La formación profesional se reinventa

DEBATE PARLAMENTARIO

La formación profesional se reinventa

En el curso 2020-21 más de 974.000 estudiantes se matricularon en Formación Profesional (FP), un 80% más que hace diez años. A pesar de este crecimiento sostenido, España necesita más titulados en FP que encajen con las necesidades del mercado laboral. La nueva ley de Formación Profesional implantará una oferta formativa única, flexible y acreditable, dirigida por primera vez a estudiantes y trabajadores.

 

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Desde hace años existe un desequilibrio entre el nivel de formación de los aspirantes a un empleo y las exigencias de las empresas. Mientras miles de personas no encuentran empleo, muchas compañías no logran cubrir sus ofertas por falta de personal preparado. Las vacantes son especialmente elevadas en los niveles intermedios de cualificación -vinculados a la formación profesional-, sobre todo en aquellas actividades relacionadas con el cambio tecnológico y la transición ecológica.

A la vez, de los casi 23 millones de población activa que hay en España, más de 10 millones no pueden acreditar formalmente sus competencias, aunque las hayan adquirido a través de la experiencia laboral o por vías no oficiales. Esto limita sus oportunidades de promoción profesional y les hace muy vulnerables si se quedan sin trabajo.

Sin embargo, en 2025 el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo. Habrá que duplicar en el menor tiempo posible el número de personas con formación intermedia para cubrir las ofertas de un sistema productivo en plena transformación.

Este es uno de los retos del proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional -ahora en trámite parlamentario-, con el que el Gobierno de España espera convertir la FP en una pieza indispensable que aporte valor al tejido productivo.

Uniformidad. La actual división entre el sistema educativo (permite obtener títulos de Formación Profesional y Cursos de Especialización) y el ámbito laboral (Certificados de Profesionalidad) dará paso a una estructura única de FP con cinco grados (del A al E), abierta a estudiantes y trabajadores, que podrán programar itinerarios formativos en función de sus aspiraciones.

Se incluyen por primera vez micro formaciones (grado A) que, sumadas, permitirán ascender hasta obtener sucesivas acreditaciones y titulaciones de mayor nivel (grados D y E).

Se proporcionará además un abanico formativo adaptado a la evolución del mercado de trabajo, con la particularidad de que las comunidades autónomas podrán ajustarlo al tejido productivo de sus territorios.

El propósito es que la FP sea cada vez más elegida por los estudiantes españoles, como sucede en la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). En España el 36% del alumnado que cursa la segunda etapa de educación secundaria opta por la FP, cuando la media de la OCDE es del 42%.

El Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha 200.000 plazas de FP en cuatro años: se han financiado 120.000 en el curso 2020/2021, otras 60.000 se financiarán en el curso 2021/2022 y el resto se habilitarán antes de 2023.

También se espera que con esta reforma legal en los próximos cuatro años más de tres millones de personas puedan acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral (con el sistema vigente, en la última década solo han podido hacerlo 300.000 trabajadores). Para lograrlo, se suprimirán las convocatorias ocasionales y limitadas a ciertas competencias, y se instaurará un procedimiento abierto a todas las unidades de competencias de manera permanente. 

Formación dual. Además, se apuesta decididamente por la formación dual, que combina la formación en el centro educativo y en la empresa. En España solo se acoge a esta fórmula el 3% del alumnado de formación profesional en la segunda etapa de la educación secundaria, frente al 34% de media de la OCDE.

Con la nueva ley, la formación tendrá carácter dual en todos los grados, siendo obligatoria a partir del grado C. En los grados A y B serán duales las formaciones que la requieran.

Para ello, los centros educativos y las empresas se distribuirán previamente los contenidos curriculares, siempre bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas y los centros. El contacto con la empresa se promoverá a partir del primer trimestre de formación y cada estudiante deberá disponer de un plan personalizado. Se incorporan las figuras del tutor dual del centro y el tutor dual de la empresa, que evaluarán los aprendizajes en sus respectivos espacios, aunque la evaluación final será responsabilidad del centro educativo.

Al mismo tiempo, las enseñanzas de Formación Profesional y las universitarias gozarán de un reconocimiento mutuo para establecer itinerarios formativos que convaliden la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas.

Al servicio de la ciudadanía. El proyecto de ley sienta también las bases de un sistema de orientación que acompañe el proceso de aprendizaje individual durante toda la vida. El objetivo es dar paso a una FP abierta a toda la población, que englobe la preparación para el acceso al mundo laboral, la formación profesional continua y la readaptación profesional.

En cuanto a los centros, las dos redes hasta ahora independientes (la del sistema educativo y la de centros y entidades de FP para el empleo), serán complementarias. Todos los centros deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios o en el Registro de Entidades de Formación Profesional.

Finalmente, de acuerdo con las indicaciones de la Unión Europea, se regula la participación en organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad del alumnado y el profesorado entre centros de distintos países.

Razones para una reforma legal de la Formación Profesional
  • La actual Ley de las Cualificaciones, aprobada en 2002, establece dos subsistemas de formación profesional, que serán sustituidos por un único sistema que abra a la ciudadanía, de cualquier edad y condición, oportunidades de formación acordes con sus expectativas y capacidades.
  • Corregir el déficit en los niveles de cualificación de la población española.
  • Mejorar la capacidad de absorción del mercado de trabajo en el horizonte de 2025 en adelante.
Población activa en España por nivel de formación

En Enero de 2021 había en España 704.000 personas en ERTE. De estas, 450.000 estaban en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

Desde que empezó la pandemia, esa  ha sido la evolución del gasto en prestaciones ERTE:

Cinco grados formativos

La nueva formación profesional establece cinco grados ascendentes para poder acreditar el nivel de conocimiento. Toda esta formación tendrá validez académica y profesional. *

  • Grado A: Acreditación parcial de competencias.
  • Grado B: Certificado de Competencia Profesional.
  • Grado C: Certificado Profesional.
  • Grado D: Ciclos Formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior).
  • Grado E: Cursos de especialización (título de especialista y máster profesional).

*Los actuales certificados de profesionalidad son titulaciones sin validez académica.

Los grupos parlamentarios opinan*

ALFREDO SANCHO GUARDIA

Grupo Parlamentario Socialista. Diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional

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“Una formación profesional en la vanguardia del progreso” 

La nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional supone la transformación y modernización de nuestro modelo de formación profesional actual. Surge como fruto del consenso entre empresarios, sindicatos, centros, docentes, expertos, organizaciones del tercer sector y el Gobierno.

Un sistema formativo integrado y ascendente a lo largo de la vida para estudiantes y trabajadores cuyo objetivo principal es situar a la formación profesional en la vanguardia del progreso y el desarrollo de nuestro país como elemento esencial para la transformación económica del mismo.

Un proyecto de ley para una formación profesional moderna y europea que busca ordenar, fortalecer y rediseñar una oferta formativa competitiva, flexible y adaptada a las necesidades del mercado laboral.

Una formación profesional que es ya el motor del cambio de nuestro modelo productivo y una apuesta estratégica de país.

ÓSCAR CLAVELL LÓPEZ

Grupo Parlamentario Popular. Diputado y portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional

@OscarClavell

“La ley de FP, tan necesaria como llena de incertidumbre”

Partimos de una base preocupante como es que España dobla la tasa de desempleo juvenil de la media de la UE o que contamos con un 20% de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudia ni trabaja. Al mismo tiempo, más de la mitad de las empresas españolas tienen dificultad para encontrar trabajadores con la formación adecuada a sus necesidades.

Ante esta situación es imprescindible el compromiso de desarrollar un nuevo modelo de formación profesional que se adapte a la realidad del mercado laboral y a las necesidades del tejido empresarial. Pero esta nueva ley, pendiente todavía de las incorporaciones o modificaciones durante su tramitación parlamentaria y de su posterior desarrollo, plantea dudas de calado. Se desconoce cuál será la función de los tutores de empresa, si será posible la absorción total por parte de las empresas del alumnado en prácticas o su seguridad jurídica y laboral, entre otras.

La intención del Partido Popular siempre ha sido dignificar la formación profesional y convertirla en una opción útil para la inserción laboral. Ese es el principal motivo por el que trabajaremos con espíritu constructivo para la mejora de una educación y formación profesional de calidad, en equidad y desde la libertad.

*Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

«Médicos ingenieros e ingenieros médicos», por Esther Esteban

LA @

 
ESTHER ESTEBAN, periodista
 


Médicos ingenieros e ingenieros médicos

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estherestebanh

Mi sobrina Eva Esteban Velasco, ingeniera de telecomunicaciones, -que estudió su Carrera primero en el Reino Unido en la Universidad de Surrey y luego en Nueva York en la Universidad de Cornell- tuvo muy claro desde el principio que su especialidad sería la aplicación de su carrera a la medicina y la salud. Hizo sus prácticas en General Electric, donde trabajó en varios software para aparatos de electromedicina, y en concreto diseñaba programas de ordenador para detectar automáticamente diagnósticos a partir de radiografías del cerebro.

Ella se especializó en las personas con Alzheimer, porque su abuela Carmen padece esa enfermedad y quería averiguar el desarrollo que pueda tener la maldita dolencia a través de algoritmos. También en la misma empresa utilizó realidad virtual para hacer una aplicación de cara a enseñar a estudiantes de medicina, cosa que ahora ya hacen muchas compañías.

Como trabajo fin de máster, hace apenas dos años, Eva nos sorprendió a todos diseñando una especie de casco con sensores que captaban las señales cerebrales y, con ellas conectadas a un programa de un ordenador, solo con el pensamiento podía hacer pequeñas acciones. Su idea final era conseguir, por ejemplo, que los parapléjicos pudieran manejar una silla de ruedas solo con pensar en hacerlo, dando órdenes a la silla a través del casco y las señales cerebrales. Como es lógico ella lo hizo de manera rudimentaria: compró unas piezas de un juguete que se vendían para la realidad virtual y cuando consiguió mover pequeñas cosas solo pensando en hacerlo, a mí me pareció algo increíble, mágico. Me dejó impresionada porque nos hizo visualizar, de repente, una realidad que ya intuíamos, que nos situaba en un futuro esperanzador y sobre lo que muchos investigadores de todas las especialidades llevan avanzando hace años.

 

A nadie se le escapa que en el futuro, o mejor dicho casi ya en el presente, el sector sanitario será “inteligente”. El avance digital, ya imparable en todo el mundo, ha obligado a las facultades de Medicina en España a incluir una pincelada de tecnología puntera: desde la robótica hasta la impresión en 3D, pasando por el uso de la realidad virtual y la telemedicina.

 

A partir de ahora el reto es formar a los médicos y sanitarios del futuro para que, con la ayuda de las tecnologías digitales, puedan mejorar nuestra salud y calidad de vida en temas tan variopintos como la diabetes, el Alzheimer, el envejecimiento de la población, los problemas de salud mental y un larguísimo etcétera que incluye prácticamente todo lo referido al cuerpo humano. El campo es amplísimo porque es muy probable que cualquier desarrollo e innovación tecnológica con potencial aplicación en el ámbito clínico pueda ser adaptada.

En los próximos años los estudiantes de medicina y de todo el sector sanitario serán formados en el conocimiento de aparatos conectados a los humanos (internet de las cosas), el uso de análisis de información, tanto para la gestión hospitalaria como para la investigación (big data) y la inteligencia artificial (el uso de algoritmos que ayuden a tomar decisiones sobre algún diagnóstico, por ejemplo). Así lo ha advertido el informe El futuro de los trabajos, publicado por el Foro Económico Mundial, que es una excelente plataforma de divulgación.

 

Otro de los avances significativos de la medicina del futuro será sin duda el desarrollo de implantes biónicos. A través de la nanotecnología y la tecnología microscópica, el cuerpo humano podrá ser monitoreado en todo momento para medir sus funciones con el fin de estar más alerta frente a posibles situaciones de riesgo.

De hecho mi sobrina -que fue contratada por la empresa americana OpenBCI, precisamente por su proyecto fin de máster- trabaja ahora en un sistema muy sofisticado para dar órdenes con el pensamiento. Ellos fabrican un producto de nombre Galea: desarrollan el software , los sensores y todo lo necesario para instalarlo bien en un casco, bien en unas gafas de realidad virtual, y manejarlo como si fueran los controles. Galea es un sistema integrado con realidad virtual o realidad aumentada que incorpora sensores para leer actividad cerebral, ocular, muscular, cardiaca, y de la sudoración de la piel. Esta empresa, de hecho, ofrece gratuitamente el software para que las universidades, los hospitales, o los médicos puedan utilizarlo.

En España ese software se está empleando para desarrollar aplicaciones de ayuda a los parapléjicos, mover un exoesqueleto, una máquina, o por ejemplo, con el movimiento de los ojos apuntar a una pantalla de un ordenador. Estos ingenieros y estas empresas son por decirlo de alguna manera, los facilitadores, es decir, no hacen proyectos de medicina ni de salud directamente, sino que fabrican los instrumentos que permiten manejar distintos aparatos con las ondas cerebrales.

Se ha dicho y es cierto que la medicina y los avances tecnológicos suelen ir de la mano, lo que ha permitido transformar estos sectores a través de la Inteligencia Artificial, Big Data o Internet de las cosas. Cada vez con más frecuencia veremos a ingenieros dando clases en la Universidad de Medicina y, de hecho, este campo abre muchas y muy amplias posibilidades laborales a medio y largo plazo. Sin duda habrá médicos que sean ingenieros e ingenieros que sean médicos, dos disciplinas que antaño hubieran tenido un maridaje imposible.

Otra derivada muy interesante es cómo se utiliza la realidad virtual para ayudar a ver zonas del cuerpo humano que, de otro modo, sería imposible observar si no fuera a través de una disección. Los alumnos de medicina pueden estudiar y practicar con detalles muy minuciosos cualquier zona del cuerpo humano y crear escenarios casi reales en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, lo cual de cara a la formación ya es algo fundamental. Sea como fuere la realidad es que el sector sanitario no solo será en un futuro plenamente digital: es que ya lo es. El futuro ya está aquí.

"Robots para huir de la soledad"

«El envejecimiento: ¿problema demográfico o fiscal?», por José Ramón Patterson

ÁMBITO EUROPEO

 
JOSÉ RAMÓN PATTERSON

periodista

 

El envejecimiento: ¿problema demográfico o fiscal?

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@joseramonpatter

José Ramón Patterson

A la Comisión Europea le preocupa el envejecimiento de la población en la UE, que cada año es más acusado. Nacen menos niños mientras aumenta la esperanza de vida, que en el último medio siglo ha ganado otros diez años. El problema es grave, dicen los agoreros, porque una sociedad donde muere más gente de la que nace y se incrementa el número de ancianos está abocada a sufrir contratiempos socioeconómicos de envergadura. Si no se adoptan medidas -pronostican-, la población activa disminuirá paulatinamente al tiempo que los Estados se verán obligados a desviar más recursos a pensiones públicas y a la atención a los mayores.

Ciertamente, urge una solución para evitar, o al menos mitigar, las consecuencias del “suicidio demográfico”. Pero creo que, en esto como en todo, más apremiante que aplicar medidas aparentemente obvias para revertir la situación es determinar la naturaleza del asunto; esto es, hacer un diagnóstico objetivo de la situación y analizar sin prejuicios ni orejeras ideológicas por qué se ha producido. Si no, es bastante probable que sobre la base de impresiones falsas se planteen remedios tan evidentes como engañosos. Pienso, en concreto, en el fomento de la natalidad, para muchos la panacea contra este mal.

Un error común es considerar el aumento de la esperanza de vida como un fracaso cuando, parafraseando a la politóloga Margarita León, es “la historia de un éxito”. En efecto, vivimos cada vez más, pero lo hacemos de manera más saludable y activa que nuestros antepasados. Según la Comisión, en el próximo medio siglo los mayores de 65 años serán el 30% de la población y se duplicará el número de octogenarios. Ahora bien, es evidente que la condición física de quienes llegan a la edad de jubilación y de los ancianos no es la misma que la de sus padres y que la de sus hijos será aún mejor y, por lo tanto, requerirán menos atenciones.

Otra equivocación habitual es considerar aciago el descenso de la natalidad sin reparar en sus causas, como son la dificultad de los jóvenes para independizarse (inestabilidad laboral, alquileres prohibitivos) y, sobre todo, la emancipación de las mujeres, que según han ido ganando derechos y logrando ser autosuficientes tienen otros objetivos vitales además de procrear. Tener hijos es una opción, no una obligación, y son muchas las mujeres que eligen no tenerlos, ya sea porque no sienten la necesidad o, aunque lo deseen, porque la maternidad, lamentablemente, limitaría su promoción laboral.

Con este panorama en mente, la Comisión Europea presentó a principios de año un libro verde sobre el envejecimiento con la pretensión de abrir un debate al que hiciesen aportaciones los Estados miembros, incluidas las administraciones regionales y locales, organizaciones interesadas y ciudadanos particulares. Es un procedimiento al que, en aras de la “participación”, recurre el Ejecutivo comunitario cuando no sabe qué hay que hacer, como ocurrió en 2018 con la consulta sobre el cambio de hora (el 84% de los participantes se mostró partidario de acabar con el cambio dos veces al año, y en ello seguimos).

Más allá de saber que me queda por delante menos tiempo del que he dejado atrás, a mí, sinceramente, me preocupa poco cumplir años. Al menos, de momento. He llegado a la jubilación en plenitud de facultades y mi salud habría sido la envidia de mis progenitores cuando tenían veinte años menos que yo ahora. Lo que me intranquiliza, y supongo que también a la Comisión, es que a medio plazo el Estado no tenga recursos suficientes para garantizarme una pensión que me permita vivir con cierta decencia. Y evitarlo exige revertir la alarmante disminución de la población en edad laboral para no sobrecargar con cotizaciones más elevadas a las generaciones más jóvenes.

Es obvio que no hay una única solución y que las que se apliquen no tendrán un efecto inmediato. Lo primero es reducir la precariedad para que los jóvenes se independicen antes y favorecer, al mismo tiempo, la entrada de más personas en el mercado laboral. La escasez de trabajadores se puede resolver, si bien sólo en parte, promoviendo políticas de igualdad para que las mujeres concilien mejor el trabajo y la vida privada, mejorando el acceso de las personas con discapacidad (sólo del 34% de las que viven en España son activas), retrasando la edad de jubilación o acortando los ciclos educativos para adelantar la incorporación al mercado. Pero, como digo, son soluciones parciales porque el declive demográfico es de tal magnitud que no se remediará en, al menos, dos o tres generaciones.

Así que, a falta de otras recetas que yo no soy capaz siquiera a vislumbrar, la Unión Europea está abocada a medio plazo a recurrir a la inmigración para compensar la escasez de mano de obra nativa. En España, de hecho, el incremento de la población activa en los últimos años se ha debido esencialmente a ciudadanos extranjeros, que también han contribuido a aumentar la tasa de actividad femenina. El reto es integrarlos bien y de forma ordenada en el mercado laboral. Y aunque no son la solución a largo plazo para el problema de las pensiones, nos dan un margen de maniobra suficiente para estudiar fórmulas que garanticen la estabilidad del sistema. Cuanto antes lo entendamos, mucho mejor.

"Una divisa digital al servicio de las personas"

Impulso a los emprendedores

ENTRE MAGNITUDES

Impulso a los emprendedores

Los más jóvenes están siendo los claros damnificados de esta nueva crisis, emergida cuando apenas se habían apagado los rescoldos de la anterior. Una generación que tiene que lidiar con una tasa de paro para los menores de 25 años del 39,9%, la más alta de la Unión Europea y casi el doble de su tasa media. Ante su precaria situación, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y aprobó, a finales de junio, un paquete de medidas de apoyo para los autónomos y jóvenes emprendedores por un importe total de 98,5 millones de euros. La financiación se puede solicitar a lo largo de 2021.

FERNANDO GEIJO

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Fernando Geijo

La incapacidad de España para cerrar, o al menos tratar de estrechar, la distancia que nos separa de nuestros socios europeos en términos de desempleo es una pertinaz característica de nuestra economía. Muchos jóvenes se ven, en ocasiones, forzados a optar por la vía de Barajas como la única solución para salir adelante en la vida. Esta situación desemboca en una permanente hemorragia, en términos de pérdida de talento, que ninguna sociedad del denominado primer mundo puede permitirse a largo plazo.

Ante ello, el Gobierno ha dado un paso al frente al tomar cartas en este asunto, consciente de la situación de emergencia por la que atraviesa el segmento de la población llamado a liderar el futuro de nuestro país.

En este sentido, a finales del pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó el lanzamiento de tres líneas de crédito dotadas por un importe total de 98,5 millones de euros. Un auténtico salvavidas pensado para apoyar la financiación tanto de las pymes creadas por autónomos como de los incipientes proyectos empresariales de jóvenes emprendedores. Estas líneas de apoyo son, de nuevo, gestionadas por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Todos para uno. Los tres grupos de programas de crédito aprobados por el ejecutivo se reparten entre la Línea Empresas de Base Tecnológica 2021, que dispone de un presupuesto de 20,5 millones de euros; la Línea Jóvenes Emprendedores 2021, con idéntica dotación financiera; y la Línea Pyme 2021, que más que dobla la media económica de sus homólogas al alcanzar un techo de gasto de hasta 57,5 millones de euros.

Los importes a conceder, siempre que las empresas aspirantes tengan su sede en territorio nacional, entre otras condiciones a cumplir, oscilan entre los 25.000 euros, mínimo común para las tres líneas de financiación, con un tope máximo que varía entre los 75.000 euros en el programa destinado a Jóvenes Emprendedores hasta los 1,5 millones de euros en el caso del relativo a las pymes, pasando por los 300.000 euros para las microempresas enfocadas en la tecnología.

Asimismo, el vencimiento máximo de los préstamos se sitúa en los siete años, en las líneas de apoyo a jóvenes emprendedores para el desarrollo de startups y pymes, quedando el plazo en los nueve años en el supuesto de la destinada a impulsar el crecimiento de compañías mediante la expansión o mejora de su negocio, al tiempo que se fija la carencia máxima de los mismos en cinco años, para las dos primeras, y en los siete años para la última línea.

En palabras de la titular del departamento de Industria, Reyes Maroto, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a quienes emprenden en España “es un objetivo prioritario” con interés en conseguir “la recuperación y la transformación de nuestro modelo económico” en esta aún titubeante etapa post-Covid que apenas comenzamos a explorar.

¿No hay futuro? Este auténtico maná en forma de ayuda financiera mediante la concesión de créditos participativos abre un panorama de oportunidades para cientos de microempresas y pymes que servirá para impulsar su actividad con el objetivo de dotarse de la necesaria fortaleza financiera de cara a acometer proyectos de internacionalización o a incluir procesos innovadores, entre otros aspectos disruptivos. Sin duda, este es el auténtico leitmotiv que impregna de forma transversal la presentación de cualquier proyecto que aspire a la obtención efectiva de fondos.

En cualquier caso, herramientas similares ya se pusieron en marcha en el pasado para este mismo colectivo emprendedor con un indudable éxito. De hecho, su andadura data de hace más de dos décadas, en el caso de la línea de apoyo más longeva, en las que ENISA ha repartido unos 1.100 millones de euros mediante la concesión de más de 7.000 préstamos invertidos en alrededor de 6.300 empresas.

En concreto, en el pasado ejercicio las operaciones aprobadas en el marco de estas líneas de financiación por este organismo dependiente de Industria ascendieron a un total de 506, lo que supuso un aumento del 11% con respecto a 2019, y la inversión de 83 millones de euros.

Divino tesoro. Las opciones de financiación se pueden solicitar a lo largo de 2021, comprendiendo tanto partidas ejecutadas desde el 1 de julio de 2020 como aquellas que se ejecuten hasta dos años después de la fecha de formalización de la financiación.

Una vez registrada la empresa y formalizada la solicitud, mediante la efectiva cumplimentación de los formularios ad hoc relativos al plan de negocio de cada proyecto aspirante y tras la aportación de la documentación obligatoria y complementaria solicitada, a través del ‘portal del cliente’ en la página web de ENISA (www.enisa.es), se inicia el proceso de admisión y análisis de cada proyecto, cuya decisión final será comunicada al interesado en cuestión.

El apoyo al tejido empresarial siempre es un factor beneficioso a la hora de crear oportunidades laborales, máxime para los jóvenes, además de constituir la senda adecuada de cara a tratar de cambiar nuestro vulnerable modelo productivo hacia una economía más basada en la innovación y la tecnología. Y para muestras, los botones de empresas tan conocidas como Pastoret, Holaluz, Privalia, Scalpers, Glovo o Cooltra, por citar sólo algunos ejemplos, a las que ENISA ya prestó su apoyo en el pasado.

Requisitos

Las tres líneas de financiación cuentan con unos elementos comunes a la hora de solicitar las respectivas ayudas, que se centran en:

  • Ajustarse a la definición comunitaria de pyme (menos de 250 empleados y de 50 millones de facturación).
  • Tener personalidad jurídica propia.
  • Haber constituido el negocio en los últimos 24 meses previos a la solicitud.
  • Contar con domicilio fiscal en España.
  • Demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto.
  • Depositar las cuentas en el Registro Mercantil.
  • No pertenecer al sector financiero ni al inmobiliario.

En cuanto a las especificidades de cada línea de crédito, en el caso de la destinada a Jóvenes Emprendedores se solicita, asimismo, que el modelo de negocio en cuestión sea novedoso y disponga de evidentes ventajas competitivas. Por su parte, las otras dos líneas aprobadas deben demostrar que su estructura financiera es equilibrada y contar con un equipo gestor profesional, mientras que para las ayudas superiores a los 300.000 euros se solicita, además, tener auditados los estados contables del último ejercicio.

Ojo al dato

Líneas de Financiación de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ver más

Guía de solicitud de préstamos de ENISA.

Ver más
Vida más allá de Enisa

Con independencia del sector público, existen otros cauces de financiación para pymes y emprendedores que evitan pasar por la convencional ventanilla bancaria a la hora de solicitar un préstamo. Entidades como Gedeco disponen de una amplia oferta de servicios que van desde el factoring hasta el renting de activos, pasando por el confirming y otras opciones, como el descuento de pagarés, aunque siempre adaptadas a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas en el medio y largo plazo.

Asimismo, hay otras formas de obtener dinero para un incipiente negocio encuadradas en los conceptos de crowdlending o crowdfounding, además de las opciones que supone las alternativas del business angels o el venture capital, entre otras.

¿Hacia un nuevo contrato social?

ENTRE MAGNITUDES

¿Hacia un nuevo contrato social?

La necesidad de flexibilizar el encorsetado mercado laboral es una evidencia que se antoja cada vez más imperiosa. Con uno de los índices de paro juvenil más altos del mundo civilizado, esta reforma se torna, incluso, perentoria. Si, además, la medida se aborda al mismo tiempo que la procrastinada problemática que entraña la sostenibilidad del sistema de pensiones, la jugada se antoja redonda. Al menos así lo indica el Banco de España al proponer, una vez más, la implantación en nuestro país del sistema conocido como la ‘mochila austríaca’. Un modelo que implica reformular la regulación actual de la indemnización por despido pero que, de momento, sigue sin contar con el consenso necesario de los grupos políticos, los representantes sindicales ni siquiera de las organizaciones empresariales. Por consiguiente, parece que, al menos de momento, la constitución de un nuevo estatuto de los trabajadores acorde al siglo XXI tendrá que esperar a otra ocasión más propicia.

FERNANDO GEIJO

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Fernando Geijo

La reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones son, sin duda, dos de las cuestiones más peliagudas a las que desde hace décadas se enfrenta la sociedad española.

La tasa de desempleo entre los más jóvenes, cercana al 40% entre los menores de 25 años (el doble que la media de la eurozona), está teniendo graves efectos en la economía. La caída en picado de la tasa de natalidad y la dilación en la emancipación son sólo algunos de ellos, además del consabido deterioro de su capacidad de consumo. Además, esta situación estructural dejará secuelas a la larga relacionadas con la demora en la toma de decisiones de los proyectos de vida de toda una generación de españoles. Si a esto se une la imparable tendencia, coronavirus aparte, al alargamiento de la esperanza de vida de los ciudadanos, el resultado es un cóctel que, más pronto que tarde, explotará con evidentes consecuencias en la salud, entre otros, del sistema público de pensiones.

La posibilidad de repensar el futuro del mercado laboral es, por tanto, una necesidad más que evidente en España. La dualidad del actual sistema, con trabajadores indefinidos blindados en función de su antigüedad y empleados temporales expuestos a la constante precariedad derivada de los vaivenes de la cuenta de resultados, reclama la toma de medidas.

Un país, dos sistemas. En su último Informe Anual, relativo al ejercicio 2020, el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’, propuesta que ya incluyó en la reforma laboral planteada por el gobierno socialista en 2010. La diferencia es que, en esta ocasión, el Banco de España ha ido un paso más allá al cuantificar su implantación en alrededor de 9.000 millones de euros. Cantidad que sería financiada en su mayoría con cargo al esperado maná de los fondos europeos de reconstrucción.

La entidad plantea una suerte de sistema mixto con el establecimiento de un fondo de capitalización individual por empleado nutrido por los propios empresarios. A cambio, se rebajaría a alrededor de la mitad el coste por despido improcedente.

Una carga considerada actualmente elevada en el caso de los trabajadores indefinidos que cuentan con la suficiente antigüedad acumulada y que, a la postre, limita la movilidad laboral ante el temor a perder ese escudo protector que les blinda de las sucesivas crisis económicas.

El Banco de España ha puesto el dedo en la llaga a la hora de poner de relieve algunas de las principales deficiencias de nuestro mercado de trabajo, donde el grueso de los ajustes durante las recesiones recae una y otra vez sobre los colectivos de trabajadores más vulnerables. De hecho, las medidas de política fiscal adoptadas ante una crisis suelen provocar un mayor o menor deterioro de las cuentas públicas, que en el caso de España ya partían de una situación de elevada vulnerabilidad antes, incluso, de la llegada de la pandemia.

Ante este complicado panorama, la introducción de cuentas de ahorro de capitalización individual para afrontar las indemnizaciones por despido en España, es decir la adopción del modelo inspirado en la denominada ‘mochila austríaca’ podría ser una solución, aunque tiene, sin duda, sus luces y sus sombras. Prueba de ello es la falta de consenso para proceder a su implantación en los sucesivos intentos de puesta en marcha, que no han pasado del mero grado teórico y que ya fueron tumbados en el pasado, a pesar de las recomendaciones emitidas también desde la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

No sin mi “mochila”. La medida, como ocurrió en 2003 tras su implantación en el país que le da nombre, introduce flexibilidad y reduce la dualidad entre empleados fijos y eventuales, al tiempo que amplía la capacidad del trabajador para cambiar de empleo sin perder sus derechos laborales adquiridos.

La “mochila” acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, al depositar la empresa un porcentaje del salario del empleado, un 1,53% bruto en el caso austríaco, en un fondo de capitalización a su nombre. Ese dinero sirve de “colchón” para, en caso de despido, indemnizar al trabajador, al tiempo que puede ser transferido a otra empresa en caso de que éste decida cambiar de compañía.

Además, en el supuesto de no llegar a utilizarse el fondo a lo largo de la vida laboral, la “mochila” sirve de complemento para la jubilación, lo que no deja de ser una plausible solución ante la problemática que se avecina en torno al futuro sostenimiento del sistema público de pensiones.

La duda que planea sobre técnicos y expertos es si es aplicable o no el modelo austríaco en España. Para ello analizan cuestiones relacionadas con aspectos como la adecuada administración de esos fondos; la cuantía del salario bruto a destinar a la mochila; el posible fraude en el sistema o; incluso, si seguirá habiendo algún tipo de indemnización por despido una vez implantado.

Lo que parece indudable es que este sistema favorecería a los trabajadores con sueldos más altos. Sin embargo, y a pesar de su elevado coste inicial de implantación, también resultaría una oportunidad histórica gracias a la inminente llegada de los fondos europeos, ya que permitiría la implantación de una cultura del ahorro de cara al retiro, desincentivaría la economía sumergida, fomentaría la movilidad laboral y, por ende, recudiría los ocasionales períodos de desempleo, entre otros aspectos.

Las nuevas generaciones pueden aferrarse en sus legítimos reclamos a la célebre proclama de mayo del 68 francés, que preconizaba en feliz aforismo ‘la imaginación al poder’. En cualquier caso, lo que a todas luces parece inaplazable, y nunca antes había sido tan acuciante, es la necesidad de afrontar un verdadero cambio de mentalidad para abordar estos desafíos.

Cuestión de números

La implantación de un sistema similar al modelo austríaco podría suponer la supresión de obstáculos a la hora de ejecutar despidos, al apostar por la capacidad del empleado y no por el coste económico que entraña su desvinculación laboral.

Sin embargo, la tasa de temporalidad en España es muy elevada, en torno al 25% del total de ocupados, lo que sitúa al país en el tercer puesto por la cola entre los miembros de la OCDE. A pesar de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 meses de salario, a 20 días y 12 meses de sueldo (33 días y 24 meses en caso de contrato indefinido), nuestro país tiene el mayor coste de despido de la Unión Europea, con 15,2 semanas de media, sólo superado en la Unión Europea por Grecia (15,9), y en la OCDE por México (30 semanas), Chile, Israel y Corea del Sur (43,3 semanas).

Ojo al dato

Informe anual 2020, sobre la economía española. Banco de España, Servicio de Publicaciones.

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Introducción de las cuentas de ahorro individuales para la indemnización por despido en España: Una evaluación ex-ante de los efectos distributivos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El fondo de capitalización a la austríaca: costes y beneficios de su implantación en España. Colección Estudios Económicos (junio de 2011). Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

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Informe sobre ‘la mochila austríaca’, qué es y qué efectos tiene. Apuntes del Servicio de Estudios de la Confederación, Unión General de Trabajadores (UGT).

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En su último Informe Anual el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’

«La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena», por Fernando Fernández Méndez de Andés

ENTRE MAGNITUDES


FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS
IE Business School

 

 La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena

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La vicepresidenta Calviño ha declarado que no existe consenso social para aprobar la llamada mochila austríaca. Quiere decir que los sindicatos han ejercido el derecho de veto que les ha otorgado el presidente del gobierno sobre esta y cualquier otra reforma estructural que pueda aliviar el déficit crónico de empleo de la economía española. Abandonemos pues cualquier esperanza de que el tantas veces publicitado Plan de Recuperación y Resiliencia sea algo más que un nuevo Plan E III, por mucho adjetivo moderno (léase sostenible, inclusivo, diverso) y mucha perspectiva de género que pueblen sus páginas.

La mochila austríaca es sencillamente un instrumento inteligente para limitar la dualidad del mercado de trabajo español. Esa que divide a los trabajadores por su fecha de nacimiento entre indefinidos y temporales, entre protegidos y abandonados a su suerte. Pero tiene un problema. Independiza al trabajador, le hace dueño de su destino, porque le hace propietario de un fondo de ahorro para hacer frente a la esperada volatilidad de su vida laboral. Me explico, la mochila austriaca es una cuenta de ahorro forzoso que trabajador y empresa constituirían mensualmente y de la que el trabajador podía disponer libremente en dos situaciones: si está en desempleo o en el momento de la jubilación. El dinero es suyo, sin discusión ni intervención judicial.

La mochila austríaca permitiría al trabajador reducir la incertidumbre sobre la disminución de su renta disponible asociada al despido y aliviaría los problemas de liquidez de las empresas que en momentos de recesión agravan la caída del empleo. El trabajador podría financiar un cambio voluntario de empleo, lo que es especialmente positivo en un momento en que la digitalización y la globalización están convirtiendo en obsoletos muchos hoy “buenos empleos” y en el que existe un amplio consenso en que la economía española necesita un cambio profundo en su estructura productiva. Desde el punto de vista del empresario, permitiría ajustar plantillas en función de la productividad y de la demanda esperada de las distintas cualificaciones profesionales, y no solo desde la antigüedad y el coste del despido. Se podría además acabar con la picaresca de los despidos pactados para poder cobrar la actual indemnización por despido y abaratar la factura del desempleo, contribuyendo a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social.

La movilidad laboral es una asignatura pendiente, necesaria en la modernización de la economía española. La mochila austríaca es un conocido instrumento de política social, de eficacia probada, que permitiría aumentar la movilidad a la vez que se fomenta la contratación indefinida, se reduce la dualidad y se mejoran los incentivos a la formación interna en las empresas. Si el empresario pudiera elegir a quién despedir en caso de necesidad, en vez de verse restringido por el coste, estaría más dispuesto a invertir en la formación de los mejores. Si el trabajador sabe que es propietario de una cuenta de ahorro personal para cubrir el desempleo, le tendría menos miedo, pero también optimizaría el tiempo de permanencia en el desempleo para poder usar el remanente cuando se jubile. Los economistas sabemos por la evidencia que los parados españoles solo empiezan a buscar en serio trabajo cuando se está agotando su seguro de desempleo, pero también que la probabilidad de encontrar un trabajo disminuye drásticamente con el tiempo de permanencia en paro.

Como en toda nueva política, son muchos los detalles técnicos que habría que definir con precisión para evitar que este instrumento se convierta en inútil o en redundante. Obviamente no es este pequeño artículo el sitio para ello, pero sí quiero resaltar que no partimos de la nada. La mochila austríaca lleva más de diez años en la lista de reformas estructurales pendientes y son muchos los buenos economistas españoles, en el sector público y en el privado, que han hecho aportaciones muy interesantes y bien conocidas. El propio Banco de España habla de que una adecuada implantación podría costarnos unos 10.000 millones de euros de los que la Unión Europea podría financiar hasta 8.000 millones. No costaría más de una semana poner de acuerdo a un grupo de expertos de un amplio abanico ideológico.

Sin embargo, la mochila austríaca ni está ni se la espera. Es inaceptable para los sindicatos, y en cierto sentido también para el sindicato de empresarios, porque reduce drásticamente su poder de negociación. Ellos se benefician de la incertidumbre en los costes del despido. Por la misma razón que se oponen a los convenios de empresa y defienden la ultraactividad de los convenios. Porque necesitan un mercado de trabajo intervenido, donde las leyes les otorguen un poder institucional que no tienen y que la nueva economía solo puede erosionar aún más. ¿Y el gobierno, por qué no aprovecha esta oportunidad para corregir un problema estructural del mercado de trabajo español? Permítanme que les deje con esta pregunta y que añada una más política: ¿qué se puede esperar de un gobierno que abjura de la meritocracia porque no garantiza la inclusión y la diversidad?

"La economía sumergida como excusa"

«Robots para huir de la soledad», por Esther Esteban

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ESTHER ESTEBAN, periodista



Robots para huir de la soledad

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estherestebanh

Hace 20 años Steven Spielberg adaptó al cine uno de los grandes proyectos en los que Stanley Kubrick y el escritor de ciencia ficción Ian Watson habían trabajado años atrás. De ahí nació Inteligencia Artificial, que junto a Encuentros en la tercera fase es, sin duda, una de las películas de ciencia ficción más conocidas del director. El argumento de la misma gira en torno a un niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo y cuando éste se recupera el robot es abandonado. Spielberg, con esta película, reflexionaba sobre los límites entre la inteligencia artificial y las emociones, y como ocurre en tantas otras cosas, la realidad, dos décadas después, supera a la ficción. De hecho, muchos expertos auguran que las personas que hoy tienen 50 años serán cuidados por un asistente cibernético capaz, no solo de ejecutar las órdenes que reciban, sino de interactuar, e incluso, de tomar decisiones.

La robótica enfocada a combatir la soledad ya es un hecho. Así, un estudio reciente sobre el tema ha demostrado que los mayores que han interactuado durante dos semanas con Pepper —un robot humanoide que genera emociones de forma artificial — han mejorado su salud mental y reducido su sensación de soledad. Si tenemos en cuenta que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas con más de 60 años pasarán de los 900 millones – que había en 2015 – hasta los 2.000 millones que puede haber en 2050, la pregunta es si los robots vendrán a solucionar una de las peores pandemias que sufre actualmente la humanidad: la soledad de una población cada vez más envejecida.

«Si hoy tienes 50 o 60 años, cuando seas un anciano y lo necesites, te va a cuidar un robot». Así de rotundo se pronunciaba en la revista Uppers Javier González, catedrático de Robótica de la Universidad de Málaga. ¿Podrá un robot sustituir a una persona? Es la, pregunta que muchos se hacen y, por lo que respecta a los cuidados, lo cierto es que estamos a un paso de que el robot no sea solo un cuidador en casa que nos recuerde la, medicación, programe los electrodomésticos o pueda llamar a emergencia, sino de tener robots empáticos, programados para aprender a satisfacer tus necesidades no sólo físicas, sino también emocionales.

Tengo una amiga ya jubilada que vive sola. Su hija decidió regalarle en Navidad un altavoz inteligente y desde entonces Lola ha encontrado una compañera de piso ideal. Le da los buenos días, le pregunta los datos meteorológicos y ha buscado la forma de tener una cháchara permanente de lo más variada: desde ponerle la música que desea escuchar, a consultar recetas de cocina o buscar rutas de paseo seguras durante la pandemia en su ciudad. En poco tiempo todos esos servicios se los dará un robot que, incluso, podrá tener el aspecto físico de un hijo o un familiar cercano que le haga tener una mayor empatía con la persona.

Cada día que pasa los avances en este campo son mayores. Por citar un ejemplo cercano, el Grupo Saltó, ubicado en Lleida, consiguió el año pasado año poner en marcha una prueba piloto con su robot asistencial ARI. «Es un robot que tiene movilidad y acompaña a las personas mayores», explicaba a Uppers Ana Aragonés, una de las responsables del proyecto. «Puede ponerte en contacto con quien tú quieras, y hace recordatorios de manera automática para que la persona a la que atiende no se olvide de comer, hacer ejercicio, o tomar sus medicinas”.

Hemos pasado tiempos durísimos, pero curiosamente, uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que los mayores, muy recelosos con las nuevas tecnologías, se han familiarizado con algunas, y ese es un terreno abonado de cara al futuro cuando, inevitablemente, tengamos a robots como compañía.

Sea como fuere está claro que las relaciones sociales son fundamentales para mantenernos sanos tanto física como mentalmente. Sabemos que la soledad mata y no solo a los animales sino a los humanos, y está comprobado que nuestro cerebro necesita de otros para desarrollarse durante la infancia y también para mantenerse sano durante el resto de las etapas de nuestra vida.

Si de muestra vale un botón un caso muy conocido fue el de Sarah Shoud, una montañera que estaba escalando en Irak cuando fue capturada por el ejército. Fue acusada de espionaje y la encerraron en una prisión de Teherán en régimen de total aislamiento. Cuando fue liberada contó que perdió la cabeza: escuchaba pasos de fantasmas y las últimas semanas las paso en cuclillas a cuatro patas escuchando por una pequeña rendija de su celda. Su recuperación fue larga y compleja.

Todos los expertos señalan que si los ancianos están solos su salud se deteriora mucho más rápidamente. De ahí que plantear la posibilidad de que sean robots los que faciliten compañía ya no es un futurible sino algo real y más pronto que tarde será algo cotidiano.

Evidentemente nunca será lo mismo un humanoide que un humano. pero si una máquina avanzada es capaz de comunicarse, dar terapia o proporcionar estimulación social, incluso en situaciones complicadas como ha sido esta pandemia, será una ayuda estimable y una salida cuyo potencial hay que aprovechar.

Los datos están ahí y en España hay cerca de millón y medio de dependientes, de los cuales el 80% son mayores. Se calcula que en 2050 la población octogenaria superará los 4 millones y una gran parte va a requerir cuidados. Además, dado el fracaso del modelo asistencial de residencias que hemos vivido durante el COVID muy probablemente una mayoría querrá que les atiendan en su casa y los robots son parte de la solución. No hace falta buscar demasiadas estadísticas para encontrar datos escalofriantes: las personas de más de 80 años duplican la tasa media por franja de edad de los suicidios en nuestro país, y la soledad es el origen de la mayoría de estos casos.

¡Bienvenidos sean los robots si ayudan a que esas cifras de la vergüenza disminuyan!

"Bodas de pandemia y mascarilla"

Nueva tregua para salvar el empleo

DEBATE PARLAMENTARIO

Nueva tregua para salvar el empleo

A finales de enero se aprobaron mediante Real Decreto-ley nuevas medidas para proteger el empleo, que incluyeron la prórroga hasta el 31 de mayo de los ERTE basados en causas relacionadas con la pandemia. Ahora el Parlamento tramita con carácter de urgencia el correspondiente proyecto de ley, que pretende dar un respiro a los sectores más afectados por la compleja coyuntura que vivimos.

ELVIRA ARROYO
 

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El proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (procedente del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero) es el resultado del cuarto Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado desde que empezó la pandemia, con el objetivo de proteger a las empresas y trabajadores hasta que la actividad económica recupere la ansiada normalidad.

Una de las decisiones más relevantes ha sido la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, manteniendo las mismas ventajas para aquellas empresas que vean impedida o limitada su actividad debido a las restricciones. Además, se han simplificado los trámites, por lo que ahora estas empresas ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro, ni para acceder a las exenciones que les correspondan. Basta con que remitan una comunicación a la autoridad laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Tipologías. Los denominados sectores ultraprotegidos (en su mayoría actividades relacionadas con el transporte, el comercio, la hostelería, el turismo y el ocio) son parte de los principales beneficiarios de estos ERTE. En diciembre se sumaron a este grupo tres actividades: campings y aparcamiento de caravanas; alquiler de medios de navegación y actividad de mantenimiento físico. A la vez, salieron de la lista la fabricación de alfombras, el estirado en frío y la fabricación de instrumentos musicales. Estos sectores tienen unas exoneraciones del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen 50 o más, tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 

Por otro lado, las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones administrativas para luchar contra la pandemia, pueden solicitar un ERTE de impedimento. Estas sociedades están exentas de sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el tiempo de cierre y hasta el 31 de mayo si tienen menos de 50 trabajadores. Las compañías con más de 50 empleados estarán exentas al 100% durante el cierre y al 90% hasta el 31 de mayo.

Asimismo, las entidades que vean limitado el desarrollo de su actividad en sus centros de trabajo debido a las decisiones adoptadas por las autoridades, podrán acogerse a un ERTE por limitaciones. En este caso, las exoneraciones son decrecientes hasta el 31 de mayo.

Al igual que se ha hecho con anterioridad, las empresas que se acojan a estas ayudas deberán mantener su plantilla durante un nuevo periodo de 6 meses.

En lo que se refiere a los jóvenes de entre 16 y 30 años, se han flexibilizado los requisitos para inscribirse en el programa Garantía Juvenil, una iniciativa europea que facilita ofertas de empleo o formativas a este grupo social. Actualmente, los jóvenes que se hayan visto afectados por un ERTE no deberán cumplir la exigencia de no haber trabajado o no haber recibido atención educativa el día natural anterior a la presentación de la solicitud.

Autónomos. Las ayudas a autónomos también se han ampliado hasta finales de mayo. Concretamente, los trabajadores que vean suspendida su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas, tienen derecho a una prestación del 50% de la base mínima de cotización, que se incrementa hasta el 70% si el autónomo es miembro de una familia numerosa. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria, la cuantía de cada una será del 40%. Durante el tiempo que permanezca cerrada la actividad, el trabajador no pagará las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como cotizado. 

También se ha prorrogado la prestación compatible con la actividad, que pueden solicitar aquellos autónomos cuyos ingresos en el primer semestre de 2021 caigan el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización.

A la vez, continúa vigente la prestación extraordinaria por bajos ingresos para quienes no cumplan los requisitos para acceder a las anteriores ayudas. Esta se destina a los trabajadores autónomos que sufran una pérdida de ingresos y que en el primer semestre de 2021 no superen los 6.650 euros. La cuantía es del 50% de la base mínima y es compatible con ingresos por cuenta ajena de 1,25 veces el salario mínimo interprofesional (SMI).

Otra de las novedades acordadas es la suspensión temporal de la subida de los tipos de contingencias profesionales y de cese (del 0,3%) que iba a aplicarse en 2021.

Alquiler de vivienda. El texto legal contempla también la ampliación hasta el final del actual estado de alarma (previsto para el 9 de mayo de 2021) de la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. El objetivo es cubrir determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse.

Igualmente, se amplían hasta esa misma fecha los contratos que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses de los alquileres de vivienda, en las mismas condiciones del contrato firmado, siempre que no se haya llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no haya comunicado la necesidad de la vivienda para él.

Las cifras de los ERTE

En enero de 2021 había en España 704.000 personas en ERTE. De estas, 450.000 estaban en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social. 

Desde que empezó la pandemia, esta ha sido la evolución del gasto en prestaciones ERTE:

Se han simplificado los trámites para las empresas, que ya no tienen que gestionar un nuevo expediente para pasar de un ERTE a otro

Continuidad de Plan Mecuida

Otra medida extendida hasta el 31 de mayo es el Plan MECUIDA, que permite a los trabajadores por cuenta ajena la posibilidad de reorganizar o reducir su jornada laboral para cuidar al cónyuge o pareja de hecho, hijos, padres y familiares por consanguinidad de hasta segundo grado cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia. 

El trabajador puede acogerse a este programa en estos casos:

  • Cuando deba atender a alguno de los familiares indicados por razones de edad, discapacidad o enfermedad como consecuencia del Covid-19.
  • Cuando las autoridades determinen el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que proporcionen cuidado o atención a un familiar.
  • Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado de ese familiar no pueda seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el Covid-19.

La adaptación de la jornada no implica pérdida salarial porque se siguen trabajando las mismas horas. La reducción de jornada supone perder ingresos en proporción a las horas recortadas.

Para saber más

Sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  Acceso a servicios de prestaciones y empleo. Tiene un apartado específico de medidas Covid-19.

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Empléate. Bolsa de trabajo del Gobierno de España con ofertas de empleo público y privado.

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Nuevas medidas del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo. Preguntas frecuentes. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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Artistas en espectáculos públicos

En mayo de 2020 se concedió, con carácter excepcional y transitorio, la prestación económica por desempleo a los artistas en espectáculos públicos que no pudieran continuar su trabajo por las restricciones sanitarias. De este modo, se daba cobertura a un colectivo que, debido a la intermitencia que caracteriza a su actividad, con frecuencia no reúne los requisitos para percibir dicha prestación.

Esta concesión, en principio prevista hasta finales de 2020, se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2021.

No podrán recibir esta ayuda los artistas que desempeñen cualquier actividad por cuenta propia o ajena, o que reciban otras rentas concedidas por la Administración Pública.

Entrevista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social

CON SELLO PERSONAL

Yolanda Díaz

ministra de Trabajo y Economía Social

“Demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible”

Con seguridad nos encontramos ante uno de los periodos más complicados de la historia reciente en materia económica y, como consecuencia, para la salud de nuestro mercado de trabajo. Por eso parece más que oportuno conocer los planes del Gobierno en materia laboral y la visión de la ministra del ramo, Yolanda Díaz.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Lleva casi toda su vida vinculada al mundo del trabajo como miembro de una familia de sindicalistas, como abogada laboralista, como diputada del Parlamento Gallego y también como diputada nacional. ¿Cree que el cargo que actualmente desempeña está cambiando su visión sobre las relaciones laborales?
–Al contrario, creo que me ha reafirmado en unas convicciones que vienen, precisamente, de mi educación, de la realidad que he vivido en una ciudad como Ferrol, tan castigada por la reconversión industrial y el desempleo, y de mi ejercicio como abogada laboralista. El cargo que actualmente ocupo me ha hecho más consciente de todo ello y me reafirma en la necesidad de lograr unas relaciones laborales más justas en nuestro país. Como miembro de este Gobierno es, además, mi obligación y a ello me he comprometido.

–En comparación con nuestro entorno, ¿cuál es el estado de salud real de nuestro mercado de trabajo y cuáles son sus principales desajustes?
–El modelo productivo español se enfrenta, desde hace mucho tiempo, a dos grandes hándicaps para su pleno desarrollo: la temporalidad y la precariedad. Son elementos estructurales, difíciles de atajar, y suponen una anomalía en nuestro contexto europeo. Pero todo nuestro empeño, desde el diseño de unas nuevas políticas activas de empleo hasta nuestra apuesta por la Economía Social, se dirigen a acabar con ese lastre.

–Por tanto, el desempleo y la precariedad laboral parecen ser problemas endémicos de nuestro sistema. Pero, ¿en España se puede llegar al pleno empleo y que éste sea rentable y sostenible tanto para empresas como para la Administración pública?
–Frente al resignado tópico que nos dice que solo es posible crear empleo a través de la precariedad, hemos incrementado en un 35,75% las partidas para el rediseño de las Políticas Activas de Empleo. Hemos puesto el foco en los jóvenes y en las mujeres, porque son quienes, en mayor medida, sufren la precariedad y la temporalidad.

Los Presupuestos Generales del Estado son una expresión clara de esta voluntad y demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible.

–¿Cuáles son las líneas maestras de la próxima reforma laboral que su Gobierno pretende sacar adelante durante esta legislatura y qué se proponen abolir de la vigente?
–Debo ser prudente, porque este es un debate de gran calado, que se encuentra en el marco del Diálogo Social. La reforma laboral del Partido Popular, que se realizó sin debate ni consulta alguna, supuso un envite muy doloroso a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Muchas de las medidas que hemos adoptado desde nuestra llegada al Ministerio, como la implementación del trabajo a distancia, a través de una ley, o la derogación del despido por bajas médicas justificadas, sortean una reforma cuya derogación se contempla en nuestro acuerdo de Gobierno y se encontraba ya, antes de la irrupción de la pandemia, en la mesa de Diálogo Social.

–Precisamente entre los principales logros de su labor como ministra está esa mesa de diálogo entre Administración, organizaciones empresariales y sindicatos, además de los acuerdos alcanzados en los últimos meses. ¿Cuál es la clave para haber llegado a ellos?
–El diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos. No es un mantra, es nuestra manera de trabajar. De forma transversal, participativa, siempre en contacto con los agentes sociales y sus aportaciones. Son ya seis grandes acuerdos sociales, en aspectos tan relevantes como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sistema de cobertura de los ERTE y sus prórrogas o el teletrabajo. Y queremos que siga siendo así. Hay, además, una dinámica transversal que tiene que ver con la cultura feminista, que impregna las decisiones y modos de actuación de este Ministerio.

–¿Cree que el teletrabajo ha llegado realmente para quedarse o, por el contrario, cuando la pandemia desaparezca, una gran mayoría de las personas que ahora trabajan desde sus casas volverán a sus puestos laborales?
–Tengo muy claro que sí, que ha llegado para quedarse. Y por eso hemos abordado su regulación legal de forma pionera. La pandemia ha acelerado muchos procesos y, entre ellos, el del cambio profundo en la organización del trabajo, en los tiempos y compatibilidades de la jornada laboral con nuestras vidas. Por eso el Real Decreto (Real Decreto‐ley 29/2020) contempla asuntos tan importantes como el derecho a la desconexión. El trabajo a distancia se basa, en cualquier caso, en la premisa de la voluntariedad y se estructura en torno a un acuerdo entre las partes.

–En este sentido, usted que además es trabajadora y madre, ¿qué nos queda aún por hacer en materia de conciliación familiar y trabajo?
–El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que, tal como estamos haciendo, debe cifrarse en leyes y usos laborales. En ese debate, la conciliación es un elemento que debe dialogar con otros elementos, como la reducción de jornada, el control de horas extraordinarias o el derecho a la desconexión. Nuestro Ministerio tiene desde el principio un compromiso del uso del tiempo para una distribución cualitativa digna de los tiempos de vida y los tiempos de trabajo, y en ese marco siempre estudiamos todas las posibilidades. Es un debate indisociable de los cuidados que, como mujeres (porque sobre nosotras suelen recaer los cuidados) nos atañe especialmente.

‐Como ferrolana, tiene usted una gran vinculación con el mundo de la industria. ¿Hacia dónde cree que debería ir este sector en nuestro país? Por otro lado, ante la nueva “revolución industrial” que supone la digitalización 2.0, ¿considera que las empresas
y trabajadores españoles están preparados para ello?
–La reactivación económica debe estar vinculada a la transformación productiva, integrando el cambio del modelo energético, la modernización digital, la reindustrialización, al mismo tiempo que el reto demográfico o el gran desafío del Estado del Bienestar del siglo XXI, que es la sociedad de los cuidados. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato. Y desde nuestro Ministerio, por ejemplo, impulsaremos la transformación tecnológica del SEPE, en la que se invertirán más de 70 millones de euros.

–Para el desarrollo económico, para la creación de empleos, es necesaria la seguridad jurídica preventiva. ¿Cómo valora la labor que realizan los casi 3.000 notarios que tenemos repartidos por todo el país?
–La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan, reforzado por el hecho de que se trata de un cuerpo de profesionales muy cualificado. Su función asesora e informativa a la ciudadanía, de acercarla a sus derechos, también es importante. Lo hemos vivido en los últimos tiempos, por ejemplo, con relación a las cláusulas hipotecarias abusivas y la labor informativa que han desarrollado las notarías.

“La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan”

Huella digital

LA MINISTRA de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, era ya conocida en las redes sociales desde mucho antes de ocupar su puesto actual. En sus diferentes perfiles públicos, como Twitter (@Yolanda_Diaz_) y Facebook (facebook.com y yolanda.diazperez.5) publica tanto cuestiones relacionadas con su labor ministerial como opiniones y comunicados sobre la tarea de sus compañeros de Gobierno. Publicaciones que se complementan con los perfiles oficiales del Ministerio en esas mismas redes sociales, Twitter (@empleogob) y Facebook (Facebook.com/empleogob), y con la página web ministerial: www.mites.gob.es

Web Ministerio de Trabajo y Economía Social

“El plan de transformación, recuperación y resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato”

«Los datos, una revolución rural», por Carmelo Encinas

Carmelo Encinas

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Carmelo Encinas.
CARMELO ENCINAS, periodista
[email protected]
@CarmeloEnc

Los datos, una revolución rural

EN SU PUEBLO no hay cable y mucho menos fibra; allí solo pueden usar el internet móvil y limitado al 2G. Así explicó Alexei Dudoladov en su facultad la peculiar maniobra que realizaba cada día para poder bajarse el material docente y lograr unos cuantos minutos de clase. Estudiante de Ingeniería, este joven siberiano de 21 años se encarama diariamente a un abedul de 10 metros para captar la señal, descargarse los vídeos y seguir las clases por Zoom. Su tenacidad convierte ese árbol en una suerte de símbolo para los territorios apartados y el mundo rural sobre la necesidad de ser dotados de cobertura total y de una alta calidad en materia de conexión a internet y telefonía móvil.

España no es Siberia pero, a pesar de registrar una densidad media de población relativamente moderada, el 55% de nuestro territorio está escasamente poblado con densidades inferiores a 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

La llamada España vaciada no parecía ofrecer perspectiva alguna de futuro hasta que la pandemia introdujo una corriente a favor de la vida fuera de las ciudades. Son muchos los que, tras sentir el agobio del confinamiento en pisos o apartamentos y las limitaciones perimetrales urbanas, han vuelto los ojos hacia esos pueblos pequeños que languidecen y donde las casas y el suelo no valían casi nada. El prestigio emergente del mundo rural constituye una extraordinaria ventana de oportunidad para repoblar aquellos territorios abandonados y hacer de la necesidad virtud.

Hay otros vectores que empujan este deseable renacimiento de los pueblos proyectando un porvenir económico antes inimaginable. La creciente demanda de productos agrícolas junto a la imperiosa necesidad de proteger el medioambiente obliga a buscar ideas innovadoras que aprovechen la tecnología digital para introducir en el sector agrario los métodos más vanguardistas de producción, lo que operaría una auténtica revolución en el campo. Son herramientas que introducen el Big Data, para lo que resulta esencial la recolección de datos que permita realizar predicciones y asesorar con precisión a los productores sobre la materia prima con la que trabajan obteniendo información del mercado, el clima y los suelos. Técnicas que determinarán un cambio generacional atrayendo a la agricultura a gente más joven y preparada interesada en optimizar la producción de alimentos y en formas de explotación más sostenibles y ecológicas libres de elementos químicos y pesticidas. Es obvio que la introducción de estos nuevos instrumentos digitales tiene un coste más que considerable, pero su financiación encaja a la perfección en la filosofía de la Unión Europea para la concesión de fondos que estimulen la digitalización y el uso de energías verdes.

El relevo generacional en el ámbito rural se considera estratégico por el Gobierno de la nación cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, se declara convencido de que la producción de alimentos en España puede incrementarse de forma extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes pilares de nuestra economía y de generación de nuevas empresas y empleos de alta cualificación. Para ello el sector ha de buscar nuevos mercados fuera de la UE, sobre todo en China y Estados Unidos, sin dejar de ser la gran huerta de Europa.

En esa tarea también desempeñará un papel fundamental la agricultura digital. Una de las funciones de la Oficina del Dato, tal y como se recoge en la orden de creación del departamento que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en materia de Big Data, es precisamente la creación de espacios de intercambio de información entre ciudadano, empresas y la Administración, además de desarrollar un Centro de competencia de analítica avanzada. Teniendo a su disposición esos instrumentos, esa nueva agricultura podría operar en las mismas condiciones de competitividad que quienes trabajan desde las ciudades.

“Asistimos a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia.
Los datos encenderían una auténtica revolución rural”

Es obvio que nada de esto será posible de no avanzar de forma decisiva en la extensión del acceso a internet de banda ancha dotando de redes de fibra óptica hasta el último y más remoto rincón del país. Ello facilitará la práctica del “teletodo” en zonas inmensas de nuestra geografía hasta ahora yermas por ser incompatibles con las exigencias de los actuales modos de vida. El teletrabajo, la teledocencia, la telemedicina o la telecompra cambiarán radicalmente el escenario anterior reduciendo al mínimo la demanda de movilidad de las personas, aunque no de las mercancías que, en cambio, tenderán previsiblemente a crecer. Se hará, por tanto, necesaria la construcción de infraestructuras de transporte complementarias basadas en la sostenibilidad, contribuyendo al deseable equilibrio territorial.

En un reciente Foro sobre ingeniería y obra pública, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Mauricio Gómez Villarino, director de la Consultora IDOM, planteaba la conveniencia de conectar los ámbitos de influencia de las metrópolis hasta unos 100 kilómetros de las mismas. Proponía, en concreto, la construcción de un anillo M‐100 que enlazara las provincias de Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca, y hacer lo propio en la Serranía Celtibérica, ese enorme espacio entre Madrid, Valencia, el País Vasco, Zaragoza y Cataluña. Operaciones, en definitiva, destinadas a rescatar del ostracismo las zonas despobladas y claramente susceptibles de ser financiadas con los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

Asistimos pues a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia poniendo en valor más de la mitad del territorio nacional conjurando su paulatino abandono y degradación. Esto es lo que convierte en estratégico el acceso a la banda ancha y la inmersión de toda nuestra geografía en el 5G. Los datos encenderían una auténtica revolución rural y nadie en España tendría que subirse a un abedul.