–¿En qué consiste el trabajo de las actuales fundaciones de apoyo (antes denominadas tutelares)?

–Fundamentalmente lo que ha cambiado es el apoyo a la toma de decisiones: antes era el tutor el que decidía en lugar de la persona; ahora las entidades tenemos que apoyar a las personas en su decisión. Es una reconversión del modelo, generada por la Ley 8/2021, pero que no ha sido traumática para Kyrios. Llevábamos años realizando un conocimiento profundo de las personas, amparados en la Convención de la ONU, por lo que el sistema de trabajo no ha variado. Otro aspecto que se ha transformado es que hoy las medidas voluntarias de apoyo, plasmadas en escritura pública, pasan a formar parte del tráfico jurídico, mientras que antes eran poco menos que papel mojado.

“LAS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO QUE PREVÉ LA NUEVA LEY 8/2021 CUENTAN CON UN NIVEL DE PROTECCIÓN Y FLEXIBILIDAD MUY ALTO AL ESTABLECERSE EN ESCRITURAS NOTARIALES”

–La figura de la tutela fue revisada tras la aprobación de la citada Ley 8/2021. ¿Se ha visto afectada la actuación de Kyrios por esta nueva normativa?

En absoluto. La única modificación radica en que ahora dotamos de herramientas a las personas y familias para que no tengan que acudir al juez a solicitar la incapacitación. Me gustaría decir que, aunque el balance de la ley es positivo, queda mucho por hacer. Por ejemplo, debe hacerse llegar a las familias el mensaje de que es una norma que no desprotege, sino que ampara. El nivel de protección y de flexibilidad es muy alto al establecerse en escrituras notariales los sistemas de medidas voluntarias de apoyo que detecten las necesidades y prevean que los deseos pueden variar. Si el derecho regula la relación entre las personas, no tenía sentido que no estuvieran en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos, como ocurría con la legislación antigua.

–En colaboración con la Fundación Æquitas, los profesionales de Kyrios impartieron el pasado julio unas jornadas formativas sobre dicha ley dirigidas a notarios y empleados de notaría. ¿Qué papel están jugando estos profesionales?

–Es esencial. Uno de los cambios más sustanciales de la Ley 8/2021 se centra en la responsabilidad y fuerza que otorga al Notariado. Ahora su formación e implicación gozan de mayor trascendencia. En nuestro trabajo diario con diversos notarios detectamos dedicación, actitud comprensiva, sensibilidad y voluntad de ayudar. Mucha gente desconoce esa faceta como servidor público que ofrece asesoría gratuita. En definitiva, son gente accesible que aporta todo tipo de facilidades con el rigor propio de su profesión.

La discapacidad es una gran desconocida, por lo que las sesiones de formación que ofrecimos el pasado verano contribuyeron hacer entender diferentes casos a los que se pueden enfrentar en el día a día de los despachos notariales.

–¿Cómo valora la cooperación entre instituciones del tercer sector?

–Los convenios acercan a agentes sociales y jurídicos, algo que exige la nueva ley. El agente jurídico tiene que orquestar el ajuste a derecho; da forma a una voluntad para que se transforme. El agente social es el que conoce a la persona y claramente diferencia necesidades de apoyo y voluntad real, deseos y preferencias.

Las entidades de apoyo vinculan a la persona con su entorno natural, conocemos a la familia y a la gente de su alrededor para buscar apoyos en la zona de confort; no vamos a extraerlo de ahí para ‘institucionalizarlo’.

–La actividad de Kyrios se centra mayoritariamente en las personas con inteligencia límite… ¿Cuáles son las principales necesidades de esa discapacidad ‘invisible’?

–En la mayoría de los casos son personas que no presentan visibilidad física de su situación; ‘la procesión va por dentro’. Es una discapacidad que tiene que ver más con lo social que con lo intelectual. En la etapa escolar se empieza a sentir un bajo rendimiento, que genera acoso y una posterior extracción de la socialización. Ese desplazamiento provoca desajustes al querer hacer lo que sea por integrarse, algo que acarrea situaciones complejas. La legislación anterior no ayudaba; existía la sensación de que con una sentencia de incapacitación estaba todo solucionado al meter a esas personas en una burbuja de cristal.

Hay informes que señalan que hasta el 1% de la población puede tener inteligencia límite. Mucha gente tiene este perfil, pero están sin detectar; pasan inadvertidos hasta que se meten en problemas. Lo ideal es realizar una detección temprana, en el paso de la educación primaria a la secundaria, aunque hay desarrollos madurativos más tardíos. Hemos realizado charlas en centros educativos para anticipar soluciones.

–¿Queda mucho camino por recorrer en el ámbito de la empleabilidad de las personas con discapacidad?

–La situación de desempleo global es grave, pero en el ámbito de la discapacidad se puede definir como terrible. No hay igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. La dificultad no radica tanto en acceder, como en mantener el puesto de trabajo. La movilización del tercer sector para favorecer la normativa laboral ha sido muy importante; se han conseguido ayudas para contratar gente en el ámbito privado y público, pero falta recorrido en las adaptaciones; que los trabajos se adapten a los perfiles.

“LOS AGENTES JURÍDICOS TIENEN QUE HACER UN ESFUERZO POR ENTENDER QUE SU LENGUAJE ES DIFÍCILMENTE COMPRENSIBLE PARA TODOS”

–¿Son conocidas las discapacidades cognitivas, como la inteligencia límite, o siguen siendo necesarias acciones de difusión?

–La trascendencia de la discapacidad en la sociedad aún es mínima. La sensibilidad de los que trabajamos en esto -casi siempre por vocación- es diferente, pero la mayoría de la gente no es así. Socialmente hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, en terminología y lenguaje inclusivo. El sector va evolucionando, cada vez está más profesionalizado. Debemos ir abriendo camino y pelear para conseguir que se visibilice la realidad de estas personas que necesitan ayuda y que cada vez son más.