Vivienda:
del diagnóstico a la acción

El curso reunió a cerca de una treintena de profesionales del sector inmobiliario, además de autoridades institucionales, operadores del sector jurídico, representantes del ámbito académico y miembros del Notariado. A lo largo de dos jornadas, se articularon distintas mesas de debate para encontrar soluciones a los importantes retos que afronta la vivienda en nuestro país: el desequilibrio entre la oferta y la demanda, las dificultades de acceso de los jóvenes, el mercado del alquiler o el impacto de la okupación, entre otros.

“Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración del curso. La presidenta destacó la importancia y el valor de los datos notariales, extraídos de las escrituras públicas, para la adopción de soluciones adecuadas, y manifestó la necesidad de contar también con información rigurosa en el ámbito del alquiler, “un mercado dominado por el documento privado, lo que conlleva siempre opacidad y falta de seguridad jurídica”.

La vivienda: principal preocupación
Barrio Del Olmo puso de manifiesto que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos: “Tenemos un problema con la vivienda, y no solo lo decimos los notarios: el Banco de España, en su último informe relativo a los datos de 2024, alerta sobre la escasez de vivienda nueva y de segunda mano”. Es por ello -explicó- que el Notariado ha dedicado por segundo año consecutivo este curso a la vivienda”, aseguró. “Los notarios tenemos un compromiso con la sociedad. Queremos estudiar y proponer soluciones sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. El pasado año destinamos estas jornadas a diagnosticar las cuestiones que afectaban al acceso a la financiación y a la regulación. En este 2025 tenemos el diagnóstico y pasamos a la acción”.

Una acción orientada a atajar un problema estructural que la Administración Pública ha tratado de abordar, hasta el momento, sin gran éxito. “Hay leyes estatales y autonómicas que tienen como finalidad garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como proclama el Artículo 47 de nuestra carta magna. Pero todas esas medidas todavía no están resultando eficaces”, apuntó Barrio Del Olmo.

Un problema de largo recorrido
Sobre las políticas públicas en materia de vivienda se pronunció también Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno”. La representante del Ministerio expuso que el sector ha venido arrastrando una difícil situación desde la crisis inmobiliaria del año 2008: “Se produjo un gran número de decesos empresariales en las constructoras, un envejecimiento en su propio inmovilizado y grandes dificultades de financiación y de reemplazo de mano de obra: hoy, apenas el 9% de los trabajadores tiene menos de 30 años”.

En este sentido, apuntó que el Ministerio trabaja “intensamente” con la Fundación Laboral de la Construcción para revertir la dinámica: “Los jóvenes creen que dedicarse a la construcción supone verse en el paro en 15-20 años. Hay que romper ese mantra con formación y ahondando en nuevas maneras de construir. Para ello, nuestro PERTE de la Construcción Industrializada es algo esencial”, un programa que prevé una inversión de 1.300 millones de euros en los próximos 10 años para producir entre 15 y 20 mil viviendas industrializadas anualmente.

Toda esta gran confluencia de factores ha desembocado en la compleja situación que actualmente atraviesa el sector de la vivienda, más si cabe cuando reformas legislativas como la de la Ley del Suelo se encuentran bloqueadas: “Pensamos que, si nos hacíamos herederos de un proyecto anterior, consensuado, iba a tener la aprobación de las Cortes Generales; y nos encontramos con el rechazo. La reforma de la Ley del Suelo pretende agilizar los plazos, los trámites y, sobre todo, hacer más racional la tramitación administrativa de la normativa de planeamiento”, explicó Castellanos.

Inversión pública y empleo de los datos
Desde la Administración -continuó-, “estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos. Para nosotros es muy importante colaborar decididamente con el sector privado, tener mayor certeza en los arrendamientos y emplear la tecnología para aplicar la información obtenida de los datos”. Y dio algunas cifras de los programas desarrollados por el Ejecutivo: “En el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; además de los 4.000 millones en fondos ICO para darles financiación y la línea de avales de 2.000 millones para completar la oferta financiera”.

A la hora de tomar decisiones, la colaboración entre organismos y sectores se configura como un elemento fundamental. “Resulta de vital importancia tratar el problema de la vivienda reuniendo a todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado. Si la problemática es multifactorial, la solución debe ser multidisciplinar”, reiteró el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

En cuanto a la participación activa del Notariado, apuntó que “la vivienda es una cuestión que está en el día a día de nuestros despachos. Los notarios estamos en contacto directo con los ciudadanos, contamos con unos datos estadísticos de valor incalculable, extraídos de los instrumentos públicos que autorizamos, y estamos aquí para aportar soluciones de consenso”.

Donostia: una ciudad tensionada
La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y concejala delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ofreció una visión de la situación que vive la ciudad: “Donostia tiene un grave problema de vivienda y las tensiones de la ciudad se trasladan a la periferia. En los últimos diez años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%”, aseveró. “Hay que dar respuestas y nuestra estrategia debe ser sostenible y respetuosa -prosiguió Arzallus-. La vivienda es mucho más que un factor económico, es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar, un espacio de convivencia y protección, una necesidad básica. En Donostia fuimos pioneros en establecer la regulación de los pisos turísticos: heredamos unos 2.000 pisos turísticos y ahora estamos en unos 1.200, y van bajando”.

Con respecto a la Ley de Vivienda, la teniente de alcalde dijo que su impacto en San Sebastián “ha detraído el número de viviendas en alquiler. Hemos sido la primera capital en Euskadi declarada, toda la ciudad, zona tensionada. En Donostia los grandes tenedores suponen apenas el 3,2% de las viviendas, es un mercado muy atomizado y poco profesional, por lo que las medidas deben ir orientadas a fomentar las viviendas en régimen de alquiler y a reforzar la seguridad jurídica, sobre todo de los arrendadores”. También, sobre las actuaciones con el Gobierno vasco, señaló que “en estos momentos estamos desarrollando una colaboración muy importante: tenemos 2.000 vivienda en marcha y esperemos que para 2030 podamos activar otras 6.000”.

EL CURSO REUNIÓ A UNA TREINTENA DE PROFESIONALES DEL SECTOR INMOBILIARIO,
ADEMÁS DE AUTORIDADES, JURÍSTAS, ACADÉMICOS Y MIEMBROS DEL NOTARIADO

Por su parte, la directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui, remarcó que «el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución”. Y puso en valor la organización de iniciativas como este curso: “Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia».