Entrevista a Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado

CON SELLO PERSONAL

La seguridad jurídica es la piedra angular donde descansa la democracia"

Carmen Calvo,

presidenta del Consejo de Estado

Carlos Capa

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado desde marzo de 2024, ha impulsado una transformación profunda de la institución más antigua del país. Jurista reconocida, ministra, vicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta del Consejo, su trayectoria sintetiza una dedicación constante al servicio público.

-Año y medio en la presidencia. ¿Qué ha quedado de ese programa inicial con el que tomó posesión?

– Bastante más de lo que imaginaba. Cuando llegas a una institución de estas características, con 500 años de historia, descubres que el trabajo es simultáneo: gestionar lo cotidiano y construir futuro. Estamos digitalizando los archivos y la biblioteca del Consejo, que son fondos documentales de enorme valor. Es un trabajo de precisión que la casa no había abordado de esta manera. Estamos a punto de sacar a la luz la doctrina legal puesta al día —la última vez fue en 2011— un esfuerzo considerable. Y luego están los dictámenes que seguimos emitiendo sobre asuntos de primera magnitud: la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto del Ministerio Fiscal. Ese es el corazón del Consejo.

-¿Hay algo más que marque este período?

– Sí, desde luego. He iniciado un diálogo sin precedentes con otros órganos. Con la Real Academia Española, por ejemplo, tenemos un compromiso explícito: que el lenguaje jurídico sea claro. Los ciudadanos tienen derecho a comprender las leyes que deben cumplir; es un asunto profundamente democrático. Estoy visitando todos los consejos consultivos territoriales por orden de antigüedad. Aquello no se había hecho antes. Y estamos preparando el quinto centenario de la institución este año 2026. Eso ocupa mucha dedicación, pero lo considero fundamental.

SOMOS EL CONTROL PREVIO Y SUAVE DE LA LEGALIDAD Y LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTADO. NADA MÁS Y NADA MENOS

– ¿Cree que la función del Consejo de Estado es suficientemente conocida?

– Hay una imagen fijada en el imaginario colectivo: mucha seriedad, expertos en Derecho, gente que sabe. Todo cierto. Pero después, la mayoría no sabría decir qué hacemos exactamente. Y eso es, en realidad, el precio de garantizar nuestra imparcialidad. Nosotros hablamos una sola vez: en el dictamen. Luego, silencio. Eso es lo que nos permite mantener la confianza en lo que decimos. Somos el control previo y suave de la legalidad y la constitucionalidad del Estado. Nada más y nada menos. Pero ese silencio tiene consecuencias: la gente no ve el trabajo de fondo. El aniversario nos brinda una oportunidad para explicar que cumplimos una función absolutamente democrática e imprescindible.

-En una democracia polarizada como la nuestra, ¿cómo mantiene el Consejo ese clima de diálogo cuando sus miembros provienen de distintas procedencias políticas?

– Con mucha conciencia de lo que representamos. Todos los consejeros —todos— tenemos una gran conciencia y un gran orgullo de pertenecer al Consejo de Estado. Eso nos lleva a una capacidad notable de autocontención respecto a nuestras convicciones políticas. Nos autolimitamos muy prudentemente. Estamos aquí, por ejemplo, dos vicepresidentas del Gobierno que provenimos de contextos políticos distintos. ¿Y eso pesa? Menos de lo que pesa la obligación del rigor jurídico. Nunca le decimos a la autoridad consultante si algo es oportuno o inoportuno políticamente. Le decimos si el proyecto tiene fallas técnicas, si puede mejorarse. La polarización existe, claro, pero aquí ocurre algo singular: durante horas en el Pleno, a veces cinco seguidas, estamos debatiendo párrafos, palabras, puntuaciones. Los ciudadanos no lo ven, pero ocurre. Y en eso hay una cortesía, un rigor admirable.

EN UN MUNDO DONDE TODO PARECE DUDOSO, DONDE LA VERACIDAD NO SE VERIFICA Y LOS ACUERDOS NO SE CUMPLEN, EL NOTARIADO OFRECE GARANTÍA

-España ha producido más de 400.000 normas desde 1977. En los últimos tres años, 31.000 más. ¿Esto no genera inseguridad?

– Claramente. Tenemos una hiperproducción normativa que afecta a la claridad, a la seguridad jurídica misma. Muchas de esas normas no tienen vigencia real, no tienen oportunidad. Siguen ahí, contaminando el corpus legislativo. Creo que los Estados modernos tienen demasiadas normas. A veces es preferible modificar una norma existente que crear una nueva. Pero hay densidad, un bosque legal que complica todo. Y cuando todo es tan abundante y técnico, los ciudadanos sienten que es incomprensible. Esto va contra la premisa misma de la democracia de Derecho: la gente debe poder entender las leyes que la vinculan.

– ¿Ha percibido un deterioro en la calidad técnica de la producción legislativa?

– No diría tanto eso. Diría más bien que hay demasiado espacio para el debate político y muy poco para el debate técnico visible. El legislador trabaja sobre cuestiones técnicas muy sólidas, pero eso no se ve. Parece que las leyes emergen de la voluntad del presidente y listo. Los ciudadanos no ven dónde están los parlamentos, dónde el asesoramiento técnico real. El Consejo de Estado, muchas veces, señala un párrafo y dice: esto no clarifica el objetivo. Y a menudo, tras el dictamen, esa ley mejora. Pero eso es invisible para la sociedad.

– Como reconocida defensora de la igualdad, ¿a qué velocidad avanzamos?

– Lentamente. Aunque hace apenas cincuenta años las mujeres estaban excluidas de prácticamente todo. El feminismo, en realidad, trata de desmontar el orden con el que la humanidad funcionó desde que existe. Eso no puede ser ni fácil ni rápido. No es solo legislación; es formación de conciencia, es que los hombres asuman que no pueden pegarle a una mujer, no pueden tratarla como inferior. Eso es una transformación civilizatoria profunda. Vamos en la buena dirección, pero el camino es largo.

TENEMOS UNA HIPER PRODUCCIÓN NORMATIVA QUE AFECTA A LA CLARIDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA MISMA

– ¿El feminismo es la democracia del siglo XXI?

– Seguro. Porque ahí se juega la gran premisa de la igualdad: entre hombres y mujeres. Es el corazón de cualquier democracia verdadera. Y nuestras leyes de igualdad —todas ellas— han sido verificadas por el Tribunal Constitucional. Todas. Hasta la última sobre la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué significa eso? Que hemos desarrollado la igualdad de manera técnicamente correcta, porque así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Eso es seguridad jurídica.

-La transformación digital llega a todos lados. ¿Cómo afecta al mundo jurídico?

– Esto me inquieta profundamente. El Derecho es uno de los grandes logros civilizatorios: podernos entender y convivir a partir de razones, argumentos coherentes establecidos en leyes. Por primera vez en la historia, los instrumentos que el Derecho necesita no dependen exclusivamente de él. Dependen de apoyaturas tecnológicas privadas. Hay nuevas formas de delito que solo se pueden perseguir si la tecnología lo permite. Pero si esa tecnología es negocio privado y no coopera, el Derecho se encuentra impotente. Eso me preocupa enormemente. Y me preocupa porque las tecnologías, en clave jurídica, determinan si algo es legal o ilegal, permitido o prohibido. Sin eso, no hay convivencia.

– ¿Y la inteligencia artificial en el Consejo?

– Nos ayudará en búsqueda de información, precedentes, jurisprudencia. Hemos mejorado bastante nuestros sistemas. Pero la clave es que los dictámenes son producto de la reflexión de diez personas con cabezas distintas. Eso no se puede hacer con tecnología pura. Somos diez cabezas todos los jueves, treinta en el Pleno mensual, confrontando miradas distintas. Ese elemento humano es irreemplazable. La inteligencia artificial es un instrumento. La inteligencia natural es lo que verdaderamente importa.

CON LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA TENEMOS UN COMPROMISO EXPLÍCITO: QUE EL LENGUAJE JURÍDICO SEA CLARO

– ¿Goza España de buena salud en seguridad jurídica?

-Sí. Hace 48 años salimos de una dictadura; hoy estamos entre las 24 mejores democracias del mundo. Eso es admirable. Nuestro Estado tiene tres adjetivos: democrático, de Derecho y social. Los tres son dependientes del segundo: de Derecho. En ese sentido, el Consejo de Estado juega un papel capital. El ciudadano puede no gustarle el Gobierno de turno, puede no gustarle sus leyes. Eso es normal. Pero debe saber que técnicamente son acordes al modelo constitucional. Eso tranquiliza. El circuito es largo —comienza aquí, pasa por el Congreso, va a los tribunales, termina en el Tribunal Constitucional— pero en el 98,86% de los casos, los tribunales se pronuncian como el Consejo de Estado había señalado.

-Y el Notariado, ¿cuál es su papel en todo esto?

– Fundamental. En un mundo donde todo parece dudoso, donde la veracidad no se verifica y los acuerdos no se cumplen, el Notariado ofrece garantía. Certeza de que lo acordado es verdad, de que se verifica, de que existe documentalmente. La seguridad jurídica que yo he descrito —la de arriba, la de los órganos constitucionales— es importante. Pero la seguridad de abajo, la que afecta a los ciudadanos en sus transacciones cotidianas, depende del Notariado y del mundo registral. Eso es seguridad jurídica de facto. En una época de incertidumbre, eso es oro puro.

HUELLA DIGITAL

Carmen Calvo tiene cuenta en Twitter @carmencalvo_ con más de 115.00 seguidores y en dónde expresa sus opiniones. También tiene presencia en Instagram en la dirección @carmen.calvo.poyato

La página web de Caritas Española recoge abundante información sobre la actividad de la organización y de su secretaria general.

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Desigualdad digital

LA @

DESIGUALDAD DIGITAL

Gabriel Cruz

La irrupción de internet y, sobre todo, la extensión de la fibra a partir del año 2000, prometían un terremoto que iba a democratizar el acceso a oportunidades independientemente de quiénes éramos o dónde estábamos. Pero como buen terremoto lo que ha provocado han sido grietas de desigualdades. La última causada por la IA. Aunque no le interese el tema le afecta por completo. Sepa cómo.

La desigualdad digital está en muchas partes, empezando por la que le contamos en otro reportaje de esta revista sobre la cita previa obligatoria. La necesidad de hacerla online, en caso de saturación telefónica, empuja a la población sin habilidades tecnológicas fuera del servicio de la Administración. Este es un efecto de tantos de la desigualdad o brecha por edad. Las encuestas coinciden en que un 70% de los mayores de 60 años no tienen habilidades tecnológicas. Hay más brechas como la falta de acceso a internet: un 40% de la población mundial no lo tiene, sobre todo en África y Asia. En España, esa falta de acceso se traslada entre zonas urbanas y rurales. Así, mientras que más del 90% de las viviendas urbanas tienen acceso a banda ancha, en las zonas rurales es del 70%. Por cierto, en diciembre se abandonó el proyecto de 2023 del Ministerio de Transformación Digital para llevar internet de banda ancha por satélite al 100% zonas rurales.

Otra brecha es la falta de acceso a formación tecnológica, que limita las oportunidades de empleo. Así pues, la desigualdad digital ya ha convertido en una de las formas más silenciosas de exclusión social.

Desigualdad por IA. Una de las desigualdades o brechas digitales que más crece es la generada por las respuestas de la Inteligencia Artificial. Su algoritmo es un reflejo de las directrices de sus programadores y los millones de datos que absorbe para crear sus contenidos.

Un caso claro es la IA Grok de Elon Musk, conocido por sus discursos extremos. Entre todos los modelos de IA como Gemini o GhatGPT, Grok es la que más fácilmente genera imágenes violentas, machistas o racistas. Además del perfil de desarrolladores contratado por Elon Musk se suma que esta IA se nutre de los datos de la red social X, perteneciente también a Musk, cada vez más caracterizada por su polarización.

LA DESIGUALDAD DIGITAL SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS FORMAS MÁS SILENCIOSAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Los sesgos de la IA pueden usarse como “armas geopolíticas” como ha señalado en varias entrevistas Tristan Harris, un ex directivo de Google que asegura que Tiktok intenta hacer más estúpidos a los jóvenes occidentales. De hecho, la red social china genera mayoritariamente contenidos intrascendentes (videos de animalitos) o conflictivos para Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en China la empresa creadora de Tiktok, ByteDance, tiene otra red social diferente: Douyin. Esta vez, sus contenidos son educativos y sin mensajes conflictivos. Esto es muy importante porque la generación Z ya no busca en Google respuestas sino en Tiktok.

Desigualdad en el trabajo. Según cifras de la Unesco, el 88% de los creadores de IA en el mundo son hombres y eso se nota. Marisa Cruzado, fundadora de IA + igual, nos propone esta prueba: busque en cualquier buscador de IA, o incluso en Google, imágenes de colegial. A nosotros nos aparecieron fotos de zapatos para colegio y de uniformes. Ahora busque “colegialas” y surgen imágenes de chicas jóvenes y exuberantes en minifalda escolar. Pero hay más, “en materia laboral el problema de los sesgos en los datos es mucho más crítico que en otros usos de la IA”, señala Marisa Cruzado. Imagine que no le contratan por el barrio de donde es, por su sexo o etnia. Así, ella ha sido una de las impulsoras de un libro blanco para “desarrollar un estándar de certificación de IA en el ámbito laboral”, que constata que “la información que manejan las IA de RRHH no está bien estructurada, etiquetada y compilada.” El hecho de que se pretenda crear una certificación puede hacer pensar que se trata de otro papeleo más. Sin embargo, Marisa Cruzado señala que “ya existe un estándar internacional para la gestión de sistemas de IA, la ISO/IEC 42001, operativa desde 2023. Esta norma proporciona un marco estructurado para gestionar riesgos asociados al uso de la IA. Lo que nosotros proponemos es un modelo, basado en este estándar, pero específico para RRHH”. El riesgo de no evitar sesgos en la IA como dice Marisa Cruzado, es “retroceder en igualdad, diversidad e inclusión sociolaboral”. Es decir, que las grietas de ese terremoto tecnológico sean aún más profundas.

A quién seguir

Hemos encontrado fundaciones sobre desigualdad digital. Pero al explorar en sus patronos detectamos demasiado contenido político, por lo que pone en duda la parcialidad de sus informes. Dejamos, las que son más solventes y neutras:

Informe de IA más igual en el campo de los Recursos Humanos.

El informe más completo es el del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

ONTSI ofrece muchos estudios, como este sobre brecha digital de género.

Fundación Telefónica ayuda a superar las desigualdad de los mayores.

Para los jóvenes desfavorecidos FAD Juventud, que apoya el desarrollo e inclusión de jóvenes.

Sobre la brecha entre campo y ciudad una web del gobierno de Aragón ofrece cursos gratuitos para los que vivan en zonas rurales.

España Digital 2025 recoge las medidas, reformas e inversiones, de las políticas digitales marcadas por la Comisión Europea.

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Cita previa: ¿solución o problema?

LA @

CITA PREVIA: ¿solución o problema?

Gabriel Cruz

Fue el remedio para evitar la afluencia de público en las oficinas de la Administración en la pandemia, hace cinco años. Pero para muchos hoy es una barrera a la atención pública. Hay Administraciones que han dado marcha atrás, pero, en otras, hay hasta un mercado negro. Pase y lea: no es necesaria cita previa.

¿Se acuerda? Llegó la pandemia, allá por marzo de 2020 y para evitar contagios se impuso la cita previa obligatoria. La pandemia desapareció, pero sus inercias no, y en algunos departamentos de la Administración la imposición continúa. Con casos como el que me tocó vivir, y eso que me considero bregado en temas digitales. Tras varios intentos, en diferentes días y horas, consigo cita previa en la Administración. Debía resolver la convalidación del título de bachillerato de mi hijo en Irlanda. Resuelta la primera gestión había que cumplimentar otra: reconocer la firma digital del menor. Era en la misma mesa. El funcionario me paró: “Esto es otro proceso. Tiene que pedir cita previa”. Así que le lancé esta sugerencia: “Ya que estamos aquí y todo se debe hacer aquí, ¿no podemos hacerlo todo a la vez? Si no se puede, podría usted fijar ya una cita. A mí me resultó muy difícil”. “No -me respondió- tiene que solicitarla usted desde casa y luego volver”.

Era absurdo: estar presente en un sitio, salir para pedir cita previa otro día y, en el caso de conseguirla, regresar al mismo sitio. No discutí. Experiencias parecidas las puede leer en el recuadro de redes sociales. También las que ha constatado el Consejo General de Gestores Administrativos (CGGA). Desde su presidencia, Santiago Ollero nos señala que “hay personas que han perdido empleos por no poder obtener un simple certificado, que han tenido que viajar cientos de kilómetros porque su provincia llevaba meses sin citas; extranjeros que ven expirar plazos legales porque no existe manera humana de obtener una cita a tiempo; madres que no pueden cobrar prestaciones…”

Ineficacia del sistema

Puedes cambiar de bar, abogado o pareja, pero no de “ventanilla” para resolver asuntos con el Estado. En un estudio de 2023 la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) intentó 1.800 veces conseguir citas para seis trámites comunes en 25 ciudades españolas y en diferentes organismos públicos. En una de cada tres peticiones o no quedaban horas disponibles o había que esperar más de dos semanas para conseguirla o la cita era en otra localidad.

LA PANDEMIA DESAPARECIÓ, PERO SUS INERCIAS NO, Y EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN LA IMPOSICIÓN CONTINÚA

El estudio más reciente sobre cita previa ha sido el del CGGA. Entre julio de 2024 y junio de 2025. Santiago Ollero nos señala que “el resultado es incontestable: más del 80% de los trámites analizados tuvo periodos sin ninguna cita disponible. No eran picos concretos, sino una situación estructural y sostenida a lo largo del año”. Uno piensa que cuanto más complicada sea la Administración, mejor para los gestores porque el ciudadano, abrumado, recurre a ellos. Así que, ¿cómo pueden ser los propios gestores administrativos los más beligerantes contra la cita previa obligatoria? Ollero zanja ese mito: “Ese argumento se oye con frecuencia, pero es profundamente falso. A los gestores administrativos no nos beneficia una Administración que funciona mal, igual que a un médico no le beneficia que se colapse un hospital. La mala Administración crea frustración, tensiones sociales, pérdida de derechos y, sobre todo, clientes enfadados que no entienden por qué un trámite básico se convierte en un pequeño calvario”. Por eso el CGGA ha impulsado una campaña Por el derecho a la atención presencial efectiva en la Administración pública. Como señala Ollero “aportamos confianza y seguridad jurídica; esa confianza se resquebraja cuando la propia Administración impone filtros de acceso que la Ley no contempla. El ciudadano no se merece una ventanilla que nunca abre. Eliminar la cita previa obligatoria es reconstruir un servicio público esencial”.

SANTIAGO OLLERO: “HAY PERSONAS QUE HAN PERDIDO EMPLEOS POR NO PODER OBTENER UN SIMPLE CERTIFICADO”

Cita previa “obligatoria”

El mundo jurídico coincide por unanimidad en que la cita previa obligatoria carece de habilitación legal. Se impuso por la ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID y solo en el ámbito de la Administración de Justicia. Fue una autorización temporal y limitada. Pero como señala el artículo 4.2 del Código Civil: “Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas”. Sin embargo, la cita previa se copió en otras Administraciones y se ha mantenido por inercia. También tiene su parte de imagen. Ver colas de gente esperando da una impresión de Administración atrasada y lenta. Con la cita previa obligatoria dejan de verse porque se traslada esos usuarios a sus casas, telemáticamente. Aquí, favorecido en parte por el mal funcionamiento y por la brecha digital, surgió un mercado negro de ventas de citas. Las últimas detenciones por esta práctica fueron en noviembre de 2025. Los delincuentes usan programas informáticos para bloquear muchas citas y luego venderlas por 50 o 90 euros. Este delito se evitaría con la cita presencial, “nadie se puede multiplicar físicamente” o como señalan los sindicatos de funcionarios, si hubiera un doble sistema de identificación con un mensaje al teléfono móvil.

En páginas de anuncios web nos encontramos con mensajes como este: “¿Estás cansado y no consigues la cita? Te la proporciono por muy poco. Seguridad, eficacia, seriedad. Contacta por wasap y te explico”. Cobran entre los 40 y 100 euros, según la prisa que se tenga. Donde hay más colapso es en el SEPE, porque la solicitud de la prestación de desempleo hay que presentarla dentro de los 15 días hábiles tras del despido para no perder ningún día de subsidio.

VER COLAS DE GENTE ESPERANDO DA UNA IMPRESIÓN DE ADMINISTRACIÓN ATRASADA Y LENTA

Un fin que no llega

En 2023, el Gobierno anunció en el Congreso el fin de la cita previa obligatoria, pero continuó. Repitió el anuncio en enero de 2024, pero ese propósito se olvidó. Lo último que nos encontramos sobre el tema es en el boletín oficial de las Cortes Generales del 25 de octubre de 2025. Es una proposición no de ley de la oposición. Es decir, se propone al Gobierno que actúe para acabar con la cita previa obligatoria. Sin embargo, continúa en diferentes Administraciones incluidas autonómicas y locales. Las excepciones son dos: Canarias, que la eliminó como sistema de atención en 2023, y Cataluña, que en noviembre aprobó la Ley 9/2025 sobre procedimiento de Administraciones públicas. Su artículo 4 dice: “La cita previa no puede ser obligatoria en ningún caso y solo puede establecerse para mejorar los servicios de atención presencial”.

Falta de respaldo jurídico

Son casi unánimes los estudios publicados sobre la falta de respaldo jurídico de la cita previa obligatoria. El único discordante es el de 2023 del Consejo para la Defensa del Contribuyente, elaborado por la propia Administración.

Destacamos este de José Miguel Beltrán publicado en la Revista de Derecho Público: Teoría y Método.

Informe del Consejo General de Gestores.

Los informes de los distintos defensores del pueblo de las comunidades autónomas también condenan la cita previa obligatoria.

La cita previa en… imagen

Hay infinidad de tutoriales en internet sobre cómo solicitar “cita previa”. También puede evadirse con películas sobre la burocracia como El proceso (1962), dirigida por Orson Welles, basada en la novela de Franz Kafka. Si desea quitarle dramatismo, no se pierda las siguientes propuestas:

Episodio de “Poquita fe”: En la segunda temporada de la serie emitida por Movistar + hay un graciosísimo episodio dedicado a la cita previa. También puede verlo en este enlace:

También le recomendamos varios cortometrajes. Uno de los más premiados fue 036.

A QUIÉN SEGUIR

En las redes sociales nos encontramos infinidad de casos de personas que se quejan de la cita previa, si bien muchos están muy polarizados políticamente. El más neutro e insistente con el tema es el abogado y profesor de Derecho Administrativo Diego Gómez (@diegogomabogado). Ganador del premio Hay Derecho en 2023 por su lucha contra la obligatoriedad de la cita previa. Mediante la etiqueta (hashtag) #NoALaCitaPreviaObligatoria también vemos mensajes como el de un abogado sevillano: “Para gestionar el certificado digital exigen cita previa. Para sacar cita previa necesitas certificado digital. ¿Cómo sacas cita previa sin certificado si te exigen certificado para la cita previa?”

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La cita previa como barrera: reflexiones sobre el acceso de las personas mayores a los servicios esenciales, por Jesús Norberto Fernández Muñoz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

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La digitalización no puede progresar a costa de excluir a quienes no pueden seguir su ritmo. La cita previa debe ser una opción, nunca una imposición. Debe facilitar, no limitar."

La cita previa como barrera: Reflexiones sobre el acceso de las personas mayores a los servicios esenciales

En los últimos años, la digitalización de los servicios públicos y privados ha avanzado a un ritmo vertiginoso. Administraciones, entidades bancarias, empresas de servicios y, en ocasiones, incluso centros de salud han incorporado la cita previa digital como puerta de entrada obligatoria para la atención presencial. Esta transformación, sin planificación suficiente y sin garantías de accesibilidad universal, ha generado una nueva forma de exclusión social que afecta especialmente a las personas mayores. Como presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, considero imprescindible analizar esta problemática desde una perspectiva jurídica y de derechos, para situar en el centro a quienes hoy enfrentan barreras injustas e inaceptables.

Derechos básicos

La premisa fundamental que debe guiar cualquier reflexión es clara: la digitalización no puede convertirse en una condición sine qua non para el ejercicio de derechos básicos. No puede serlo para acceder a la sanidad pública, para realizar trámites administrativos, para cobrar una pensión o para efectuar gestiones bancarias necesarias para la vida cotidiana. Cuando una herramienta —diseñada en principio para facilitar— se convierte en un obstáculo, estamos ante un problema social y jurídico que exige intervención.

La brecha digital entre generaciones no es una percepción subjetiva, sino una realidad documentada. Un porcentaje significativo de personas mayores no dispone de dispositivos adecuados, competencias digitales suficientes o simplemente no se siente segura realizando trámites en línea. La edad avanzada, las limitaciones visuales, auditivas o cognitivas, y la ausencia de acompañamiento tecnológico convierten en auténtica odisea lo que para otros es un trámite rutinario de unos minutos. Obligar a estas personas a utilizar exclusivamente canales digitales no solo constituye una discriminación indirecta, sino que amenaza el principio de accesibilidad universal reconocido en la legislación española y europea.

Ámbito sanitario

En el ámbito sanitario, la obligatoriedad de la cita previa para obtener atención médica agrava muchas veces la ya compleja situación de los mayores. Para quienes padecen enfermedades crónicas, dificultades de movilidad o problemas de comunicación, la imposibilidad de conseguir una cita por no poder completar un proceso digital supone la vulneración de su derecho constitucional a la protección de la salud. Los servicios de salud, saturados y con recursos limitados, han implementado sistemas telemáticos con buena intención administrativa, pero sin evaluar adecuadamente su impacto en colectivos vulnerables. No es infrecuente que una persona mayor acuda a su centro de salud sin cita —porque no ha podido obtenerla— y encuentre una negativa a ser atendida, aun presentando un problema real y urgente. Esta situación, además de generar angustia, erosiona la relación de confianza entre paciente y sistema sanitario.

Esfera administrativa

En la esfera administrativa la situación no es distinta. Ayuntamientos, servicios de empleo, oficinas de extranjería, seguridad social y otros organismos utilizan sistemas de cita previa obligatoria que, en demasiadas ocasiones, son ineficientes, inestables o completamente inaccesibles para quienes no dominan la tecnología. A ello se suma la saturación: falta de citas disponibles, esperas de semanas o meses y portales que se bloquean una y otra vez. Cuando el acceso a un derecho depende del éxito en una tarea informática que muchos ciudadanos no pueden cumplir, la Administración está incumpliendo su deber de servicio público. El artículo 103 de la Constitución es tajante al respecto: la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con eficacia. Obligar a una persona mayor a navegar sin ayuda por un laberinto digital no cumple esos principios.

Sector bancario

Otro ámbito crítico es el bancario. En los últimos años hemos sido testigos de un proceso acelerado de cierre de oficinas, reducción de personal de atención presencial y traslado de gestiones a cajeros automáticos o aplicaciones móviles. La cita previa se ha convertido en el filtro previo para realizar operaciones tan básicas como actualizar un dato, obtener información, gestionar una tarjeta o resolver un bloqueo. Esto afecta de manera especialmente dura a quienes dependen de su pensión como única fuente de ingresos y necesitan un trato personalizado y comprensible. Las entidades bancarias tienen la obligación, no solo ética sino jurídica, de garantizar un servicio accesible y adecuado a todos sus clientes. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige que la prestación de servicios esenciales no resulte discriminatoria y se adapte a las necesidades de todos los consumidores, especialmente los vulnerables. La banca, como servicio de interés económico general, no puede desentenderse de esta obligación.

Igualdad real y efectiva

Desde un enfoque jurídico, la problemática de la cita previa obligatoria debe analizarse también desde la perspectiva de la igualdad real y efectiva. La Constitución establece en su artículo 9.2 que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan su plenitud. La cita previa digital, cuando no se acompaña de alternativas, se convierte precisamente en un obstáculo. Además, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —aplicable también en situaciones de discapacidad sobrevenida por la edad— obliga a garantizar ajustes razonables y accesibilidad universal en todos los servicios. No basta con ofrecer una web; es necesario proporcionar canales paralelos, atención telefónica eficaz y una ventanilla presencial disponible.

Connivencia entre canales

La solución no pasa por frenar la digitalización, sino por hacerla inclusiva. Reclamamos un modelo de convivencia entre canales: digital para quien pueda o prefiera usarlo, y presencial o telefónico para quien lo necesite. Exigimos que los sistemas de cita previa incluyan mecanismos de atención humana, accesibles y comprensibles; que las Administraciones destinen recursos a la atención presencial sin ocultarla tras barreras tecnológicas; que la banca mantenga oficinas y personal suficiente para atender adecuadamente a sus clientes mayores; y que se impulse un plan estatal de accesibilidad digital que contemple formación, simplificación de procesos y apoyo personalizado.

La digitalización no puede progresar a costa de excluir a quienes no pueden seguir su ritmo. Como sociedad, tenemos la obligación de garantizar que nadie quede atrás. Las personas mayores han contribuido durante décadas al desarrollo económico, social y democrático de nuestro país. No es aceptable que en la etapa de su vida en la que más apoyo necesitan se encuentren con un muro digital que les impide ejercer derechos tan básicos como recibir atención sanitaria, gestionar su dinero o comunicarse con la Administración. La cita previa debe ser una opción, nunca una imposición. Debe facilitar, no limitar. Y las políticas públicas deben orientarse a garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su edad o capacidades digitales, puedan acceder a los servicios esenciales con dignidad, autonomía y seguridad. Esa es la esencia del Estado social y democrático de derecho que defendemos.

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Canarias presenta el nuevo Portal Estadístico del Notariado

LA @ EN DESARROLLO

Canarias presenta el nuevo Portal Estadístico del Notariado

Redacción

El Colegio Notarial de Canarias acogió recientemente, en su sede de Las Palmas, la presentación del Portal Estadístico del Notariado ( www.penotariado.com ), la plataforma del Consejo General del Notariado que muestra precios reales de compraventa y estadísticas de vivienda sustentadas en datos notariales.

El acto contó con la participación de la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y del decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé Cruz, acompañados por el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, el presidente de la Unión Internacional del Notariado, David Figueroa Márquez, y el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos. Entre el público asistente se encontraba una representación del ámbito político, financiero, académico e inmobiliario del archipiélago.

DURANTE EL ACTO SE PRESENTÓ UN ANÁLISIS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN ESPAÑA Y EN CANARIAS ENTRE 2007 Y 2025

Transparencia y compromiso

El nuevo portal constata el compromiso de servicio público del Notariado. Conscientes de que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, “el objetivo de esta plataforma notarial es aportar transparencia al mercado inmobiliario y contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda”, aseguró la presidenta del CGN.

Por su parte, el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé, subrayó la relevancia de disponer de una herramienta pública con datos reales del mercado inmobiliario canario: “La información precisa y fiable es esencial para comprender el alcance del problema de acceso a la vivienda en Canarias. Este portal permite analizar la situación con rigor y constituye una base necesaria para orientar cualquier política pública en esta materia”.

SE OBSERVA CÓMO ESPAÑA CUENTA CON UNA REALIDAD DUAL, CON UNA SITUACIÓN DE PRECIO MUY DIVERSA EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANALIZADA

El portal se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial (IUIN), la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos. Hasta ahora era información sólo compartida con la Administración y “ahora se abre a todos: queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España”, ha afirmado contundente Concepción Pilar Barrio Del Olmo.

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodriguez Santos, por su parte, agradeció el esfuerzo realizado por la corporación con el lanzamiento de esta nueva plataforma: “El servicio público, fundamental para la sociedad canaria, que prestan los notarios, se pone una vez más de manifiesto con este Portal Estadístico”.

ESTA NUEVA PLATAFORMA GRATUITA, BASADA EN DATOS EXTRAÍDOS DE LAS COMPRAVENTAS AUTORIZADAS ANTE NOTARIO, PRESENTA LOS DATOS REALES DEL PRECIO DE LA VIVIENDA

Mapa interactivo

El Portal Estadístico del Notariado está diseñado para facilitar la consulta y el análisis del mercado inmobiliario. Cuenta con un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. El portal ofrece información a nivel nacional, autonómico, provincial, por código postal e incluso permite dibujar un área personalizada de búsqueda.

Es posible filtrar por tipo de finca y construcción, y consultar el precio medio por m², la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada. Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses disponibles de actividad en el mercado, según se van incorporando al IUIN.

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentó, como muestra de la capilaridad y granularidad de los datos notariales, un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda en España y Canarias de 2007 a 2025. Este estudio muestra cómo el precio medio/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado, a nivel nacional, un 4%, pasando de 2.077 €/m2 a 2.166 €/m2. En el caso de Canarias, el precio medio/m2 registra un aumento del 31%, desde los 1.756 €/m2 de 2007 a los 2.253 €/m2 en septiembre de 2025. Gracias a la información ofrecida por la plataforma, se observa cómo España cuenta con una realidad dual, con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

EL NUEVO PORTAL ESTADÍSTICO DEL NOTARIADO ESTÁ DISEÑADO PARA FACILITAR LA CONSULTA Y EL ANÁLISIS, APORTANDO TRANSPARENCIA A LA INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA

Otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Las adquisiciones de compradores foráneos respecto al total de compraventas se han incrementado notablemente a nivel nacional, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. En Canarias el aumento también es considerable pasando del 14,7% en 2007 al 36,3% en 2025. En el caso provincial, en Las Palmas los extranjeros realizan el 32,2% del total de compraventas y en Santa Cruz de Tenerife, el 41,1%. Por nacionalidades, italianos (18%), alemanes (16,15%) y británicos (15,78%) son los que más compran en el archipiélago.

Precisamente para facilitar el acceso a la vivienda, la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias destinará en 2026 un total de 197,4 millones de euros al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), lo que supone un aumento del 15% respecto a 2025 y la mayor dotación presupuestaria registrada por el organismo.

Facilitar el acceso a los jóvenes

La participación de los jóvenes en el mercado de la vivienda se ha reducido de forma drástica: en 2007 la población de 18 a 30 años en España representaba el 22,53% del total de las compraventas realizadas, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,6%. En el caso de Canarias, sólo el 6,5% de los compradores tiene entre 18 y 30 años en 2025. En el 2007 representaban el 21,6% de las compras totales realizadas. Este patrón se reproduce de manera similar en ambas provincias: Las Palmas se sitúa en un 6,5% y Santa Cruz de Tenerife en un 6,6%. “Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público y facilitar el acceso a los jóvenes, que cada vez lo tienen más difícil para comprar su primera vivienda”, ha aseverado el director general del Centro Tecnológico del Notariado, entidad responsable del desarrollo del portal.

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Jubilación flexible o reversible

EN ESTE PAÍS

Jubilación flexible o reversible

FERNANDO GEIJO NARES

El inminente aluvión de jubilaciones de la denominada generación del baby boom supone un desafío mayúsculo. Un escenario retador ante el que el Gobierno propone aplicar fórmulas cada vez más flexibles que, entre otras opciones, incentiven el retorno parcial al mercado laboral de trabajadores ya retirados.

¡La imaginación al poder! El célebre eslogan de mayo del 68 francés parece un símil de vuelta a la actualidad. Al menos en lo relativo a la necesidad de adoptar enfoques capaces de afrontar el sudoku de las pensiones. Un rompecabezas al que España tendrá que hacer frente en el corto plazo, habida cuenta de que la cohorte más voluminosa de la historia, compuesta por más de siete millones y medio de ciudadanos -los nacidos entre 1957 y 1977-, tiene previsto alcanzar el deseado retiro en los próximos años.

Vuelta de tuerca

Ante esta situación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reactivado el proyecto normativo que presentó en verano y retoma ahora la negociación con patronal y sindicatos para tratar de cerrar uno de los últimos aspectos incluidos en los cambios generales diseñados en su día por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España.

La reforma de la jubilación flexible, o reversible, tiene por objetivo hacer más atractivo el hipotético regreso al mercado laboral para quienes ya se han retirado, al permitir al pensionista que así lo decida compatibilizar momentáneamente el cobro de una parte de su pensión con la remuneración de un empleo a tiempo parcial, recalculando su pensión mientras ejerce la actividad.

No obstante, el tiempo trabajado en esta modalidad no contará para ampliar los periodos de cotización ni para acceder a incentivos por jubilación demorada, de modo que las cotizaciones realizadas durante la jubilación flexible no tendrán impacto en la mejora de la pensión ya reconocida.

En la actualidad, esta opción de retiro, vigente desde 2002, se considera residual. De hecho, según datos oficiales, del total de pensiones contributivas existentes a marzo de 2025 (algo más de 6,5 millones) apenas algo más de 3.000 correspondían a esta modalidad, un exiguo 0,05%. Por el contrario, otras modalidades consideradas más atractivas, como la demorada, ya sumaba casi 25.000 altas en julio pasado en comparación con las más de 34.000 registradas en todo el 2024.

LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LOS MAYORES EN ESPAÑA SIGUE SIENDO SIGNIFICATIVAMENTE MÁS BAJA QUE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS.

Evolución necesaria

La medida, aún en fase de negociación, plantea cambios sustanciales en la regulación vigente al incrementar la jornada mínima exigida para compatibilizar trabajo y pensión, introducir mejoras económicas para quienes opten por prolongar su actividad y ampliar el acceso a los trabajadores autónomos, aunque en este caso con ciertas restricciones.

La propuesta del Ministerio de Inclusión establece que quienes soliciten regresar al empleo bajo esta modalidad deberán trabajar entre el 40% y el 80% de una jornada ordinaria. Actualmente, el mínimo permitido es del 25%, un umbral que la Administración considera demasiado bajo para generar un impacto relevante, tanto en términos de cotización como de productividad.

A cambio de este aumento en la exigencia sobre la jornada, el Ejecutivo plantea una mejora en la cuantía de la pensión que seguirán percibiendo los jubilados que opten por continuar en activo. El incremento oscilaría entre el 10% y el 20% en función del número de horas trabajadas. Cuantas más, mayor será la porción de su pensión reconocida sólo durante el tiempo en que se mantenga en el empleo.

La finalidad, según fuentes gubernamentales, sería compensar el esfuerzo de quienes opten por combinar, tras la jubilación, una parte de su descanso con una actividad profesional que, en paralelo, contribuiría al mantenimiento de la Seguridad Social.

La reforma se enmarca en un contexto complejo que incluye el envejecimiento de la población, el incremento sostenido del gasto en pensiones y el mencionado retiro masivo de los boomers. Con la jubilación flexible, la Administración espera aumentar tanto la tasa de empleo de los mayores como la recaudación vía cotizaciones, sin renunciar al principio de sostenibilidad que ha inspirado las últimas reformas del sistema.

En este contexto, los expertos coinciden en que la participación laboral de los mayores en España sigue siendo significativamente más baja que en otros países europeos. Mientras en el norte del continente es habitual encontrar trabajadores de entre 67 y 70 años en empleos a tiempo parcial, en España esta opción ha sido tradicionalmente marginal. Según estadísticas oficiales, menos del 1% de los pensionistas compatibilizan en estos momentos una actividad laboral con su prestación.

1.500 EUROS Y 65,2 AÑOS SON LA PENSIÓN Y LA EDAD MEDIA DE JUBILACIÓN EN ESPAÑA EN 2025.

Autónomos: bienvenidos

Una de las novedades propuestas más destacadas es la incorporación de los trabajadores por cuenta propia a esta modalidad. Hasta ahora, los autónomos contaban con otros mecanismos, como la jubilación activa, pero no podían acogerse a la jubilación flexible en los mismos términos que los asalariados. Con la presente propuesta, pasarían a tener acceso, aunque con limitaciones en la mejora de la pensión.

Mientras los trabajadores por cuenta ajena podrían beneficiarse del incremento de entre el 10% y el 20% en la cuantía de su prestación durante la actividad parcial, los autónomos verían restringido este incentivo. El Gobierno argumenta que su integración debe ser progresiva y compatible con otros mecanismos ya disponibles en su régimen especial.

Organizaciones representativas del colectivo han reclamado que las mejoras sean equivalentes para todos, alegando que el esfuerzo laboral realizado es similar y que el sistema debe evitar discriminaciones. El debate, por tanto, seguirá abierto en los próximos meses.

Sin retroactividad

Otra de las claves de la reforma es que no afectará a quienes ya están disfrutando de la jubilación flexible bajo las normas anteriores. El Ejecutivo ha aclarado que se respetarán las condiciones vigentes para estos pensionistas, lo que evitará posibles conflictos legales y garantizará la seguridad jurídica de quienes tomaron su decisión en función de un marco normativo anterior.

Esta postura ha sido valorada positivamente por sindicatos y asociaciones de pensionistas, que habían advertido desde el inicio del debate que cualquier modificación con efectos retroactivos generaría incertidumbre y podría penalizar a quienes llevaban años combinando trabajo y pensión en condiciones pactadas previamente.

La propuesta sigue a debate en el marco del diálogo social. Las negociaciones todavía pueden introducir ajustes, especialmente en lo relativo a los porcentajes de jornada, los incentivos económicos y la inclusión de los autónomos.

El departamento que encabeza Elma Saiz ha mostrado su disposición para suavizar algunas exigencias, como el mínimo de jornada exigido para compatibilizar empleo y pensión, y también en torno al aumento de los incrementos adicionales aplicados a la prestación.

En definitiva, las autoridades buscan modernizar un instrumento con un impacto limitado, pero que podría convertirse en una pieza más en la estrategia para equilibrar el sistema de pensiones y fomentar el envejecimiento activo de la población.

Retiro a la carta

En abril pasado entraron en vigor nuevos requisitos para compatibilizar trabajo y pensión dentro de la última fase de la reforma de las pensiones, lo que implicó cambios en las distintas modalidades de jubilación:

Activa:

La solicitud debe realizarse con al menos 36 años y medio cotizados.
Premiará el retraso en el retiro aumentando la pensión entre un 45% y el 100%, según los años de demora.
Mejoras compatibles con la jubilación demorada.

Demorada:

Los trabajadores que retrasen su jubilación podrán cobrar un suplemento semestral del 2% o un pago único anual de 4.800 a 12.000 euros.
Posibilidad de compatibilizar estas mejoras con la jubilación activa.

Parcial:

Podrá iniciarse hasta tres años antes de la edad legal, con reducción de jornada del 20%-33% el primer año y del 25%-75% a partir del segundo.
El relevista deberá tener un contrato indefinido a jornada completa.

Regímenes excluidos

El borrador de reforma de la jubilación flexible no incluye a las personas que reciben una pensión de incapacidad permanente ni, explícitamente, a los regímenes especiales como:

Funcionarios civiles del Estado.
Miembros de las Fuerzas Armadas.
Personal de la Administración de Justicia.

Ojo al dato

Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. Boletín Oficial del Estado (BOE), 24 de diciembre de 2024.

Información sobre solicitud de pensión de jubilación, modificación de datos y obtención de certificados sobre esta prestación. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Índice global de pensiones del Mercer CFA Institute 2025. Análisis y clasificación de 52 sistemas de pensiones en todo el mundo.

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Una jubilación más flexible y gradual, por Yolanda Gómez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

Esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas"

Una jubilación más flexible y gradual

Incentivar el retraso voluntario de la jubilación, dando más facilidades para compatibilizar trabajo y pensión es, sin duda, una buena fórmula con la que todos podemos salir ganando.

La jubilación en España no es una obligación, es un derecho; una recompensa después de haber trabajado y de haber cotizado al sistema de la Seguridad Social durante décadas. Una recompensa que, tras las reformas que se han producido en las últimas décadas, cada vez se produce más tarde. En estos momentos, la edad media de acceso a la jubilación en España es de 65,3 años. Cuando en 2012 entró en vigor la reforma del sistema de pensiones que retrasaba paulatinamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, la edad media de jubilación estaba en los 64 años.

¿Y es positivo que nos jubilemos cada vez más tarde? ¿Cuándo en 2027 se acabe el periodo transitorio, se volverá a retrasar la edad legal de jubilación más allá de esos 67 años? Lo cierto es que es más que probable. El aumento de la esperanza de vida en los últimos 100 años no tiene parangón en la historia de la humanidad. A principios del pasado siglo XX la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años; hoy, en España, supera los 80. Cuando se creó el sistema de la Seguridad Social, a finales de los años 60, los trabajadores se jubilaban a los 65 años y la esperanza de vida era de 67. Apenas cobraban pensión dos años. Hoy, las personas pueden llegar a estar cobrando pensión un tercio de su vida.

El hecho, sin duda positivo, de que cada vez vivamos más años, unido a que las sociedades occidentales estamos cada vez más envejecidas, tensiona, y mucho, los sistemas de pensiones de todo el mundo, y España no es una excepción.

Es por ello que en las últimas décadas se han puesto en marcha algunas medidas para tratar de garantizar su sostenibilidad. Probablemente la más impactante ha sido la del retraso en la edad de jubilación que aprobó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. A partir de ahí, durante la Gran Recesión, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó otras medidas como el factor de sostenibilidad o el índice de revalorización de las pensiones, que trataban de ligar la cuantía de las pensiones y sus subidas anuales a factores como la salud del sistema, la evolución de la economía o la esperanza de vida. Ambas reformas, que lograron frenar el incremento del gasto en pensiones, fueron derogadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que volvió a ligar la subida de las pensiones a la inflación.

Para intentar compensar este incremento del gasto, la reforma del entonces ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, incluía medidas como el incremento de cotizaciones sociales, la penalización de las jubilaciones anticipadas y los incentivos para retrasar la edad de jubilación o para compatibilizar trabajo y pensión.

Continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación a tiempo parcial es, sin duda, una fórmula que puede servir para aliviar la carga sobre el sistema de la Seguridad Social, pero también es positivo para la sociedad que personas que tienen una gran experiencia puedan seguir poniendo sus conocimientos y habilidades al servicio de todos. Y desde el punto de vista personal, seguir trabajando a tiempo parcial puede permitir incrementar los ingresos actuales y los futuros, así como hacer una transición gradual desde la vida laboral hasta la jubilación, evitando los problemas y el vacío que a veces sienten algunas personas al dejar de trabajar.

Hay varias fórmulas para compatibilizar el trabajo y la pensión. Una de ellas es la jubilación activa. Se pueden acoger a ella tanto trabajadores autónomos como por cuenta ajena, siempre después de la edad legal de jubilación. Tendrá una cotización a la Seguridad Social reducida y normalmente se compatibiliza la actividad con el cobro del 50% de la pensión.

A partir de los 60 años también se puede simultanear el trabajo y la pensión a través de la jubilación parcial, con una reducción de jornada que se situará entre el 25% y el 80%.

Por último, está la jubilación flexible, que permite a personas que ya han accedido a ella reincorporarse a la vida laboral como trabajadores por cuenta ajena, siempre que la jornada que realicen se sitúe entre el 50% y el 75% de lo que sería la jornada habitual en el puesto que desempeñan. La principal diferencia con la jubilación activa es que estos trabajadores siguen cotizando y, cuando finalmente se jubilen al 100%, estas cotizaciones elevarán la cuantía de su prestación. No obstante, no todas las personas pueden acceder a esta modalidad. Por un lado, la ley excluye a aquellas personas que reciban una pensión de incapacidad permanente. Y tampoco se aplica a algunos regímenes especiales, como los Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y el servicio de la Administración de Justicia.

El Gobierno quiere incentivar el trabajo más allá de la edad legal de jubilación y es por eso que ha puesto encima de la mesa nuevas medidas para hacer estas fórmulas más atractivas. En concreto, hay una nueva propuesta legislativa que introduce lo que se conocería como jubilación reversible. Su objetivo sería permitir a personas jubiladas reincorporarse al mercado laboral de forma más amplia y flexible, con incentivos económicos que refuercen esta posibilidad. Así, el tiempo de trabajo se establecería entre el 40% y el 80% de la jornada completa. Además, para motivar a los pensionistas a regresar a la vida laboral, se prevé añadir entre un 10% y un 20% de la pensión base al sueldo recibido. Además, permitiría volver totalmente a la vida laboral, renunciando temporalmente al cobro de su pensión.

Aunque la debilidad parlamentaria del Gobierno introduce dudas sobre si finalmente podrá sacar adelante esta iniciativa, lo cierto es que añadir incentivos a la posibilidad de seguir trabajando de manera total o parcial después de la edad legal de jubilación es, sin duda, una buena idea que puede ayudar a aliviar la carga sobre el sistema de pensiones, a la vez que es positivo para la sociedad y para las personas que voluntariamente deciden seguir trabajando. Es por ello que creo que esta es una de esas medidas en las que los principales partidos deberían ponerse de acuerdo dejando a un lado las refriegas políticas.

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Vivir en el hogar y cuidar a quien cuida

FUNDACIÓN NOTARIADO

Vivir en el hogar y cuidar a quien cuida

JAIME PÉREZ DE MIGUEL

La IV Edición de los Premios Cerca de los que están cerca celebró su gala de entrega el 18 de noviembre en el Colegio Notarial de Madrid. Un acto que puso de relieve una vez más el compromiso del Notariado con las personas mayores. Estos galardones, promovidos por Fundación Notariado y Fundación Aequitas, en colaboración con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), han puesto el foco en esta edición en dos retos esenciales del envejecimiento: facilitar que los mayores puedan seguir viviendo en su hogar y ofrecer apoyo emocional a quienes cuidan de familiares con Alzheimer.

Así, los proyectos Vivir en compañía (INTRESS) y Vivir en casa (ASDECOBA) -premio ex aequo en la categoría ‘Mayores’- y Aprende a cuidar y a cuidarte (Fundación Pasqual Maragall) -en Mayores con discapacidad– han sido los ganadores entre las 61 candidaturas presentadas. Junto a ellos, Mensajeros de la Paz y Fundación Atena han recibido el Premio Honorífico por su trayectoria.

LOS PROYECTOS VIVIR EN COMPAÑÍA (INTRESS) Y VIVIR EN CASA (ASDECOBA) HAN RECIBIDO EL PREMIO EX AEQUO EN LA CATEGORÍA ‘MAYORES’

Espacio de vida

Los proyectos premiados este año en la categoría Mayores comparten un punto de partida común: la convicción de que las personas mayores deben poder permanecer en su entorno habitual con dignidad, autonomía y apoyo comunitario. Tanto Vivir en compañía como Vivir en casa buscan dar respuesta a una realidad creciente: la soledad no deseada y la dificultad para mantener la vida en el hogar cuando aparecen fragilidades.

En el caso de INTRESS, su iniciativa en Palma de Mallorca se ha convertido en un modelo de vivienda compartida que permite que personas mayores en situación de vulnerabilidad rehagan sus proyectos vitales en un entorno seguro. El enfoque del cohousing, combinado con acompañamiento profesional los 365 días del año, facilita que quienes viven allí recuperen vínculos y participación social. “Vivir en compañía demuestra que envejecer no significa aislarse, sino seguir construyendo una vida digna basada en la autonomía y la ayuda mutua”, señaló Elia Riche, Responsable de Proyectos de INTRESS, durante la gala.

APRENDE A CUIDAR Y A CUIDARTE (FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL) RECIBIÓ EL GALARDÓN MAYORES CON DISCAPACIDAD

ASDECOBA, por su parte, ha logrado que personas mayores de zonas rurales despobladas de Salamanca puedan seguir viviendo en sus casas mediante un modelo integral de servicios de proximidad. Alimentación, cuidados básicos, lavandería o peluquería se integran en un sistema flexible que se adapta a cada hogar. “El cuidado del alma de quienes acompañamos nos anima a seguir tejiendo comunidad y defendiendo su derecho a vivir con dignidad en sus pueblos”, afirmó el padre Emiliano de Tapia, Coordinador de ASDECOBA.

EL PREMIO HONORÍFICO SE HA OTORGADO A MENSAJEROS DE LA PAZ, POR SU TRAYECTORIA EN EL TRABAJO CON LAS PERSONAS MAYORES

Cuidar a los cuidadores

El proyecto premiado en la categoría Mayores con discapacidad fue Aprende a cuidar y a cuidarte, de la Fundación Pasqual Maragall, una iniciativa que aborda una dimensión esencial del envejecimiento: la carga emocional y física que soportan los cuidadores de personas con Alzheimer. “En España, casi un millón de familias conviven con esta realidad, y el 86% de los cuidados recaen en familiares directos, mayoritariamente mujeres entre 55 y 60 años”, explicó Elena Luchetti, Responsable de Alianzas Estratégicas de la Fundación Pasqual Maragall.

LOS PROYECTOS PREMIADOS COMPARTEN LA CONVICCIÓN DE QUE LAS PERSONAS MAYORES DEBEN PODER PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL CON DIGNIDAD, AUTONOMÍA Y APOYO COMUNITARIO.

El programa ofrece acompañamiento psicológico, formación práctica y un espacio seguro para compartir experiencias. La modalidad online permite llegar a zonas rurales o a personas que no pueden dejar a su familiar para asistir a sesiones presenciales. “Este premio reconoce la realidad de miles de familias que cuidan en solitario. Gracias a este impulso podremos seguir apoyando a quienes sostienen, día a día, a las personas con Alzheimer”, aseguró Luchetti.

EL MODELO DE VIVIENDA COMPARTIDA PERMITE QUE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD REHAGAN SUS PROYECTOS VITALES EN UN ENTORNO SEGURO.

Trayectorias que inspiran

Además de las tres iniciativas reconocidas, el Premio Honorífico se ha otorgado a Mensajeros de la Paz, por su trayectoria en el trabajo con las personas mayores, y Fundación Atena, por su labor con los mayores con discapacidad a lo largo de los años. El padre Ángel García, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, subrayó “la verdadera riqueza de la cercanía y la escucha” tras una trayectoria que ha acompañado a más de 31.000 personas mayores. Por su parte, Arantxa Garatea, Gerente de Fundación Atena, reivindicó el potencial transformador del arte para acompañar el envejecimiento de personas con discapacidad intelectual.

ALIMENTACIÓN, CUIDADOS BÁSICOS, LAVANDERÍA O PELUQUERÍA SE INTEGRAN EN UN SISTEMA FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A CADA HOGAR.

Las intervenciones institucionales que acompañaron la entrega de premios destacaron el compromiso del Notariado con las personas mayores. “Los mayores de 65 años representan el 20,1% de la población; no podemos dejarlos de lado”, afirmó Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, de Fundación Notariado y de Fundación Aequitas.

Cercanía y cooperación

La dimensión social de los Premios Cerca de los que están cerca quedó especialmente subrayada en las intervenciones de Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, y de Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada (SoledadES). Ambos coincidieron en destacar el papel decisivo de la comunidad, la cooperación y la confianza que representan los notarios como pilares para construir entornos inclusivos y protectores para las personas mayores.

Jesús Norberto Fernández recordó que, para quienes representan a millones de personas mayores y pensionistas, la cercanía “no es un concepto abstracto: es una necesidad, y el Notariado es un actor clave para garantizarla”. Subrayó que la diferencia entre un sistema que acompaña y otro que excluye se encuentra precisamente en esa proximidad humana e institucional que asegura que la dignidad esté siempre en el centro. Destacó además el papel del Notariado como un aliado imprescindible: profesionales que facilitan herramientas para proteger el patrimonio, asegurar la voluntad futura y orientar en momentos complejos. “Nuestra sociedad necesita instituciones que generen confianza, y los notarios y notarias lo demuestran cada día”, afirmó.

Por su parte, Matilde Fernández situó los premios en una perspectiva más amplia, la de los proyectos que “dan poder a otros” para transformar su entorno y construir redes de apoyo mutuo. Reivindicó que la cooperación y la solidaridad son “un modo de vivir y de estar en el mundo”, recordando que estas iniciativas convierten el miedo individual en un “nosotros” cohesionado capaz de crear comunidad allí donde antes había vulnerabilidad. Subrayó también que el compromiso del Notariado con la responsabilidad social “contribuye a sostener y fortalecer estas redes de apoyo en todo el país”.

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Entrevista a Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

EN CURSO LEGAL

Apostamos por el uso interno de IA lanzando la primera política de Inteligencia Artificial del sector público español”

Lorenzo Cotino,

presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

CARLOS CAPA

Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) desde hace casi un año, comparte en Escritura Pública su visión sobre los retos de la protección de datos en la era de la inteligencia artificial, el Plan Estratégico 2025-2030 y la colaboración con instituciones como el Notariado español.

-¿Cuál ha sido su impresión del estado de la protección de datos en España tras este primer año como presidente de la AEPD?

– Aunque llevo muchos años trabajando e investigando sobre la protección de datos, no es lo mismo observarlo desde fuera que gestionarlo en primera persona desde una institución con una multiplicidad de competencias y tareas. La protección de datos afecta transversalmente a toda la actividad económica, administrativa y social, lo que genera un enorme respeto al ver su omnipresencia y las dificultades para lograr un cumplimiento óptimo de la norma.

“LA PROTECCIÓN DE DATOS AFECTA TRANSVERSALMENTE A TODA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL”

Llevamos casi diez años del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y más de treinta años de Agencia, pero las tecnologías disruptivas plantean retos crecientes. Para ello, estamos reestructurando procesos administrativos y procedimientos de gestión, lo que requiere un notable compromiso, en una Administración pública donde los cambios son complejos y nunca llegan solos.

-¿Ha supuesto un choque pasar del mundo académico a la AEPD?

– En el ámbito académico nunca me he quedado en una torre de marfil, sino que he dirigido múltiples proyectos y equipos de investigación, pero liderar una institución de tanto prestigio, con 250 personas de alta cualificación trabajando en ella y múltiples frentes, sin duda ha sido un cambio significativo. Creo que he aprendido más en materia de protección de datos este año que en toda mi vida anterior, al tener que enfrentarme a resolver problemas reales con informes en tiempo récord, lo que exige un esfuerzo intelectual intenso. Quiero reconocer el excelente trabajo de mi antecesora –Mar España– y su equipo, aunque, como es lógico, los tiempos cambian y hay que evolucionar con ellos.

-¿En qué consiste el Plan Estratégico 2025-2030 de la AEPED y qué supone para la Agencia?

– Es una hoja de ruta elaborada tras un aprendizaje veloz de la organización, escuchando a más de 40 entidades públicas, privadas y de sociedad civil, y recabando 500 contribuciones de expertos, sintetizadas en una decena de páginas. Aunque el cambio tecnológico de la IA hace temerario planificar a cinco años, lo adecuaremos progresivamente. Ya estamos evaluando más de veinte casos de uso interno de IA y hemos lanzado la primera política de Inteligencia Artificial del sector público español, con una llamada a todo el mundo para aprovecharla, explotando sus oportunidades y controlando sus riesgos. Otra línea clave es asegurar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en tratamientos de datos por IA, siempre bajo la lupa de las políticas comunitarias en la materia—fuimos los primeros en posicionarnos por escrito en el Comité Europeo sobre la reforma Ómnibus del RGPD—, extendiendo nuestra influencia a Iberoamérica. Vamos a profundizar en políticas de apertura a toda la sociedad -en los últimos meses hemos participado en más de 90 reuniones y 60 conferencias por mi parte-, y queremos optimizar también nuestra organización para garantizar el mejor cumplimiento.

“EN ENERO TENDREMOS UN REGISTRO QUE CREARÁ UNA RED VALIDADA DE GRUPOS MULTIDISCIPLINARES EN PRIVACIDAD, IA Y PROTECCIÓN DE DATOS”

-¿Puede definir el Laboratorio de Privacidad que ha venido anunciando desde que llegó a la APED? ¿Cuáles son sus objetivos?

– Es una herramienta que está contenida en el Plan Estratégico y que ya hemos inaugurado, conceptuada como un paraguas para transferir conocimiento de la investigación universitaria a la AEPD, aprovechando proyectos subvencionados cuyo conocimiento, a menudo, no llega a las instituciones.

Hemos lanzado un blog con expertos, una revista académica internacional, líneas de colaboración pública para formación, congresos y asesoramiento específico que pueda ser útil para tomar criterios y decisiones a nivel nacional o de cara al Comité Europeo. En enero se hará un llamamiento público para que todos los grupos de investigadores en privacidad puedan registrarse para crear una red validada de grupos multidisciplinares en privacidad, IA y protección de datos. Esto enriquece la investigación y nos da palancas de conocimiento precisas, además de garantizar la utilidad común de los recursos públicos y privados que se destinan a la investigación.

En definitiva, queremos crear una red pública de expertos en privacidad, inteligencia artificial y protección de datos, donde investigadores de distintas disciplinas (derecho, economía, tecnología, etc.) puedan inscribirse y conocerse entre sí. Esta red facilitará la colaboración, enriquecerá la investigación y servirá como herramienta para identificar especialistas en áreas concretas.

-¿Qué valor específico tienen las certificaciones en el ecosistema de protección de datos?

– En estos momentos todo el mundo quiere certificar su actividad o su conocimiento, lo que indudablemente genera más seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos prepara un esquema propio de certificación en materia de privacidad, siguiendo el ejemplo de países como Luxemburgo y las iniciativas europeas más consolidadas en certificación como es el caso de la ciberseguridad. Aunque España se ha incorporado más tarde a este proceso, esa demora le permite aprender de los modelos más eficaces ya implantados. En este caso, llegar más tarde va a suponer llegar mejor. El nuevo marco busca reforzar la confianza y el reconocimiento mutuo entre países, además de simplificar el mercado de certificaciones. Este sistema también respalda la formación y profesionalización en privacidad, un ámbito que ya cuenta con miles de especialistas acreditados en los últimos años.

“QUEREMOS CREAR UNA RED PÚBLICA DE EXPERTOS EN PRIVACIDAD, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROTECCIÓN DE DATOS”

-¿Qué práctica recomienda para que los ciudadanos hagan valer su derecho a reclamar vulnerabilidades de privacidad?

– Las reclamaciones son una herramienta de tremendo valor para quienes hayan considerado su privacidad vulnerada. En la AEPD recibimos un número casi inasumible de reclamaciones, con un crecimiento del 50% este año, lo que ocupa gran parte de nuestra actividad y nuestros recursos. Hemos detectado el uso de Inteligencia Artificial Generativa en muchas de las reclamaciones que nos llegan, lo que, no siendo pernicioso, sí impacta en el volumen de asuntos que debemos atender.

Para una gestión más eficiente, priorizamos las reclamaciones de mayor impacto en los derechos fundamentales o las que consideramos que tienen interés general. Para evitar que la situación pueda colapsar el sistema también vamos a emplear la IA, por supuesto con todas las cautelas. Hemos diseñado un plan para el uso de esta herramienta, siempre con supervisión humana y garantizando no automatizar decisiones.

-¿Qué controles se deben implementar en sistemas de decisión automatizada para evitar una transferencia incontrolada de datos personales?

– Cada vez hay más sistemas automatizados —muchos con IA que añaden riesgos por autonomía, impredecibilidad o sesgos—, por lo que hay que extremar las evaluaciones de riesgo y medidas. La reforma del RGPD normaliza su existencia, por otra parte, absolutamente inevitable. Por ejemplo, hoy entre el quince y el veinte por ciento de las empresas españolas afirman usan IA para filtrar currículos y eso supone que hay que exigir garantías sobre modelos de alimentación del sistema, evitando que haya datos que migren a otras jurisdicciones más laxas que las europeas. Creo que debemos garantizar el total cumplimiento del RGPD para que empresas y usuarios gobiernen el uso de los datos conforme a la Ley.

“DESDE HACE MÁS DE DOS DÉCADAS, EL NOTARIADO TUVO MUY CLARO QUE SU FUNCIÓN, VALIOSÍSIMA PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA, DEBÍA DIGITALIZARSE, Y ASÍ LO HA HECHO”

-¿Cómo valora la transformación digital de las notarías españolas?

– Desde hace más de dos décadas, el Notariado tuvo muy claro que su función, valiosísima para la seguridad jurídica, debía digitalizarse, y así lo ha hecho ejemplarmente invirtiendo recursos ingentes en sistemas, infraestructuras, firma electrónica, sellos, índices electrónicos, sistemas anti blanqueo o un Archivo Digital Integrado, con éxitos continuos que pocas organizaciones igualan. He tenido la oportunidad de reunirme con el Consejo General del Notariado (CGN) y he constatado su total compromiso de colaboración con la AEPD para facilitar el cumplimiento normativo en la digitalización.

¿Qué papel tiene el Notariado en la protección de datos?

Desde la Agencia Española de Protección de Datos valoramos mucho el papel del Notariado como garante de la protección de datos, no sólo por su función en la fe pública, sino también por su responsabilidad en la custodia de información especialmente sensible. Me parece un trabajo ejemplar, fruto de un esfuerzo ímprobo. Pocas organizaciones en España han dedicado tantos recursos personales y materiales a su digitalización. Basta pensar en los sistemas de alerta contra el blanqueo o en su archivo digital integrado. Es una política estructural que el Notariado ha mantenido durante años de forma pionera, y que da sentido a la estrecha colaboración que mantenemos entre ambas instituciones para reforzar la seguridad y la confianza en el tratamiento de los datos.

HUELLA DIGITAL

Lorenzo Cotino dispone de una página web en la que pueden consultarse su biografía y trayectoria profesional.

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Una negociación larga y difícil

ÁMBITO EUROPEO

Una negociación larga y difícil

MELCHOR DEL VALLE

La Comisión Europea presentó en julio de 2025 su propuesta para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034. Se inició así el escabroso camino de negociaciones con el Consejo y el Parlamento Europeo, que probablemente lleguen hasta finales de 2027. Con un volumen previsto de 1,98 billones de euros, este presupuesto se define por su reorientación estratégica. La UE busca simplificar sus instrumentos financieros, aumentar su flexibilidad y abordar los grandes retos de la seguridad y la soberanía; también de la competitividad.

Como cada siete años, la UE tiene que establecer sus presupuestos. En 2027 finaliza el actualmente vigente (2021-2027) y toca mirar a lo que haremos a partir de 2028 y hasta 2034. Los casi dos billones de euros de la propuesta presentada el pasado verano suponen el 1,26% de la renta nacional bruta (RNB) media de los Estados miembros, según explica la Comisión.

Principales asignaciones

Las partidas principales del presupuesto son cuatro: 865.000 millones de euros —casi la mitad del presupuesto— irían a los planes de colaboración nacionales y regionales; 409.000 millones de euros, al fondo europeo de competitividad o, dicho de otro modo, a hacer que Europa sea más competitiva en la economía mundial y, también, en sus capacidades de defensa; 49.000 millones de euros, a invertir en educación (Erasmus+) y a promover los valores democráticos (AgoraEU); y 200.000 millones de euros, para la llamada Europa Global o establecer asociaciones más sólidas con el resto del mundo.

LOS CASI DOS BILLONES DE EUROS DE LA PROPUESTA PRESENTADA EL PASADO VERANO SUPONEN EL 1,26% DE LA RENTA NACIONAL BRUTA MEDIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Los analistas, y ahí tiene mucho que ver el informe Draghi (The future of European competitiveness de 2025), que se ha tenido en cuenta por parte de la Comisión, calculaban que esta plantearía un incremento del 2% respecto al MFP 2021-2027; pero, en la práctica, ese 1,26% sobre la RNB antes citado se quedaría en un 1,15%, porque a partir de 2028 habrá que destinar unos 28.000 millones anuales a devolver fondos asociados al programa NextGenerationEU. En otras palabras, el incremento real es insignificante.

Los más y los menos

En la comparación entre los presupuestos actuales, y teniendo en cuenta los ajustes durante el tiempo que llevamos de vigencia, y los de 2021-2027, el mayor incremento se da en el reembolso de los NextGenerationEU, que supondrán en torno al 990% más. Esto es lógico porque hasta ahora apenas se ha devuelto nada. Si dejamos esta partida al margen, es la asignación a competitividad la que más crece, con un 217,8%, seguida de lejos por las previstas para las redes transeuropeas (96,7%) y la migración y control de fronteras (88%). Solo hay una partida que pierde peso: la destinada a cohesión y política agraria desciende algo más de un 17,5%.

COMPETITIVA EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EN SUS CAPACIDADES DE DEFENSA

Como era previsible, los actores del sector primario ya están haciendo oír sus quejas. En ámbitos agropecuarios, se calcula que la reducción prevista de los fondos para la Política Agrícola Común (PAC), que caería de los 386.000 millones actuales a algo menos de los 300.000 en el siguiente septenio, cifra a la que la Comisión añade la coletilla de “como mínimo”. Y aunque aún no se sabe si el importe final incluirá solo el Pilar I, los pagos directos a agricultores, o también el Pilar II, dedicado al desarrollo rural, sí se calcula que el recorte estaría en torno al 22%, según distintas organizaciones agrícolas. Por otro lado, Europêche, que agrupa a las principales organizaciones pesqueras de la UE, como la española Cepesca, denuncia que el MFP 2028-2034 limita la asignación a la pesca y advierte del riesgo de “una ‘doble absorción’ de los fondos pesqueros: por un lado, al integrarse en un instrumento más amplio, y por otro, al alinearse con los objetivos del Pacto Europeo del Océano”.

El gasto militar

Dentro de esa asignación al capítulo de competitividad, que hemos visto incrementarse por encima de las otras partidas en el MFP 2028-2034, se incluye el gasto en defensa, que es el que más dispara la “factura”. La propuesta plantea quintuplicar los fondos para defensa y aumentar la dotación del Fondo Europeo de Defensa (FED) de 8.000 millones de euros (MPF 2021-2027) hasta cerca de los 131.000 millones de euros. A nadie se le escapa que hay dos factores que pesan en la provisión: la guerra de Ucrania, que conlleva episodios de entrada de drones rusos en el espacio de la UE y mensajes de Putin tipo “si la UE quiere guerra, la tendrá (diciembre de 2025), y la amenaza constante del inquilino de la Casa Blanca de reducir su peso en la OTAN y debilitar, por tanto, las capacidades de defensa europeas.

SOLO HAY UNA PARTIDA QUE PIERDE PESO: LA DESTINADA A COHESIÓN Y POLÍTICA AGRARIA DESCIENDE ALGO MÁS DE UN 17,5%

Además, se intenta que la Unión Europea refuerce dicha capacidad mediante varios instrumentos financieros. El Mecanismo «Conectar Europa» jugará un papel central al apoyar la movilidad militar y la infraestructura civil con un presupuesto de casi 18.000 millones de euros, multiplicando por diez la financiación del actual MFP. Por su parte, el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEP) mantendrá su función como vehículo extrapresupuestario para la financiación de operaciones que impliquen aspectos militares y de defensa. Finalmente, las reformas e inversiones contempladas en los Planes de Asociación Nacionales y Regionales incluirán apoyo a la industria de defensa, la seguridad interior, la ciberseguridad y la gestión de fronteras y migración. Y quizás también la vuelta de la “mili” en varios de los Estados miembros.

La financiación

Visto en qué se pretende utilizar el dinero, interesa saber de dónde sale. A las aportaciones de los Estados según las respectivas rentas nacionales brutas, el IVA, los aranceles o el impuesto a los plásticos no reciclados, en el MPF 2028-2034 se han añadido cinco nuevos recursos propios que hacen descender el peso de las aportaciones por renta, pasando del casi 69% del vigente presupuesto a algo menos del 54% en la previsión presentada por la Comisión. En otras palabras, saldrá algo menos de los bolsillos de los ciudadanos… ¡que no fumen! Porque uno de los nuevos recursos es un impuesto especial sobre el tabaco, consistente en añadir un tipo al mínimo del impuesto especial específico de cada Estado miembro. Se espera que genere alrededor de 11.200 millones de euros anuales.

SE QUINTUPLICAN LOS FONDOS PARA DEFENSA Y AUMENTA LA DOTACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE DEFENSA HASTA CERCA DE LOS 131.000 M€.

Los otros cuatro recursos propios incorporados son el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que aportará 9.600 millones; el mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, 1.400 millones; un recurso propio basado en residuos electrónicos no recogidos, 15.000 millones; y un recurso corporativo consistente en una contribución anual a tanto alzado de todas las empresas “incluidas en el ámbito de aplicación que operan y venden en la UE con una facturación anual superior a 100 millones de euros” (6.800 millones).

La negociación

Una vez presentada la propuesta por parte de la Comisión Europea, cosa que sucedió en julio de 2025, se entró en una fase de negociación con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, por medio del Consejo, que debe finalizar necesariamente, como límite, a finales de 2027, para que el presupuesto aprobado entre en vigor el 1 de enero de 2028. “Una vez aprobado –dicen desde la Comisión–, el próximo presupuesto de la UE no solo financiará los objetivos de Europa, sino que reconfigurará la manera en que la Unión aporta valor a través de las fronteras y las generaciones”. La experiencia nos dice que el debate está siendo y será apasionado, porque los intereses políticos y económicos son dispares y porque los distintos presupuestos nacionales no están para muchas alegrías.

SALDRÁ ALGO MENOS DE LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS… ¡QUE NO FUMEN! PORQUE UNO DE LOS NUEVOS RECURSOS ES UN IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL TABACO.

Ya estamos viendo que frente a las posiciones que reclaman la extensión del modelo utilizado para los fondos NextGenerationEU, con deuda mancomunada y transferencias no reembolsables, otro conjunto de países muestra sus habituales reticencias, ahora reforzadas porque la factura de dichas emisiones absorberá un 8% del total del presupuesto comunitario (168.000 millones de euros). También hemos conocido la primera rectificación de Ursula von der Leyen. El plan presupuestario apostaba, inicialmente, por fusionar los fondos agrícolas y regionales en un solo bloque gestionado directamente por los gobiernos nacionales, cosa contra la que se reveló un gran sector del Parlamento (noviembre de 2025). La presidenta de la Comisión ofreció una serie de compromisos, entre los que cabe mencionar una cláusula que obligará a los Estados a destinar al menos un 10% de los fondos a políticas agrícolas, sostenibles y de revitalización de las áreas rurales, que se añadirá a ese capítulo de ,“como mínimo”, 300.000 millones asignados a la política agraria común.

Groenlandia en el MFP 2028-2034: un 57,5% mas

Groenlandia es uno de los trece Países y Territorios de Ultramar (PTU) que forman parte del grupo de los “asociados” a la UE. Estos territorios están vinculados constitucionalmente al Estado miembro de origen, Dinamarca en el caso de Groenlandia, pero no forman parte del mercado único y deben cumplir las obligaciones comerciales impuestas a terceros países.

La Decisión sobre la Asociación de Ultramar, incluyendo Groenlandia (Decisión del Consejo de la UE 2021/1764 de 5 de octubre de 2021) “simplifica la arquitectura actual al fusionar el apoyo financiero de la UE a Groenlandia y el resto de los Países y Territorios de Ultramar con la UE”, tal cual lo explicó el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y protección del consumidor, Michael McGrath (septiembre de 2025).

En relación con el MFP 2028-2034, McGrath declaró también que “este programa destinará casi 1.000 millones de euros para mantener el apoyo a los trece PTU, incluida Groenlandia, reconociendo su papel como puestos clave para la UE en sus respectivas regiones”. De esos 1.000 millones, más de la mitad (530 millones) están asignados a Groenlandia, lo que supone un incremento del 57,5% sobre los 225 millones del MPF actual, porque “el Ártico ocupa un lugar especial debido a su historia, sus recursos y su peso geoestratégico”.

Origen de los fondos MPF 2028-2034

Comparativa de las fuentes de financiación de los marcos financieros plurianuales actual (2021-2027) y previsto (2028-2034).

Fuente: Comisión Europea

Para saber más

El MFP 2028-2034: una propuesta que augura duros enfrentamientos políticos que no conducirán a resolver los problemas de la UE.

Judith Arnal. Apuntes FEDEA (octubre de 2025).

The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe.

Comisión Europea (julio de 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

Comisión Europea (julio de 2025).

The Draghi report on EU competitiveness.

Comisión Europea (2025).

European Context A long and difficult negotiation

MELCHOR DEL VALLE

The European Commission presented its proposal for the Multiannual Financial Framework (MFF) 2028-2034 in July. Thus began the rocky road of negotiations with the Council and the European Parliament, which are likely to last until the end of 2027. With a projected volume of €1.98 trillion, this budget is defined by its strategic reorientation. The EU seeks to simplify its financial instruments, increase their flexibility and address the major challenges of security and sovereignty, as well as competitiveness.

As it does every seven years, the EU has to set its budgets. In 2027, the current 2021-2027 period comes to an end and it is time to look at what we will do from 2028 to 2034. The almost two trillion euros in the proposal presented last summer represent 1.26% of the average gross national income (GNI) of the Member States, according to the Commission.

Main assignments

There are four main items in the budget: 865.000 billion euros — almost half of the budget — would go to national and regional collaboration plans; 409.000 billion euros to the European Competitiveness Fund or, in other words, to making Europe more competitive in the global economy and also in its defence capabilities; 49.000 billion euros to investing in education (Erasmus+) and promoting democratic values (AgoraEU); and 200.000 billion euros for the so-called Global Europe or to build stronger partnerships with the rest of the world.

THE NEARLY TWO TRILLION EUROS IN THE PROPOSAL PRESENTED LAST SUMMER AMOUNT TO 1.26% OF THE AVERAGE GROSS NATIONAL INCOME OF THE MEMBER STATES.

Analysts, and the Draghi report (The Future of European Competitiveness, 2025), which has been taken into account by the Commission, has much to do with this, have calculated that the Commission would propose an increase of 2% with respect to the MFF 2021-2027; but, in practice, this 1.26% of GNI mentioned above would remain at 1.15%, because from 2028 onwards, some 28 billion per year will have to be allocated to repay funds associated with the NextGenerationEU programme. In other words, the real increase is negligible.

The pluses and minuses

Compared with the 2021–2027 budgets, and taking into account adjustments over time, the largest increase is in the reimbursement of the NextGenerationEU, at around 990%. This is logical because so far hardly anything has been returned. If we leave this budget item aside, it is the allocation to competitiveness that grows the most, with 217.8%, followed far behind by those foreseen for trans-European networks (96.7%) and migration and border control (88%). There is only one allocation that is reduced: the cohesion and agricultural policy allocation, which falls by just over 17.5%.

409 BILLION EUROS GO TO THE EUROPEAN COMPETITIVENESS FUND, MAKING EUROPE MORE COMPETITIVE IN THE GLOBAL ECONOMY AND IN ITS DEFENCE CAPABILITIES.

Predictably, primary sector actors are already making their complaints heard. In agriculture, the expected reduction in funding for the Common Agricultural Policy (CAP) is estimated to fall from the current 386 billion to just under 300 billion in the next seven years, a figure to which the Commission adds the phrase «at least». And although it is not yet known whether the final amount will include only Pillar I, direct payments to farmers, or also Pillar II, dedicated to rural development, it is estimated that the cut would be around 22%, according to different agricultural organisations. On the other hand, Europêche, which brings together the main EU fisheries organisations, such as the Spanish Cepesca, complains that the MFF 2028-2034 limits the allocation to fisheries and warns of the risk of «a ‘double absorption’ of fisheries funds: on the one hand, by integrating it into a broader instrument, and on the other, by aligning it with the objectives of the European Ocean Pact».

Military spending

Within this allocation to the competitiveness chapter, which we have seen increase above other items in the 2028–2034 MFF, defence spending is included, and it is the item that most increases the “bill”. The proposal calls for a five-fold increase in defence funding and an increase in the European Defence Fund (FED) envelope from €8 billion (2021-2027 MFF) to around €131 billion. It is clear to everyone that two factors are weighing on the provision: the war in Ukraine, which involves episodes of Russian drones entering EU space and Putin’s «if the EU wants war, it will have it (December 2025)» messages, and the White House’s constant threat to reduce its weight in NATO and thus weaken Europe’s defence capabilities.

THERE IS ONLY ONE ITEM THAT LOSES WEIGHT: COHESION AND AGRICULTURAL POLICY IS DOWN BY JUST OVER 17.5%.

Efforts are being made to ensure that the European Union strengthens this capacity through various financial instruments. The Connecting Europe Facility will play a central role in supporting military mobility and civilian infrastructure with a budget of almost 18 billion euros: a tenfold increase over the current MFF funding. For its part, the European Peace Facility (EPF) will maintain its role as an extra-budgetary vehicle for financing operations involving military and defence aspects. Finally, the reforms and investments envisaged in the National and Regional Partnership Plans will include support for the defence industry, internal security, cybersecurity and border and migration management. And perhaps also the return of «military service» in several Member States.

The Financing

Given what the money is intended to be used for, it is important to know where it comes from. In addition to the contributions of the Member States according to their respective gross national incomes, VAT, tariffs or the tax on non-recycled plastics, five new own resources have been added to the MFF 2028-2034, reducing the weight of contributions by income from almost 69% of the current budget to just under 54% in the forecast presented by the Commission. In other words, a little less will come out of citizens’ pockets… as long as they don’t smoke! Because one of the new resources is an excise duty on tobacco, consisting of adding a rate to the minimum of the specific excise duty in each Member State. It is expected to generate around 11.2 billion euros annually.

DEFENCE FUNDING IS INCREASED FIVEFOLD AND THE EUROPEAN DEFENCE FUND IS INCREASED TO NEARLY €131 BILLION.

The other four own resources incorporated are the EU Emissions Trading Scheme, which will contribute 9.6 billion euros; the Carbon Border Adjustment Mechanism, 1.4 billion euros; its own resource based on uncollected e-waste, 15 billion euros; and a corporate resource consisting of a flat-rate annual contribution from all “in-scope companies operating and selling in the EU with an annual turnover of over 100 million euros” (6.8 billion euros).

The negotiation

Once the proposal was presented by the European Commission, which occurred in July 2025, negotiations began with the European Parliament and the Member States, through the Council, and must necessarily be completed by the end of 2027 at the latest, so that the approved budget can enter into force on 1 January 2028. “Once adopted,” says the Commission, “the next EU budget will not only finance Europe’s goals but will reshape the way the Union delivers value across borders and generations”. Experience tells us that the debate is and will be passionate, because political and economic interests are disparate and because the various national budgets are not in a position for much rejoicing.

IT WILL TAKE SLIGHTLY LESS FROM CITIZENS’ POCKETS… AS LONG AS THEY DON’T SMOKE! BECAUSE ONE OF THE NEW REVENUE SOURCES IS A SPECIAL TAX ON TOBACCO.

We are already seeing that, faced with positions calling for the extension of the model used for the NextGenerationEU funds, with pooled debt and non-repayable transfers, another group of countries is showing its usual reticence, now reinforced because the bill for these bond issuances will absorb 8% of the total EU budget (168.000 million euros). We have also learned of Ursula von der Leyen’s first correction. The budget plan initially called for merging agricultural and regional funds into a single block managed directly by national governments, which a large section of the Parliament opposed (November 2025). The Commission president offered a series of commitments, including a clause that will oblige states to allocate at least 10% of funds to agricultural, sustainable and revitalisation policies for rural areas, which will be added to the «at least» 300 billion allocated to the common agricultural policy.

Origin of funds MPF 2028-2034

Comparison of the sources of funding for the current (2021-2027) and planned (2028-2034) multiannual financial frameworks.

Source: European Commission.

Find out more

The MFF 2028-2034: a proposal that foreshadows tough political clashes that will not lead to solving the EU’s problems. Judith Arnal. FEDEA Notes (October 2025).

The 2028-2034 EU budget for a stronger Europe. European Commission (July 2025)

EUROPE’S BUDGET Defence.

European Commission (July 2025).

The Draghi report on EU competitiveness. European Commission (2025).

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Carmen Calvo,

presidenta del Consejo de Estado

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