El 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea (UE) es ineficiente desde el punto de vista energético, lo que significa que gran parte de la energía consumida se malgasta. Los edificios son los mayores consumidores de energía y se encuentran entre los principales emisores de dióxido de carbono. La Comisión Europea recuerda que son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas principalmente durante su construcción, utilización, renovación y demolición.

En España, más de la mitad de los edificios residenciales se construyeron antes de 1980, cuando aún no había entrado en vigor la primera normativa reguladora de las condiciones térmicas de los edificios. Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones de edificios residenciales y 9,7 millones de viviendas principales.

Además, más del 80% de las construcciones españolas tienen una calificación energética baja -letras E, F o G- tanto en emisiones como en consumo energético. Los edificios con la mejor calificación, la letra A, apenas representan el 0,3% del total en el caso de las emisiones y el 0,2 % en consumo energético.

Si a lo anterior se suma que el 75% de los edificios residenciales no son accesibles y que el 40% de los que tienen cuatro plantas o más carecen de ascensor, la conclusión es que España tiene un parque de viviendas bastante envejecido.

Un cambio urgente. La renovación de los edificios ya existentes podría reducir hasta un 6% el consumo total de energía de la UE y rebajar un 5% las emisiones de dióxido de carbono. A pesar de este potencial de mejora, cada año se rehabilitan menos del 1% de los parques inmobiliarios nacionales europeos. España se caracteriza además por tener una tasa media de rehabilitación entre 8 y 10 veces por debajo de la media de los principales países de nuestro entorno, un ritmo claramente insuficiente para responder a las exigencias marcadas por las autoridades europeas.

Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer reformas energéticas, se han aprobado incentivos fiscales que favorezcan este tipo de iniciativas.

Como el coste es el mayor obstáculo para la acometer esas reformas, los países europeos están desarrollando normativas que faciliten su financiación o que contemplen ayudas fiscales.

En este contexto, el Gobierno de España aprobó el pasado mes de octubre el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que actualmente se debate en el Congreso como proyecto de ley. Las acciones previstas serán financiadas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aprobado por la Unión Europea.

Deducciones y facilidades. La principal novedad es la entrada en vigor de nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.

Asimismo, se modifica ley de propiedad horizontal con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en las comunidades de propietarios. En concreto, cambia el régimen aplicable a las obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en los edificios, estableciendo una mayoría simple para realizar tales obras y solicitar ayudas o financiación.

También se refuerza la capacidad de actuación de comunidades de propietarios para acceder a créditos para obras de rehabilitación y mejora de los edificios, otorgándoles plena capacidad jurídica para formalizar dicha financiación.

Finalmente, se ha creado una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la cobertura parcial por parte del Estado de la financiación de obras de rehabilitación que aumenten la eficiencia energética. Con estos avales se cubrirán parcialmente los riesgos de los préstamos concedidos por las entidades financieras privadas. Se podrán conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros.

Con estas medidas, el Gobierno espera alcanzar, entre otras metas, la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030, como establece Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Todo ello en el marco de una dinámica europea en que recalca la importancia de afrontar una intensa renovación del parque inmobiliario por parte de todos los Estados de la Unión Europea, tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en el actual contexto de recuperación y crecimiento post pandemia.