Resolver el sudoku de las pensiones. El evidente descuadre entre ingresos y gastos ha aumentado de forma alarmante en España en las últimas décadas. Una delicada coyuntura derivada de la pertinaz caída del índice de natalidad, con la inmigración incapaz de compensar el envejecimiento poblacional, el alargamiento de la esperanza de vida, más de 84 años de media (la mayor de la Unión Europea), y el incremento en la cuantía de las prestaciones, cercana al 65% del salario mínimo interprofesional, sin olvidar su generosidad, la más elevada de la OCDE -junto a Grecia- dentro de este selecto club económico mundial.

Fruto de este rompecabezas, el Gobierno se puso manos a la obra para realizar, con el beneplácito de Europa, una reforma del sistema en profundidad, más allá de la adopción de medidas de mero maquillaje. En definitiva, una hoja de ruta para convencer a Bruselas de que era posible garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las pensiones gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, léase gravar más a empresas y trabajadores, sin recortar la cuantía de las prestaciones.

EL GOBIERNO PODRÁ EMPEZAR A UTILIZAR EN 2033 EL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES

Que vienen los boomers.

Tanto avisar de la llegada del lobo y finalmente se encuentra a las puertas de su ansiado descanso laboral. Pero para calibrar su impacto en las cuentas de la Seguridad Social, conviene recordar que en 2023 se registraron casi 327.000 altas de pensionistas frente a 265.000 bajas, un diferencial por encima del 23%.

Un vistazo más en detalle a los datos que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierte de que ese dato es el tercero más alto de la serie histórica, después de los de 2018 y 2022, con cifras muy similares, lo que entraña un retorno a la tendencia registrada antes de la pandemia sanitaria.

Parafraseando la estrofa de la conocida canción de Amaral en Moriría por vos: soy el invierno contra tu primavera, lo cierto es que la explosión poblacional registrada tras la II Guerra Mundial en toda Europa se enfrenta ahora a su némesis generacional en una suerte de ‘invierno demográfico’.

Para combatir este escenario y partiendo del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno de Aznar creó en el año 2000 la comúnmente llamada hucha de las pensiones. Un Fondo de Reserva que funciona a modo de fondo soberano de inversión de estabilización y reserva destinado a atender y compensar las desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.

La idea que subyacía en su funcionamiento es que estuviese dotado con el exceso de fondos procedentes de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS EL NÚMERO DE PENSIONISTAS PODRÍA PASAR DE LOS 9,2 A LOS 16 MILLONES

Y llegó el ‘destope’

La reforma de las pensiones, aprobada en marzo de 2023 previo pacto con la Comisión Europea, por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supuso también la subida paulatina de la base máxima de cotización, que en 2024 alcanzará a los salarios por encima de los 56.600 euros brutos al año, gracias al aumento del 5% de la base máxima de cotización.

Esta decisión, que afecta sobre todo a las grandes empresas y a los empleados de mediana edad con alta cualificación, supone que el límite superior de cálculo de la pensión crecerá 1,2 puntos adicionales a la variación media que registre el Índice de Precios al Consumo (IPC), que los expertos prevén que cierre este curso en la horquilla en torno al 3,6% y el 3,9%.

La elevación de la base máxima, que arranca este año y proseguirá hasta mitad de siglo, y la cuota de solidaridad, establecida para los que excedan del límite al imponer tramos que varían entre el 0,92% y el 1,17% el próximo 2025, aumentando cada año hasta alcanzar en 2045 unos tipos mínimo y máximo del 5,5% y del 7%, respectivamente, impactará sobre todo en los trabajadores de mediana edad, de entre 44 y 63 años.

Dentro del paquete de medidas propuesto en su día por el ministro Escrivá se incluyeron iniciativas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), gracias al cual la caja de las pensiones lleva acumulada una recaudación de más de 7.000 millones de euros a fecha de 31 de mayo, su nivel más alto desde 2018, de los que 1.373 millones de euros han sido ingresados en lo que va de año.

Para tratar de embridar el desfase de la contabilidad de las pensiones, especialmente una vez acordada su revalorización anual ligada al IPC, el arsenal de medidas incluyó, además, la creación a partir de 2025 de una cuota de solidaridad por tramos para las rentas más altas, así como el impulso al retardo en la jubilación.

El uso que se dará a esta ‘hucha’, que sólo podrá ser utilizada a partir de 2033, apunta a un trasvase de entre 120.000 y 130.000 millones de euros para nutrir al Fondo de Reserva de cara a afrontar el elevado gasto que se avecina a tenor del masivo retiro ‘boomer’. En el hipotético caso de que la Seguridad Social generase más superávit, también iría destinado a la caja común, aunque, de aquí a mitad de siglo, el Gobierno sólo podrá disponer de un máximo de hasta el 0,91% del PIB para afrontar la tensión en el sistema, cuyo pico se prevé alcanzar en 2040.

DESDE OCTUBRE DE 2023 SE PRODUJERON 333.000 ALTAS DE JUBILACIÓN, EL DATO MÁS ELEVADO DESDE QUE HAY REGISTROS

Coste creciente

En España nacieron más de 650.000 personas en 1958, un hito demográfico que supuso el doble de lo registrado en 2022. En los últimos doce meses desde octubre de 2023 se produjeron 333.000 altas de jubilación, el dato más elevado de la serie desde que hay registros. Una realidad que, sin duda, impacta en las cuentas públicas, lo que podría derivar en la pérdida de hasta un 20% del PIB en las próximas tres décadas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 2023 y 2050 la población española en edad de trabajar se reducirá en más de 800.000 personas, al tiempo que la mayor de 65 años aumentará por encima de los 6 millones de habitantes. En paralelo, se espera que en las próximas décadas el número de pensionistas escale desde los 9,2 millones actuales hasta un total de 16 millones, pero con un grueso de cotizantes similar al presente.

Asimismo, hay que constatar que las jubilaciones boomer ya cuestan a las arcas públicas 590 millones de euros más al mes, al abonar en mayo pasado alrededor de 12,7 millones de euros adicionales en pensiones contributivas, 757 millones de euros por encima de lo satisfecho en el mismo mes de 2023, un porcentaje del 6,3% superior. El tiempo dirá si las medidas adoptadas hasta ahora han sido suficientes.