La situación provocada por la DANA ha sido devastadora, y no solo a nivel material; también personal. Las vidas perdidas, los proyectos personales paralizados, la pérdida de las viviendas, de los automóviles, la destrucción de las infraestructuras, todo esto se ha visto afectado, dejando un shock en las personas de la zona que tardará en curar. El cambio climático ocasiona que cada vez suframos más fenómenos extremos, lo que antes era extraordinario se está convirtiendo poco a poco en más habitual y nuestra obligación es estar preparados frente a las catástrofes. Para ello se necesitan cinco cosas: realizar una buena política de prevención del riesgo y respuesta a la emergencia; tener una buena planificación de protección civil; realizar una buena comunicación de la situación y de las medidas que tomar; educar a la población sobre cómo actuar frente al riesgo y la emergencia; y establecer mecanismos ágiles para la reconstrucción.

Una buena política de gestión del riesgo nos permite minimizar los daños que se pueden ocasionar. La previsión, la precaución y la prevención juegan aquí un papel muy relevante. El principio de previsión nos permite detectar el peligro; a través del principio de precaución intentamos que el peligro no nos afecte haciendo que nuestras actuaciones tiendan a evitarlo, y a través de la prevención reducimos las consecuencias negativas en el caso de que el peligro sea ineludible y derive en una situación de emergencia.

El análisis del riesgo es una herramienta de análisis político que basa sus decisiones sobre la información científica disponible. El análisis del riesgo lo podemos dividir en dos tareas centrales: la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. La evaluación del riesgo implica la identificación del mismo, su estimación y su valoración y se realiza por instancias científicas. Mientras que la gestión del riesgo conlleva el establecimiento de políticas con la finalidad de prohibir, regular o limitar el riesgo que ha sido evaluado con anterioridad. Esta parte del análisis del riesgo se realiza por instancias públicas o privadas, que se encargan de controlar, regular, limitar y evaluar todas las actividades que conllevan riesgos o peligros para la salud pública y el medio ambiente.

La comunicación del riesgo y de la emergencia es una cuestión fundamental para poder hacer frente a estas situaciones. La ley establece el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente acerca de los riesgos colectivos que les afecten, lo que obliga a los poderes públicos a divulgar las medidas dispuestas para contrarrestarlos; a recomendar conductas para prevenirlos, y a dar la máxima participación ciudadana al planificar e implantar actuaciones ante las emergencias. Esta información se tiene que producir en diferentes momentos; cuando se produce la emergencia, para que podamos saber que hacer frente a ella, pero también de manera preventiva, cuando solo existe un riesgo, para que los ciudadanos podamos actuar para minimizar el mismo.

Lo más importante de la comunicación del riesgo es que todas las personas somos responsables de nuestra protección y seguridad, por tanto, todos debemos colaborar para la reducción de los riesgos, pero para ello es necesario que los poderes públicos nos proporcionen información y que sepamos cómo tenemos que actuar. La percepción de los técnicos y de los gobernantes sobre el riesgo es importante, pero hay que partir del hecho de que la gente responde únicamente ante los riesgos que percibe, por lo que la gestión de esa percepción de vuelve también en un objetivo básico en las políticas de gestión del riesgo.

Después de las primeras actuaciones de emergencia para garantizar la vida y seguridad de las personas y reestablecer los servicios públicos esenciales se abre un proceso de reconstrucción que puede ser largo y que tiene diversas fases: diagnóstico, planificación, implementación y evaluación.

En primer lugar, es necesario que se realice un diagnóstico sobre el impacto que el suceso ha tenido en la zona. Este diagnóstico se tiene que hacer a todos los niveles. Por un lado, el análisis del impacto económico, cómo ha afectado a las empresas y comercios de la zona y al empleo, cómo ha afectado en la agricultura y en los diferentes sectores. Por otro lado, el impacto en viviendas, enseres e infraestructuras; cuál ha sido el daño material de la catástrofe y finalmente el daño social. La DANA ha afectado, de una manera u otra, a todas las personas de la zona, pero especialmente a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, el que se hayan visto arrasadas plantas bajas y hayan quedado inutilizados los ascensores para acceder a plantas más altas ha afectado gravemente a las personas con movilidad reducida y a las personas mayores. También ha existido un impacto en la salud mental de las personas o en las redes asociativas que dinamizaban los diferentes pueblos. Paralelamente al establecimiento de este diagnóstico se van desarrollando líneas de ayudas para hacer frente a todas estas cuestiones.

En segundo lugar, es necesario establecer una buena planificación para afrontar el futuro de la zona, contando con todos los sectores implicados en la reconstrucción y con la sociedad civil; estableciendo una hoja de ruta; marcando prioridades en la actuación, e intentando construir un territorio más resiliente, más sostenible y más cohesionado. En este momento la ciencia juega un papel fundamental para brindarnos soluciones innovadoras que nos permitan salir más reforzados de la catástrofe.