesar de ser un momento de especial vulnerabilidad. Por esta razón, las dos fundaciones pertenecientes al Consejo General del Notariado consideran muy necesario premiar a las asociaciones de mayores y entidades sin ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación sea el de trabajar por y para un segmento de población de alrededor de nueve millones de personas.

Las candidaturas están abiertas a todo tipo de iniciativas de ámbito local, autonómico o nacional que presenten proyectos que mejoren y dignifiquen la vida de las personas mayores en un amplio espectro de iniciativas. Tanto las que fomenten una vida activa y saludable, como las culturales y educativas, o las orientadas a cultivar las relaciones sociales y el acompañamiento de los mayores para hacer frente a la soledad no deseada.

Precisamente este fue el objetivo del proyecto ganador en 2022, Langa Dinámica, una iniciativa de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria que consiguió tejer redes de relación intergeneracional en el hogar del jubilado de San Miguel de Langa de Duero entre distintos colectivos del pueblo con sus mayores.

El jurado está compuesto por cinco miembros de las organizaciones convocantes: tres de Fundación Æquitas y Fundación Notariado y dos de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Los criterios de selección del jurado medirán el impacto real y potencial de la iniciativa en términos cualitativos y cuantitativos, las posibilidades de réplica, la vocación de continuidad y su originalidad.

 


LA FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SORIA FUE LA GANADORA DE LA PRIMERA EDICIÓN CON UN PROYECTO PARA HACER FRENTE A LA SOLEDAD NO DESEADA


 

Se podrán presentar candidaturas hasta el 15 de junio de 2023. Las bases del concurso y el formulario de inscripción se pueden descargar en la página web de Fundación Notariado.

El envejecimiento de la sociedad

Los premios Cerca de los que están cerca nacieron en 2022 en el marco de la celebración del XII Congreso Notarial El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, celebrado en Málaga. Durante los días 19 y 20 de mayo un prestigioso plantel de profesionales e instituciones de la sociedad civil y del ámbito jurídico reflexionaron en distintas conferencias y en una veintena de mesas redondas con el fin de aportar soluciones sobre lo que se percibe como uno de los fenómenos más determinantes de este siglo.

Lázaro González,

presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP)

Con una acreditada trayectoria profesional en la empresa pública y privada y un foco muy especial en luchar contra la soledad de las personas mayores, Lázaro González afronta el reto de presidir la Plataforma de Mayores y Pensionistas.

¿Cuáles son las prioridades que se ha marcado?

Sin duda, defender el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y la vinculación de su financiación al crecimiento económico del país.

En sanidad, impulsar la atención domiciliaria desde los centros de atención primaria de salud, así como su presencia en las residencias de personas mayores, mediante una buena coordinación sociosanitaria. También trabajar con las autoridades sanitarias para que la salud bucodental, de gran importancia para las personas mayores, se incluya en la cartera del Servicio Nacional de Salud. Por último, promover el cambio del sistema de cuidados de larga duración mediante una modificación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y defender el refuerzo de los Servicios Sociales.

Otra de mis prioridades será promover el envejecimiento activo y saludable y luchar contra el edadismo y trabajar con el conjunto de las organizaciones que integran la Plataforma para acabar con la soledad no deseada.

Por último, reforzar la presencia de la PMP en todos los ámbitos relacionados con la vida de las personas mayores y colaborar con las Administraciones Públicas.

Las fundaciones Æquitas y Notariado han creado los premios Cerca de los que están cerca. ¿Qué opinión le merece la iniciativa?

Conocía el galardón antes de ser nombrado presidente de la PMP por mi trabajo social en torno a la soledad no deseada, aunque no en profundidad. Ahora lo conozco mejor y me parece que es una iniciativa excelente, pues es un ejemplo de cómo desde organizaciones con vocación de servicio público como la Fundación Æquitas y Fundación Notariado se puede aportar una contribución significativa al bienestar de la población mayor y de los mayores con discapacidad.

¿Cree que iniciativas como esta pueden ayudar a combatir la soledad de los mayores si se llevaran a mayor escala?

Creo que iniciativas como la premiada son ejemplos muy ilustrativos de lo que deben ser unas buenas prácticas para acabar con la soledad no deseada, pues resaltan dos principios esenciales universalmente reconocidos cara a la eficacia en este campo, como son la solidaridad intergeneracional y el trabajo comunitario.

¿Cuáles serían los frentes en los que se debería avanzar para solucionar los problemas de las personas mayores?

En primer lugar, promover un envejecimiento activo y saludable de toda la población venciendo discriminaciones. En segundo, asegurar unas pensiones e ingresos dignos para que toda la población mayor y con discapacidad tenga una vejez con bienestar. Y, por último, cambiar el actual modelo de cuidados de larga duración para que todos podamos envejecer en nuestros domicilios o en residencias que sean como verdaderos hogares, acompañando con servicios de proximidad a las personas que se sienten solas.

¿Y la sociedad civil?

Lo primero es cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema o una carga para la sociedad. Esta educación debe iniciarse desde la infancia. Como resultado de esto debemos avanzar hacia una mejor convivencia intergeneracional, en una sociedad en la que nadie sobre, todos aportemos y nos ayudemos.

“Tenemos que cambiar nuestra concepción del envejecimiento viéndolo como una oportunidad, en vez de considerarlo un problema”

Defensa del cliente financiero

DEBATE PARLAMENTARIO

Defensa del cliente financiero

Los clientes podrán presentar sus quejas, como personas físicas y jurídicas, de forma gratuita y sin la necesidad de la defensa de un abogado.
En 2023 empezará a funcionar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que se encargará de la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El Parlamento tramita por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley que regula esta institución, cuyas resoluciones serán vinculantes para reclamaciones por cuantías inferiores a 20.000 euros.
ELVIRA ARROYO
La ley amplía las entidades que podrán ser objeto de reclamación, extendiendo su protección a los usuarios de servicios fintech y de criptoactivos.

En los próximos meses está prevista la aprobación del proyecto de Ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. El gobierno espera que su puesta en funcionamiento aumente la protección de los ciudadanos como clientes financieros, que podrán presentar sus quejas, como personas físicas y jurídicas, de forma gratuita y sin la necesidad de la defensa de un abogado o la representación de un procurador.

 


LAS PARTES PODRÁN SOMETERSE VOLUNTARIAMENTE A UN MECANISMO DE CONCILIACIÓN O MEDIACIÓN PARA RESOLVER EL LITIGIO


 

Esta nueva figura centralizará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que dejarán de realizar estas funciones. Al mismo tiempo, complementará el actual sistema de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado en tres niveles: los servicios de atención al cliente de las entidades financieras; los servicios de resolución extrajudicial de los organismos supervisores, y los órganos judiciales.

Entre otras novedades, la ley amplía las entidades que podrán ser objeto de reclamación, extendiendo su protección a los usuarios de servicios fintech y de criptoactivos. También se podrán hacer reclamaciones sobre los servicios de préstamos al consumo, con independencia de quién los supervise.

Aumenta también el tipo de reclamaciones que se pueden presentar, que podrán tener o no contenido económico. Algunos ejemplos son la falta de información, la no apertura de una cuenta de pago básica, y posibles incumplimientos de los códigos de buenas prácticas y de autorregulación del sector financiero.

Resoluciones.

Las resoluciones se dictarán atendiendo a criterios uniformes, en un plazo máximo de 90 días naturales desde que el expediente esté completo. Tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones estén relacionadas con la normativa de conducta y protección a la clientela, o con cláusulas abusivas declaradas como tales por los altos tribunales y de una cuantía inferior a 20.000 euros. La principal diferencia con los servicios de resolución actuales es el carácter vinculante de las resoluciones que la Autoridad dicte cuando la cuantía de lo reclamado sea inferior a 20.000 euros. El incumplimiento de las resoluciones vinculantes, así como el cumplimiento tardío podrán ser objeto de sanción.

Para las reclamaciones sin contenido económico se contempla la posibilidad de reconocer al cliente una compensación de entre 100 y 2.000 euros, en función de las características y alcance de la queja.

Cuando las resoluciones no sean vinculantes por ser de una materia no relacionada con las normas de conducta o de importe superior a 20.000 euros, tendrán el valor de informe pericial si se deciden aportar en un procedimiento judicial.

 


SE ELABORARÁ UN MODELO SENCILLO Y ACCESIBLE PARA LAS RECLAMACIONES, QUE PODRÁN PRESENTAR POR CANALES PRESENCIALES, TELEFÓNICOS O TELEMÁTICOS


 

Si se apreciara mala fe en la interposición de la reclamación, se podrá imponer una multa al reclamante de entre 50 y 1.000 euros, justificando siempre las causas. Esta sanción sólo procederá cuando se hayan desestimado totalmente las pretensiones formuladas en la reclamación. Igualmente, con el fin de evitar abusos, la Autoridad podrá imponer multas de hasta 500 euros en caso de inadmisión reiterada al mismo reclamante durante un año presentando reclamaciones infundadas.

Requisitos.

Una vez esté plenamente operativa, la nueva institución se financiará con el pago de una tasa de 250 euros que abonarán las entidades financieras por cada reclamación admitida.

Para la admisión de una reclamación por parte de la Autoridad, será imprescindible acreditar su presentación previa ante el servicio de atención al cliente de la entidad financiera contra la que se reclame. Cuando la entidad no disponga de este servicio, el cliente deberá dirigirse a esta por cualquier medio admisible en derecho, con el fin de darle la oportunidad de atender su petición o alcanzar un acuerdo. Si, tras realizar este trámite, la reclamación se desestima o la entidad no responde en el plazo de un mes, el cliente tendrá un año para acudir a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

 


AUMENTA TAMBIÉN EL TIPO DE RECLAMACIONES QUE SE PUEDEN PRESENTAR, QUE PODRÁN TENER O NO CONTENIDO ECONÓMICO


 

No obstante, aunque el cliente ya haya iniciado el procedimiento de reclamación ante la Autoridad, las partes podrán someterse voluntariamente a un mecanismo de conciliación o mediación para resolver el litigio.

Finalmente, la ley refuerza los instrumentos para garantizar la inclusión financiera mediante la atención personalizada, particularmente a las personas mayores, con discapacidad y colectivos vulnerables que deseen presentar una reclamación. Con este objetivo se elaborará un modelo sencillo y accesible para que los ciudadanos detallen sus reclamaciones, que podrán presentar por canales presenciales, telefónicos o telemáticos.

Favorecer la educación financiera

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero fomentará la educación financiera de los ciudadanos, en especial en materia de ahorro, inversión, préstamo, crédito, gestión de deudas y aseguramiento, promoviendo su responsabilidad en la contratación y la toma de decisiones informadas. Para ello suscribirá un convenio con el Plan de Educación Financiera 2022-2025 (CNMV y Banco de España) y sus sucesivas ediciones o con otros planes similares. Los recursos pedagógicos y guías elaboradas en este contexto estarán a disposición de los clientes en la página web de la Autoridad de forma gratuita.

Estructura organizativa

El órgano de gobierno de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero será el Consejo Rector, del que formarán parte el presidente, el vicepresidente y los consejeros natos y electos.

Tanto el presidente como el vicepresidente serán nombrados por el Consejo de Ministros por un periodo de seis años no renovable. Habrá direcciones generales y secciones, que serán los órganos colegiados competentes para resolver las reclamaciones. Deberán existir al menos tres áreas diferenciadas para las materias de banca, valores y seguros.

Asimismo, habrá un comité consultivo, que tendrá funciones de asesoramiento, integrado por el presidente, el vicepresidente, tres representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, tres de las patronales del ámbito financiero, cuatro representantes de las comunidades y ciudades autónomas, y dos expertos independientes.

Los grupos parlamentarios opinan*

PEDRO CASARES

Diputado del Grupo Parlamentario Socialista

Twitter: @pedro_casares

«Un marco regulatorio y de supervisión específico más ágil» 

El Gobierno de España está comprometido con modernizar nuestra economía en todas sus dimensiones para que sea más competitiva, sostenible, justa e inclusiva. La creación de la Autoridad Administrativa Independiente en defensa del cliente financiero es una de esas leyes con las que pretendemos crear un marco regulatorio y de supervisión específico más ágil para proteger los intereses generales, como la estabilidad financiera o el buen funcionamiento de los mercados, y garantizar una mayor protección y seguridad para los clientes de servicios financieros en el ámbito bancario, de seguros y de inversión financiera. Este organismo centralizará los servicios de reclamaciones, cuyas resoluciones tendrán ahora carácter vinculante para los importes inferiores a 20.000 euros, se realizarán de forma gratuita y en un plazo máximo de 90 días. Ampliando el ámbito de protección y las entidades que podrán ser objeto de reclamación a operadores no supervisados. Una norma que pretende reducir la litigiosidad e introduce el principio de atención personalizada.

MIGUEL ÁNGEL PANIAGUA

Diputado del Grupo Parlamentario Popular

Twitter: @mapaniagua

«Una oportunidad perdida para combatir la exclusión
de los ciudadanos»

La nueva Autoridad de defensa del cliente bancario diseñada por el Gobierno no combate el problema de exclusión y educación financiera de los ciudadanos. Esta autoridad debe ser la responsable de solucionar las dificultades relacionadas con los conocimientos financieros de nuestros ciudadanos y no una pieza más, como aparece en este proyecto de ley.

Nos preocupa la financiación de la autoridad y la tasa que debe pagar la entidad financiera contra la que se reclame. ¿Dónde se ha visto que la tasa la pague el reclamado sí o sí? Lo importante no es mantener el organismo, sino que los clientes estén protegidos, que haya libertad de contratación y que el sistema funcione lo mejor posible. Además, cuestionamos el límite de 20.000 euros para las resoluciones de carácter vinculante ya que, si fuera 1.000 euros, se cubrirían el 90% de las reclamaciones actuales.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

30 aniversario del Mercado Único Europeo

ÁMBITO EUROPEO

30 ANIVERSARIO

DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO

Nunca antes en la historia de la humanidad tantos países habían acordado unir sus destinos. Al menos de forma pacífica y en igualdad de condiciones. En 2023 el mercado único está de aniversario al cumplir 30 años. Un espacio compartido que hoy aglutina a cerca de 450 millones de ciudadanos donde vivir, trabajar, viajar y comerciar libremente en los límites geográficos que comparten los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea. Un marco compartido de actuación que ha demostrado su efectividad para afrontar la reciente pandemia sanitaria o posibilitando una respuesta conjunta a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Un logro, en definitiva, fruto de la cooperación convertido en ejemplo en el que se fijan otros bloques como la Comunidad Andina o Mercosur.
El mercado único ha contribuido a convertir a la UE en la tercera potencia económica mundial.
FERNANDO GEIJO

“Que veinte años no es nada”. El célebre tango ‘Volver’ de Carlos Gardel ejemplifica perfectamente, entre otros aspectos, la fugacidad del paso del tiempo. Sin embargo, en el caso del mercado único europeo, que cumple este año tres décadas desde su implantación en 1993, este lapso de tiempo ha supuesto una auténtica revolución en la mentalidad de los ciudadanos y en la forma de vivir y hacer negocios en una gran parte del denominado Viejo Continente.

 


EL MERCADO ÚNICO POSIBILITA QUE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS PUEDAN MOVERSE LIBREMENTE POR EL TERRITORIO COMUNITARIO


 

La eliminación de obstáculos y barreras marca, sin duda, un antes y un después en la medida en que posibilita que bienes, servicios, capitales y personas puedan moverse libremente por el territorio comunitario. Un espacio común integrado en la actualidad por 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que aglutina a alrededor de 450 millones de ciudadanos con un destacado poder adquisitivo, gracias a un PIB global superior a los 14 billones de euros, al que hay que añadir el acceso parcial del que disfrutan los países que integran el denominado Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La unión hace la fuerza.

Gracias a la libertad de movimientos derivada de la puesta en marcha del mercado único, la Unión Europea se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los mayores bloques comerciales del mundo, junto a los Estados Unidos y a la potencia ascendente que encarna China en el nuevo orden mundial.

 


EL ESPACIO COMÚN EUROPEO ESTÁ INTEGRADO POR 27 ESTADOS QUE AGLUTINAN A ALREDEDOR DE 450 MILLONES DE CIUDADANOS CON UN DESTACADO PODER ADQUISITIVO


 

Un reflejo de lo anterior es el imparable aumento del intercambio comercial intracomunitario experimentado en los últimos años hasta superar en 2021 los 3,4 billones de euros, alrededor de un 60% del comercio total conjunto de la UE, frente a una exportación de bienes y servicios entre los diferentes países que lo integran que apenas representaba 671.000 millones de euros en el año de su puesta en marcha.

Los derechos recogidos en el Acta Única Europea de 1986, primero, y en el Tratado de la Unión Europea de 1992, después, representaban la culminación de los históricos anhelos para dotar al conjunto de Estados miembros de un mercado interior que pretendía ser un auténtico espacio libre de barreras, capaz de impulsar el crecimiento económico gracias a la libertad de circulación de capitales, bienes, personas y servicios.

A pesar de que en algunas áreas no existe aún un auténtico mercado único, debido a la existencia de lagunas legislativas u obstáculos administrativos, lo cierto es que el edificio común de libertades intracomunitario funciona y está integrado por lo que tradicionalmente se conoce como las ‘cuatro libertades fundamentales’, conformadas por la libertad de movimiento de mercancías, trabajadores, capitales y, la que fue más complicada de obtener, servicios, debido a la complejidad que conlleva la armonización normativa de cara a su aplicación efectiva en distintos países y, por ende, idiosincrasias.

Asimismo, la consecución de estos pilares se apoya en una serie de políticas comunes previas, como son las relativas a los transportes, la competencia, la agricultura y la pesca y el comercio.

Un entramado normativo que posibilita que no existan aranceles, aduanas o cargas tributarias que graven a las empresas que comercian en la UE. Y todo ello bajo idénticas reglas de juego en forma de normas medioambientales y de seguridad.

Mirando hacia el futuro.

A pesar de la veteranía de esta iniciativa ideada para dotar de la necesaria cohesión y homogeneidad interna a los heterogéneos mercados de los países que conforman y que han ido integrando a lo largo de los años la Unión Europa hasta alcanzar la cifra de 27, el mercado único sigue muy vivo y es objeto de permanente mejora y modernización.

En esta línea de constante actualización, el Parlamento Europeo aprobó en 2022 la Ley de Mercados y Servicios Digitales a fin de crear un entorno más transparente y confiable en relación con los requisitos comunes exigidos en toda la UE a las plataformas que integran este sector de actividad.

 


EL FUTURO DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO NO ESTÁ EXENTO DE AMENAZAS DEBIDO A LAS DINÁMICAS INTERNAS DERIVADAS DE LA PREFERENCIA POR LOS INTERESES NACIONALES


 

Asimismo, se han establecido recientemente otras iniciativas bajo este paraguas común para, en este caso, atajar las dificultades que afrontan los usuarios cuando deben reparar sus productos electrónicos y/o disminuir los residuos derivados de su eliminación una vez obsoletos.

Las normas comunes en las que se basa el gran bazar que supone el mercado único pasan por construir una panoplia de requisitos que afectan al desenvolvimiento de la sociedad, el consumo y el medioambiente, entre otras cuestiones. Pero en los que prime la exigencia como la piedra angular en la que pivota la confiabilidad del sistema y, por tanto, su transparencia a la hora de fijar exigentes estándares que puedan llegar a convertirse en referencia de criterio a escala mundial, con la consiguiente ventaja competitiva añadida para las empresas europeas.

Sin embargo, la consecución del mercado único no ha sido precisamente un camino de rosas. Su futuro no está exento de amenazas debido a las dinámicas internas derivadas de la preferencia por los intereses nacionales, expresados por los gobiernos de los distintos países que tratan de sacar ventaja imponiendo sus visiones particulares al marco general de actuación. Asimismo, no hay que olvidar que para cuidar su adecuado funcionamiento es necesario impulsar constantemente la confianza en el mismo, motivando la convicción en las ventajas que derivan de su existencia en términos de progreso social y creación de puestos de trabajo.

En conclusión, el mercado único ha sido y continúa siendo un claro detonante que ha ayudado a convertir a la UE en una potencia económica con voz propia en el tablero internacional, lo que, a la postre, le otorga un mayor peso para negociar ventajosos acuerdos comerciales con el resto del mundo y a ejercer una supremacía efectiva en términos de puesta en marcha de estándares de calidad para los diferentes productos y servicios.

Cuatro pilares

El mercado único europeo está basado en un marco jurídico que descansa en cuatro libertades fundamentales:

  • La unión aduanera, gracias a la que es posible la libre circulación de mercancías.
  • Libertad de circulación de trabajadores.
  • Libertad de prestación de servicios.
  • Libertad de circulación de capitales.

Obras son amores

  • Seguridad normativa y ventaja competitiva. La legislación de la UE garantiza que los productos vendidos dentro del mercado único son seguros y respetuosos con el medio ambiente, la protección de los datos personales, la normativa laboral vigente y los derechos humanos, entre otros aspectos.
  • Coordinación y enfoque preventivo. Crisis como la de la pandemia de COVID-19 o los problemas de suministro de energía requirieron de la adopción de una perspectiva común y, por tanto, coordinada. Así, el buen funcionamiento del mercado único permitió, al mantener abiertas las fronteras internas de la UE, la libre circulación de vacunas, así como la adquisición conjunta y diversificada de fuentes de energía y el desarrollo de energías renovables y limpias.
  • Disponibilidad y apoyo a la transformación. Iniciativas como el ‘Pacto Verde Europeo, sobre la base del Objetivo 55 y la Década Digital’ constituyen la punta de lanza de la UE para dotarse de un marco regulador en materia de transición ecológica y digital, gracias a la capacidad que el mercado único facilita para asegurar el suministro de insumos y materias primas esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas.
EUROPA OPINA

Síntesis de la legislación del Mercado Único europeo. Unión Europea.

Documento sobre el estado del Mercado Único. Comisión Europea.

Instrumento de Emergencia del Mercado Único. Comisión Europea.

«Una unión más estable e integrada», por José Ramón Patterson

ALDEA GLOBAL

JOSÉ RAMÓN PATTERSON,

periodista

“El Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo"

Una unión más estable e integrada

Cuando estudiaba en la universidad, hace algunas décadas, un profesor de economía nos planteó el siguiente ejercicio: debido a un desastre natural, los habitantes de una pequeña población son evacuados a otro lugar, donde tienen que reiniciar su vida disponiendo únicamente de alojamientos precarios y lo básico para sobrevivir unos meses. Contando con ese estrecho margen, los habitantes de la nueva aldea deben organizarse y establecer un sistema económico que satisfaga todas sus necesidades.

Entre los modelos posibles, sin otro criterio que la supervivencia, opté por el más básico, la tribu, dando por sentado que los miembros de la colonia lograrían cooperar entre ellos sin que apareciesen tensiones graves. Esto es, descarté los patrones organizativos caudillistas y los demasiado desarrollados y elegí uno de los más primitivos, quizá el más igualitario que existe, donde no hay líderes y las disputas, a falta de un poder público que las zanje, se resuelven mediante mecanismos de arbitraje tradicionales.

En aquella sociedad ideal, en función de las capacidades de cada cual, habría agricultores, ganaderos, pescadores, leñadores, herreros, mineros, ceramistas, tejedores, carpinteros, albañiles, etc. Como sistema de pago escogí el trueque. Tampoco es que hubiese más alternativas. Además, era el que mejor se adecuaba al entramado social que monté, cuyo objetivo final no era otro que el autoabastecimiento. En resumen, estaba construyendo una economía cerrada, es decir, una auténtica autarquía.

Y, claro, de sistemas autárquicos sabemos mucho en España -Corea del Norte nos pilla un poco lejos-. Y lo que sabemos de ellos es que son una utopía porque es imposible que una comunidad sea capaz de producir todos los bienes y desarrollar los servicios que requieren sus integrantes. Por otro lado, ¿qué pasaría con la sobreproducción de patatas y leche? ¿O con las herraduras sobrantes una vez calzadas todas las caballerías? ¿Y con el stock de productos textiles?

El caso es que llegué a la conclusión de que, en el mundo actual, las autarquías no son el mítico reino de Shambala y limitan la capacidad y los deseos de progresar, como ocurría en la URSS y los países de la órbita soviética. Así que, para salir del atolladero, inventé media docena de villorrios cerca de donde se asentó la tribu original y asigné a cada uno de ellos recursos diferentes (agua, luz solar, fauna, flora, minerales) para que pudieran especializarse en lo que podían realizar mejor e intercambiarlo con los otros.

Lo que estaba haciendo, sin saberlo, era aplicar la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, en las que se basa el libre comercio. Sin entrar en precisiones, esta teoría preconiza que los países deben centrarse en producir aquello que hacen mejor que los demás y con menor coste, de manera que, en ausencia de aranceles, se puedan importar bienes que saldrían más baratos que produciéndolos, lo que supuestamente crea un círculo virtuoso que aumenta el bienestar de los países.

Bajo esta premisa nació en 1993, treinta y seis años después de los Tratados de Roma, el Mercado Único Europeo. Desde entonces han ido desapareciendo las trabas arancelarias y las barreras nacionales para el movimiento de personas, bienes, servicios y capitales. Hoy las empresas de la UE tienen acceso a 450 millones de potenciales clientes y los ciudadanos podemos vivir, trabajar, comprar o estudiar en cualquiera de los 27 países de la Unión, cuyo PIB, conviene resaltarlo, casi se ha triplicado en este tiempo.

El mercado único ha impulsado la economía de la UE, pero también ha contribuido a su estabilidad y estimulado su integración, ya que los mecanismos de los que se ha dotado han sido sustanciales para capear las graves crisis de los últimos años. Cada una de ellas ha sido una vuelta de tuerca en su evolución. Es probable, por otro lado, que sin el mercado único no fuese la potencia económica mundial en la que se ha convertido, sino una insignificante área de libre comercio.

Pero el Mercado Único Europeo aún está incompleto y expuesto a riesgos. El mayor quizá sea la vuelta al proteccionismo, que se está produciendo de manera subrepticia tras la pandemia y la guerra de Ucrania. Con la aprobación de los sucesivos Marcos Temporales para apoyar las economías nacionales, la UE es más transigente con las ayudas de Estado, lo que da ventajas a los países con mayor margen fiscal para ayudar a sus empresas, aunque no sean competitivas, lo que, a la postre, distorsiona gravemente el mercado.

Hay otros escollos para completarlo, como la existencia de paraísos fiscales dentro de la UE. Hablo de Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Chipre. Las ventajas fiscales que ofrecen propician que las multinacionales instalen allí sus sedes, con independencia del lugar donde obtienen sus beneficios. Así -es un suponer-, un español puede adquirir un libro publicado en España a través de una plataforma que factura desde su emplazamiento en Luxemburgo, donde, asombrosamente, declara pérdidas.

Hay quien dice que el Mercado Único es el principal activo de la Unión Europea. Yo quiero pensar que puede ser el pretexto perfecto para avanzar en una integración en la que, en palabras de la socióloga Saskia Sassen, predomine una lógica distributiva e inclusiva que sirva para recuperar a los “expulsados” del orden económico y social. En todo caso, sus beneficios son evidentes y está claro que ha sido muy útil para que la UE no acabe reducida a la irrelevancia.

A cuestas con la inflación

ALDEA GLOBAL

A CUESTAS CON LA INFLACIÓN

La inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Desde hace algunos años, sobre todo después de que un virus de origen chino se hiciera con el control sanitario del mundo y un megalómano de origen ruso decidiese invadir un país vecino, una de las palabras más repetidas en medios informativos, conversaciones políticas y hasta en charlas de bar es «inflación». Y bueno, sí: es un problema. Por eso los bancos centrales buscan atajarlo controlando los tipos de interés y los gobiernos mirando con lupa sus cuentas. Algo que no afecta a todos por igual y, mucho menos, a países de distintas áreas geográficas, que en algunos casos la padecen muy en positivo y en otros muy en negativo.
MELCHOR DEL VALLE

Aunque no tengamos ni idea de economía, todos hemos experimentado que cuando nos dicen que sube la inflación, en la realidad cotidiana compramos menos cosas con la misma cantidad de dinero. Tiene que ver con el índice de precios al consumo, IPC, claro; pero no son lo mismo. El IPC recoge la variación de precios en una muestra representativa de bienes y servicios; la inflación tiene en cuenta todos los bienes y servicios con que se comercia en un país o zona económica.

Nuestros temores.

Una encuesta realizada por IPSOS en enero y febrero de 2023, en la que participaron 19.500 personas de 29 países, concluyó que la mayor preocupación de los entrevistados, un 43% de ellos, es, precisamente, la inflación. Once puntos porcentuales por debajo, 32%, están la pobreza y la desigualdad social; y relegan al crimen y la violencia (27%), al desempleo (27%) y a la corrupción financiera y política (25%) al tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente. Los acontecimientos y los varapalos al bolsillo de los consumidores en 2022 son, con toda probabilidad, los generadores de tal temor.

 


LOS COSTES ENERGÉTICOS SON LOS MAYORES CONTRIBUYENTES AL CRECIMIENTO DE ESA TEMIDA INFLACIÓN


 

Si miramos a nuestras economías personales, las facturas mes a mes nos dicen alto y claro que los costes energéticos son los mayores contribuyentes al crecimiento de esa temida inflación, en nuestras casas y en todo el mundo. Tensiones geopolíticas, por un lado, y reducciones en la producción, por otro, han hecho que se desbaratasen las previsiones de todos los agentes económicos internacionales. Unos cálculos en los que entran en juego aspectos como los tipos de interés que imponen los bancos centrales o la evolución de la economía, pero que tienen poco recorrido en cuanto hay un acontecimiento fuera de lo habitual.

Los más y los menos.

Como en casi todo, la inflación afecta de distinta manera a los diferentes países y las causas de esas diferencias, a mayores de las variaciones en el coste de productos y servicios, tienen su origen en decisiones políticas, no siempre de tipo bélico. La devaluación de la moneda o el intento de compensar una caída del producto interior bruto, PIB, mediante un incremento de impuestos son ejemplos de medidas políticas que pueden provocar inflación. Por eso, a la hora de comparar los datos de los diferentes países, es conveniente tener en cuenta sus diferentes realidades sociales y políticas, además de las económicas.

 


LUXEMBURGO (4,3%), ESPAÑA (6%) Y GRECIA (6,1%) ESTÁN A LA CABEZA DE LOS QUE MÁS HAN CONSEGUIDO CONTENER LA INFLACIÓN EN LA UE


 

Por otro lado, la gran mayoría de los Estados, por medio de sus sistemas oficiales de estadística, actualizan mensualmente (lo más habitual) sus datos, pero no todos, con lo que las comparaciones deben tener en cuenta la fecha en que se han tomado las cifras. En nuestro caso, hemos utilizado los porcentajes que ha obtenido la API Trading Economics, que solo recoge datos de fuentes oficiales, en los meses de enero y febrero de 2023, aunque en algún caso solo están disponibles los de diciembre de 2022. Según aquéllos, los países con mayor inflación son Líbano (190%), Venezuela (156%) y Argentina (102%). En el antepenúltimo puesto estaría Siria, pero sus últimos datos disponibles son de agosto de 2020 (139%) y no sería adecuada la comparación. En el otro lado de la tabla están Macao (0,77%), Baréin (0,8%) y China (1%).

Otros datos.

Un aspecto que puede resultar interesante, y revelador de cómo van intentando controlar las respectivas instituciones sus cifras de inflación, es conocer la variación entre el porcentaje inmediatamente anterior y el más actual. Así mirado, los que más han conseguido rebajar su índice son Zimbabue (-137,7%; de 230% a 92,3%), Sudán (-20,3%; de 86,6% a 63,3%) y Afganistán (-3,9%; de 9,1% a 5,2%). Donde se ha experimentado mayor incremento es en el Líbano (66%; de 124% a 190%), Sudán del Sur (16,9%; de 14,4% a 31,3%) y Egipto (6,1%; de 25,8% a 31,9%).

Entre las causas más importantes de los incrementos están las subidas de los alimentos, la vivienda o el transporte (Sudán del Sur, Egipto) o la devaluación de la moneda (el Líbano, Egipto). Las bajadas se deben a la intervención de los bancos centrales (Zimbabue) o a cierta estabilidad política intermitente (Sudán, Afganistán). En el periodo en que hemos tomado estos datos no se ha dado ninguna inflación negativa, pero sí en algunos momentos de los últimos años, como es el caso de Sudán del Sur, que en octubre de 2022 llegó a registrar un -12,73%. Este índice está relacionado con una importante caída de la economía a causa de la inestabilidad y la inseguridad.

Más de cerca.

Si miramos a nuestro entorno, la Unión Europea registra en febrero de 2023 una inflación media del 9,9%, 0,1 puntos menos que en el mes anterior. Luxemburgo (4,3%), España (6%) y Grecia (6,1%) están a la cabeza de los que más han conseguido contener la inflación; Hungría (25,4%), Letonia (20,3%) y Lituania (18,7%) son los que registran los índices más altos. Un poco más lejos, en el entorno europeo, tenemos a Liechtenstein y Suiza con índices envidiables (3,4%), aunque habrá que seguir muy de cerca la situación de los helvéticos tras la caída de uno de sus bancos comerciales de referencia. En el otro extremo, Turquía (55,18%) y Moldavia (25,9%). En el caso turco, que llegó a estar en un 85,51% en octubre de 2022, la contención de los precios parece haber sido la fórmula para los resultados y el optimismo, ya que quieren llegar cerca del 22% a final de 2023.

A mediados de marzo de 2023, la OCDE hacía públicas sus Perspectivas Económicas Provisionales con algún dato positivo: «Se prevé que la inflación general disminuya gradualmente durante 2023 en la mayoría de los países del G20: del 8,1% en 2022 al 5,9% en 2023 y al 4,5% en 2024. La razón de estas variaciones es una política monetaria más estricta, la disminución de los precios de la energía después de un invierno suave en Europa y la disminución de los precios mundiales de los alimentos. Sin embargo, la inflación subyacente sigue siendo persistente, sostenida por los fuertes aumentos de los precios de los servicios y las presiones de costes de los ajustes en los mercados laborales». Cabe recordar que la inflación subyacente no tiene en cuenta los productos frescos y ni la energía. El informe rebaja la tasa de inflación que prevé para España en 2023, del 4,8% al 4,2%, por debajo de la media de la Eurozona (6,2%).

«The economy, stupid!».

La frase, seguramente lo recuerdan, la utilizó Bill Clinton en 1992 durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia, frente a George Bush padre. La idea era oponer «las cosas de comer» de los votantes a los «grandes logros» como el fin de la Guerra Fría o la del Golfo Pérsico. Eran tiempos, por cierto, en los que la inflación de EE.UU. estaba en torno al 1,5%; en febrero de 2023 está al 6%.

Estamos acostumbrados a ver y escuchar información sobre, por ejemplo, cómo los bancos centrales suben los tipos de interés como método para contener la inflación; pero si los ciudadanos estamos pagando un préstamo hipotecario a interés variable o necesitamos un préstamo al consumo, por ejemplo, el remedio macroeconómico va a perjudicar a nuestra microeconomía personal. Y esto sucede mientras los factores que contribuyen al incremento de los precios, a subir la inflación, por tanto, también nos afectan al bolsillo: pagamos más por los alimentos, la energía, la vivienda… Entonces luchamos por ganar más, recuperamos capacidad de consumo y esto hace que siga subiendo la inflación. Es un vertiginoso círculo vicioso que no todo el mundo es capaz de parar. Nos queda buscar a los que sí lo son; y a los demás, cabe recordarles que se dediquen a lo suyo, porque «es la economía…».

El peso de las distintas partidas

Una forma de comprender cómo nos afecta a cada uno el índice de inflación que publican los organismos estatales de estadística, el INE, en el caso de España, es saber el peso que las diferentes partidas tienen en el cálculo de los precios al consumo.

En España, las categorías más importantes son alimentos y bebidas no alcohólicas (23% del peso total); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%); restaurantes y hoteles (13%); y transporte (13%). El índice también incluye ocio y cultura (6%), bienes y servicios varios (6%), ropa y calzado (6%), mobiliario y equipamiento y mantenimiento domésticos (6%), salud (4%), comunicaciones (4%), bebidas alcohólicas y tabaco (3%) y educación (2%).

El coste de la energía

Aunque el peso de la partida de energía sea menos importante que la cesta de la compra en el cálculo de la inflación, cuando petróleo y gas, básicamente, disparan sus precios, su influencia va más allá del puro cálculo porcentual, porque impacta en la producción y distribución de productos de primera necesidad, en el transporte y en multitud de servicios. Es la razón por la que los costes energéticos están siempre en el «ojo del huracán».

En la Cumbre de DAVOS de 2022, Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, dijo que «el mundo se encuentra en medio de su primera crisis energética verdaderamente global. La respuesta no es combustibles fósiles adicionales, sino poner esfuerzos en la transición energética». En ese momento el índice de precios de la energía (petróleo, gas, carbón y propano) era de 306,67 y llegaría a 376,41 en agosto; quizás de ahí la preocupación de Birol. Dicho índice había escalado a esas cifras desde los 55,89 de marzo de 2020. En enero de 2023, el índice bajó un poco, hasta 223,27.

Para saber más

A Fragile Recovery.
OECD Economic Outlook, Interim Report March 2023.

Perspectivas de la Economía mundial. Actualización.
Fondo Monetario Internacional, enero de 2023.

Inflation Rate.
Trading Economics (actualización mensual).

«El clasista impuesto de los pobres», por Juan José Morodo

ALDEA GLOBAL

JUAN JOSÉ MORODO,

periodista

“En España, hay quienes ven la solución en un "pacto de rentas" antes de que todo se descontrole, una medida excepcional impulsada por el Gobierno"

El clasista impuesto de los pobres

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo y refleja la disminución del poder adquisitivo de una unidad monetaria. Su medida más frecuente es el Índice de Precios de Consumo (IPC), que corresponde al porcentaje de la variación general de estos en el tiempo. Es el problema económico más grave que sufren la economía española y casi todas las economías del mundo.

Según el último Eurobarómetro, la inflación es hoy la mayor preocupación de los ciudadanos europeos y, particularmente, de los españoles, a los que inquieta aún más que el mismísimo desempleo. Reduce la capacidad de compra de quien no puede aumentar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios; se ensaña más cuanto menos pudiente es la renta del hogar y tiene, por tanto, carácter clasista, de ahí que muchos economistas la hayan bautizado como el «impuesto de los pobres», pero también afecta negativamente a la rentabilidad del ahorro y a la inversión.

En general, la inflación se genera cuando la demanda supera con creces a la oferta y provoca empobrecimiento, porque al deteriorarse el principal instrumento de intercambio, la moneda, empeora el funcionamiento de todo el sistema económico. Cuando proviene del exterior, como la que produce un shock energético en países fuertemente dependientes como España, el país en su conjunto se empobrece. Cuando se centra en productos y servicios de primera necesidad, como los alimentos o la energía, es especialmente dañina con los ciudadanos de renta más baja, a los que además anula la mínima capacidad de ahorro.

Los guardianes de la estabilidad de los precios y por tanto de que la inflación no se dispare son los bancos centrales. En el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) tiene fijado un objetivo de inflación del 2% a medio plazo, incompatible a todas luces con los ingentes estímulos que todas las autoridades monetarias han inyectado en la economía internacional para combatir el impacto, primero, de la pandemia de Covid, y, después de la guerra en Ucrania.

Así como los bancos centrales están entre la espada y la pared (suben los tipos para contener la inflación con riesgo de pasarse y perjudicar al crecimiento), la caída en la capacidad adquisitiva exacerba la demanda de subidas salariales, justificada en muchos casos. Pero, si los sueldos escalan de forma igual de vertiginosa que los precios, existe el peligro de entrar en una espiral destructiva: un aumento pronunciado de los sueldos para contrarrestar la inflación puede producir un aumento en los costes de producción, lo que llevaría a un nuevo aumento de los precios y vuelta a la casilla de salida.

En España hay quienes ven la solución en un «pacto de rentas» antes de que todo se descontrole; una medida excepcional impulsada por el Gobierno para repartir el impacto de la inflación entre los agentes económicos (patronal y sindicatos, pero también los hogares). Su objetivo es evitar que se desencadene la citada retroalimentación del aumento de precios y de costes. Tal espiral de precios y salarios tendería a enquistar la inflación como una losa para la recuperación económica, por lo que, una vez comprobado que la inflación no es un fenómeno pasajero como autoridades y supervisores llegaron a creer, debería transmitirse la idea de que todos los perceptores de rentas de un tipo u otro deben compartir equitativamente su pesado coste.

El pacto de rentas entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios supondría, en teoría, que los primeros aceptarían moderar las subidas de los salarios más de lo que cabría exigir por la inflación, teniendo en cuenta los márgenes empresariales, mientras que las empresas se comprometen a subidas ligeras de los sueldos, mantener el empleo y una senda moderada de incremento de los precios que no compense por completo el encarecimiento del coste del trabajo y de la producción.

La cláusula de revisión salarial vinculada al IPC en los convenios colectivos planteada por los sindicatos y la exigencia por los empresarios de que pensionistas y funcionarios entren en el reparto de costes son puntos de desencuentro que alejan tal solución solidaria.

Mientras, los ciudadanos contemplan con preocupación los precios marcados en los anaqueles de los establecimientos a la hora de hacer sus compras a la vez que el Banco de España calcula que el precio de los alimentos, la partida que más pesa en la ponderación del IPC (casi una cuarta parte), no ha alcanzado su cota más alta y estima que, a pesar de medidas gubernamentales como la reducción el IVA en ciertos productos, la inflación de estos «no ha hecho pico» y superará el 12% en 2023 (16,6% en febrero), cuatro puntos más que su anterior estimación de diciembre de 2022, con productos tan básicos como las legumbres y las hortalizas o las frutas a la cabeza de las subidas.

Y aún peor. La inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se mantiene persistente por encima del índice general, en cotas no vistas en casi cuatro décadas y como un peligroso monstruo todavía más difícil de combatir.

Soluciones extraordinarias aparte, y más allá de analgésicos coyunturales, sólo un examen eficaz de la cadena de formación de precios, muy especialmente en el grupo de los alimentos, pero también en la vivienda (alquileres) y en aquellas relacionadas con el turismo (hoteles, cafés y restaurantes) hará posible que la lucha contra el dolor de cabeza de la inflación dé el fruto deseado.

Tormenta perfecta en el consumo

ENTRE MAGNITUDES

TORMENTA PERFECTA EN EL CONSUMO

La inflación no da tregua en España. El alza generalizada del coste de bienes y servicios experimentada en los últimos meses se está cebando, fundamentalmente, con los alimentos. La subida de la cesta básica de la compra está tensionando los recursos de las familias, especialmente las más desfavorecidas, lo que ha supuesto un freno al consumo, a pesar de la bajada del IVA decretada por el Gobierno.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como el principal culpable de esta situación.

FERNANDO GEIJO,

La inflación corroe el poder adquisitivo de salarios y ahorros. A pesar de que su espiral alcista se ha moderado con los datos de marzo adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), al registrase una caída de 2,7 puntos hasta situarse en el 3,3%, la subyacente (que excluye productos energéticos y alimentos frescos) sólo cayo una décima, hasta el 7,5% en tasa interanual. Este giro, más allá de la intensidad de la bajada, no supone una sorpresa y tiene algo de espejismo, ya que el IPC subyacente continúa elevado, y no implica que los precios bajen, sino que suban menos, y, además, no alcanza para cumplir el objetivo del 2% de inflación ‘saludable’ fijado por el Banco Central Europeo.

Las miradas de los expertos apuntan a la carestía de los alimentos como la principal culpable de esta situación, que repuntó en febrero nada menos que un 16,7% en relación con el mismo mes de 2022, mientras que en enero el repunte ascendió al 15,5%. Sin embargo, los analistas también señalan que se ha producido una elevación de los márgenes de las empresas al aprovechar para subir precios y proteger así sus beneficios, lo que estaría espoleando esta crecida inflacionista en la eurozona.

 


EL COSTE DE LA ELECTRICIDAD FUE UN 33% MÁS BARATO GRACIAS, EN PARTE, AL TRASVASE DE CONSUMIDORES A LA TARIFA DEL MERCADO LIBRE


 

Subida sin control.

La comparativa de forma mensual, frente a la interanual, resulta ahora más pertinente que nunca, dado que el INE cambió en enero pasado su método de contabilización de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al incluir desde ahora la evolución del coste de la electricidad en el mercado libre y, a su vez, proceder a variar la ponderación de bienes y servicios frente al total de gastos que realizamos.

Al hilo de lo anterior, se puede observar que la aceleración de precios en tasa mensual aumentó en un 0,9%, el mayor en un mes de febrero desde nada menos que 1978, siendo el sector turístico el líder en subidas (un 13% los paquetes turísticos nacionales y un 9,8% de hoteles y alojamientos), sin pasar por alto la electricidad (un 12,6%) los alimentos para bebés (11,4%) y las legumbres y hortalizas frescas (11,2%). Y todo ello, en el lapso de un solo mes.

De todas las partidas analizadas para calcular el IPC, que incluye la valoración del coste de la conocida como canasta básica de alimentos, gracias a la encuesta permanente realizada para conocer los gastos que realizan los hogares y comprobar así los que se adquieren de forma asidua y la variación en los mismos, los alimentos son los que centran la mayor atención.

Por consiguiente, la imparable evolución al alza del importe de los alimentos, que reflejan con terquedad las estadísticas, puede considerarse como alarmante, según los entendidos en la materia. Esto es debido, entre otros aspectos, a la rigidez de su demanda, constante y ajena a los vaivenes de las modas o tendencias, al ser considerados como bienes de primera necesidad cuyo precio no se corrige por las leyes de la oferta y la demanda. Asimismo, la bajada del IVA decretada por el Gobierno no ha tenido, al menos de momento, los efectos deseados en términos de ahorro para el bolsillo de las familias. Por último, cabe destacar que los efectos de la inflación en los alimentos afectan a todas las clases sociales, pero es indiscutible que son los hogares con rentas más bajas los que, ante esta situación, deben dedicar una mayor parte del su ya de por si exiguo presupuesto a esta partida.

Para elaborar sus análisis, el INE realiza un seguimiento de alrededor de dos centenares de los bienes y servicios que consumimos de manera recurrente, donde los alimentos son uno de los principales registros, por los motivos antes indicados.

A pesar de la mencionada rebaja del IVA aplicada en enero, el coste de la comida ha seguido subiendo con fuerza y de manera generalizada en el segundo mes de año en curso. De hecho, a algunos de ellos se les ha aplicado un IVA cero y, sin embargo, se han encarecido un 11,2%, en el caso de hortalizas y legumbres frescas; un 5,4% para las frutas frescas; un 2,7% los cereales; la leche entera subió un 1,8% y la desnatada una décima menos; el pan un 0,8%; los huevos un 0,7% y el queso un 0,5%. Por su parte, otros productos básicos como la pasta y el aceite de oliva, cuyo IVA bajó a la mitad, del 10% al 5%, aumentaron un 2,7% y un 0,5%, respectivamente.

Causas exógenas.

En su valoración de la situación, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital argumentan que la subida del precio de los alimentos, similar a la producida en Francia e inferior a la contabilizada en Alemania, se circunscribe, sobre todo, a la partida de frescos, en concreto hortalizas, legumbres y frutas.

Asimismo, consideran que se trataría de un alza puntual derivada de las desfavorables condiciones meteorológicas registradas tanto en España como en otros países de nuestro entorno comunitario, lo que ha provocado escasez en las cosechas y el consiguiente aumento de precios debido a la mayor demanda internacional.

 


AZÚCAR, MANTEQUILLA, ACEITE, LECHE Y HUEVOS, SON LOS PRODUCTOS QUE MÁS SUBIERON


 

En el otro platillo de la balanza, el transporte combinado de pasajeros se convirtió en el bálsamo que alivió el tsunami alimentario. La rebaja, aprobada por el Gobierno, del precio del abono de transporte público supuso una caída del mismo de nada menos que el 48,1% con respecto a febrero de 2022, mientras que el coste de la electricidad fue un 33% más barato gracias, en parte, al trasvase de consumidores a la tarifa del mercado libre. Mientras, gasolina (-3%) y telefonía móvil (-4,8%) también pusieron su granito de arena y ayudaron a aliviar la situación.
Ante este panorama, los consumidores tratan de exprimir cada euro de gasto y sacarle el máximo rendimiento apostando por la marca blanca o del distribuidor, que en España ya suponen el 46% del peso en la cesta de la compra, siendo el segundo país de Europa en este aspecto tras Suiza (52%) y por delante de Países Bajos (45%), Reino Unido (43%) y Alemania (40%). Otra estrategia de ajuste del gasto sería el aumento de la frecuencia de compra, que ha subido un 6% en España, en línea con lo que sucede en el resto del continente: un 10,8% en Portugal, 6,5% en Reino Unido y un 4,7% en Francia, lo que evidencia la necesidad de comprar sólo lo necesario en cada momento y esperar a la llegada de nuevas ofertas y descuentos o, en el mejor de los casos, al ansiado alivio inflacionista.

El ejemplo francés

El Gobierno galo alcanzó recientemente un acuerdo con los principales grupos de distribución que operan en el país vecino, cuyas principales claves son:

  • La bajada de precios se realiza vía reducción de márgenes de las propias cadenas de distribución.
  • Existencia de un compromiso para no repercutir las rebajas en los márgenes de agricultores, transportistas o fabricantes.
  • Apuesta por la transparencia, mediante la publicación recurrente de los márgenes de agricultores, productores y empresarios.
  • Vigilancia de los puntos acordados por medio de los servicios antifraude franceses.
  • Libertad de elección por las cadenas de supermercados de los productos seleccionados para formar parte de esta iniciativa, que eligen en cada caso cuáles forman parte al no existir una lista común de productos ni un mínimo de ellos para ser elegibles.
  • Todos los productos seleccionados llevarán una etiqueta común con la bandera francesa y la denominación: ‘trimestre anti-inflación’.

El increíble producto menguante

Un informe publicado en febrero por Facua-Consumidores en Acción señala que de un total de 507 productos analizados en 12 de ellos se observó, entre enero de 2022 y 2023, la práctica conocida como ‘reduflación’. Esta consiste en que el fabricante reduce el peso o el tamaño del envase al tiempo que mantiene o, en algunos casos, incluso aumenta el precio del mismo, lo que conlleva, en ocasiones, aumentos por encima de los dos dígitos porcentuales.

Ojo al dato

«La inflación mata a la gente», por Casimiro García-Abadillo

ENTRE MAGNITUDES

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato"

La inflación mata a la gente

Allá por el año 1990 el cantante dominicano Kaki Vargas lanzó una canción que se convirtió en un fulgurante éxito en el mercado latino: La inflación. Su estribillo era pegadizo: La inflación es general, la inflación mata a la gente… En ese año, el IPC en España estaba en el 6,8%. Treinta y tres años más tarde, en febrero de este año, la inflación ha sido del 6%, pero la que más sufre el ciudadano medio, la de los alimentos, se ha disparado hasta el 16,6%. Kaki Vargas alucinaría con este dato. Aunque no es necesario que vuelva a escribir otra canción.

Los datos macroeconómicos no le dicen nada a la mayoría de las personas. Pregunten ustedes en la calle a cualquiera con el que se crucen qué es eso del PIB y verán. Otra cosa es el IPC, el temido Índice de Precios al Consumo, la inflación. Eso lo sabe todo el mundo, porque casi todo el mundo va al mercado casi a diario y allí se puede comprobar fácilmente si la vida ha subido y cuánto.

El Gobierno ha rebajado el IVA de algunos productos (leche, aceite, etc., aunque no lo ha hecho con la carne y al pescado) y el resultado ha sido más bien escaso, por no decir nulo. Les pondré tres ejemplos: entre febrero de 2022 y febrero de 2023, los huevos han subido un 98,2%; las naranjas, un 204,7%, y las cebollas, un 368,1%. Sí, no es un error: ¡¡¡un 368,1%!!! Otro motivo por el que las cebollas nos hacen llorar.

Así que no es extraño que las ventas en los supermercados sigan cayendo sin solución de continuidad, aunque la facturación de los distribuidores crezca por efecto de la inflación. Se vende menos, pero a precios mucho más altos.

Los costes se han disparado en los últimos meses, de tal forma que es muy difícil que los precios puedan bajar sensiblemente en un futuro inmediato.

Pero como la inflación es algo tan sensible, la demagogia acude a ella recurrentemente cuando los argumentos políticos se agotan. Me refiero a la campaña de algunos líderes de Podemos (entre ellos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra) atacando a cadenas como Mercadona con el argumento ramplón de que sus dueños (Juan Roig) se “están forrando” con la subida de los alimentos.

Bastaría con haberse fijado en los márgenes de esta cadena (como también en los de su competencia) para darse cuenta de que los distribuidores no han repercutido al público en su totalidad la subida de los precios en origen. Sí, los supermercados han facturado más, pero con menor margen.

Lo peor que tiene la inflación no es sólo que la sufren más quienes menos tienen, sino que actúa de forma contagiosa, casi como un virus. Lógicamente, para compensarla, los sindicatos demandan mayores subidas salariales; después esos mayores salarios se transmiten a los precios y así se entra en una espiral muy difícil de frenar, como en España sabemos muy bien. Las subidas de precios hacen, además, menos competitivos los productos y, consecuentemente, esa pérdida de competitividad termina por afectar al crecimiento (el dichoso PIB).

Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está tan preocupado por volver a la senda del 2% como objetivo de la subida de precios. Si los países no hacen un esfuerzo por enfriar sus economías, a medio pazo se puede producir un descarrilamiento general: no olvidemos que la inflación produce los mismos efectos que una ilusión óptica. Una subida salarial del 5% puede parecer buena, pero si la inflación está por encima del 6% eso significa que se ha perdido más de un punto de poder adquisitivo.

Así que Cristine Lagarde (la elegante presidenta del BCE) seguirá echando jarros de agua fría a la economía en forma de subida de tipos de interés.

“O sea, que además de subirnos los precios, también nos subirán las hipotecas…” Podría quejarse usted con cierta razón. Pues me temo que sí.

Las guerras generan catástrofes (y no sólo humanitarias) y tenemos una guerra en Europa que dura ya más de un año. La invasión de Ucrania por Rusia disparó los precios de la energía, que influyen mucho en el coste de los alimentos. Mientras las tensiones en el sector energético continúen, la batalla contra la inflación sólo tendrá como herramienta fundamental la subida de tipos.

Nos esperan, por tanto, meses difíciles, no de apocalipsis (esperemos que el sector financiero no nos dé otro susto), pero sí de contracción del gasto.

El Gobierno se equivoca al dibujar un panorama un tanto idílico, en el que el papá Estado siempre viene en ayuda de los más necesitados. Incluso con el mayor gasto público de la historia y con la aportación extraordinaria de los fondos Next Generation, el crecimiento de la economía (en previsión del Banco de España) será este año del 1,6%. En 2022 la economía española creció un 5,5%, casi cinco puntos más que lo esperado para este año.

Pero, a diferencia de otras épocas, ese frenazo de la economía no va a ir acompañado de un desplome de los precios. La inflación media de este año será del 3,7% (según el Banco de España), pero con el precio de los alimentos muy por encima de esa cifra.

La inflación seguirá siendo un problema en 2023. Será también general, porque en la Zona Euro se situó en febrero en el 8,5%, y, por desgracia, seguirá, como decía Kaki Vargas matando a la gente… Aunque sea lentamente.