La legislación española se suma ahora también a las iniciativas desarrolladas por Francia e Italia que buscan dar salida a los excedentes de producción, consumir de manera más racional y concienciar al consumidor del impacto que tiene no planificar bien la cesta de la compra o comprar más de lo que se necesita. Los expertos consideran que es un gran paso, pero que aún queda mucho por hacer.

A la basura

Los hogares españoles tiraron el año pasado 1.364 millones de kilos de alimentos a la basura, una media de 31 kilos por persona, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Un gesto cotidiano que genera un enorme impacto ambiental, pero del que apenas somos conscientes y eso que el desperdicio de alimentos representa un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que, un estudio reciente de la FAO apunta que la cifra de desperdicio alimentario mundial se eleva hasta el 30% de lo que se produce. Porque el desperdicio comienza en el campo, pasa por la industria y termina en los establecimientos comerciales. En las primeras dos fases, lo llamamos pérdida. Y es un fenómeno mucho mayor en los países más desarrollados. Se trata de desechar un montón de alimentos porque no cumplen con determinados requisitos estéticos, porque se han deteriorado o porque se considera que no son aptos para la venta, aunque se pueden consumir perfectamente. Y de los que pasan el control, un 0,99 por ciento no llega nunca a comercializarse, según Aecoc, la asociación de productores y distribuidores. Las razones son varias: deterioro de los envases y embalajes, errores de etiquetado, cercanía de la fecha de consumo, etc. De ese 0,99 por ciento, un 31,31%, que es totalmente apto para el consumo, pero no para su comercialización, se dona a instituciones benéficas y de un 31,51% porque no existen opciones de aprovechamiento.

El problema se agrava si tenemos en cuenta que mientras los gobiernos buscan soluciones a esta lacra de la abundancia, millones de personas pasan hambre en el mundo. Hasta ochocientos millones. Se trata de una paradoja de difícil solución porque también en los países menos desarrollados se desperdicia comida, aunque los motivos allí son otros: falta de recursos y de tecnología para su almacenaje, procesamiento y distribución, entre otros.

LOS HOGARES ESPAÑOLES TIRARON EL AÑO PASADO 1.364 MILLONES DE KILOS DE ALIMENTOS A LA BASURA, UNA MEDIA DE 31 KILOS POR PERSONA

Pero, ¿somos conscientes de esta situación? Según los expertos, no existe una verdadera conciencia de que tirar comida a la basura sea un problema global, y mucho menos individual. “De hecho, cuando hacemos encuestas a los consumidores sobre qué es lo que tiran o qué cantidad de alimento les sobra a diario, la mayor parte de los consultados responde que tira poco o nada”, explica Laura Martos, técnica de educación para la Ciudadanía Global de Enraíza Derechos. “Y es que pensamos que tirar un trozo de pan, unas sobras o algo de fruta no es desperdicio”, dice Martos y lo que ocurre es que detrás hay un problema de planificación, de saber qué vamos a consumir y qué no. Es en esta parte del sistema, donde los consumidores tenemos mucho por hacer.

El avance de la ley

Ahora, con la nueva legislación, al menos habrá un marco de referencia al que acudir, aunque Martos considera prioritario saber cuál es el volumen total del desperdicio. Además, la norma supone un paso más en el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente, en su objetivo número 12.3, la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y en los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.  Por eso, la nueva regulación establece que todos los agentes implicados en la cadena alimentaria deberán de contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio. Para ello marca unas pautas a seguir en orden de prioridad. Así la alimentación humana está siempre en primer lugar, bien a través de donaciones a entidades sin ánimo de lucro y a bancos de alimentos. De esta manera, la industria, la distribución, la hostelería y la restauración deberán suscribir convenios de colaboración con las organizaciones receptoras de manera que se establezcan los protocolos de actuación en cada caso.

En el caso de los alimentos no vendidos pero que estén en buenas condiciones de uso, la ley obliga a transformarlos en zumos, mermeladas y otros alimentos procesados. Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación de animales o para fabricación de piensos, como recursos para la industria, para la obtención de compost para uso agrario y para fabricar biogás u otro tipo de combustible.

NO EXISTE UNA VERDADERA CONCIENCIA DE QUE TIRAR COMIDA A LA BASURA SEA UN PROBLEMA GLOBAL, Y MUCHO MENOS INDIVIDUAL

Además, la legislación obligará a los establecimientos de hostelería y de restauración a ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse a casa lo que no hayan consumido. Así los restaurantes deberán disponer de envases aptos reutilizables. Aunque es cierto que en muchos sitios ya se hace, no es lo más habitual y los clientes aún tienen que adaptarse a estas costumbres. Igualmente, otras instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias de mayores que ofrezcan catering o servicio de comedor deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley. La norma tiene previsto que las empresas distribuidoras de alimentos incentiven, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Una idea que ya se hace en muchas superficies y que cuenta con un número creciente de adeptos.

A diferencia de la legislación italiana, que insiste en la donación, la ley española es mucho más avanzada y establece un régimen sancionador con distintos tipos de infracciones graves que pueden ser penadas con multas de entre 6.000 y 150.000 euros para aquellos que incumplan lo establecido.