Una justicia más dialogada, eficiente y humana
La entrada en vigor de una parte esencial de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el pasado 3 de abril, ha marcado un punto de inflexión. Su objetivo es mejorar la eficiencia del sistema judicial español mediante una reorganización de la Administración de Justicia, garantizando una mayor rapidez, accesibilidad y modernización del servicio.
LA NORMA INTRODUCE COMO REQUISITO OBLIGATORIO LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC)
La Ley, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que, salvo las excepciones previstas – tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros-, será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.
La norma introduce, por tanto, como requisito obligatorio la utilización de Mecanismos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) —mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, el informe de experto independiente, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. — en numerosos asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial. Este nuevo modelo no solo persigue descargar a los tribunales, sino que pretende impulsar una transformación cultural.
La cultura de la paz
La reforma no busca simplemente agilizar procesos o reducir costes, aunque ambos efectos son deseables. Persigue algo más ambicioso: instaurar una cultura de la paz basada en la autonomía de la voluntad. Se apuesta por procedimientos en los que las partes elijan cómo resolver sus conflictos, evitando la imposición de decisiones externas. Estos métodos podrían ayudar a preservar las relaciones personales y a lograr acuerdos duraderos y más justos.
Este enfoque se aleja de la rigidez del sistema jurisdiccional tradicional. Frente al arbitraje —donde un tercero impone la solución— o al litigio —donde un juez resuelve—, los MASC promueven el diálogo y el consenso. Es la sociedad civil, por tanto, quien asume el protagonismo en la construcción de sus soluciones, y lo hace con herramientas jurídicas que aportan legitimidad y eficacia.
La norma modifica también el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición.
El papel de los notarios
La ley refuerza la función notarial, dotándola de un protagonismo esencial en estos nuevos procedimientos. Cualquier acuerdo alcanzado en el marco de estos mecanismos puede formalizarse en escritura pública obteniendo así efectos ejecutivos, probatorios y registrales. Además, los notarios pueden actuar como mediadores (si se han formado para ello), como conciliadores (por ser funcionarios públicos a los que se reconoce autoridad) o como expertos independientes. Todo ello, además, gracias a su imparcialidad, formación jurídica y experiencia en asuntos civiles y mercantiles.
La intervención notarial añade seguridad jurídica, estructura el procedimiento y garantiza que los derechos de las partes se respeten plenamente, incluso en contextos de alta emotividad o complejidad técnica.
Solución para empresas y ciudadanía
La mediación y demás mecanismos no solo favorecen a los ciudadanos en conflictos familiares, sucesorios o vecinales. También pueden representar una oportunidad estratégica para las pequeñas y medianas empresas, que encuentran en ellos una vía eficaz para resolver disputas contractuales, comerciales o societarias. Estos métodos le permiten ahorrar tiempo y costes, reducen la incertidumbre y preservan relaciones comerciales. En un entorno económico volátil, la posibilidad de resolver conflictos en menos de dos meses es, sin duda, un activo competitivo.
A ello se suma un elemento clave: la confidencialidad. Evitar la exposición pública de desacuerdos empresariales, especialmente con clientes o proveedores estratégicos, preserva la reputación y evita efectos colaterales negativos en el mercado o en el acceso al crédito.
LOS MASC PUEDEN REPRESENTAR UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Del trámite a la oportunidad
Para que este sistema prospere, no puede percibirse como un simple paso burocrático. Es necesario que todos los actores —jurídicos, económicos y sociales— crean en la utilidad de estos mecanismos. La calidad, la formación de quienes los aplican y la divulgación de sus ventajas serán claves para evitar que se desvirtúe su esencia.
Esta ley no impone una fórmula única, pero sí abre la puerta a una justicia más dialogada, eficiente y humana. Es una apuesta por la deliberación frente a la imposición, por la solución frente al conflicto.
Respuesta notarial al apagón eléctrico
El apagón eléctrico vivido en España y Portugal el pasado 28 de abril nos sitúa, nuevamente, en un momento crucial de nuestra historia. Habrá que esperar a los resultados de las investigaciones en curso, tanto de las propias empresas del sector como de terceros expertos en la materia, ya anunciadas, para conocer por qué ocurrió y cómo evitar que vuelva a producirse.
De la trágica experiencia, que ha segado varias vidas y, en segundo orden, dañado la economía de sectores tan vulnerables y necesarios como las pymes, entre otros, solo podemos extraer como positivo el ejemplar comportamiento de la mayoría de los ciudadanos (una vez más). De igual manera, organismos públicos y privados desplegaron todos sus recursos y voluntad para atender a los ciudadanos en las horas sin electricidad y recuperar lo antes posible la normalidad.
Servicio esencial
Entre los funcionarios públicos que prestan un servicio esencial, declarado como tal por el gobierno durante la pandemia del coronavirus, figuran los notarios. Son más de 2.700 profesionales repartidos por todo el país que a diario, con la colaboración de los 17.000 empleados de sus notarías, atienden a miles de ciudadanos.
Produce satisfacción poder decir que durante el apagón las medidas de respaldo habilitadas por el Centro Tecnológico del Notariado respondieron satisfactoriamente, de manera que en todo momento los sistemas centrales de la corporación notarial estuvieron prestando servicio, lo que permitió a las notarías de áreas no afectadas, como las zonas no peninsulares, desempeñar su labor con total normalidad.
El equipo de Sistemas del Centro Tecnológico del Notariado estuvo trabajando hasta la 1:30 horas de la madrugada del 29 de abril para garantizar, por un lado, la correcta actividad de los sistemas de respaldo que proporcionaron servicio ininterrumpido durante el apagón, y, por otro, para asegurar que durante la mañana de ese mismo 29 de abril los sistemas continuaran funcionando con normalidad ante una eventual repetición de los problemas eléctricos.
Adicionalmente, desde las 7 horas de esa misma mañana, se habilitó un refuerzo de contingencia para agilizar el soporte y la resolución de los problemas en los servidores de las notarías con incidencias eléctricas.
Estas medidas hicieron posible mantener el sistema general operativo, de forma que, al día siguiente del apagón, las notarías estuvieron funcionando con normalidad en todas las localidades en donde se había restablecido el suministro eléctrico, y los notarios prestando todos sus servicios. Con una salvedad: que el negocio jurídico a autorizar tuviera que ser inscrito en el registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles (o se necesitara información de estos), puesto que estos registros quedaron cerrados a todos los efectos desde el 28 de abril a las 12.00 horas.
