ESPACIO ÆQUITAS

LA REFORMA SOBRE DISCAPACIDAD, A DEBATE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

De izquierda a derecha: Meritxell Batet (de pie), Nel González Zapico, José Ángel Martínez Sanchiz, Alberto Durán y Almudena Castro-Girona.

Los días 13 y 14 de diciembre, la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados acogió unas jornadas sobre La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este foro fue organizado por las fundaciones ONCE y Aequitas, el Consejo General del Notariado (CGN) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

 

JOSÉ M. CARRASCOSA

Durante dos días, políticos, notarios, fiscales, magistrados, juristas y representantes del tercer sector y del movimiento asociativo de las personas con discapacidad pusieron en común sus reflexiones sobre diferentes aspectos de esta normativa, que ha transformado la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Ejemplo de consenso

 «El CERMI y las fundaciones ONCE y Aequitas han realizado un importante esfuerzo de concreción jurídica a la hora de estudiar y debatir la Ley 8/2021. Este trabajo previo por parte de los expertos ha permitido impulsar esta reforma normativa, que ha contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios», manifestó Meritxell Batet, presidenta del Congreso, en la apertura de las jornadas.

El acto inaugural también contó con las intervenciones de Nel González Zapico, vicepresidente del CERMI y presidente de la Confederación Salud Mental España; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Almudena Castro-Girona, directora de Aequitas; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y Aequitas.

González Zapico hizo hincapié en que «era fundamental cambiar el sistema de toma de decisiones vigente por el del respeto a la voluntad. Otro aspecto importante ha sido la revisión de las medidas de apoyo. Sin embargo -aseguró- debemos seguir trabajando intensamente para dotar a la norma de recursos, desarrollando mecanismos que la hagan efectiva, con una red de apoyos amplia y adecuada».

Para Alberto Durán, «la ley supone una reforma sin precedentes en nuestra legislación; un paso más en la capacidad de decidir del colectivo, que ahora puede asumir su derecho a acertar o a equivocarse. Los operadores jurídicos -como jueces, fiscales, abogados, notarios- han removido y revisado el derecho de las personas con discapacidad desde la mirada del siglo XXI».

 


MERITXELL BATET: «EL CERMI Y LAS FUNDACIONES ONCE Y AEQUITAS HAN REALIZADO UN IMPORTANTE ESFUERZO DE CONCRECIÓN JURÍDICA A LA HORA DE ESTUDIAR LA LEY 8/2021»

 

Almudena Castro-Girona resaltó el éxito de convocatoria de las jornadas, «con cerca de seiscientas personas conectadas online«, asegurando que «ahora toca a políticos, representantes sociales y operadores jurídicos -como los notarios- poner en marcha este nuevo sistema, que reforma la columna vertebral de nuestro ordenamiento y nos coloca como pioneros a nivel europeo y mundial.»

Por último, Martínez Sanchiz señaló que «la Ley 8/2021 constituye un hito fundamental, resultado del diálogo de la sociedad civil con los políticos, que llevan años trabajando conjuntamente con las organizaciones sociales. Entre todos, debemos aprender a llevar a efecto el postulado de esta ley. Los notarios nos esforzaremos por superar las barreras que encontremos en el camino”.

 


J. A. MARTÍNEZ SANCHIZ: «LA LEY 8/2021 CONSTITUYE UN HITO FUNDAMENTAL, RESULTADO DEL DIÁLOGO DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LOS POLÍTICOS»

 

¿Qué implica la Ley para nosotros?

El primero de los paneles de debate tuvo como epígrafe ¿Que implica la ley para nosotros?  Con la moderación de Gregorio Saravia -delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad- tuvo como protagonistas a Cristina Paredero, miembro de la junta directiva de Plena Inclusión España; Cristina Rodríguez Porrero, de la Unión Democrática de Pensionistas; Jesús García Lorente, director general de la Confederación Autismo España, y Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de la Confederación ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Para Paredero «esta reforma permite, por primera vez, escuchar y poner el foco en las personas con discapacidad. Es un gran paso adelante, ahora somos iguales ante la Ley, algo que nunca debía haberse vulnerado». «Muchas personas con discapacidad se hacen mayores y viceversa»- señalaba Porrero- «La unión de discapacidad y edad nos hace ser más vulnerables. Estas discapacidades ‘sobrevenidas’ con los años se conocen menos y aparecen en momentos de vida complicados». Según Lorente, con la reforma se debe «conseguir que las personas con discapacidad sean dueños de su propia vida; algo que debiera parecer obvio». Por último, Blanco apuntó que «la nueva legislación supone el establecimiento de apoyos hechos a medida para las personas con discapacidad, incluidas aquellas que precisan de mayores necesidades, como el colectivo de afectados por la parálisis cerebral»

Entidades sociales

La primera sesión se clausuró con la voz de los representantes de las entidades sociales, como Mar Barbero, directora gerente de FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral) y moderadora; Ignacio Recondo, presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Oscar Moral, presidente del CERMI Madrid; Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la plataforma de Mayores y Pensionistas y Cristina Gómez Palomo, presidenta del CERMI Castilla-La Mancha.

 


NEL GONZÁLEZ ZAPICO: «ERA FUNDAMENTAL CAMBIAR EL SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES VIGENTE POR EL DEL RESPETO A LA VOLUNTAD»

 

Moral expresó su preocupación por «las resistencias a aplicar el nuevo ordenamiento por parte de algunas entidades o personas. Debemos apelar a la responsabilidad de todos para poner en marcha esta ley. Es una oportunidad para restaurar los derechos del colectivo, reconociendo su dignidad y su derecho a la igualdad». Recondo demandó «campañas de formación sobre la norma, que deben extenderse a todas las familias y a los diversos sectores implicados en la materia». Palomo aludió a la necesidad por parte de las familias de «respetar la voluntad y capacidad de decisión de nuestros hijos con discapacidad». Por último, Cabra de Luna manifestó que «con esta nueva ley, se acabó incapacitar a un mayor para quedarse con sus bienes en una herencia preventiva

Apoyos voluntarios

La segunda sesión se abrió con el análisis de los Apoyos Voluntarios: Ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones voluntarios. El presidente honorario de la Unión Internacional del Notariado (UINL), José Marqueño de Llano, dirigió este coloquio, en el que participaron las notarias Almudena Castro-Girona (directora de Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL) y Carmen Velasco (vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco); Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la Red de Juristas Plena Inclusión; y Agustín Matía, director gerente de Down España.

Marqueño recordó que aunque la ley tiene aún un escaso recorrido, ya que su entrada en vigor tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, ya está mostrando como se ha reforzado “la labor y el compromiso de los notarios con las personas con discapacidad». Para Velasco, la nueva normativa «concilia la seguridad jurídica con la autonomía de voluntad. Los notarios estamos en relación con las personas y en condición de apreciar lo que la persona necesita en su esfera personal y patrimonial. Tenemos la responsabilidad de indagar la voluntad de esas personas antes de plasmarla en una escritura pública». Por su parte, Recover sostuvo que «el Código Civil anterior estaba obsoleto y se dictaban sentencias contrarias a la Convención de la ONU». Matía cerró la mesa apuntando que «se ha generado cierto temor y dudas en las familias ante el reto transformador que supone la nueva norma, algo que debe superarse».

 


ALBERTO DURÁN: «LOS OPERADORES JURÍDICOS HAN REMOVIDO Y REVISADO EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DESDE LA MIRADA DEL SIGLO XXI»

 

Apoyos judiciales

A continuación, se profundizó sobre los apoyos judiciales diseñados en la nueva normativa sobre discapacidad. Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo y moderador; María José Segarra, fiscal de Sala del Tribunal Supremo para la protección de las personas con discapacidad y mayores; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo; Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Albino Escribano, decano del Colegio de Abogados de Albacete, fueron los ponentes en este capítulo.

Segarra señaló que «debe fortalecerse la desjudicialización en el ámbito de la discapacidad, reforzándose la red de apoyos de esas personas». Por su parte, Seoane apuntó que «la legislación anterior a la nueva ley era paternalista, cuánto más protección para el discapacitado: mejor». Para Varela, la principal aportación de la reforma redunda en que «se reconocen los derechos inherentes e inalienables de las personas con discapacidad». Escribano se mostró cauto al señalar «problemas en la aplicación práctica del nuevo normativo, algo habitual en una transformación jurídica tan radical: se ha cambiado de la camisa de fuerza al ‘traje a medida'».

Mesa legislativa (de izquierda a derecha): Miguel Ángel Jerez, Miguel Ángel González Caballero, Rafael de Lorenzo y Genís Boadella.
Consenso político

Diputados y ponentes de la Ley 8/2021 integraron una de las mesas de debate del encuentro. En concreto Miguel Ángel González Caballero (G. P. Socialista), Genís Boadella (G. P. Plural) y Miguel Ángel Jerez (G. P. Popular). Este coloquio tuvo como moderador a Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social.

Caballero (PP) destacó la ingente tarea legislativa llevada a cabo en el arco parlamentario desde 2017 para «acometer la reforma más ambiciosa de la democracia, que llegó a tener más de 500 enmiendas».

Jerez (PSOE) coincidió en que «difícilmente podemos ver una ley tan transversal como ésta, que haya afectado por su alta complejidad a tantas normas. En su momento, la aprobamos con ilusión y con un sentimiento de reparación y justicia».

Boadella (PDeCAT) concluyó apuntando «el buen entendimiento alcanzado por todos los grupos en esta materia. Este consenso es política con mayúsculas».

Discapacidad y Tercera Edad

Los ponentes señalaron el peso del colectivo de jubilados y pensionistas en el sector de la discapacidad. Miguel Ángel Cabra de Luna recordó que «dos terceras partes de las personas con discapacidad, más del 75%, son mayores de 65 años. Según nuestros datos, de los 400.000 miembros del colectivo de personas con discapacidad, 250.000 son mayores.». 

¿Qué implica la Ley para nosotros? De izquierda a derecha: Ángeles Blanco, Cristina Paredero, Gregorio Saravia, Cristina Rodríguez Porrero y Jesús García Lorente.
Apoyos judiciales (de izquierda a derecha): María José Segarra, José Luis Seoane, Carlos Ganzenmüller, Benigno Varela y Albino Escribano.
Entidades sociales (de izquierda a derecha): Cristina Gómez Palomo, Miguel Ángel Cabra de Luna, Mar Barbéro, Ignacio Recondo y Óscar Moral.
Apoyos voluntarios (de izquierda a derecha): Torcuato Recover, Almudena Castro-Girona, José Marqueño, Carmen Velasco y Agustín Matía.
El valor de los acuerdos sociales

La directora general de la Fundación Aquitas, Almudena Castro-Girona, clausuró las jornadas, poniendo en común las conclusiones alcanzadas por los participantes. En este acto intervinieron diversos diputados que han formado parte del patronato de esta fundación a lo largo de sus más de veinte años de existencia, como Álvaro Cuesta, Emilio Olabarría y Francisco Vañó.
Vañó puso en valor la Ley 8/2021 apuntando que pone fin «a la muerte civil de muchas personas con discapacidad, que por fin han dejado de ser objetos para convertirse en sujetos de Derecho». Olabarría demandó que, para la puesta en marcha de la normativa, se incremente «la especialización de los juzgados, superando la renuencia de algunos jueces». Asimismo, Olabarría propuso crear «una mesa de coordinación a nivel nacional similar a la que existe en materia de medio ambiente o salud. Al estar cedidas las competencias de justicia en las comunidades autónomas, este organismo permitiría involucrar así a todas las Administraciones».

Por último, Cuesta señaló que «el impulso del legislador vino del entusiasmo y esfuerzo de la Fundación Aequitas y otras entidades del tercer sector, que dieron ideas a los políticos. La clave para alcanzar buenos acuerdos parlamentarios pasa previamente por basarse en los acuerdos sociales».

De izquierda a derecha: Emilio Olabarría, Almudena Castro-Girona, Álvaro Cuesta y Francisco Vañó.